Feminismo - Carlos Rodriguez Estacio

Hace apenas un año me sorprendió descubrir en una de las más prestigiosas librerías sevillanas que la sección de Filosofía se había volatilizado. En su lugar, o simultáneamente, la sección sobre libros feministas había experimentado una inflación extraordinaria y ocupaba la mayor parte de la mesa expositora. Podría decirse que Lo sexual es político (y jurídico) está escrito para que esta imagen-profecía no se convierta en realidad; justo en la medida en que propone pensar el feminismo sin anteojeras y con libertad, o sea, desde la filosofía. En ese sentido, cabe sostener que este es el libro que, sobre la cuestión, era preciso escribir. No porque agote la temática (hay varios aspectos que apenas se tocan, como el lenguaje sexista, la discriminación positiva, la brecha salarial, la política de cuotas…), sino porque proporciona el marco adecuado para el abordaje racional.

Pablo de Lora se sitúa en la estela del liberalismo democrático (de John Rawls, en especial). En realidad, hablar de liberalismo democrático supone una redundancia, dado que el “suelo trascendental” de la democracia, al menos tal como la entendemos en los países políticamente desarrollados, no es otro que el liberalismo. Por desgracia, se trata de una verdad tan obvia como obviada. Precisamente el feminismo hegemónico se aparta recurrentemente de esta tradición liberal (y, en esa medida, también de la democracia). De hecho, puede decirse que un hilo conductor del libro es mostrar los “hiatos liberales” de la teoría feminista actual. Y, sin embargo, hay en el título un guiño al feminismo (que hizo bandera de la fórmula `lo personal es político´), precisamente contra el liberalismo. Así al menos lo ha declarado el autor en alguna entrevista. Ahora bien, resulta evidente que la manera en que de Lora interpreta el lema difiere sustancialmente de cómo lo hace el feminismo mainstream. Y, por otro lado, la verdad que la divisa enuncia quizás se entienda mejor si se inserta en un principio más comprehensivo y genuinamente liberal: es el daño, con independencia del ámbito en que se produzca, lo que es -lo que nunca puede dejar de ser- político y jurídico. En consecuencia, las decisiones políticas y las leyes solo han de ocuparse del sexo en la medida en que afecte o colisione con los derechos de otras personas. Eso no impide en absoluto considerar la sexualidad como una dimensión susceptible de especial cuidado y protección (en varios momentos del libro se expone el fracaso de los intentos por desacralizar totalmente el sexo).

puede afirmarse con Antonio Escohotado que hoy día “cualquier persona inteligente es feminista”

Nótese que recurrimos constantemente a la adjetivación del término `feminismo´ (hegemónico, mainstream, dominante, actual…) ya que, en puridad, no cabe hablar de feminismo a secas sino de “feminismos” en plural. Aunque el libro se centra en el feminismo que domina la escena política, nunca deja de estar presente un cierto diálogo con otras teorizaciones feministas, algunas de las cuales no solo encajan armónicamente en el proyecto democrático-liberal sino que constituyen una exigencia cabal del mismo. En ese sentido, puede afirmarse con Antonio Escohotado que hoy día “cualquier persona inteligente es feminista”. Asunto muy distinto de esta exigencia cabal de igualdad (o, más rawlsianamente, de `igual libertad´) es la instrumentalización de la causa feminista que tan buena salud goza en nuestros días. Una excelente muestra nos la proporcionó recientemente Carmen Calvo al reivindicar el feminismo como patrimonio exclusivo de la izquierda. Es decir, en vez de aspirar a que arraigue como valor compartido -lo cual supondría su definitivo triunfo; como ocurrió con la democracia, el antirracismo o el pluralismo religioso-, se prefiere confinarlo como demanda sectorial. De esta manera, el feminismo queda reducido a simple medio para un fin que le trasciende (y que no puede ser otro que el de servir de caladero electoral). La misma lógica se repite con otros movimientos (LGBTI+, ecologismo, animalismo, inmigración, etc.), pero quizás en ninguno de ellos alcance el mismo nivel de intensidad emocional. Como el libro se centra en el examen de este feminismo instrumentalizado, mediado y hegemónico, en adelante cada vez que hablemos sin más de feminismo habrá de entenderse que hacemos referencia a este subtipo concreto.

