Instituciones Descontroladas - Jorge Alexandre

Vivimos tiempos de corrupción y desfalco de las arcas públicas. Los ejemplos abarrotan los telediarios, las tertulias, los debates en el bar… Y es normal que ocupen ese espacio. Por resumirlo en dos datos, las estimaciones demuestran que el coste de la corrupción equivale a más del 5% del PIB mundial (2.6 billones de Euros según World Economic Forum) con más de 1 billón de Euros pagados en sobornos cada año (Banco Mundial, 2014).

Ciertamente tendemos a centrar el debate en este o aquel político, lo que ha hecho y lo que no. Y desde luego la corrupción tiene esos dos actores protagonistas inseparables, el corrupto y el corruptor, y es sobre estos dos sujetos sobre los que se centra -como no puede ser de otra manera- la reacción contra la corrupción en nuestro país.

Las políticas de prevención escasean en muchos ámbitos, y muy especialmente en la lucha contra la corrupción

Y quizá esta parte de reacción esté funcionando en España, país con una profunda tradición reactiva. Actuamos después del desastre, rara vez lo hacemos antes del mismo. Las políticas de prevención escasean en muchos ámbitos, y muy especialmente en la lucha contra la corrupción. Nos encontramos con el -presunto- corrupto en la televisión, detenido, ante el juez, etc. pero del dinero… del dinero poco o nada se vuelve a saber. Este es el handicap de centrar la lucha contra la corrupción en la reacción (necesaria) y olvidarnos de la prevención.

Precisamente porque nuestra tradición es reactiva, a menudo se nos olvida, a la hora de poner remedio a la corrupción, el marco donde las prácticas corruptas son llevadas a cabo, o explicándolo con un ejemplo reciente, cómo es posible que una empresa pública destinada a una cosa tan concreta como gestionar el agua de los madrileños, se dedique a especular con contratos millonarios y más de una veintena de filiales por todo el mundo, algunas de ellas con un objeto social tan alejado de la gestión del agua como la “comercialización, distribución, aplicación y uso de software y de hardware” en Colombia.

El problema de la corrupción se origina en el hecho de que tenemos unas instituciones descontroladas carentes de mecanismos reales de control interno

El problema de la corrupción se origina en el hecho de que tenemos unas instituciones descontroladas. Instituciones carentes de mecanismos reales de control interno, en los que no rige principio alguno de buen gobierno, riesgo o cumplimiento. A duras penas la Intervención General de Estado puede fiscalizar todas las actuaciones, y sólo en algunos casos de cambios de gobierno y una actitud proactiva desde la propia institución se detectan irregularidades en la gestión cometidas por sus gestores, presentes o pasados. Sin embargo y a pesar de puntuales buenas noticias, no existe en prácticamente ninguna de ellas una verdadera cultura de control, ética y cumplimiento.

Y es que, como avanzaba, si bien los corruptos y corruptores existen, y desgraciadamente existirán siempre, y contra ellos se deben dirigir los esfuerzos de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; una lucha efectiva contra la corrupción pasa por asumirla desde una posición en la que no sólo Policía, Jueces, Fiscales -y corruptos- sean los protagonistas.

Las políticas de lucha contra la corrupción en España deberían girar desde una triple perspectiva: la prevención, la detección y la reacción ante la corrupción

Las políticas de lucha contra la corrupción en España deberían girar desde una triple perspectiva que además debería concebirse como integral: la prevención, la detección y la reacción ante la corrupción. Por desgracia, en nuestro país, la lucha contra la corrupción se juega en una limitada detección de prácticas corruptas, generalmente policial; y en la reacción ante la misma a través de los fiscales, los procesos judiciales y, llegado el caso, la condena de los corruptos. De la prevención a través de la implantación de políticas y procedimientos en la organización e incluso de la detección no policial, es decir, a través de medidas de control interno para detectar posibles fraudes, poco o nada se sabe en nuestro sector público.

Estas instituciones descontroladas convierten a la empresa pública en un juguete en manos de los corruptos

Estas instituciones descontroladas son producto de una forma de entender la gestión de las organizaciones de naturaleza pública incompatible con la complejidad y la realidad ante la que nos encontramos, y que en la actualidad no debería tener cabida en el ámbito público (tampoco en el privado, por cierto). Convierte a la empresa pública -volviendo al caso del Canal de Isabel II-  en un juguete en manos de los corruptos.

