Pongamos que alguien nos cuenta que en un país democrático que lleva años sometido a una fuerte pulsión golpista instrumentalizada por el gobierno local de una importarte parte del territorio nacional y cuyos dirigentes políticos están o en la cárcel o huidos de la Justicia, el segundo partido político del país, que tiene 84 diputados de un total de 350, plantea una moción de censura contra el Gobierno.
Pongamos que la Moción de censura nada tiene que ver con el reto de defender la democracia en esa parte del territorio nacional en el que sus gobernantes someten a los ciudadanos que no son proclives al golpe a todo tipo de vejaciones. Pongamos, por contra, que la Moción rompe con el débil consenso establecido para defender el imperio de la ley y proteger a todos los ciudadanos.
Pongamos que aunque en ese país las mociones de censura han de ser constructivas y el candidato ha de someter su programa al escrutinio de la Cámara antes de votarse la Moción, el partido que la presentó decidió anunciar que su único programa consistía en gobernar con el Presupuesto impulsado por la mayoría política del Gobierno que pretende derrocar.
Pongamos que el segundo compromiso del candidato antes de ser votada la Moción (recuerden que el primero es gobernar con unos presupuestos calificados por él mismo como antisociales, peligrosos, sectarios, ideológicos…) fuera convocar elecciones en unos meses si su moción salía adelante y era elegido Presidente.
Pongamos que nos cuentan que la Moción presentada en esas circunstancias y condiciones se sustanció en poco más de una semana y que, a pesar de no cumplir los requisitos mínimos recogidos en la Constitución para evitar las alianzas en negativo que tanto daño hicieron otrora en democracias de nuestros entorno, salió adelante con los votos de los golpistas, los populistas bolivarianos, los proetarras y el resto de fuerzas políticas nacionalistas, incluido los de un partido nacionalista que tuvo que cambiar de nombre por corrupción institucionalizada y de cuyas filas han salido los jefes del golpismo golpista.
Pongamos que, con estos antecedentes y esas alianzas, se constituyó un Gobierno. Pongamos que seis días después de constituirse el Gobierno se supo que uno de sus Ministros estaba condenado por fraude fiscal; y que el Ministro explicó de mañana que iba a seguir porque todo estaba aclarado con el Presidente; y que a medio día se hizo pública una grabación de dos años atrás en la que el jefe de gobierno decía que él no tendría en su ejecutiva a nadie que estuviera en esa circunstancia; y que, a media tarde, el Ministro dimitió.
Pongamos que de forma casi simultánea se conoció que una Ministra ha falsificado su currículum, atribuyéndose un máster que nunca hizo; y que un Ministro está imputado por un caso de corrupción, a pesar de que el susodicho presidente presumió años atrás de que en sus listas electorales no iba ningún imputado; y que el propio Presidente tiene un dudoso máster e hizo su tesis doctoral en extrañas circunstancias.
Pongamos que el presidente que llegó al gobierno de la mano de populistas bolivarianos, golpistas y proetarras decidió nombrar Ministra Portavoz a quien años atrás, siendo Consejera de Educación de un gobierno local, decidió que en los planes de estudios de esa Comunidad se incluyera como “una realidad incuestionable” el término Euskalherría , el mito de las siete provincias vascas reclamadas por el nacionalismo y el independentismo vasco, el que mata y el otro.
Pongamos que en esos mismos días se recordó que la Ministra encargada de la organización territorial del Estado había sido multada por su propio partido hace unos cuatro años por haber votado en el Congreso de los Diputados junto con los independentistas a favor del “derecho de autodeterminación del pueblo” y de esa falacia llamada “el derecho a decidir”.
Pongamos que esa misma Ministra declaró en su primera comparecencia pública que era preciso cambiar la Constitución para que el nuevo texto recogiera todos los preceptos que contenía el último Estatuto y que fueron declarados inconstitucionales por el máximo Tribunal de ese país porque vulneraban el principio de igualdad entre españoles.
Pongamos que esa misma Ministra declaró en su primera comparecencia en el Senado que “la Constitución no representa a la inmensa mayoría de ciudadanos”. Que dijo eso de una Constitución en cuya defensa arriesgaron la vida miles de ciudadanos, esa que aún no ha tenido una oportunidad en aquellos lugares de ese país en los que gobiernan los nacionalistas, esa que proclama derechos de libertad e igualdad, de ciudadanía, a todos los ciudadanos al margen de la parte del país en la que vivan, de la ideología, género, sexo o condición de cada cual.
Pongamos que esa misma Ministra, al día siguiente de declarar que “la Constitución no representa a la inmensa mayoría de los ciudadanos”, anuncia que piensa reintroducir en el Estatuto, por la vía de leyes orgánicas, todos los preceptos declarados inconstitucionales porque atentaban contra la igualdad de los ciudadanos.
Pongamos que en la primera comparecencia pública del recién elegido Presidente este anuncia que tiene la intención de agotar la legislatura, a pesar de que eso contraviene uno de los dos únicos compromisos que adquirió antes de ser votado.