Primera parte: Sexo

La obra se divide en dos grandes bloques: Sexo y Género (una distinción, por cierto, que dista mucho de ser pacífica). En esta primera parte surgen ya los primeros conflictos entre la concepción liberal y la feminista. Para la primera, una conducta sexual nunca puede ser jurídicamente ilícita si cuenta con el consentimiento de sus participantes. El consentimiento es una suerte de `transformador normativo´ (W. Hohfeld) que convierte en aceptable lo que sin él no lo sería (pensemos en el sadomasoquismo). El liberalismo reconoce el derecho de cada uno, siempre que no exista daño a tercero, a buscar su bien de la manera que considere oportuna. Es el principio del daño que formuló Stuart Mill: «Cada individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo a su propia voluntad en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen a otros». Esta fórmula permite convivir en paz sin quedar al albur de los criterios morales de los que detentan el poder.

El feminismo, por el contrario, parte de una determinada concepción del bien que -y esto es lo verdaderamente relevante- intenta implantar jurídico-políticamente. Algunas de sus representantes como Andrea Dworkin llega a afirmar que “El coito es la expresión pura esterilizada y formal del desprecio de los hombres a las mujeres”; y aún va más lejos Catharine MacKinnon: “Desde la perspectiva feminista, la liberación sexual en el sentido liberal libera la agresión sexual masculina. Lo que se ve como amor y romance en la perspectiva liberal, se parece mucho a la tortura desde la perspectiva feminista. El placer y el erotismo se convierten en violación.” Según esta corriente, la dominación masculina se ejerce desde el consentimiento y, en consecuencia, la voluntaria actividad heterosexual de las mujeres es un imposible conceptual y material. El aspecto inasumible para la sensibilidad liberal no es que se defienda que los deseos sexuales están construidos políticamente por una sociedad heteropatriarcal (y, por tanto, son falsos o alienantes) sino pretender legislar desde ahí. Es indiscutible la semejanza con la concepción católica más vetusta, por ejemplo, respecto a la indisolubilidad del matrimonio que se pretendía imponer a todos, creyentes y no. En el libro abundan los paralelismos entre feminismo y tradicionalismo, paradójicamente hermanados en la voluntad común de rechazo a la pluralidad.

cabe plantear si esta criminalización de coqueteos, piropos, acercamientos, etc., no banaliza los comportamientos sexuales realmente violentos

En la misma línea se sitúa la burocracia del sexo que pretende que cada avance sexual requiera un consentimiento explícito. Esto supone, en rigor, clausurar las audacias, el misterio, la sorpresa, el discurrir espontáneo de los sentidos…, o sea, la dimensión específicamente humana de la sexualidad. De ahí que intelectuales y artistas francesas (Deneuve, Millet, Caven…) hayan salido en defensa de la “libertad de importunar”, del coqueteo, del juego de seducción (con las limitaciones que dicta el sentido común). Según Pablo de Lora, detrás de esta obsesión regulatoria late una visión finalmente reaccionaria y puritana. No es extraño que arraigue en la Universidad (sobre todo en los Estados Unidos), dada la profunda infantilización que acarrea la hegemonía de lo políticamente correcto, del multiculturalismo y del miedo a ofender. Por lo demás, cabe plantear si esta criminalización de coqueteos, piropos, acercamientos, etc., no banaliza los comportamientos sexuales realmente violentos.