Lo sorprendente es que la forma de integrar estos mecanismos de prevención a través del control interno de las organizaciones se encuentra muy desarrollado en el ámbito internacional y algunas de esas normativas no son precisamente nuevas

Lo sorprendente es que la forma de integrar estos mecanismos de prevención a través del control interno de las organizaciones se encuentra muy desarrollado en el ámbito internacional, y aunque originalmente se configuraban como recomendaciones a las organizaciones privadas, hoy en día resultan de perfecta aplicación a organismos e instituciones públicas y, muy concretamente, a empresas del sector público empresarial. Existen compendios de las mejores prácticas internacionales en la materia, en forma de políticas, guías y estándares de carácter no normativo diseñados para establecer formas éticas de actuación, seguridad en las actividades y -muy concretamente- para prevenir la delincuencia en las organizaciones. Estos documentos son elaborados por instituciones públicas, organizaciones internacionales o asociaciones sin ánimo de lucro, y aunque su cumplimiento es generalmente voluntario en el ámbito privado, puede que en el ámbito público debamos empezar a plantearnos si no debería ser una obligación. Y algunas de estas normativas no son precisamente nuevas. Ya en 2003 se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción con la finalidad de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

En el año 2009 la OCDE emite la Recomendación para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales que, entre otras cuestiones, estipulaba que los países miembros de la OCDE debían alentar a las empresas a desarrollar y adoptar controles internos adecuados así como programas de ética y cumplimiento y medidas para prevenir y detectar sobornos extranjeros.

También la OCDE, esta vez en colaboración con el G20, actualiza los Principios de Gobierno Corporativo en el año 2015, basados en el común entendimiento de que un alto grado de transparencia, rendición de cuentas y supervisión resultan esenciales para el buen funcionamiento de un sistema de gobierno corporativo. Y aunque en principio su objetivo son las empresas cotizadas, el propio texto señala que podrán ser aplicables a empresas no cotizadas, lo que lo hace igualmente extensible sin necesidad de demasiada adaptación a las empresas públicas.

Todo ello sin olvidarnos de marcos propios de control interno como puede ser COSO o los muy detallados estándares con estructuras de alto nivel ISO para implementar sistemas gestión en las organizaciones, pensados tanto para empresas como para administraciones. Especialmente las recientes ISO 19600 sobre sistemas de gestión de compliance e ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno, así como la próxima UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal.

La utilización de estos marcos de referencia permitiría poner en marcha esa imprescindible labor preventiva y de detección no policial de casos de corrupción en nuestro sector público

Lo cierto es que los instrumentos mencionados suponen un pequeñísimo resumen de la cantidad de metodologías que existen en la materia, y cuya puesta en práctica, a pesar de ello, escasea en nuestras instituciones, organismos y empresas públicas. Precisamente la importancia de conocer e implantar estos marcos de referencia radica en que su utilización permitiría poner en marcha esa imprescindible labor preventiva y de detección no policial de casos de corrupción en nuestro sector público a la que nos referíamos al comenzar estas líneas. Sin una metodología definida y sin mecanismos reconocidos de fiscalización, no hay prevención interna posible de la corrupción.

Para finalizar, simplemente me gustaría animar a aquellos privilegiados que sirvan en alguna administración pública o que tengan conocimiento de buena mano de las mismas, a realizar un breve ejercicio. Para ello vamos a utilizar la muy reciente  Recommendation on Public Integrity, publicada por la OCDE hace escasos meses y destinada a favorecer la formulación de políticas para una estrategia de integridad pública. Este documento, lejos de tener el detalle de algunos de los instrumentos citados anteriormente, basa su contenido en trece puntos y tres principios que yo resumiría de esta manera: (1) saber lo que queremos hacer con nuestras administraciones; (2) generar una cultura de integridad pública; y (3) habilitar la rendición de cuentas efectiva. Tales principios, lejos de sonar -en teoría- novedosos, inciden en la necesidad de crear una cultura de cumplimiento en las organizaciones. Señalada esta cuestión, el ejercicio que propongo es comprobar en cuantas administraciones, instituciones, organismos, empresas públicas, etc. se tiene conocimiento de esta reciente recomendación de la OCDE y sus principios… o de cualquier otro instrumento internacional de buenas prácticas en el seno de las organizaciones.

La respuesta, bastante fácil de imaginar, debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de controlar nuestras instituciones, muy especialmente las empresas públicas, que deben obligatoriamente pasar por una gestión de recursos profesionalizada, unos métodos de control interno reconocidos, y a poder ser tan exigentes que resulten de ejemplo en el ámbito privado.

En resumidas cuentas, toda prevención pasa por conseguir que se impulse el establecimiento de una cultura ética y de cumplimiento también en el sector público y que, excepto contadas excepciones, me temo que poco tiene que ver con la realidad ante la que nos encontramos.