El futuro de las pensiones - Jose Fernandez

Tengo una difícil tarea por delante: resumir en un post un tema tan complejo como las pensiones, y además ser didáctico para personas ajenas al mundillo. Allá voy. Me centraré en la pensión de jubilación, aunque pueda hacer referencias puntuales a las otras.

Básicamente hay dos tipos de sistemas: de capitalización (yo pago ahora y cobro luego, por ejemplo, EEUU); y de reparto (yo pago ahora para que cobren los jubilados actuales, por ejemplo España)

Básicamente hay dos tipos de sistemas: de capitalización (yo pago ahora y cobro luego, por ejemplo, EEUU); y de reparto (yo pago ahora para que cobren los jubilados actuales, por ejemplo España). Dentro de estas últimas también hay dos tipos: contributivas (he pagado lo suficiente para tener derecho) y asistenciales (no he pagado lo suficiente, pero por mis circunstancias subjetivas el Estado determina que tengo derecho a ella). En algunos países de Latinoamérica se han empezado a crear sistemas de Seguridad Social que pasan del principio de reparto al de capitalización con ánimo de solventar los problemas planteados a la financiación de las pensiones: el más conocido es el modelo chileno, que ya ha enseñado sus costuras. En EEUU, que funcionan bajo un sistema de capitalización puro, tienen sus propios problemas derivados de los préstamos educativos.

Nuestros principales problemas son el envejecimiento de la población (y aumento de la esperanza de vida), con el consiguiente aumento del gasto en sanidad y cuidados a mayores (en 2019 la mayoría de la población tiene entre 30 y 49 años, en 2064 la mayoría estará entre 80 y 89); la reducción del número de cotizantes (pagan menos personas); y el aumento del número de jubilados (cobran más). Y la situación no tiene visos de cambiar.

La cuestión más importante es que el sistema, tal y como está diseñado, empieza a ser financieramente insuficiente por sí mismo. En el año 2000 se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o caja de las pensiones, por la cual en momentos de bonanza económica (cuando ésta ingresaba más dinero del que gastaba) se podía ahorrar el excedente para utilizarlo cuando la coyuntura no fuera buena. En el año 2011 había 65.830 millones de euros. En 2019 el Gobierno sacará 3.693 millones del Fondo para pagar las pensiones de 2019, con lo cual quedarán algo menos de 1.500 millones al cierre del año. Como el déficit de la Seguridad Social este año será de 18.651 millones, el Gobierno ha tenido que pedir un préstamo de 15.164 millones para poder pagar las pensiones. Con una deuda pública cercana al 100% del PIB, esta situación empieza a ser insostenible. El gasto sólo en pensiones contributivas en 2019 será de un 10,8% del PIB.

Sumamos a esto que el peso del gasto de pensiones es creciente: no sólo porque hay más jubilados, sino porque quienes se jubilan ahora han cotizado más años y con mejores sueldos (en 2007 la pensión media era de 679 euros, frente a 925 euros en 2017). Además, el nivel de trabajadores frente a pensionistas no deja de bajar (la provincia de Orense tiene ya más pensionistas que personas trabajando). La tasa de dependencia (relación entre el número de pensiones y población) y la tasa de sustitución (relación entre pensiones y salarios) no han dejado de crecer en los últimos años. Por último, España es el país que tiene las pensiones de jubilación más altas de la Unión Europea, comparadas con el salario que el pensionista percibía previamente a la edad de jubilación: una media del 82% del sueldo, frente a la media de la OCDE, que es del 41,3%.

Si después de leer todo lo anterior todavía siguen ahí y no han salido corriendo, ahora vamos con las posibles soluciones. Resumiendo mucho, se trataría de aumentar los ingresos y reducir los gastos. Saquemos el bisturí.

Recientemente hubo dos reformas de calado para ayudar a la sostenibilidad del sistema, en 2011 y 2013

Recientemente hubo dos reformas de calado para ayudar a la sostenibilidad del sistema, en 2011 y 2013, cuyas principales medidas cito a continuación. En 2011 (Ley 27/2011 de 1 de agosto): retraso de la edad de jubilación (de 65 a 67 años); revisión de la fórmula para el cálculo de la pensión (de 15 a 25 años, e incremento de 35 a 37 años cotizados para acceder al 100%); nuevas modalidades de jubilación anticipada; premiar la prolongación de la vida laboral. En 2013 (Ley 23/2013, de 23 de diciembre): modificación de los indicadores de revalorización de las pensiones (del IPC se pasa a la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, la variación del número de pensiones contributivas y la variación interanual de la pensión media del sistema); introducción del factor de sostenibilidad (ajustar la pensión inicial de jubilación a la variación de la esperanza de vida).

