ingreso minimo vital

La pandemia del COVID-19 ha tenido como efecto colateral que algunas cuestiones sobre las que no se ha avanzado lo suficiente, como es el teletrabajo o la gestión electrónica de documentos, hayan sufrido una aceleración por la necesidad de su implantación. El ingreso mínimo vital, aunque ya estaba planteado en los programas electorales de los dos partidos de coalición actualmente en el Gobierno, ha recibido un impulso parecido por mor de las circunstancias.

el cerebro en la sombra ha sido el ministro de Seguridad Social

Aunque cada partido trate de arrimar el ascua a su sardina (electoral), los que seguimos esta cuestión hace tiempo sabemos que el cerebro en la sombra (la hormiga, como dijo en una feliz expresión la diputada Ana Oramas) ha sido el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, anteriormente presidente de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) desde 2014 hasta 2020.

Para empezar por el principio, nos remontaremos a 2017: los sindicatos CCOO y UGT recogieron 700.000 firmas y llevaron al Congreso la propuesta como iniciativa legislativa popular en febrero de ese año. La proposición de ley salió adelante por 177 votos contra 165 (PP y Ciudadanos votaron en contra). Desde la Comisión de Empleo y Seguridad Social se solicitó un informe a la AIREF (presidida entonces por Escrivá) que contuviera un análisis integral de los programas y ayudas ya existentes, tanto a nivel estatal como autonómico y local, que incorporara, además, un análisis comparado de los sistemas o ayudas similares que existan en países de nuestro entorno y, en particular, la Unión Europea. El informe, titulado Los programas de rentas mínimas en España, de fecha veintiséis de junio de 2019, lo pueden leer aquí.

Existen dos tendencias principales sobre la forma que debe revestir el ingreso mínimo vital: quienes opinan que debe ser algo coyuntural o temporal, con el objetivo de paliar los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19, y los que creen que es una medida que ha venido para quedarse.

En primer lugar, hay que decir que se trata de un sistema implantado con éxito en países como Francia, Alemania, Austria o Finlandia para luchar contra la pobreza, países avanzados y nada sospechosos de ser bolivarianos. Aunque hemos tenido programas de rentas mínimas (sobre todo a nivel autonómico), la diferencia con estos países estriba en la eficacia en la redistribución de rentas, la reducción de la disparidad y la utilidad en su lucha contra la pobreza.

Más de diez millones de españoles viven con graves carencias

Lo cierto es que la pobreza y la exclusión social no es algo excepcional en España: según datos de 2018 del INE, una de cada cuatro personas en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social (tuvieron ingresos inferiores al 60% de la renta mediana, no pueden hacer frente a una serie de gastos considerados básicos) o en hogares con muy baja intensidad de trabajo, derivada de la parcialidad laboral o de trabajar de manera intermitente a lo largo del año. Más de diez millones de españoles viven con graves carencias. Y además, como podemos ver en el gráfico inferior, afecta mucho más a los jóvenes que al resto de franja de edades.

Además, tenemos el problema de la mala redistribución de la riqueza. Las personas en riesgo de pobreza ven poco dinero del que se redistribuye desde el Estado (subvenciones universitarias, compra de coches, IVA fuera del tipo general en hostelería o cultura, etc). Otro ejemplo es que en las regiones con mayor desempleo hay más funcionarios por habitante, que es una forma bastarda de intentar atajar el problema.

El informe de la AIREF indica que esta medida puede disminuir la pobreza severa hasta en un 60%

El informe de la AIREF indica que esta medida puede disminuir la pobreza severa hasta en un 60%. Recordar que España es el segundo país de la Unión Europea, sólo por detrás de Rumanía, con la tasa más alta de pobreza severa: en España es del 6,9 por ciento frente al 3,5 por ciento de media de la Unión Europea. Las propuestas de este informe pasan por su compatibilidad con el trabajo para no desincentivar el empleo (se elimina el requisito de ser parado de larga duración o estar inscrito en el SEPE); condicionar las ayudas a la inscripción en Hacienda para disminuir el riesgo de fraude y agilizar su tramitación; eliminar la fragmentación y el solapamiento entre diferentes sistemas autonómicos; encuadrar el sistema en un plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural del gasto; y propone dos modelos, uno más costoso que el otro, pero ambos asumibles.

Y con esto llegamos al 1 de junio de 2020, fecha en la que se publica en el BOE el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Vamos a analizar la norma y ver las diferencias con la propuesta de la AIREF.

En primer lugar, se establece la compatibilidad con las prestaciones autonómicas existentes, que refleja las exigencias y reparos del Partido Nacionalista Vasco durante su tramitación.

En segundo lugar, y pese a las medallas que se ha colgado Podemos, esta medida queda lejos de la que quería Pablo Iglesias (subvencionar con 1.000 euros al mes de dos a tres millones de personas), y tampoco es tal y como la AIREF la proponía. Queda limitada ahora a una horquilla entre 462 y 1.015 euros; el beneficiario es el hogar, no la persona, siguiendo la propuesta de la AIREF; y servirá para completar el ingreso de las familias hasta ese mínimo. En el anexo del Real Decreto-Ley se establecen catorce tipos de familia que permite aplicar unos multiplicadores a esa base hasta el tope de 1.015 euros. Todo ello reduce la estimación de gasto a unos 3.000 millones de euros anuales, frente a los 17.000 millones anteriormente previstos, y se estima que afectará a unos 850.000 hogares (unos 2,3 millones de personas).

