Un rasgo distintivo de la Administración española en el Nuevo Mundo fue el uso de la muy peculiar práctica consistente en acatar, pero no cumplir la ley[1]; práctica explícitamente reconocida como legítima en la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias de 1680 (leyes XXII y XXIV, del título I, libro II). Cuando las leyes provenientes de la metrópoli quedaban sobrepasadas por la realidad de las muy variadas características geográficas, raciales, económicas y sociales de las Indias, las autoridades locales, con pragmatismo, se acogían a esa fórmula que les permitía, sin desobedecer lo ordenado por el rey, sí, al menos, ganar tiempo.
«Con frecuencia -refiere Ots Capdequí- apelaron las autoridades coloniales, frente a Cédulas Reales de cumplimiento difícil, o en su concepto peligroso, a la socorrida fórmula de declarar que se acata pero no se cumple. Recibida la Real Cédula cuya ejecución no se consideraba pertinente, el virrey, presidente o gobernador, la colocaba solemnemente sobre su cabeza, en señal de acatamiento y reverencia, al propio tiempo que declaraba que su cumplimiento quedaba en suspenso. No implicaba esta medida acto alguno de desobediencia, porque en definitiva se daba cuenta al rey de lo acordado para que éste, en última instancia y a la vista de la nueva información recibida, resolviese»[2].
Pues bien, ciertas reminiscencias de aquella fórmula parecen impregnar actualmente la política española en su incumplimiento reiterado y deliberado de las recomendaciones del GRECO; singularmente en lo concerniente a la elección directa por los jueces de los doce vocales judiciales de su más alto órgano de gobierno. Se diría que esta cuestión, de enorme relevancia para que el CGPJ se perciba como un órgano independiente, no politizado, produce urticaria en determinados sectores de la clase política española. La hostilidad de la partitocracia a perder estas cuotas de poder y control ni siquiera es sutil[3].
Recientemente, el Consejo de Europa, a través del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), le ha dado un nuevo tirón de orejas al legislador y al Gobierno del Reino de España. Ha sido en el informe GrecoRC4 (2019)12, publicado el 13 de noviembre de 2019[4], donde examina el nivel de cumplimiento, o más bien de incumplimiento, de sus recomendaciones. Una de ellas, probablemente la más preocupante, es la destinada a evitar el control político del órgano de gobernanza de los jueces. Su finalidad última es prevenir la corrupción en el seno del poder judicial.
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El desmantelamiento del control político del CGPJ: la asignatura pendiente
¡Urge desmantelar el control político del CGPJ! Es la asignatura pendiente de nuestro legislador. Al respecto, el estándar del GRECO es muy claro. Lo expresó con rotundidad Gianluca Espósito, secretario ejecutivo de la institución: «preconizamos que la mayoría de miembros de los consejos superiores de la magistratura se elijan por los propios jueces y que mayoritariamente esté formado por jueces»[5]. Dicho en negativo: las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección de los doce vocales del turno judicial.
Estamos hablando de «minimizar las oportunidades de corrupción», de poner barreras a esas prácticas[6]. En España, sin embargo, desde hace ya más de treinta años, merced a la LOPJ de 1985, auspiciada por el PSOE, la partitocracia asaltó y se instaló en el CGPJ, cual okupa, con ánimo de permanencia. Desde entonces, todos sus miembros son elegidos en sede parlamentaria, previo chalaneo de la clase política (a salvo honrosas excepciones) para repartirse los sillones y esponsorizar descaradamente a sus vocales. Una vergüenza que ha sido percibida, sin paliativos, como un factor de corrupción por el GRECO. Son los vientos de Europa que displicentemente ignora la mayoría de nuestra clase política.
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Un wasap providencial
Esta escandalosa colonización del CGPJ por los partidos políticos se produce sin pudor alguno. Abiertamente lo confesó por wasap, en noviembre del pasado año 2018, el senador Cosidó (a la sazón portavoz entonces del grupo popular en la Cámara Alta). Mientras el PP y el PSOE andaban en sus cuitas, repartiendo ronzales azules y rojos a los futuros vocales del Consejo (nonato al día de hoy), su impúdico pacto saltó por los aires. El citado senador envió a sus compañeros de bancada un texto reconociendo sin tapujos que la negociación con el PSOE para predeterminar el nombre del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo tenía como finalidad «controlar por la puerta de atrás» al poder judicial. Los titulares en los diarios dieron buena cuenta de ello:
- Cerco a Cosidó por el mensaje en el que apunta al control político del CGPJ, en ABC, 19 de noviembre de 2018.
- «Controlando la Sala Segunda desde detrás»: el whatsapp de Cosidó justificando el pacto con el PSOE en el CGPJ, en El Español, 19 de noviembre de 2018.
- Cosidó, por Whatsapp a los senadores del PP: «Controlaremos la Sala Segunda desde detrás», en El Independiente, 19 de noviembre de 2018.
- Cosidó, pillado en Whatsapp: «Controlaremos desde detrás la Sala Segunda», en El Plural, 19 de noviembre de 2018.