El mismo esquema se reproduce con el tema de la prostitución. Como el liberalismo no está comprometido con ninguna noción fuerte de bien, deja que cada uno use sexualmente su cuerpo de la manera y por los motivos que considere adecuados: por amor, por necesidad… o por dinero. El feminismo es, sin embargo, claramente abolicionista. Objeta, en primer lugar, que la libre elección es un mito: las mujeres no se prostituyen de manera voluntaria (o lo hacen en un porcentaje insignificante). Aparte de la ausencia de evidencias empíricas que sustenten una afirmación de este tenor (y de la existencia de numerosas declaraciones en sentido contrario por parte de `profesionales del sexo´), cabría pensar que precisamente la no legalización exacerba el riesgo de exclusión y marginalidad (como reconoce la UNESCO). De nuevo nos encontramos con una actitud al menos paternalista (¿maternalista?), pues se pretende saber mejor que las propias afectadas qué es lo que de verdad les conviene. Es posible que haya muchas mujeres que ejerzan la prostitución como `mal menor´ (al igual que un porcentaje nada insignificante de trabajadores), pero no se entiende cómo mejoraría su situación si se les priva de esa opción, que ellas consideran la mejor de las realmente posibles. Tampoco parece fácil llevar a cabo la abolición de una práctica en la que el supuesto “verdugo” y la supuesta “víctima” están de acuerdo (al igual que ocurre con la droga) y que, en coherencia, debería acarrear la derogación de cualquier relación sexual que tuviera expectativas de `compensación exógena´, vamos a llamarla así.

Las feministas esgrimen un segundo gran argumento para el abolicionismo: es una escuela de desigualdad “donde priman los deseos del hombre, los cuales no buscan en realidad sexo sino ejercer su masculinidad tradicional”. Más allá de que se trata, una vez más, de un juicio de intenciones muy atrevido (¿qué base factual existe para una generalización de tal alcance?), surgen algunas perplejidades: 1) que primen los deseos del cliente en un servicio contratado no deja de ser algo bastante frecuente (lo contrario suele ser muy perjudicial para cualquier negocio); 2) aunque muy inferior en número, también existe la prostitución para mujeres (en la que cabe razonablemente conjeturar que priman los deseos de las clientas); 3) la prostitución homosexual alcanza un nivel significativo y, en términos comparativos, la más usual es la prostitución de las personas transgénero. No es nada obvia, pues, la supuesta conexión umbilical entre prostitución y heteropatriarcado. Por otro lado, en el bando feminista no faltan quienes admiten que la prostitución hace disminuir las violaciones (conclusión que viene refrendada por abundantes datos). El problema -alegan- es que el mercado crece al “normalizarse”. No explican, sin embargo, por qué es un problema y para quién lo es. ¿Y qué ocurre con las personas con minusvalías o defectos físicos que tienen muy escasas posibilidades de encontrar partenaire sexual? Si se admite que la actividad sexual constituye un ingrediente indispensable, o al menos muy relevante, en el proyecto de una vida feliz, ¿han de renunciar a esta dimensión esencial? Incluso en las filas abolicionistas se suelen admitir estas excepciones, pero con ello abren inevitablemente una puerta que no resulta nada fácil cerrar para los demás casos. Es razonable, no obstante, plantear ciertas restricciones al ejercicio laboral de la prostitución y no homologarlo como un desempeño retributivo más.

El autor, a continuación, recala en las procelosas aguas de la institución matrimonial. El feminismo difumina (o dinamita) las fronteras que el liberalismo fija entre el área privada y pública, por ejemplo, reclamando un reparto simétrico de tareas domésticas entre los cónyuges. Esta prescripción de partición equitativa ha llegado incluso al Código Civil (se presentan algunos ejemplos francamente horricómicos). Y cabe plantear de nuevo, mutatis mutandis, si esto no se parece mucho al afán regulador e intervencionista del matrimonio tradicional. La mentalidad liberal se inclina por dejar a los contrayentes la dilucidación de estos aspectos, limitando la intervención estatal a la salvaguarda de derechos básicos. También entra dentro de las competencias del Estado, sin dejar de ser liberal, el fomento de redes de afectos y cuidados; asunto, por cierto, que requeriría de una mayor atención y reflexión.

¿no serán ciertos privilegios concedidos a la mujer -la pensión compensatoria, el distinto tratamiento respecto a la gestación (para ella, una elección; para él, un destino), etc.- verdaderos caballos de troya, o sea, regalos envenenados que consolidan la imagen de la mujer como sujeto menos responsable o más necesitado de protección?

