Pensiones y Demagogia - Esperanza Fernández Acedo

Creo que pocas personas pondrían hoy en duda que la democracia representativa, con su sistema de elecciones periódicas en las que elegimos a los representantes sobre la base de un programa, es el método mejor o menos malo de organización de la vida política. Para que este sistema dé todos sus frutos, es necesario que los ciudadanos dispongan de información veraz y es muy recomendable que estén bien formados. Pero en democracias poco maduras en las que se carece de una cultura política suficiente o degeneradas por el populismo y, sobre todo, cuando confluyen en la vida política un número importante de mediocridades, la contienda electoral protagoniza de tal manera la vida política que las medidas del gobierno y, sobre todo, las propuestas de la oposición suelen estar teñidas de demagogia para contentar a los electores sin que nadie haga el esfuerzo de tratarlos como adultos e invertir tiempo y recursos en su formación política. No es extraño que a veces sea la oposición la más proclive a incurrir en proclamas populistas teniendo en cuenta que no tiene que lidiar con la realidad de administrar recursos siempre escasos para satisfacer todas las necesidades.

A la ceremonia del quién da más se acaba de apuntar Ciudadanos, que no tiene entre sus virtudes la de resistir la tentación de hacer oportunismo electoral cada vez que se tercia

En cuestiones de menor entidad, puede no ser grave la práctica de halagar el oído del electorado pero cuando nos encontramos ante retos importantes, este hábito puede ser letal. Esa reflexión, que vale para muchas situaciones, hoy es perfectamente aplicable a lo que estamos viendo en nuestro país a propósito de la subida de las pensiones que, por quinto año consecutivo, no suben según el incremento del IPC sino de acuerdo al mínimo estipulado en 2013, el 0,25%. Como se van acercando las próximas citas electorales, este año la subida del 0,25 está siendo motivo de movilizaciones de los pensionistas que, faltaría más, tienen todo el derecho a manifestarse. El problema es que las movilizaciones suelen estar alentadas por partidos que, como en el caso del PSOE, quieren hacernos olvidar que fue un gobierno socialista el que congeló las pensiones para 2011 y no tiene desde luego la fórmula mágica que infle los fondos menguantes, o por otros como Podemos, cuyo partido afín en Grecia ha batido todos los récords de incoherencia política al haber accedido al poder con promesas populistas similares a las de Podemos para acabar reduciendo las pensiones en torno a un 30%. A la ceremonia del quién da más se acaba de apuntar Ciudadanos, que no tiene entre sus virtudes la de resistir la tentación de hacer oportunismo electoral cada vez que se tercia.

Lo cierto es que de los problemas que actualmente tenemos que encarar respecto a las pensiones, el menor es que estas no se revalorizan según crece el IPC

Y lo cierto es que de los problemas que actualmente tenemos que encarar respecto a las pensiones, el menor es que estas no se revalorizan según crece el IPC. Puedo afirmarlo con la tranquilidad que da el no tener que someterme al juicio de las urnas pero también porque me respalda el hecho de haber pertenecido al partido, UPyD, que no cedió a la demagogia y trató de proponer soluciones justas y realistas a todos los problemas que abordó en su corta e intensa vida parlamentaria, el partido que propuso racionalizar nuestras administraciones para obtener un ahorro que permitiera destinar más recursos a lo necesario. Con esas credenciales, me atrevo a decir que la utilización del malestar de los pensionistas por parte de los partidos es de un oportunismo muy rastrero porque esquiva el problema de la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo para centrarse en lo que les da réditos electorales a corto, que ignora la obligación de buscar soluciones consensuadas a través del Pacto de Toledo, para poder utilizar las pensiones como arma electoral. Nadie duda de que las pensiones, sobre todo las más bajas, tendrían que revalorizarse para asumir el coste de la vida pero antes de ello habría que encontrar solución al problema de base del sistema que no es otro que un déficit estructural que puede hacerlo quebrar.

Ese déficit no es achacable a la acción de gobierno del PP salvo en la responsabilidad que comparte con el PSOE y los partidos que les han acompañado y ayudado a gobernar