Hay una serie de requisitos generales: tener entre 23 y 65 años, haber vivido tres años de forma independiente y haber cotizado al menos un año a la Seguridad Social. Los perceptores estarán obligados a hacer la declaración de la renta. A los solicitantes se les hará un test de patrimonio neto, ingresos menos deudas, y se descontará el valor de la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas del hogar y parte de 16.614 euros para una persona que viva sola, hasta 43.196 euros en el caso de una familia de cuatro personas. Escrivá ha indicado que el patrimonio neto no debe exceder en tres veces la renta anual percibida.

Un primer problema práctico que se plantea es que se desincentive la búsqueda de un empleo

Un primer problema práctico que se plantea es que se desincentive la búsqueda de un empleo. Pese a que es compatible con estar trabajando, en el caso de no hacerlo se exige que el beneficiario esté en búsqueda activa de empleo. Y dado el mal funcionamiento de los servicios de búsqueda, es muy complicado probar que no se está haciendo por parte del beneficiario. Como indican tanto UGT como FEDEA, los efectos positivos de esta compatibilidad entre IMV y salarios bajos están condicionados a que los beneficiarios de la prestación sigan itinerarios de inserción en el mercado laboral, que dependen de las comunidades autónomas, que son las competentes.

En este sentido, existe el riesgo de que, por un lado, el ciudadano al que el ingreso mínimo le permita cubrir sus necesidades puede verse desincentivado en la búsqueda de empleo. Por otro lado, también hay un riesgo de que, una vez instituida la figura, los requisitos para su obtención se vayan relajando en el tiempo, y se vaya deslizando hacia la renta universal que propugnaba Podemos. Una población bajo la asistencia del Estado es más dócil y menos crítica con el poder, de eso ya hemos visto ejemplos abundantes.

El segundo problema que está surgiendo es el colapso de las oficinas del SEPE

El segundo problema que está surgiendo es el colapso de las oficinas del SEPE. Ya se han presentado más de medio millón de solicitudes, y los servicios de empleo encargados de tramitarlas ya estaban colapsados con anterioridad por los ERTES. Y con la previsión de muchas más personas que lo van a solicitar, el colapso es un hecho. Nunca es el momento, pero habría que darle una vuelta al sistema de los servicios públicos de empleo, su utilidad práctica, su sostenibilidad y su agilidad. Porque actualmente su relevancia respecto de la búsqueda de empleo es nula, y se han convertido en un mero tramitador de prestaciones.

Un tercer problema es el aumento del gasto en la Seguridad Social

Un tercer problema es el aumento del gasto en la Seguridad Social. Aunque la cifra es netamente inferior a lo previsto en un principio (3.000 millones de euros frente a 17.000), va a suponer aumentar la carga de la Seguridad Social, en un contexto de reducción de ingresos por la crisis y bajas de cotizantes. Aunque en el mes de junio de 2020 se registró un aumento de 68.208 cotizantes respecto a la media de mayo (un 0,37% más), en los últimos doce meses, el Sistema ha perdido 893.360 afiliados (-4,58%). El Régimen General conjunto registra un retroceso de los cotizantes del 5,24%. Por otra parte, el sistema acumula ya una deuda de más de 55.000 millones de euros a cierre de 2019, con un incremento de la misma a razón de entre 12.000 millones y 14.000 millones de euros anuales. Unamos a esto el aumento del número de jubilados que se va a producir en los próximos diez años. Cierto que el tema de las pensiones es algo específico (del que ya hablamos aquí), pero no es menos cierto que el coste de esta nueva figura y su carácter estructural va a tensionar aún más las cuentas de la Seguridad Social.

el establecimiento de unos requisitos de acceso y de cuantías universales a nivel nacional es un gran error

En cuarto lugar, creo que el establecimiento de unos requisitos de acceso y de cuantías universales a nivel nacional es un gran error. El nivel de vida es muy diferente en Madrid o Barcelona que en Palencia o Melilla. No es lo mismo 1.015 euros en una ciudad que en otra. Era necesario armonizar el desbarajuste existente de programas de ayudas autonómicos, pero teniendo en cuenta las diferencias de nivel de vida en los distintos territorios.

En conclusión, la valoración que merece el ingreso mínimo vital es positiva, con las salvedades que hemos comentando con anterioridad. Pero su diseño permite ser optimistas al respecto, y creo que se configura como una herramienta muy útil para luchar contra la pobreza y la desigualdad social en España, y que ayudará a una mejor redistribución de la riqueza, pata de la que cojeamos desde hace mucho tiempo si nos comparamos con los mejores países en ese sentido.

Aunque no se habla mucho de ello, creo que además de las medidas de control del cumplimiento de los requisitos, es fundamental conectar el ingreso mínimo vital con que los beneficiarios de la prestación sigan itinerarios de inserción en el mercado laboral. De este modo, la medida, aun siendo estructural, será algo coyuntural a medio plazo, puesto que permitirá que las personas en riesgo de exclusión social puedan salir de él.