La familia es también una institución en crisis, principalmente por el fenómeno de la reproducción asistida, la cual es percibida con recelo por cierto feminismo en tanto que supone una pérdida de control en un área que hasta entonces era jurisdicción exclusiva de mujeres. Es un ejemplo más del hábito de pensar en términos colectivistas, partidistas y “competitivos” (según un modelo de juego de suma a cero con el varón). Al hilo de la reflexión sobre la institución matrimonial y la familiar se sitúa en primer plano una cuestión que se venía apuntando casi desde el inicio: ¿no serán ciertos privilegios concedidos a la mujer -la pensión compensatoria, el distinto tratamiento respecto a la gestación (para ella, una elección; para él, un destino), etc.- verdaderos caballos de troya, o sea, regalos envenenados que consolidan la imagen de la mujer como sujeto menos responsable o más necesitado de protección?

No podía faltar el tema de la maternidad subrogada. Al igual que en el fenómeno de la prostitución, con el que tantos paralelismos guarda, las feministas denuncian que se trata de una forma de explotación y de un atentado contra la dignidad de la mujer (que queda enteramente mercantilizada debido a que el “servicio” implica el organismo entero de la gestante; característica, por cierto, también predicable de muchos otros desempeños retribuidos). Y una vez más, puntuales a la cita, comparecen los apriorismos: las feministas desestiman la posibilidad de donación altruista y la resitúan en un contexto clasista: las previsibles gestantes serían siempre personas con menos recursos. Ahora bien, no resulta sencillo establecer la diferencia con los donantes vivos de órganos (6.831 personas en 2018), donación que está regulada y respecto de la cual se proscribe cualquier tipo de retribución. Por otro lado, una cierta compensación económica no tendría por qué implicar la mercantilización del servicio. Es obvio, en cualquier caso, que se deben establecer límites dadas las características especiales que sin duda posee.

Segunda parte: Género

A lo largo de su historia, el feminismo ha operado con dos categorías (sexo y género) para denunciar la desigualdad estructural que han padecido y padecen las mujeres en cualquier contexto cultural, racial o sexual. Según el feminismo, la opresión de las mujeres es el resultado de haber nacido con el “sexo inadecuado”. A partir de la diferencia biológica, a las mujeres se les impone una identidad de género, o sea, una serie de imposiciones normativas que deben cumplir en la interacción social. La categoría “género” es fundamental, pues, para describir y explicar los procesos de subordinación que sufren las mujeres.

Según la perspectiva trans, el feminismo no solo es esencialista sino también reaccionario al atribuir condiciones biológicas diferenciadoras a la hora de definir a hombres y mujeres

Pero he aquí que se plantea un conflicto con los movimientos trans, que pretenden trasmutar “el género” en una categoría identitaria, subjetiva y personal. Promueven así una autoidentificación de género que solo dependa de la voluntad o del sentimiento: si te sientes mujer, no importa que tengas genitales masculinos o una barba valleinclán; eres una mujer a todos los efectos. Según la perspectiva trans, el feminismo no solo es esencialista sino también reaccionario al atribuir condiciones biológicas diferenciadoras a la hora de definir a hombres y mujeres. La mujer y el hombre no serían realidades empíricas en relación al sexo, sino meras figuras no constitutivas de naturaleza fija a las que habría que atribuirle una materialidad mutable y reversible. En definitiva, no solo el género sería una construcción social, también lo sería el sexo. Son evidentes las consecuencias devastadoras que esto tiene para el feminismo de la diferencia y para las discriminaciones positivas que trae de la mano.

