Uno de los debates más curiosos que he visto en los últimos tiempos entre usuarios de redes sociales es el que gira en torno a la autoría o momento de creación de nuestro sistema de seguridad social. Y digo que es curioso porque tanto una como la otra parte de los polemistas derrochan sobre el asunto tanto ardor como desconocimiento. Están, por un lado, los que sitúan el origen en la dictadura y, por otro, los que atribuyen al primer gobierno socialista el invento. En alguna ocasión me he tomado la molestia, al igual que algún otro valiente aguafiestas, de intervenir para puntualizar que ni una ni otro, que nuestro sistema de seguridad social vio la luz a principios del siglo XX y no debería servir de argumento para alimentar el guerracivilismo, pero no vale de mucho el esfuerzo por resaltar la verdad cuando se quiere aprovechar cualquier pretexto para montar una buena bronca, actitud que por estos pagos no escasea.
UN POCO DE HISTORIA
La Seguridad Social no debería servir de pretexto para una polémica izquierda-derecha porque es un logro transversal ligado al progreso y a la mayor conciencia social de justicia y equidad
Y lo cierto es que la Seguridad Social no debería servir de pretexto para una polémica izquierda-derecha porque es un logro transversal ligado al progreso y a la mayor conciencia social de justicia y equidad, que ha sido llevado a cabo por gobiernos de distinto signo político, aquí y en todas partes donde se ha implantado, logro que debemos hacer el máximo esfuerzo por conservar y mejorar. Hagamos un poco de historia recordando que, tras algunos avances previos, que se inician con la creación de la Comisión de Reformas Sociales, el Instituto Nacional de Previsión, cuya creación puede considerarse el punto de partida de un sistema de seguridad social, vio la luz durante la Restauración, en 1908. No fuimos los primeros pero sí bastante avanzados en la iniciativa. Fue la Alemania de Bismarck el primer país en instaurar la seguridad social, entre 1883 y 1887, para responder, probablemente, al avance de las ideas socialistas que podían poner en peligro el statu quo, pero lo cierto es que la idea de crear unas medidas de previsión para responder a las situaciones de carencia de ingresos por accidente de trabajo, enfermedad, desempleo, maternidad, incapacidad, vejez y supervivencia va cuajando e incorporándose a las distintas legislaciones de los países industrializados, con gobiernos de distinto color político, y no es muy productivo ahora especular sobre si la causa de su nacimiento fue el intento de evitar un estallido social o si las ideas de justicia social iban permeando la sociedad independientemente del miedo que suscitaran los revolucionarios.
Lo cierto es que, a medida que avanzaba el siglo XX, fueron muchos los países que se fueron sumando a esta corriente, con iniciativas más o menos avanzadas, que podían seguir la línea de las bismarckianas, de carácter contributivo, es decir, con prestaciones basadas en aportaciones de empresarios y trabajadores, o de las reformas posteriores de Beveridge en Inglaterra, que establecieron un sistema de protección con tendencia a la universalización y no dependiente únicamente de las cotizaciones, con más aportación estatal. Como muestra de la carencia de color político, las sucesivas mejoras de nuestra seguridad social tuvieron, pues, hitos importantes que se dieron durante el periodo de la Restauración, la II República, la Dictadura y culminaron en los años 80 del pasado siglo. Las medidas que se fueron sucediendo tuvieron como horizonte el avance en la obligatoriedad, la ampliación de coberturas y beneficiarios, además de la reforma organizativa, y alcanzan su plenitud cuando un gobierno socialista establece las pensiones no contributivas y amplía los beneficiarios de la sanidad pública hasta hacerla casi universal, momento en el cual se puede hablar del logro de un sistema mixto, contributivo y asistencial.
Sitúo las reformas de los años 80 como punto culminante porque, a partir de ese momento, con la excepción del establecimiento y reciente ampliación del permiso por paternidad, los cambios realizados han ido más bien en la línea de los recortes, no de las mejoras. En este sentido, sobresale el problema de las pensiones, cuya sostenibilidad, ahora más que nunca, está en riesgo. Son las prestaciones que consumen más recursos y estos, en un sistema de reparto como es el nuestro, significa que los ingresos actuales por cotizaciones deberían ser suficientes para hacer frente a los pagos y a día de hoy no lo son, lo que nos sitúa de manera clara en la necesidad de abordar urgentemente reformas para garantizarlas en el futuro. Todo parece indicar que la última gran reforma, la de la ley 27/2011, no ha solucionado el problema, aunque dado su amplio periodo de transitorio de implantación plena, todavía está por conocerse su efecto real, especialmente cuando empiece a aplicarse, a partir de 2019, la perversa fórmula reductora llamada factor de sostenibilidad que liga la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida.
