Aunque la versión libre de trick-or-treat que utilizan en Halloween los niños norteamericanos cuando recorren las calles debería ser algo como “o me das chuches o te vas a enterar”, el “truco o trato” de la traducción literal utilizada en España, define bien lo que durante las últimas décadas ha sido y es, el sistema energético español.
Tanto los cambios legislativos que los Gobiernos del PSOE llevaron a cabo, como las casi innumerables modificaciones en forma Leyes o Reales Decretos Ley de los Gobiernos del PP, terminaron de sumir el sector energético español en un caos casi absoluto
Las consecuencias de la crisis económica, negada por el Presidente del Gobierno de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, antes de las Elecciones Generales del año 2007 y asumida mucho tiempo después con gran vacilación a la hora de tomar decisiones para abordar el problema, pusieron de manifiesto de forma muy clara, la urgencia de un Plan Energético Nacional que trascendiera la lucha y el encono con el que se produce habitualmente el debate político en nuestro País. Sin embargo, tanto los cambios legislativos que los Gobiernos del PSOE llevaron a cabo, como las casi innumerables modificaciones en forma Leyes o Reales Decretos Ley de los Gobiernos del PP, terminaron de sumir el sector energético español en un caos casi absoluto, y, en particular, al Sector Eléctrico. Una nefasta consecuencia de todo ello ha sido el aumento de la llamada pobreza energética, tan de moda en estos momentos y también, tan utilizada de forma demagógica por algunos sectores del populismo que invade la actual política española.
El consumidor español llegó a deber a las compañías eléctricas más de 40.000 millones de euros por el llamado déficit de tarifa eléctrica, es decir por la diferencia entre los precios cobrados a los consumidores y los reconocidos por el estado a las compañías eléctricas
Lo cierto es que la subida del coste de la electricidad ha sido brutal. El consumidor medio cuando recibe la factura “de la luz”, mira los euros que paga y los kWh consumidos. El resto, o no lo entiende muy bien, o le da lo mismo, porque en último caso, lo importante es la última cifra de la factura, con el IVA incluido. Hay que repetir hasta la saciedad que, aunque con ligeras variaciones, el coste real del consumo y de la distribución, representa menos de la mitad de la factura (43%). El resto son impuestos de diversos tipos, incluyendo el 21% de IVA. Pues bien, en mayo del año 2004, cuando llegó Rodríguez Zapatero al Gobierno, un consumidor medio con una potencia contratada de 5,5 kW y un consumo de 257 kW abonaba una factura de 35,86 €. En enero de este año 2017, por un consumo de 268 KW se pagan 78,86 € (*), es decir se ha duplicado el coste. La factura había aumentado ya hasta un 80,61 % en 2011 al entrar el PP en el Gobierno. Pero, además, según los datos más fiables, el consumidor español llegó a deber a las compañías eléctricas más de 40.000 millones de euros acumulados, por el llamado déficit de tarifa eléctrica, es decir por la diferencia entre los precios cobrados a los consumidores y los reconocidos por el estado a las compañías eléctricas. La titulación de gran parte de la deuda que tiene su origen en decisiones políticas de los Gobiernos, es una forma de eliminarla del balance de las empresas, pero, ¡evidentemente! habrá de pagarse de alguna manera a las entidades que aceptaron su transmisión y, al fin y al cabo, por muy legal que sea, no deja de ser un tipo de “contabilidad creativa”.