En fechas recientes un varón juzgado por violencia de género a su pareja (mujer), en mitad del proceso, se ha declarado mujer. En su nueva condición femenina, su agresión deja de inmediato de ser machista, no puede juzgarse en los juzgados de género y pasa automáticamente a tener una consideración penal inferior. Ni siquiera cabría apelar a la irretroactividad de la “conversión”, pues la persona ha manifestado que se había sentido mujer desde su nacimiento. Como cuestionar la identidad de género se considera una vulneración flagrante de derechos fundamentales (en puridad resulta imposible al tener su base en el sentimiento), el planteamiento es literalmente inapelable. Otro caso que nos invita a la reflexión es el de Stephen Wood, condenado por violación y pedofilia, que fue transferido a una cárcel femenina tras alegar que era transgénero. Una vez allí volvió a abusar de cuatro mujeres. Sin duda, las reivindicaciones trans certifican la llegada de la modernidad líquida al sexo y al género. Y eso le otorga ventaja en su enfrentamiento con las feministas, pues están, por así decir, más en el espíritu de nuestra época. Según Judith Butler centrar el debate en el sujeto-mujer como realidad natural es un error, ya que el dispositivo binario actúa como mecanismo de control. Ahora bien, ¿por qué reducir la liquidez al sexo/género y no a la raza, la nacionalidad o la edad? Es conocido el caso del holandés que solicitó judicialmente su cambio de edad oficial (20 años menos) “para triunfar en Tinder”. El panorama que se abre es ciertamente inagotable: alguien que se sienta minusválido, ¿podría solicitar la pensión correspondiente?

Con independencia de estas perplejidades o de que la ciencia dictamine que el sexo binario no es un constructo sociocultural (la casi totalidad de seres humanos nacen varón o mujer), lo políticamente relevante es que, desde la perspectiva liberal, no hay lugar al embrollo: cada uno puede autoidentificarse con lo que considere oportuno; y, en consecuencia, reasignarse el género, el sexo, el deseo, la edad o el cuerpo que prefiera. Ahora bien, estas son iniciativas que solo cobran sentido en el ámbito estrictamente privado; por tanto, no pueden servir de apoyo para un trato de favor en la esfera pública. Aplicar este enfoque liberal, que desgraciadamente empieza a estar cada vez más demodé, supondría frenar la creciente sentimentalización y psicologización del espacio público, y que este volviera a ser reserva exclusiva para la razón objetiva y la norma impersonal. En los asuntos de sexo/género únicamente parece justificado acordar ciertas normas en lo relativo al uso de baños públicos y a las competiciones deportivas (donde la testosterona masculina marca la diferencia).

Simone de Beauvoir es una pensadora que está presente de una manera especial en el libro. Además de por la calidad de su pensamiento, porque de alguna forma ha nutrido a las dos grandes corrientes del feminismo (que podríamos resumir como `feminismo de la diferencia´ y `feminismo de la libertad´). Pablo de Lora nos llama la atención sobre una frase suya especialmente esclarecedora: “Yo admito y nunca he negado, que las mujeres son profundamente diferentes de los hombres. Lo que no admito es que la mujer sea diferente del hombre”. Es decir, no se puede negar que, estadísticamente, haya diferencias naturales entre los sexos, pero esa diferencia no puede ser una excusa para la discriminación entre sujetos concretos y sus específicas circunstancias. Se trata de una defensa en toda regla del individualismo moral inherente a la tradición del liberalismo: no hay esencias separadas de manera tajante sino individuos distintos entre sí y usos culturales que diferencian a partir del sexo (de manera injustificada en muchos casos). Desde esta perspectiva, a la hora de acceder a cualquier profesión, la mera pertenencia a uno u otro sexo no puede constituir jurídicamente nunca un obstáculo… ni tampoco una ventaja. De la misma manera, es absurdo imponer una mayor condena a un varón a priori, pues aunque estadísticamente pertenezca a un sexo más fuerte, pudiera darse que no fuera así en el caso concreto que se juzga. Lo que debe ser penalizado no es el sexo (o género) del infractor, sino el abuso de la fuerza, y eso es algo que no se puede determinar de antemano.