Tras casi una década de crisis económica con altas tasas de desempleo, contratación precaria y bajos salarios, que coincide con una pirámide de población regresiva, el sistema de pensiones se encuentra en el momento más crítico de su historia, con el fondo de reserva prácticamente agotado, pues se ha tenido que recurrir a él durante varios años para hacer frente a los compromisos de pago de las pensiones. Ese déficit no es achacable a la acción de gobierno del PP salvo en la responsabilidad que comparte con el PSOE y los partidos que les han acompañado y ayudado a gobernar por no haber sabido poner en marcha a lo largo de las últimas décadas un modelo productivo que genere más empleo y de calidad, variable principal del problema a la que se suman otros errores como las jubilaciones anticipadas con cargo en parte a la Seguridad Social o inventos como el cheque-bebé. Hay que aclarar algo tan obvio porque se oyen en la calle cosas tales como que el PP ha acabado con el fondo de reserva que “dejó Zapatero”, como si se lo estuvieran gastando en juergas, cuando este es un fondo que estaba previsto para hacer frente a situaciones como la que vivimos. En el imaginario colectivo aparece a veces mezclado el problema de las pensiones con el de la corrupción, sobre la que tantos titulares ha generado el PP pero que ha sido un vicio endémico de nuestro sistema político, vicio en el que afanosamente colaboraron ambos partidos, así como IU y los nacionalistas, que lamentablemente no se puede dar por extinguido y que, de alguna manera, también ha lastrado nuestra economía y generado de forma indirecta el problema, pero no por ello es de recibo fomentar la idea de que se ha metido mano en esta caja, porque eso es una infamia sin sentido a la que es fácil se apunten los peor informados.

Hay que pararse a analizar con toda responsabilidad qué se hace para que las pensiones que se concedan a partir de ahora sean suficientes, introduciendo las reformas en el mercado laboral y en el sistema productivo necesarias para que todos los trabajadores tengan acceso a un empleo estable y bien remunerado

El problema es que el déficit que genera la escasez de cotizantes frente al creciente número de pensionistas se está prolongando ya demasiado tiempo y hay que pararse a analizar con toda responsabilidad qué se hace para que las pensiones que se concedan a partir de ahora sean suficientes, introduciendo las reformas en el mercado laboral y en el sistema productivo necesarias para que todos los trabajadores tengan acceso a un empleo estable y bien remunerado. Esto solventaría el problema de las pensiones y, a la vez, el del empleo y una vida digna para todos. No olvidemos que, de los 3.470.248 desempleados, un 36 por ciento aproximadamente son menores de 25 años y que nueve de cada diez nuevos contratos son temporales. Otras cifras que nos ilustran también, más que cualquier discurso, sobre la gravedad del problema son las del cierre de febrero con 18.363.514 cotizantes y 9.573.282 pensiones. Pensemos que en los próximos años va a seguir aumentando el número de pensionistas, muchos de los cuales son trabajadores con vidas laborales muy completas y bien remuneradas cuyas pensiones tienen que ser pagadas con las cotizaciones de los trabajadores actuales con altos porcentajes de precariedad y peores salarios. No conocemos aún el recorte exacto que va a suponer la fórmula del factor de sostenibilidad a aplicar desde principios de 2019 cuando está produciendo ya el efecto colateral negativo de acelerar el número de solicitudes de pensiones en 2018 para evitarlo. Pero incluso cuando comience su aplicación en 2019, no es previsible que el déficit se solucione por su mera aplicación si no crece al mismo tiempo de manera significativa el empleo de calidad.

Antes que recurrir a impuestos especiales o sectoriales, lo que demanda el sentido común es que se aproveche el desafío para embarcarse en la reforma tan necesaria de nuestro Estado autonómico y nuestras administraciones

Hay mucho que discutir y hay que trabajar en dos frentes: el de los grandes remedios y el de las reformas en el sistema. En cuanto al primero, hay que abordar un cambio en la legislación laboral que generalice la contratación indefinida, acabando con la precariedad, al tiempo que se trabaja por un cambio en el modelo productivo. En el segundo, queda margen para reformas que pueden paliar en gran medida el problema y algunas de ellas están sobre la mesa. En mi opinión, las más útiles serían las de descargar a los fondos de la Seguridad Social del coste de las bonificaciones y ayudas a la contratación, tal vez también de los gastos de personal, y la de financiar las pensiones de supervivencia con cargo a los presupuestos, sin descartar una reforma posterior de las pensiones de viudedad. Al elevar la carga que se añadiría a los Presupuestos Generales del Estado, de los que ya se financian las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos de las no contributivas y la sanidad, entrarían en juego las vías para que estos pudieran asumir las nuevas cargas sin merma de otras partidas. Antes que recurrir a impuestos especiales o sectoriales, lo que demanda el sentido común es que se aproveche el desafío para embarcarse en la reforma tan necesaria de nuestro Estado autonómico y nuestras administraciones, en el camino de la racionalización y eliminación del derroche, a saber, la fusión de municipios, supresión de diputaciones, eliminación de duplicidades y organismos superfluos en cuya reducción apenas se ha avanzado, la racionalización de los sueldos y reducción a mínimos de los cargos de confianza, el fin de cualquier tipo de privilegios… en resumen, todo aquello que ya forma parte del catálogo de demandas ciudadanas pero de lo que los partidos de la demagogia no quieren ni oír hablar porque es más cómodo utilizar las pensiones como arma electoral que atentar contra su estado de bienestar, el que los alimenta, mientras el estado de bienestar de todos se ve mermado día a día.