¿ha desaparecido tan enorme deuda o está escondida? En efecto, la deuda existe y el déficit anual lo pagamos escondido por medio de varios mecanismos que podrían llamarse artificios contables
Hasta aquí algunos los datos, ahora los trucos y los tratos. Sorprendentemente el enorme déficit de tarifa desapareció de un año para otro y según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), existe un superávit desde el año 2014 próximo a los 1.000 millones de €. Pero… ¿ha desaparecido tan enorme deuda o está escondida? En efecto, la deuda existe y el déficit anual lo pagamos escondido por medio de varios mecanismos que podrían llamarse artificios contables, pero que quizá es más adecuado llamarles trucos debido a que la mayoría de los consumidores no se ha enterado de nada, solo que paga más que antes. Es como el espectador delante del ilusionista que hace desaparecer la paloma dentro de la chistera. Sin entrar en mayores consideraciones, lo esencial es que, si bien es cierto que se han rebajado las primas por la producción de electricidad mediante energías renovables (desconocemos si estas cuantías se deben a que están cerca de alcanzar la madurez), sobre el consumidor sigue gravitando el peso de la deuda por dos vías principales: los Presupuestos Generales del Estado, es decir el dinero de todos los contribuyentes (unos 3.000 millones de euros en 2016) y los pagos por capacidad (antes llamados garantía de potencia) que se esconden incluidos en el término de energía de la factura y que se cobran al doble de su coste real según los datos proporcionados por la CNMC. Se trata de unas cantidades que se pagan a las eléctricas como medio de supervivencia para las centrales con un funcionamiento muy bajo pero que son necesarias para la estabilidad del sistema, en estos momentos, principalmente los ciclos combinados. Este sistema de compensación ya ha sido cuestionado por la Unión Europea que lo considera excesivo.
En resumen, un enorme fárrago de conceptos, difícilmente comprensibles para el consumidor medio, explicitados o no en la factura y donde se incluyeron o se incluyen, la potencia eléctrica contratada, el consumo eléctrico, el alquiler de equipos, el transporte de la electricidad, las subvenciones y primas a las energías renovables, un impuesto sobre la electricidad, el IVA, la distribución, la amortización del déficit de tarifa, el coste de la Comisión Nacional de la Energía, la interrumpibilidad del sistema, los costes de extrapeninsularidad y algunos otros, como subvenciones al carbón, la moratoria nuclear, etc.
Ante esta situación cabe hacer dos preguntas:
1 ¿Debe el consumidor pagar todo este rosario de cargas económicas en su factura eléctrica, muchas de las cuales se deben exclusivamente a decisiones políticas gubernamentales? En mi opinión rotundamente no. El usuario debe conocer y pagar por el coste de la generación de electricidad consumida, por el transporte y por la distribución, añadiendo exclusivamente el IVA. En el caso de que el consumidor tuviera instalado un sistema de autoconsumo con balance neto debería descontarse de la factura el importe de la energía aportada a la red.
2 ¿Cómo y por qué se ha llegado a esta situación? La respuesta en este caso es más sencilla: por el trato implícito, pero evidente, que existe entre los Partidos Políticos y las Empresas Energéticas. Todas las actuaciones de los sucesivos Gobiernos en relación con este sector, capital para la economía española, han estado y están, mediatizadas por la simbiosis entre la política y la oligarquía energética. Las llamadas puertas giratorias lo evidencian. No parece necesario insistir sobre en un asunto al alcance de cualquier ciudadano interesado. Hay numerosas publicaciones y datos en las redes sociales, de la pléyade de políticos que han pasado de la política activa a distintos puestos en las grandes Compañías del Sector, desde expresidentes del Gobierno como Felipe González y José María Aznar, hasta simples exlíderes ocasionales de algunos Partidos. Una relación actualizada puede encontrase, por ejemplo, en este enlace http://www.puertasgiratorias.org/. Por último, ¿Alguien puede creer que muchas de las decisiones políticas o empresariales no están trufadas de las influencias mutuas de estos importantes personajes de la política española, e incluso internacional?. Las necesarias, e indispensables, negociaciones técnicas entre las compañías privadas y los Gobiernos deben realizarse con total independencia de criterio por ambas partes y al margen de la intervención de cualquier intrusismo político. Mientras esto no suceda, España no podrá disponer de un verdadero e indispensable Plan Energético Nacional a medio y largo plazo que coadyuve a relanzar la economía y cree verdadera riqueza para los ciudadanos.
(*) Datos reales tomados de sendas facturas de la misma compañía suministradora