Los que pretendían derogar la norma (principalmente diputados del PSOE) alegaban que el tratamiento penal diferencial suponía una anacrónica galantería que consagraba el mito de la debilidad de la mujer

A la hora de revisar el concepto clave de violencia de género surgen varias sorpresas. Para empezar, el tratamiento penal diferenciado no supone una novedad de la Ley Integral de Violencia de Género. Ya en 1822 existía el concepto jurídico de `agravante de género´ que se mantuvo durante el franquismo. Fue en 1983, bajo el primer gobierno de Felipe González, cuando se promovió una modificación urgente y parcial. Los que pretendían derogar la norma (principalmente diputados del PSOE) alegaban que el tratamiento penal diferencial suponía una anacrónica galantería que consagraba el mito de la debilidad de la mujer. En este asunto se ha producido, pues, un giro copernicano (o, quizás más precisamente, un giro ptolemaico).

Según la ortodoxia feminista, la violencia de género es estructural, sus causas no son biológicas sino socioculturales, tiene como meta consagrar la dominación del varón (constituye, de hecho, el instrumento más extremo del heteropatriarcado) y se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Son afirmaciones, como mínimo, arriesgadas y extraordinarias. Sin embargo, no solo no se acompañan de las pruebas necesarias sino que se blindan como incuestionables dogmas de fe. En el libro se presentan varios casos de linchamiento por haber incurrido en la herejía negacionista (así, aquel juez del Supremo que, oh, escándalo, se atrevió a sostener que la violencia de género estaba causada por la maldad humana).

Los datos, sin embargo, no avalan en absoluto los dogmas mencionados. Repasemos algunos de los más evidentes:

  • Los estudios siguen mostrando que la violencia en el seno de la pareja es fundamentalmente simétrica, si bien la ejercida por los hombres tiene peores consecuencias.
  • Las tasas de violencia en parejas del mismo sexo no son significativamente diferentes con respecto a la pareja heterosexual.
  • La violencia ejercida contra una mujer “por el mero hecho de serlo” es una expresión extraña. Sin embargo, no existe -al menos de manera estructural- ese tipo de violencia exclusiva (incluso la mutilación genital afecta más a niños que a niñas).
  • Tampoco parece que la violencia de género pueda ser descrita hoy como un medio para el mantenimiento de una estructura patriarcal; desde luego no es lo que se puede inferir de las normas e instituciones jurídicas vigentes.
  • El porcentaje de varones que matan a mujeres es ínfimo: 0´00061%.
  • Las mujeres matan más a familiares, sobre todo si son menores de edad (nada menos que un 86% de los menores de 18 años).
  • Un 98% de la población española manifiesta un categórico rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer.
  • Un porcentaje significativo de varones que asesinan a sus parejas se suicidan inmediatamente después, es decir, se aplican a ellos mismos la pena más dura. ¿Es el comportamiento que cabría esperar de alguien que, al decir de las feministas, no hace sino llevar la preeminente lógica heteropatriarcal hasta sus últimas consecuencias?

Estos datos contradicen la idea de una estructura de dominación machista. Según una encuesta reciente de El Confidencial, un 63% de los españoles se declara feminista, a pesar de la controvertida politización que acompaña al término. ¿Cómo es posible que una minoría social -no superior al 37%- sostenga una estructura global? También es posible que muchos de los que se declaran feministas no sean sinceros, pero ¿qué razones habría para mentir (en una encuesta anónima, además) cuando su machismo es precisamente el paradigma que domina en la sociedad en la que viven? En cuanto a la justificación de un tratamiento penal diferenciado se suele apelar a la mayor frecuencia. Ahora bien: 1) el derecho penal juzga individuos y, por tanto, la frecuencia en sí no constituye un argumento jurídico (es más frecuente, por ejemplo, la violencia ejercida por jóvenes que por ancianos, y no se sigue de ahí que el asesinato de un joven por un anciano deba recibir menos pena); 2) tampoco resulta sencillo determinar la frecuencia dada la acción de factores que “contaminan” la muestra (así, las ayudas y beneficios que reportan las denuncias por malos tratos sin necesidad de condena judicial; o la vergüenza que manifiestan algunos varones a la hora de denunciar que han sido víctimas de malos tratos); 3) el varón mata más pero también es mucho más probable que sea asesinado; 4) de aceptarse la prevalencia como justificante de una normativa diferenciada, debería aplicarse en todos los ámbitos donde se diera una disparidad según sexo (en los accidentes laborales -el 95% de fallecidos es varón-, en la esperanza de vida, en los suicidios, encarcelamientos, etc.).

