El Oligopolio Eléctrico está formado por un reducido número de empresas que son propietarias de la mayor parte de los activos con los que se produce, se distribuye y se vende la electricidad. Sólo tres empresas: Iberdrola, Endesa y Naturgy (antes llamada Gas Natural Fenosa) poseen el 60% de la potencia instalada (la totalidad de la potencia nuclear, el 90% de la térmica de carbón, el 80% de la hidráulica, el 70% de las de ciclo combinado, el 35% de la eólica y el 13% del resto), también poseen el 80% de cuota de mercado en términos de energía producida y el 90% en número de clientes. Las tres dominan el mercado eléctrico español con una cifra de negocio de unos 40.000 millones de euros anuales. A estas tres empresas las voy a denominar en lo sucesivo como tripolio eléctrico.
Un dato que suelen esgrimir las empresas del tripolio – especialmente el presidente de Iberdrola- para argumentar que no existe tal control oligopólico, es que la concentración de la potencia instalada se ha reducido desde la liberalización de los noventa. Efectivamente en 1996, Endesa e Iberdrola poseían el 80% de la potencia y en la actualidad es el 60%. Sin embargo, a pesar de ese dato, el control oligopólico se ha reforzado con cuatro elementos importantes: el primero, el tripolio tiene posición mayoritaria en casi todas las tecnologías, lo que condiciona el mix de oferta y la formación del precio en el mercado mayorista; el segundo, la abismal diferencia de tamaño entre las empresas del tripolio y el resto, que hace imposible que otros productores hagan de contrapeso; tercero, las nucleares e hidráulicas fueron adjudicadas en régimen de exclusividad (por el sinsentido o imposibilidad de duplicarlas), actuando así como barreras de entrada para otros productores en estas tecnologías (además las centrales hidráulicas cuyas concesiones han caducado han vuelto a ser adjudicadas por el Estado a las mismas empresas del tripolio que eran adjudicatarias antes); y cuarto, el tripolio controla a través de sus filiales la casi totalidad de la distribución y venta comercial (poseen el 90% de todos los consumidores del país).
pocas empresas se meten en ese negocio porque los altos peajes que hay que pagar hacen que no sea rentable: sólo hay unas 300 empresas inscritas para vender electricidad y la mayoría no tiene actividad alguna.
El proceso que sigue la electricidad desde que se produce hasta que llega a nuestras casas es el siguiente: la electricidad es generada en centrales (de gas, carbón, fuel o biomasa, plantas nucleares, centrales hidráulicas y centrales fotovoltaicas, termosolares, eólicas…). Una vez generada sigue la fase llamada de transporte por las líneas de alta tensión de Red Eléctrica de España (REE) -que opera en régimen de monopolio- hasta las inmediaciones de las zonas de consumo. Después viene la fase de distribución, en la que se reduce el voltaje en las subestaciones y se reparte por las líneas de media y baja tensión que discurren por nuestras calles hasta que llega a los contadores de nuestras casas. El tripolio eléctrico (Endesa, Iberdrola y Naturgy) es propietario del 60% de la generación y del 85% de la red de distribución. En teoría el mercado eléctrico está liberalizado desde 1997 por imposición de la Unión Europea, cualquier empresa puede producir y vender electricidad usando la infraestructura de transporte (alta tensión, perteneciente a REE) y la de distribución ya existente en cada población (subestaciones, líneas de media y baja tensión y contadores) aunque pertenezca a Iberdrola, Endesa, Naturgy o cualquier otra empresa. La única condición es que pague a estas empresas un peaje por usar su red, peaje que es determinado por el Estado. Cualquiera puede construir un huerto solar (o una central de cualquier otro tipo), producir electricidad, engancharse a la red de distribución de su población y vender esa electricidad a aquellos consumidores que lo deseen. La práctica no es así, la prueba es que pocas empresas se meten en ese negocio porque los altos peajes que hay que pagar hacen que no sea rentable: sólo hay unas 300 empresas inscritas para vender electricidad y la mayoría no tiene actividad alguna.