La primera gran reforma del sistema contributivo durante la democracia, el acuerdo denominado Pacto de Toledo en 1995, responde a la necesidad de buscar soluciones a los problemas estructurales del sistema
Aunque no es la primera vez que suena la alarma. Ya a finales de los años 70 y primeros 80 se dieron los primeros avisos y se comenzó a hablar de los fondos de pensiones como solución para completar unas prestaciones básicas que se verían cada vez más mermadas. Los fondos han tenido un auge indudable pero no son una solución propiamente dicha; en principio, porque se trata de una solución al margen del sistema y, en segundo lugar, porque conllevan riesgo al estar, en mayor o menor medida, ligados a las oscilaciones bursátiles. Debido a estos primeros signos de alarma, la primera gran reforma del sistema contributivo durante la democracia tuvo lugar en el año 85, cuando la ley de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social amplió los periodos de cálculo y de carencia que, en honor a la verdad, hay que señalar que estaban anormalmente bajos. El acuerdo denominado Pacto de Toledo, en 1995, responde a la necesidad de buscar soluciones a los problemas estructurales del sistema.
MOMENTO CRÍTICO
Corregidos esos desequilibrios en los ochenta, el riesgo para el sostenimiento del sistema actual deriva, fundamentalmente, por el lado de los ingresos, de la situación prolongada ya durante demasiados años de elevadas tasas de desempleo y bajos salarios y, por el lado de los gastos, de un alto porcentaje de población jubilada o en edad de jubilarse y con alta esperanza de vida. Tampoco podemos obviar las malas decisiones políticas del pasado reciente, entre las que sobresale, sin ser la única, el abuso de las jubilaciones anticipadas. Es un error que se va corrigiendo en las nuevas jubilaciones pero cuyos efectos se prolongarán durante mucho tiempo. Por unas y otras causas nos encontramos con que el déficit acumulado en los últimos años alcanza ya los 80.000 millones. El Fondo de Reserva, que sustituye a otros fondos de estabilización de épocas anteriores, fue creado en el seno del Pacto de Toledo precisamente para responder a estas situaciones de crisis en las que los gastos superaran a los ingresos. Tras varios años en los que ha habido que recurrir al mismo para hacer frente al pago de pensiones, está a punto de agotarse, con lo que nos hallamos ante un sistema de reparto simple estructuralmente deficitario y sin fondo de estabilización atenuador.
El Fondo de Reserva está a punto de agotarse, cabría esperar que en la agenda parlamentaria ocupase un lugar de preeminencia el debate sobre las pensiones y no parece que sea así
Ante esta dramática situación, cabría esperar que en la agenda parlamentaria ocupase un lugar de preeminencia el debate sobre las pensiones y no parece que sea así. O bien es un debate que se está dando en silencio o bien estamos en manos de irresponsables. Si atendemos a las declaraciones que de vez en cuando nos avergüenzan, encontramos las del gobierno, declarando que las pensiones no están en peligro y las de la oposición solicitando una mayor subida de las pensiones sin explicar en ningún momento de donde sacarían ese aumento y cómo van a garantizar las futuras. En noviembre trascendió que había varias propuestas sobre la mesa y que para febrero o marzo tendrían un plan. Ha pasado ese plazo sin que hayamos tenido información posterior del estado del debate. Esperando el anunciado plan, hagamos repaso de las principales opciones que se barajan.
LAS PROPUESTAS
–La eliminación de los topes de cotización ha sido propuesta por los sindicatos, entre otros agentes. No queda claro si esto vendría acompañado de la eliminación de los límites de la pensión máxima o no. Eliminar los topes sin subir las pensiones máximas equivaldría a hacer recaer la carga sobre un colectivo de trabajadores, que vería aumentar su contribución sin ver incrementadas sus pensiones. No parece una solución justa. Los topes se pusieron precisamente para evitar que pensiones demasiado altas hicieran quebrar el sistema, por lo que deduzco que esta opción implica subida de topes de cotización pero no de pensión máxima.
–Reducir gastos de gestión es una broma más que una propuesta, pero alguien la ha planteado. La Seguridad Social ha visto reducir su personal de manera alarmante en los últimos años, desde que las medidas de estabilización frenaron el aumento del empleo público, lo que ha acarreado serios problemas de gestión y sobrecarga de un personal con una edad media de 55 años y un alto porcentaje de ellos en edad próxima a la jubilación. La gestión digital no avanza a la misma velocidad que en otras administraciones públicas porque un importante número de usuarios no tienen el perfil adecuado. Seguir ahorrando en personal significaría, sencillamente, colapsar la gestión.
–Crear un impuesto especial es otra de las propuestas, con la que se trataría de que a través de los presupuestos generales del Estado se cubriera el déficit. No se especifica quién estaría obligado a pagar este impuesto. Si se copia el modelo francés, este se aplicaría sobre todas las rentas, del trabajo, del capital y de las pensiones, dando lugar a un incremento de la presión fiscal. Lo cierto es que no se ha estudiado su efecto sobre el empleo y la inversión.
-De alguna manera relacionada con esta, la propuesta del Gobierno de pasar las pensiones de viudedad y orfandad a ser financiadas a través de los presupuestos también apunta a soluciones al margen del sistema contributivo. Los presupuestos ya soportan, bien directamente o a través de las transferencias a las comunidades autónomas, las prestaciones familiares, las pensiones no contributivas y la sanidad. Para que pudieran asumir las pensiones de viudedad y orfandad, de una u otra forma, habría que incrementar los impuestos existentes o crear otro, con lo que esta medida no supondría más que trasladar el problema.