Pongamos que en ese misma comparecencia el nuevo Presidente anuncia también que va a intentar acercar a sus domicilios a los presos golpistas y a los terroristas. Supongamos que, casualmente, ambas son reivindicaciones de los proetarras y de los golpistas con cuyos votos llegó a la presidencia.
Pongamos que el Presidente anuncia dos días después que no reformará la financiación de las Comunidades Autónomas a pesar de intentar agotar la legislatura y de que esa es una vieja y justa reivindicación pendiente. Pongamos que las únicas reivindicaciones –económicas y políticas- que está atendiendo son las de los nacionalistas varios, proetarras y golpistas. Supongamos que con eso se garantiza la mayoría hasta las próximas elecciones, que piensa hacer en coche oficial.
Supongamos que, en esos mismos días, el partido de la Ministra de Administraciones Públicas y del Ministro de Exteriores contribuye con su voto a la declaración de persona non grata contra el Jefe del Estado.
Pongamos que nos cuentan que cosas como esta ya ocurrieron en ese mismo país hace unos años, cuando llegó otro presidente del mismo partido político que el actual (este por las urnas, no como consecuencia de una coalición negativa) y que en solo cuatro años rompió todos los consensos de Estado que habían permitido a ese país incorporarse a Europa, afrontar las crisis económicas, enfrentarse con éxito al terrorismo nacionalista, aprende a convivir y a respetarse entre conciudadanos por encima de las viejas ideologías…
Pongamos que ese otro presidente decidió fomentar la creación de una extrema derecha institucional que rompiera el país en dos desde la perspectiva ideológica; que pactó políticamente con los terroristas; que inició los procesos de desestabilización de los territorios diseñando una segunda transición y un nuevo modelo territorial sin contar con los partidos nacionales y soportando los cambios en los partidos que no reconocen la nación común.
Pongamos que a pesar de haber roto el país, ese presidente volvió a ganar las elecciones. Pongamos que sus conciudadanos no le castigaron por haber tomado autónomamente al decisión de romper lo más sagrado, la convivencia, ni por haber puesto en cuestión la unidad de la nación, ni por haber elevado a categoría de interlocutores políticos a los terroristas. Pongamos que fue la mala gestión económica y no la pérfida e irresponsable gestión de la democracia lo que hizo que perdiera las elecciones.
Pongamos que nos cuentan que a pesar de la veracidad contrastada de todas las cosas que hemos relatado en los párrafos anteriores, la mayor parte de la prensa del país apenas le presta atención a esos hechos y sigue destacando el “estilo” del nuevo ejecutivo. Y que parece haberse extendido un pacto de silencio sobre las malas compañías con que el nuevo Presidente se alzó con el poder.
Pongamos que da la impresión de que el nuevo quiere repetir la historia de su predecesor, aquel que decían que tenía baraka y por eso sus correligionarios le dejaban romper los pactos de Estado y hacer acuerdos con los emisarios del terror. Pongamos que el nuevo, que ya no puede tirar de los terroristas salvo para dar prebendas a los asesinos encarcelados, ha vuelto a resucitar al dictador a ver si consigue mantener enfrentados a hermanos y vecinos hasta conseguir que olviden definitivamente todo aquello que les unió para construir la democracia; pongamos que el odio al otro se va imponiendo también a nivel nacional, como ya lo hiciera en aquellos territorios sometidos a la pulsión nacionalista y/o separatista. Pongamos que todo eso ya está ocurriendo sin que apenas nadie de fe de todo esto; pongamos que nadie alerta de los riesgos de que se repita la historia porque los propietarios de los medios de comunicación no son ajenos al diseño de lo que está ocurriendo, porque todos ellos están en manos de cuatro empresas, porque en ese país del que estamos hablando no existe prensa independiente sino prensa oficial y prensa concertada.
Pongamos que los ciudadanos siguen viviendo de forma consciente ajenos a todos esto. Pongamos que no existe espíritu crítico, que lo políticamente correcto es aliarse con quien ahora está en el poder; o callar, que también suele ser rentable. Pongamos que lo que quiere la gente es que le dejen en paz y que nadie le recuerde que es ahora, como lo fue antes, corresponsable de lo que está ocurriendo.
Pongamos que desde el advenimiento de quien llegó al gobierno con los votos de proetarras y golpistas la prensa que justificaba la concentración de críticas sobre la corrupción del partido del gobierno por el hecho de ser “del Gobierno” ha decidido que la corrupción del recién llegado no debe ser mencionada. Pongamos que en este país no se considera corrupción el terrorismo, o el golpismo, o la corrupción económica protagonizada de forma institucionalizada y reiterada por el partido de los golpistas.
Pongamos que nos cuentan que en ese país solo se saca la bandera nacional cuando se celebra un éxito deportivo. Pongamos que en ese país se silba el himno nacional cuando suena en las competiciones deportivas. Pongamos que ese es un país en el que a los patriotas les llaman fachas y a los nacionalistas les consideran “progresistas”.
Pongamos que ese país se llama España. ¿Qué podía salir bien?