El objeto de este artículo es demostrar -o llegar a la conclusión razonada- que los peajes de distribución que deben pagar las empresas que quieran vender electricidad son excesivos, constituyen una auténtica barrera de entrada que impide la competencia. Con este fin, he buscado la información económico-financiera que ofrecen las propias empresas del tripolio en sus cuentas de resultados. Una información bastante incompleta, pero suficiente para concluir que los peajes de distribución, que cobran estas empresas a los clientes finales o a las empresas que quieran usar sus redes, son desmesurados. Estos peajes constituyen el negocio más rentable del tripolio con gran diferencia, por encima de la producción y venta de electricidad.
Endesa
Endesa es la única empresa del tripolio que fue empresa estatal. A pesar de ser una de las empresas públicas más rentables, el gobierno del PSOE decidió su privatización parcial a finales de los ochenta. Tras una rocambolesca historia de OPAS y la errónea decisión años mas tarde del gobierno del PP de desprenderse de la parte de capital que aún conservaba el Estado, el capital de Endesa acabó en manos de la italiana ENEL (Ente Nazionale per L´energia). Poco después ENEL vendió casi la totalidad de los grandes y rentables activos internacionales de Endesa y lo que sacó por la venta fue directo a la caja de ENEL como dividendo extraordinario. Una operación que no puede calificarse de otra forma que no sea expolio. Endesa es ahora una empresa que concentra su actividad sólo en España, salvo una parte que mantiene en Portugal (1,5 GW) y otra en Marruecos (0,4 GW). En 2018, la capacidad instalada en territorio español se acercaba a 23 GW, de los cuales el carbón es la tecnología mayoritaria (6 GW), aunque también posee gran potencia en centrales de ciclo combinado (5,5 GW), hidráulica (4,8 GW) y nucleares (3,4 GW). Esta composición de su generación eléctrica hace que sea la empresa más contaminante de España.
Las empresas del IBEX pueden imponer vía publicidad, lo que se escribe en la prensa, al igual que pueden imponer vía puertas giratorias, lo que se escribe en el BOE
Permítame el lector un inciso, aunque no tenga que ver con el asunto del artículo. El pasado día 2 de diciembre, día que arrracaba en Madrid la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), gran parte de las ediciones impresas de diarios nacionales o regionales, de izquierdas o de derechas, abrían casualmente con la misma portada: “Endesa presenta, en la COP25 de Madrid, sus soluciones para una sociedad libre de emisiones“. Endesa es la compañía que aparece siempre en el primer puesto del informe Big polluters in Spain (informe sobre las empresas más contaminantes en España) realizado por el Observatorio de Sostenibilidad. Es responsable del 9,2% del total de emisiones del país y del 23% de las emisiones industriales, y ha aprovechado la COP25 para intentar blanquear su imagen descaradamente. Este hecho da idea de la importancia que tienen los códigos de buen gobierno corporativo en nuestro país. Las empresas del IBEX pueden imponer vía publicidad, lo que se escribe en la prensa, al igual que pueden imponer vía puertas giratorias, lo que se escribe en el BOE.
El Margen Bruto de Explotación (EBITDA) asciende a 3.500 millones, de los que el 60% son aportados por los peajes de distribución
En cuanto a los números económico-financieros de Endesa en 2018: obtuvo unos ingresos de 16.000 millones de euros, de los cuales: 1.100 millones proceden de la venta en el pool mayorista, 4.000 millones de los costes regulados que pagamos en el recibo de la luz los ciudadanos (2.500 millones por peajes de distribución, 1.300 millones por compensación por actividad en territorios extrapeninsulares y 100 millones por retribución a renovables) y 11.000 millones por ventas minoristas. En el capítulo de costes hay fundamentalmente cuatro partidas: Unos 5.000 millones por compra de electricidad en el pool (Endesa compra más electricidad de la que produce y revende electricidad a través de sus filiales), unos 2.300 millones por consumo de combustible (para sus centrales de gas, carbón y nucleares), unos 5.700 millones por gasto de transporte (tanto de alta tensión de REE, como por redes de distribución propias y ajenas) y otros costes por valor de 1.700 millones (derechos de emisión de CO2, bono social…). El Margen Bruto de Explotación (EBITDA) asciende a 3.500 millones, de los que el 60% son aportados por los peajes de distribución y un tercio por la generación y comercialización (un 60% de su margen bruto proviene de los peajes de distribución!). Deducidas las amortizaciones en redes e instalaciones, el Excedente Neto de Explotación (EBIT) es de 2.000 millones, aportado en un 75% por los peajes de distribución. Descontando los pagos financieros , el Beneficio Neto asciende a 1.900 millones, de nuevo un 75% corresponde a la distribución. Finalmente, tras el pago del Impuesto sobre Sociedades ,el Beneficio Final es 1.500 millones, lógicamente el 75% de ese beneficio proviene también de la actividad de distribución.