El actual Gobierno ya ha derogado por vía de hecho el triple índice introducido en 2013 al subir las pensiones un 1,6% y un 3% las mínimas, y hemos vuelto a indexar las pensiones al IPC. En una entrevista en RTVE el 18 de junio de 2018, el presidente del Gobierno desgranó cuatro medidas que tenía previsto tomar al respecto:

  • Eliminar los topes máximos a las cotizaciones a la Seguridad Social: hoy los que ganan más de 45.000 euros llegan al tope y no pagan más a la Seguridad Social por su salario. Lo que propone el Gobierno es subir ese tope a 60.000 euros, pero la pensión máxima no se va a subir (que este año son 36.000 euros), con lo cual aumentarían los ingresos. Pero según indica Rafael Domenech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, tendría efectos negativos sobre el PIB y la productividad.
  • Subir los salarios: ya han subido el salario mínimo más de un 20%. Alegan que aumentaría las cotizaciones a la Seguridad Social (y también los derechos de esos trabajadores en el futuro), pero lo cierto es que de momento lo que se ha comprobado es que el paro ha aumentado en 200.000 personas al mes de llevarlo a cabo.
  • Eliminar las bonificaciones a la contratación fija: esta medida sí que creo que sería positiva. Suponen una auténtica sangría para las arcas de la Seguridad Social y no parece que sus efectos sean significativos.
  • Crear nuevos impuestos: aunque en la entrevista Sánchez no fue muy específico, supongo que serían impuestos a la banca y grandes tecnológicas.

Creo que la primera y la tercera puede que sean positivas. Respecto de la primera de ellas, de los 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social hay unos 5 millones que no cotizan de acuerdo con lo que ganan: autónomos (que puede elegir libremente su base de cotización hasta los 47 años, en que están topadas al alza, y el 85% elige la mínima); y los 1,2 millones de trabajadores por cuenta ajena que ganan más de 45.000 euros anuales. Se calcula que eliminar los topes máximos de cotización supondría incrementar los ingresos en 7.000 millones de euros. La tercera se ha aplicado en el Real Decreto Ley 28/2018, eliminando todas las bonificaciones para los contratos, excepto formación, discapacidad, víctima y riesgo de exclusión social, y sus efectos los iremos viendo a lo largo del año 2019.

Para el final, dejo dos propuestas que me parecen las más interesantes, que tienen en cuenta algunas de las medidas anteriores, y también los gastos del sistema, no solo los ingresos

Para el final, dejo dos propuestas que me parecen las más interesantes, que tienen en cuenta algunas de las medidas anteriores, y también los gastos del sistema, no solo los ingresos. La primera es de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuya nota de prensa del pasado nueve de enero se puede leer aquí. Afirman que los ingresos de la Seguridad Social son limitados y que hay que atacar los gastos. Para ello, su solución a corto plazo pasa por derivar al Estado los gastos que no son pensiones (SEPE y gastos administrativos de la Seguridad Social). Tomando los datos actuales, con un déficit que alcanza los 17.400 millones de euros, esa maniobra lo reduciría en 16.000 millones. Para sustentar este cambio, es necesario modificar las cotizaciones sociales. Actualmente, en España alcanzan el 35,3%, un peso que se reparte así: el 28,3% proviene de las cotizaciones por contingencia y el 7% restante por cotizaciones de desempleo. Lo que propone la Autoridad Fiscal es rebajar en 3,5 puntos las segundas e incrementar las cotizaciones por contingencia en la misma proporción. En consecuencia, las prestaciones por desempleo pasarían a estar soportadas por el Estado.

A largo plazo propone dos medidas: retrasar la edad real de jubilación, y alargar los años de la carrera laboral que se tienen en cuenta para el cómputo de la pensión, y menciona para ello que en países similares a España «está generalizada la utilización de la carrera laboral completa».

La segunda es la propuesta de cuentas nocionales del ya citado Rafael Domenech. Las cuentas nocionales es un sistema implantado en Suecia, y que se basa en tres conceptos: un sistema público, un sistema ocupacional cuasi-obligatorio (plan de pensiones de empleo suscrito por el 80% de los trabajadores) y una pensión voluntaria (de capitalización). La pensión pública se financia por las aportaciones de empresa y trabajador (el 18,5% de su salario bruto), del que el 16% se va acumulando en una cuenta individual virtual (cuenta nocional). Su saldo representa el derecho acumulado de pensión futura. El Estado informa anualmente sobre el saldo acumulado en la cuenta nocional a través del llamado “sobre naranja”. Pero las contribuciones realizadas por los trabajadores actuales siguen financiando los pagos de las prestaciones de los pensionistas actuales.

El sistema sueco, según Domenech, “elimina incertidumbres y ayuda a percibir las cotizaciones sociales como un ahorro y no como un impuesto, incentiva el crecimiento del empleo y de la productividad, y la prolongación de la vida laboral.”

Y propone que el sistema evolucione hacia tres pilares: “Un primer pilar de pensiones mínimas que aumenten a largo plazo con la renta per cápita media. Un segundo pilar de reparto basado en cuentas individuales, en el que el cálculo de las pensiones iniciales tenga en cuenta la esperanza de vida y la evolución prevista de los recursos y gastos del sistema, de tal manera que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo. Y un tercer pilar con cuentas individuales de capitalización de adscripción automática, con aportaciones del trabajador y de las empresas en las que vaya trabajando a lo largo de su carrera laboral, permitiendo que el trabajador elija entre su gestión pública o privada”.

Creo que ambas propuestas contienen ideas sensatas que pueden ayudar a que el sistema no llegue a colapsar por completo. Lo que no ayuda en absoluto es, por un lado, el auge del populismo político, y por otro, la falta de divulgación y explicación para personas corrientes de estos temas, pese a su importancia para todos. Espero haber puesto mi humilde granito de arena para ello.