Compromís ha propuesto nada menos que “declarar el estado de excepción por terrorismo machista” y “modificar el Código Penal para tipificar como delito la banalización o el negacionismo del terrorismo machista”

A despecho de estas evidencias adversas, la expresión (y sus discriminaciones jurídicas) no solo prospera sino que incluso se solicita que su mero cuestionamiento tenga la consideración jurídica de delito. Así, Compromís ha propuesto nada menos que “declarar el estado de excepción por terrorismo machista” y “modificar el Código Penal para tipificar como delito la banalización o el negacionismo del terrorismo machista”. Desde la propia vicepresidencia del gobierno también se arroja más madera a este intento de clausurar todo posible debate o disidencia: “Existe una violencia y desprecio específicos contra las mujeres y niñas, se llama machismo y patriarcado en todo el mundo. Nadie puede enmascarar esa realidad sin cometer una grave y miope injusticia contra más de la mitad de la población. Esto no tiene debate, ni un paso atrás”. O “Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí”. En ambos casos, Carmen Calvo dixit.

No menos preocupante es la actitud del Tribunal Supremo. Veamos el siguiente caso que se relata en el libro (página 198): una pareja sale de una discoteca zaragozana y discute acerca de si vuelven o no a casa. La cosa se calienta y, tal como se describe en la sentencia, se produce la siguiente secuencia de hechos: “(…) de manera que la encausada le propinó a Julio un puñetazo en el rostro y él le dio un tortazo con la mano abierta en la cara, recibiendo él una patada propinada por la señora Alonso sin que conste la producción de lesiones. Ninguno de los dos denuncia al otro”. Al no mediar denuncia, el Juzgado de primera instancia absuelve y la Audiencia Provincial de Zaragoza ratifica la sentencia. No obstante, el fiscal recurre ante el Tribunal Supremo y este condena a él a seis meses de prisión y a ella a tres meses de prisión. Según el alto tribunal, nos encontramos ante uno de los supuestos de la llamada violencia de género, pues “(…) los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos del poder y superioridad frente a ella, con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad”. Recapitulemos: 1) a él le corresponde el doble de condena a pesar de que no inició la agresión y de que agredió la mitad de veces que ella; 2) los hechos han de considerarse como violencia de género y no como una riña, ciertamente agreste, de pareja; 3) él se beneficia de una estructura heteropatriarcal intimidante, que le confiere poder y superioridad, a pesar de que es ella la que inicia la agresión y de que es él, podemos colegir, quien la finaliza al no responder ya a la postrer patada. En definitiva, que el machismo, como el valor a los legionarios, se presupone siempre: para el Supremo no es necesario demostrar intención machista para que una agresión se tipifique como tal.

O sea, una muerte como la de Daenerys a manos de Jon Snow, al final de Juego de Tronos, sería un caso inequívoco de crimen machista. Y no es necesario recurrir a la ficción, pues la realidad ya nos ofrece situaciones tan generosamente absurdas como el posible procesamiento bajo el supuesto de violencia de género del marido que ayudó a su esposa enferma a morir. La ley y la doctrina del Supremo no dejan margen: cualquier delito tipificado dentro de los relacionados con el homicidio cometido por quien haya tenido una relación afectiva debe ser investigado por juzgados específicos de violencia de género (por cierto, unos juzgados en los que los acusados solo pueden ser varones evoca el fantasma del derecho penal de autor y nos retrotrae a tiempos de oscuridad, mucho más si añadimos la requeridísima presunción de veracidad femenina).

El libro -que discurre con tono sosegado, salpimentado a veces con amable ironía- alcanza en este tema un tono más incisivo y acre: En conclusión, ¿cómo puede acomodar el paradigma estructural de la violencia de genero estos déficits explicativos? Solo ideológicamente, y por ideológicamente entiendo despreciando hegelianamente los hechos por no coincidir con las ideas, renunciando a buena parte de lo que sabemos sobre la evolución humana y la psicología, así como los resultados de muchos estudios generales sobre la agresión en mamíferos; alternativamente mediante una invitación al fideísmo, a una “creencia” que es más bien el resultado de anhelar un horizonte moral o político, incurriendo con ello en nuestra ya conocida falacia moralista: porque debe ser así es así. En nuestro caso: porque debe ser que los hombres agreden a las mujeres para someterlas (o para afianzar la estructura patriarcal de dominación), la violencia contra las mujeres es violencia de género (verbigracia, machista)”.