Es imposible determinar la rentabilidad económica o financiera, por falta de datos sobre el activo y los recursos propios, pero sí puede calcularse el porcentaje de la cifra de negocios que se convierte en beneficio, en el caso de la distribución es un 52% y el total de la empresa es del 22%.
En conclusión, Endesa obtiene el 75% de su beneficio neto de los peajes que establece el Gobierno en el BOE, y además estos peajes son -con diferencia- el negocio del que obtiene el mayor margen.
Iberdrola
Es la empresa eléctrica con mayor capacidad instalada (casi 26 GW), lo que supone la cuarta parte de toda la potencia eléctrica de España. La mayor parte corresponde a hidráulica (10 GW), también a la cabeza en potencia eólica (5,8 GW), ciclos combinados (5,7 GW) y nucleares (3,2 GW). Su capacidad en fotovoltaica es residual (menos de 50 MW) pero ha comenzado a invertir de forma importante en esta tecnología. Iberdrola es propietaria del 36% de la redes de distribución de todo el país y su capital está en manos de inversores extranjeros, no queda ya ningún inversor nacional de referencia. Sorprende el gran endeudamiento de Iberdrola, con un activo el doble que Endesa, tiene un endeudamiento diez veces superior. La expansión internacional de la empresa parece haber sido a costa de una formidable deuda.
Datos económico-financieros de Iberdrola en 2018: su Ingresos supusieron más de 33.000 millones de euros, de los cuales el 60% procedían de sus actividades en el exterior. La información que ofrece Iberdrola en los informes anuales que pueden consultarse en internet no permite desagregar la parte del EBIT que corresponde a su actividad enEspaña. Es razonable suponer que, Iberdrola con una actividad en España parecida a las de Endesa y con un porcentaje de propiedad similar de las redes de distribución, obtenga también la mayor parte de su beneficio neto de los costes regulados por distribución que pagamos los consumidores.
Naturgy (antes Gas Natural Fenosa)
Fue una empresa centrada en el gas natural en sus orígenes, su presencia en el sistema eléctrico es reciente, empieza con la compra de Unión Fenosa. En 2008, Naturgy compró a ACS (Florentino Pérez) su participación en el capital de Unión Fenosa (45% del capital). Gas Natural, cuyo capital en aquella época, pertenecía en un 60% a Repsol y La Caixa; ofreció 18,3 euros/acción a ACS, un 15% más de lo que registraba su cotización en el mercado. No sorprende ya a nadie lo bien que le salen las operaciones al Sr. Pérez con el Estado o con empresas de participación pública (El Castor, Hispasat, Cobra…).
Hasta 2018 el capital de Naturgy pertenecía de forma mayoritaria a dos propietarios españoles: Repsol y La Caixa. Esto se altera bruscamente cuando Repsol vende su participación (20%) a fondos extranjeros. Con esta operación Naturgy pasó a estar mayoritariamente en manos de propietarios foráneos, al igual que había pasado antes con Endesa e Iberdrola. En cuanto a los datos de Naturgy: tiene una potencia instalada de 12,6 GW (la mitad aproximadamente que Iberdrola o Endesa), que equivale al 12% de la capacidad nacional. También posee otros 2,7 GW instalados en países de América Latina. La mayor parte se concentra en centrales de ciclo combiado (7 GW), en centrales hidráulicas posee 2GW, en eólica 1 GW y en nuclear 0,6 GW. Al igual que las otras dos empresas del tripolio, destaca su participación en la distribución y venta.