- Cosidó admite el mensaje de WhatsApp en el que presume de un futuro control del PP sobre el Supremo, en El País, 19 de noviembre de 2018.
La filtración del mensaje de wasap supuso el definitivo levantamiento del velo. Ya no era creíble ―ni siquiera para los más ingenuos― que el reparto de sillones en el CGPJ entrañase un benéfico gesto de la soberanía popular ―argumento con el que algunos han pretendido justificar machaconamente durante décadas esta tropelía―, sino un elemento que allana el camino y favorece la corrupción de la institución. Justo lo que venían repitiendo incesantemente los informes y recomendaciones del Consejo de Europa y, singularmente, del GRECO.
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EL TALÓN DE AQUILES
Nada se ha movido entre la oligarquía política desde aquel escandaloso wasap. Solo se produjo un vano intento en el Senado de acabar con la elección partitocrática de los vocales judiciales. Ciudadanos y el Partido Popular, este último abochornado por lo sucedido entre sus filas, sacaron adelante una reforma de la LOPJ para devolver a los jueces la elección democrática de una parte de sus gobernantes: los vocales del turno judicial[7]. Estaba avocada al fracaso[8].
Al llegar al Congreso de los Diputados, la reforma fue tumbada[9]. Se quedaron solos el Partido Popular y Ciudadanos en su propuesta para «despolitizar» el órgano de gobierno de los jueces. Ni el PSOE, que nunca ha ocultado su voracidad por acaparar el control del poder judicial, ni Podemos, que reclama una parte de la tarta, estaban dispuestos a desprenderse de tan preciado botín. Y qué decir del PNV, premiado a lo largo de la historia partitocrática del CGPJ con la esponsorización de un vocal en cada mandato[10], sin olvidar que ya manifestó en otra ocasión que la elección de los vocales del turno judicial por los propios jueces era «el peor de los posibles sistemas» para corregir la politización, pues se trataba de una propuesta «probablemente inconstitucional»[11].
las recomendaciones del GRECO dirigidas a desmantelar el control político del Consejo General del Poder Judicial han caído, año tras año, en saco roto
En resumidas cuentas, los vientos de regeneración que al respecto soplan desde hace años en Europa no han causado la más mínima mella en el Reino de España. De hecho, las recomendaciones del GRECO dirigidas a desmantelar el control político del Consejo General del Poder Judicial han caído, año tras año, en saco roto. Es muy tentador para la partitocracia poder vestir con sus camisetas azules y rojas ―y también moradas, en un futuro próximo― a un buen número de vocales. «Hay que dejar claro que lo que quieren los defensores del sistema ―advierte certeramente Mecerreyes― es contar con jueces de confianza. Quieren teléfonos a los que llamar»[12].
Por enésima vez, en su último informe de junio de 2019 (publicado en noviembre), el GRECO ha advertido a las autoridades españolas sobre «la necesidad de eliminar la elección del turno judicial por parte de los políticos». Lo considera el talón de Aquiles de la justicia española. Pero como quien oye llover. Los aludidos miran para otro lado. El informe explica que, sin dudar de la independencia de los jueces a la hora de resolver, «la creación de consejos del poder judicial tiene por objeto, en general, garantizar mejor la independencia del poder judicial, en apariencia y en la práctica». Y, por lo que toca a España, recuerda que ya en 2013, puso de manifiesto que «las estructuras de gobierno del poder judicial no se perciben como imparciales e independientes», lo cual «tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país». Pues bien, «seis años después, la situación es la misma» ―se lamentan desde el GRECO― al haberse incumplido obstinadamente su recomendación de que «las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial».
La realidad es fastidiosa para quienes hacen oídos sordos a estas llamadas de atención. Controlar políticamente el CGPJ entraña una debilidad incrustada en el sistema; una falencia de cara a la independencia, real y percibida, del poder judicial. No basta con que los jueces sean independientes a título individual. Es preciso que lo sea también su órgano de gobierno, en el que se residencian los nombramientos de los altos cargos judiciales y el equipo represor de los jueces: el servicio de inspección y el Promotor de la Acción Disciplinaria.
Si un árbol está contaminado, sus frutos también lo estarán o, al menos, existirá un alto riesgo de que lo estén. Si el CGPJ está contaminado políticamente, sus actuaciones de toda índole ―singularmente en el ámbito de nombramientos de la cúpula judicial y en materia disciplinaria―, también lo estarán o, al menos, existirá un alto riesgo o una justificada sospecha de que lo estén. Esta idea ha sido acogida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En su reciente sentencia de 19 de noviembre de 2019 (Gran Sala) considera como uno de los estándares para valorar la independencia del órgano de gobierno de los jueces el hecho de que sus miembros proceden directamente de los poderes políticos[13] o sean elegidos por estos (§ 143).