LAS PENSIONES DE VIUDEDAD
Lo que no se ha planteado, porque probablemente sería impopular, es reconsiderar la pensión de viudedad. Esta se concibió en un momento histórico en el que la presencia de la mujer en el mundo del trabajo era muy escasa y la norma era su dependencia de las rentas que aportase el marido. La situación ha cambiado, la mujer se ha incorporado masivamente al trabajo y hoy nos encontramos con situaciones muy injustas cuando el fallecimiento de uno de los cónyuges genera una pensión de viudedad compatible con cualesquiera rentas del trabajo o de otra pensión del otro cónyuge sin más límite que el de la pensión máxima. Tal vez sea el momento de evaluar esta situación, que no casa con la filosofía de la seguridad social. En mi opinión, si el cónyuge superviviente tiene medios con los que puede vivir holgadamente, no se entiende que sea acreedor de una pensión de viudedad. Por el contrario, si no tiene rentas o estas son insuficientes, porque el fallecido aportaba todo o buena parte de las rentas familiares, sí estaría justificada la pensión.
Parece más racional y justo aumentar las incompatibilidades de la pensión de viudedad que aceptar la propuesta que ya nos ha llegado desde el FMI de aumentar la edad de jubilación a los 70 años
Sería una medida que, aunque no acabaría con el problema, sí tendría un efecto significativo sobre el gasto, sobre todo unida a la desaparición del auxilio por defunción, reliquia sin mucho sentido, que aumenta el gasto y tiene nula incidencia en las economías de los beneficiarios. Me parece más racional y justo, pues, aumentar las incompatibilidades de la pensión de viudedad que aceptar la propuesta que ya nos ha llegado desde el FMI de aumentar la edad de jubilación a los 70 años. Ya supone una pérdida importante de derechos y calidad de vida haberla retrasado hasta los 67. Sería desastroso seguir avanzando por ese camino teniendo en cuenta que el aumento de la esperanza de vida no ha ido parejo a un incremento de la calidad de vida en la vejez.
LOS INGRESOS
Las medidas encaminadas a aumentar los ingresos, aparte de seguir explorando el aumento de la recaudación eliminando el fraude, tropiezan con el escollo de que cualquier incremento en las cotizaciones tiene efectos negativos sobre el empleo. Por ello, sin reformas en el modelo productivo que nos deparen incremento del empleo, sobre todo del empleo de calidad, no hay que hacerse ilusiones al respecto.
No puedo dejar de señalar el desacierto de considerar las ayudas a la natalidad como garantía de las pensiones del futuro
Y no puedo dejar de señalar el desacierto de considerar las ayudas a la natalidad como garantía de las pensiones del futuro. Las prestaciones familiares merecen capítulo aparte pues hay argumentos a favor y en contra de ellas, pero lo que considero fuera de duda es su irrelevancia de cara a la sostenibilidad de las pensiones, pues el incremento de la natalidad, por sí solo, no garantiza aumento de la recaudación a medio o largo plazo. Una economía pujante tiene asegurado el aumento de trabajadores y empresas cotizantes bien por la vía del aumento natural de la natalidad, que no es seguro porque esta depende también de otros factores, o bien porque atrae inmigración. Lo hemos visto en nuestro país durante los años de crecimiento en que el aumento de inmigración, población joven, auguraba un buen futuro para las pensiones, espejismo que se ha derrumbado con la crisis. En conclusión, sobre este asunto, no debemos confundir el efecto con la causa.
UN LOGRO A CONSERVAR
No creo que haya muchos a quienes haya que convencer de la importancia del logro social de un sistema de previsión que garantice la subsistencia en situaciones como la enfermedad y la vejez para toda la población. En nuestro país, las pensiones han tenido y siguen teniendo, además, un papel crucial como paliativo de la crisis pues están sirviendo como elemento amortiguador de la carencia de ingresos de los trabajadores desempleados. En muchos hogares han sido el único ingreso que ha entrado durante años.
Si no ponemos freno al deterioro y permitimos la caída del sistema, esto nos aboca a una sociedad extremadamente desigual con altos índices de pobreza y caída de la esperanza de vida
Si no ponemos freno al deterioro y permitimos la caída del sistema, esto nos aboca a una sociedad extremadamente desigual con altos índices de pobreza y caída de la esperanza de vida. La propuesta que siempre sale a relucir en el debate, aunque son minoría sus defensores, de cambiar a un sistema de capitalización, que sustituya al de reparto, aparte de las dificultades de la transición, entraña un vuelco total al sistema, un cambio de principios, al sustentarse en los del seguro privado, no merece la pena ni contemplarla porque en lo que hay que esforzarse es en conservar este sistema de reparto basado en la solidaridad entre generaciones y entre territorios. Volviendo al principio, luchar por su sostenimiento debería ser una tarea de Estado sin etiquetas ideológicas porque el efecto de lo que decidan sus señorías en las reuniones de seguimiento del Pacto de Toledo va a tener efecto mucho más allá de sus vidas políticas.