Los resultados económico-financieros de Naturgy en 2018: tuvo unos ingresos en España de 13.400 millones de euros, de los que unos 9.000 millones corresponden a la comercialización de gas natural y sólo 5.000 millones corresponden al negocio eléctrico, lo que representa el 23% de los ingresos globales de la empresa. Un EBITDA de 4.000 millones, los peajes de distribución aportan 600 millones. Los datos del EBIT y Beneficio Neto resultan anómalos porque en 2018 se hizo una dotación por amortización, que determinó un saldo contable negativo. Si se miran los datos de 2017, el EBIT son 2.600 millones de euros, de los que la distribución aporta 400 millones, la generación y venta de electricidad en España aporta 600 millones; es decir un 67% de su beneficio neto del negocio eléctrico -dejando aparte el negocio del gas- proviene de los peajes de distribución. Cifra parecida a la de Enagás. Naturgy, la tercera empresa del tripolio eléctrico obtiene la mayor parte de su beneficio de los costes regulados por distribución que cobra a los consumidores y a otras empresas por usar sus redes. A falta de otros datos, sólo es posible calcular el porcentaje de la cifra de negocios que se convierte en beneficio, en el caso de la distribución es de un 67% y el general de la empresa (incluido el negocio del gas) es del 44%.
En conclusión, Naturgy obtiene el 67% de su beneficio neto de los peajes que establece el Gobierno en el BOE, y además estos peajes son también -como en el caso de Endesa y probablemente de Iberdrola- el negocio del que obtiene el mayor margen.
La necesaria rebaja de los peajes de distribución
El gran negocio de las eléctricas está – por tanto- en el BOE
Llegados a este punto, los números parecen indicar que es necesaria una rebaja de los peajes de distribución que pagan los consumidores finales y las empresas que necesiten usar las redes para vender electricidad. El negocio más lucrativo de las eléctricas no está en producir o vender electricidad, está en cobrar a los ciudadanos los exagerados peajes por distribución que fija el Gobierno. El gran negocio de las eléctricas está – por tanto- en el BOE.
Una falsa liberalización
La liberalización, que impuso la Unión Europea en los noventa, posibilitó que entraran nuevas empresas en el sector de la venta de electricidad. En la actualidad hay unas 300 empresas registradas, la inmensa mayoría no tienen actividad alguna y las que operan lo hacen en entornos geográficos muy reducidos. Como dije antes, más del 85% de la red de distribución pertenece al tripolio (Endesa, Iberdrola y Naturgy). Si a las redes del tripolio sumamos las que poseen EDP y Repsol (antes Viesgo), las cinco empresas tienen el 95% de la red de distribución de España. Además tienen las redes repartidas geográficamente, lo que da lugar a posiciones monopolísticas en sus respectivos espacios geográficos. Endesa distribuye en: Cataluña, Aragón, Andalucía, sur de Extremadura y las islas. Iberdrola en País Vasco, Navarra, Castilla León, norte de Extremadura, Valencia y Castilla la Mancha. Naturgy en León, parte de Castilla la Mancha, Madrid y Galicia.
Tres décadas desde la privatización de las empresas públicas y dos décadas después de las medidas liberalizadoras que impulsó la Unión Europea, el sistema eléctrico español funciona con menos competencia y con menos eficiencia
Este dominio territorial supone una barrera de entrada hacia atrás (generación) y hacia delante (comercialización). Además son las empresas propietarias de las redes las que hacen la lectura de contadores y las que cobran el alquiler de los aparatos de medición. Esta posición de dominio en el sector de la distribución ha sido reforzada normativamente por los poderes públicos (especialmente los gobiernos del Partido Popular), haciendo un desarrollo perverso de la directiva europea que buscaba la liberalización y perjudicando a los consumidores finales. La norma aprobada por el PP en el año 2000 permitió que las eléctricas se apropiaran casi gratuitamente de las redes en zonas alejadas, redes que habían sido financiadas por los propios consumidores. Otra norma aprobada por el gobierno del PP en 2013, por la que se aplicaron a los clientes gastos abusivos de los derechos de acometida (gastos de poner en marcha una instalación), y por la que también el Estado cedía a las propias empresas del tripolio las atribuciones de control e inspección del fraude eléctrico y que fueran ellas las únicas que podían llevar a cabo la instalación y el control de los nuevos contadores inteligentes con los que se mide el consumo. Tres décadas desde la privatización de las empresas públicas y dos décadas después de las medidas liberalizadoras que impulsó la Unión Europea, el sistema eléctrico español funciona con menos competencia y con menos eficiencia. Si como medida de la eficiencia de un mercado sirve la evolución de los precios, éstos no paran de subir.