Por lo demás, el hecho de que un despliegue tan colosal de medidas no haya tenido apenas incidencia en el número de muertes (o incluso puntualmente haya aumentado) posee un indudable carácter autorrefutatorio. La realidad se comporta exactamente igual que si las causas de la violencia fueran otras. Sencillamente no es racional descartar de antemano la concurrencia de factores biológicos, como la fuerte percusión del impulso sexual, la mayor fortaleza física o el control de la mujer para asegurar la descendencia propia (fenómeno conocido como mate-guarding), etc. También sería pertinente revisar aspectos relacionando la carencia de mecanismos de autocontrol con la dependencia emocional y las pautas culturales que la fomentan. En fin, se trata de un tema extraordinariamente complejo que no se puede zanjar a golpe de consigna.

La obra se cierra con el examen de la perspectiva de género. Pablo de Lora señala cómo a su rebufo ha crecido un más que fértil elenco de campos académicos, títulos, investigaciones y departamentos. Incluso se demanda la creación de un área académica específica, algo que, por cierto, no casa nada bien con la invocada transversalidad de estos estudios. Tampoco se adivinan qué razones podría haber para considerarlo como saber autónomo: ¿qué estudian los estudiosos de los estudios de género?, ¿cuál es su específico método de investigación sujeto de análisis? Parece inevitable concluir que de lo que se trata es de ejercer un monopolio acorazado ante cualquier tipo de crítica o disidencia (como expresa las “vehementes” reacciones al monográfico de la revista Arbor que se narra en el libro). Pero el área de influencia de la perspectiva de género trasciende con mucho lo estrictamente académico. La ley 30/2003 obliga a acompañar todo proyecto de ley y reglamento con un informe sobre el impacto por razón de género, además de insistir en la necesidad de que los funcionarios públicos posean tal perspectiva.

El autor pasa revista a algunas aplicaciones del enfoque con perspectiva de género realmente risibles, pero su intención declarada no es mofarse sino escudriñar, en lo posible, algún atisbo de sentido

El autor pasa revista a algunas aplicaciones del enfoque con perspectiva de género realmente risibles, pero su intención declarada no es mofarse sino escudriñar, en lo posible, algún atisbo de sentido. Con tal fin, deslinda los cuatros significados que puede tener la expresión. El examen nos sitúa de nuevo ante la bifurcación del movimiento ya mencionada: 1) feminismo de la diferencia, que llega a postular que las mujeres piensan de manera distinta, y que reniega de la ciencia como construcción masculina; 2) feminismo de la libertad, que atiende a la postergación injusta de la mujer y promueve las bases de una igualdad de oportunidades real. Desde este último feminismo (en el que se adscribe el autor del libro y el humilde escribidor de esta reseña), es legítimo incorporar categorías específicas (como “legítima defensa preventiva”) siempre que pueda aplicarse a cualquier individuo en las mismas circunstancias generales de vulnerabilidad, desvalimiento e inferioridad. “No todas las mujeres serán ese tipo de individuos, y algunos de esos individuos serán hombres.”

El autor desbroza otros empleos del concepto que emanan de un pensamiento que solo puede considerarse mágico. Su posicionamiento a favor de una razón universal le lleva a oponerse al “uso alternativo del derecho” que se está llevando a cabo y reclama “una `perspectiva´ de justicia más amplia, un enfoque imparcial que trascienda todas esas perspectivas.” Una demanda no solo sensata e ilustrada, sino indispensable desde la fidelidad a lo mejor de nuestra tradición jurídico-política, pero que, por desgracia, hoy resulta muy perturbadora para el orden de cosas establecido.