Ya es hora de que algunos aflojen las mandíbulas y suelten de una vez la presa que sostienen, tozuda y férreamente, entre los dientes
Ya es hora de que algunos aflojen las mandíbulas y suelten de una vez la presa que sostienen, tozuda y férreamente, entre los dientes. Basta ya de colocar ronzales, con los colores del partido, a los vocales judiciales. Va en ello la calidad democrática del poder judicial; va en ello el desmantelamiento de un factor de corrupción. Quienes sigan apostando por conservar este sistema caduco y regresivo, quienes permanezcan sordos y ciegos ante las advertencias que vienen desde Europa, serán cómplices de esta corrupción institucional.
[1]. La fórmula «obedézcase, pero no se cumpla» tiene su origen en el Derecho castellano de la Baja Edad Media. Así lo pone de relieve Alfonso García-Gallo de Diego en su Manual de Historia del Derecho español, 10.ª reimpresión, Artes Gráficas y Ediciones, Madrid, 1984, vol. I, § 402, págs. 201-202.
[2]. José María Ots Capdequí, El Estado español en las Indias, Fondo Cultura Económica, 4.ª ed., Buenos Aires-México, 1965, pág. 14.
[3]. A título meramente ejemplificativo, algunos titulares y entradillas de los periódicos, pueden dar cuenta de ello: «PSOE y PP vuelven a repartirse el Poder Judicial para desbloquear el CGPJ», en Libertad Digital, 8 de septiembre de 2008; «El PSOE y el PP cierran la lista de vocales para renovar el CGPJ», en El Imparcial, 8 de septiembre de 2008; «PP y PSOE vuelven a repartirse el CGPJ, incluyendo a CiU, PNV e IU», en eldiario.es, 19 de noviembre de 2013; «El PP incumple su palabra y se reparte con el PSOE la Justicia», «Rajoy y Rubalcaba pactan las cuotas respectivas en el CGPJ», en El Mundo, 20 de noviembre de 2013; o, «PSOE y PP negocian el reparto del nuevo Poder Judicial sin Ciudadanos ni nacionalistas catalanes», en eldiario.es, 6 de septiembre de 2018.
[4]. Aprobado por el GRECO en su 83.ª sesión plenaria (Estrasburgo, 17-21 de junio de 2019). El informe puede verse en este enlace.
[5]. Véase la entrevista publicada bajo el titular «Consejo de Europa recomienda que el CGPJ sea elegido por los jueces», en Confidencial, 12 de diciembre de 2018.
[6]. Cf. las declaraciones del secretario ejecutivo del GRECO en el artículo «El Consejo de Europa advierte a España por la falta de avances anticorrupción», EFE, 15 de octubre de 2018.
[7]. Cf. «El PP recula y se suma al modelo de elección de jueces propuesto por Ciudadanos», en Vozpópuli, 12 de diciembre de 2018; «PP y Cs aprueban en el Senado la reforma para que los jueces elijan a los vocales del CGPJ», en El Independiente, 12 de diciembre de 2018; «Ciudadanos y el PP pactan en el Senado que los jueces elijan a los vocales del Poder Judicial», en El País, 12 de diciembre de 2018; o «PP y Ciudadanos sacan adelante en el Senado la reforma para que los jueces elijan a sus 12 vocales del CGPJ», en Confilegal, 13 de diciembre de 2018.
[8]. «Asociaciones de jueces no creen que el Congreso apruebe el cambio de elección del CGPJ que piden PP y CS», en Europa Press, 11 de diciembre de 2018.
[9]. «El Congreso rechaza reformar el sistema de elección del CGPJ pese al “clamor social”», en ABC, 20 de diciembre de 2018.
[10]. Solo en el CGPJ del período 2001-2008, el PNV no dispuso de un vocal vistiendo su camiseta. En el resto, desde que se produjo el asalto político de este órgano en la LOPJ de 1985, pudo colocar a un peón de sus intereses. Pueden consultarse los didácticos gráficos publicados como anexo al artículo «El bipartidismo más débil se reparte los sillones del Poder Judicial», en El País, 13 de noviembre de 2018.
[11]. Fue el entonces portavoz de Justicia del PNV, Sr. Olabarría, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Cortes Generales, Comisiones (X Legislatura), 25 de enero de 2012, núm. 25, págs. 27-28.
[12]. Mariano Mecerreyes Jiménez, «El teléfono del juez», en El Español, 21 de febrero de 2018.
[13]. Así sucede con frecuencia en nuestro CGPJ. En su última formación, dentro del cupo de los ocho vocales del turno de juristas, fueron nombrados en 2013 Álvaro Cuesta (exdiputado del PSOE) y Mercé Pigem (exdiputada de CiU). Si nos remontamos al Consejo pactado por Zapatero y Rajoy en 2008, el diario El País publicaba el 9 de septiembre de ese año, bajo el titular «El PSOE y el PP se aseguran el control del nuevo Consejo del Poder Judicial», que «dos ex diputados y dirigentes de partidos, una ex secretaria de Estado, un consejero autonómico, dos mujeres jueces vinculadas a dos de los casos a los que más rentabilidad política sacó el PP en la anterior legislatura y el abogado del PSOE en una de sus querellas más notorias estarán en el nuevo Consejo General del Poder Judicial».