Es cierto que el precio de la luz ha subido por la subvenciones a las renovables, pero no es la única ni la mayor causa de las subidas. Las renovables han supuesto también reducciones del precio final de la luz en ocasiones (cuando la contribución de la eólica ha sido grande), han reducido el pago por emisiones de CO2, han reducido el desequilibrio de la balanza por cuenta corriente por menor importación de gas y petróleo, han contribuido a luchar contra el cambio climático y han creado empresas y puestos de trabajo en un nuevo sector. En el año 2017, las llamadas “primas a las renovables“ supusieron en el recibo de la luz 6.987 millones de euros. Los pagos por distribución – por uso de la red de media y baja tensión- 5.158 millones, cantidad que nadie cuestiona a pesar de no tener justificación ni efecto positivo alguno en la economía. Un 60% de lo que pagamos por peajes de distribución (después de pagar costes y amortización de las redes) va directamente como beneficio neto a la caja del tripolio (unos 3.000 millones de euros), lo que constituye su negocio de mayor margen de beneficio.
Podríamos analizar otros costes regulados del recibo de la luz como: el déficit de tarifa, los pagos por capacidad, el servicio de interrumpibilidad y los pagos por transporte. Podemos incluso, preguntarnos por qué pagamos por la luz un IVA del 21%, pero sin embargo por ir al fútbol, al cine o a comer en un restaurante sólo el 10%. Por IVA, pagamos en 2017 la cantidad de 8.390 millones en el recibo de la luz. Hacienda recaudó en 2017 la cantidad de 23.469 millones por Impuesto de Sociedades. Es decir los ciudadanos pagaron, sólo en la factura de la luz, impuestos por valor de un tercio de los impuestos que pagaron todas las empresas del país. Es necesaria la revisión de los criterios para fijar cargas y peajes que se trasladan a los consumidores finales y el IVA que se aplica a un bien de primera necesidad como es la electricidad. En caso contrario, el mix eléctrico seguirá reflejando una mala asignación entre las tecnologías generadoras, unos precios exagerados y mal determinados, y la persistencia de privilegios que seguirán favoreciendo a las grandes empresas del sector eléctrico.
Como conclusión
Cabe preguntarse cómo pueden articularse los ambiciosos objetivos de la transición energética con un mercado energético dominado por grupos oligopólicos.
¿Queremos hacer las renovables competitivas a base de subvenciones y de garantizar rentabilidades con dinero público sin tocar peajes e impuestos, ignorando la posición de poder de grupos oligopólicos? Preparemos la cartera.
Muchas localidades de las zonas rurales podrían casi autoabastecerse con huertos solares o aprovechando la biomasa de sus bosques (la biomasa sólo se aprovecha en España en un 10%, con la biomasa proveniente de limpiar los bosques españoles se podrían instalar 8 GW de potencia -según estudios-, que equivaldría aproximadamente a 10 reactores nucleares). El biogás está en la misma situación, también desaprovechado. Los peajes e impuestos suponen un 60% del precio final de la electricidad. Es decir: peajes e impuestos incrementan el precio del kWh en un 150%. ¿Qué industria soporta esa carga? ¿Queremos hacer las renovables competitivas a base de subvenciones y de garantizar rentabilidades con dinero público sin tocar peajes e impuestos, ignorando la posición de poder de grupos oligopólicos? Preparemos la cartera.
