El nacionalismo es la guerra - Rosa Díez

Quién iba a pensar que hoy vendría a cuento recordar un artículo que escribí hace más de 15 años explicando la trascendencia de unos acuerdos adoptados en el Parlamento Europeo sobre la Definición Común del Delito de Terrorismo y sobre la Orden de Detención y Entrega, tan de moda en este momento en España.  Ambas resoluciones, adoptadas con el apoyo de una abrumadora mayoría, articularon un compromiso político europeo contra los enemigos de la democracia y marcaron, qué duda cabe, un antes y un después en la consideración del espacio de justicia europeo.

Costó mucho convencer de la necesidad de actuar como europeos a quienes aún no se sentían concernidos por los atentados terroristas, a quienes pensaban que ETA era un problema de los españoles

Recuerdo bien lo complicado que resultó poner de acuerdo a tantos países, a tantos grupos parlamentarios, a tantas sensibilidades… Costó mucho convencer de la necesidad de actuar como europeos a quienes aún no se sentían concernidos por los atentados terroristas, a quienes pensaban que ETA era un problema de los españoles y que era suficiente con mostrarnos su solidaridad cada vez que cometían un atentado.  Aun hoy siento que en España se minimizó la trascendental importancia de los acuerdos sobre la definición común del delito de terrorismo y la euroorden de detención y entrega. Aunque parece que el tiempo se ha encargado de poner cada cosa en su lugar y hoy todos hablan de la DAE sin saber muy bien cómo y por qué se gestó.

Si no hubiéramos apostado por lo que parecía imposible, cuando “Europa descubrió que era vulnerable” no hubiéramos tenido listas las dos iniciativas

Cuando el 5 de septiembre del año 2001 aprobamos en el Parlamento Europeo esas dos propuestas de iniciativa propia, pocos podrían suponer -ingenuos nos llamaban a los que empujábamos sin desánimo- que antes del final de este mismo año los 15 jefes de Gobierno adoptarían esas decisiones marco para hacerlas operativas. Bien es cierto que si Bin Laden no hubiera atentado contra EE UU los trámites en la Comisión Europea y en el Consejo hubieran sido mucho más lentos. Los atentados terroristas contra Estados Unidos generaron una respuesta europea que favorecería la lucha contra ETA y dejaría aislados a todos los que la apoyaran. Fue lo que podríamos denominar un ‘bien colateral’. Pero también sé que si no hubiéramos apostado por lo que parecía imposible, cuando “Europa descubrió que era vulnerable” (en palabras de Paul Levi) no hubiéramos tenido listas las dos iniciativas: la que define el terrorismo como el mayor enemigo de la democracia y la que compromete a todos los Estados miembros a detener y entregar a todos los grandes delincuentes cuando uno de ellos lo solicite.

No todos los socialistas europeos son como el impresentable ex primer ministro socialista belga, Elio Di Rupo. El entonces Comisario de Justicia e Interior, el socialista portugués Antonio Vitorino, se puso a trabajar desde el mismo momento en el que el PE aprobó las iniciativas trabando una compleja red de acuerdos con los Gobiernos para hacer posible tanto la superación del proceso de extradición y de la doble incriminación como la asunción de una definición común del delito de terrorismo, que hasta el momento presente sólo aparecía en los códigos penales de seis de los entonces 15 Gobiernos europeos. La complejidad de estos cambios, que no sólo afectan a la legislación de muchos países sino que chocan a veces con tradiciones penales nacionales profundamente arraigadas, hubiera hecho imposible el compromiso si no hubiéramos tenido un Comisario tan europeísta.

Pero afortunadamente estamos en otro escenario. Los compromisos políticos se desarrollarán con medidas que pondrán fin a la impunidad de los que matan o ayudan a matar. De los 501 diputados que asistían a la votación el 29 de noviembre, 430 votaron la siguiente definición de delitos relacionados con grupos terroristas: ‘A los efectos de la presente decisión marco, se entenderá por grupo terrorista la asociación estructurada de más de dos personas, existente durante un periodo determinado, y que actúa de modo concertado para cometer delitos terroristas. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se castiguen los actos intencionales que figuran a continuación: a) la dirección de un grupo terrorista, b) la participación en las actividades de un grupo terrorista, c) el apoyo a un grupo terrorista, con el fin de cometer delitos terroristas suministrando información o recursos, incluida la financiación de sus actividades, así como el reclutamiento de personas para que participen en dichas actividades‘. También, y con la misma mayoría, se aprobó el siguiente texto: ‘Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que la inducción, la colaboración, la promoción, la complicidad o la tentativa en la comisión de cualquiera de los delitos enumerados en la orden sean castigados’.

Quiero llamar la atención sobre estos dos artículos porque, aunque sea de sentido común que el Estado de derecho se dote de todos los medios para combatir el terrorismo y defender las libertades y los derechos humanos de la ciudadanía, hasta entonces no había sido posible trabar ese consenso en Europa, establecer ese grado de complicidad y reconocimiento mutuo entre países e ideologías diversas, entre el Norte y el Sur, con sus peculiaridades y sus tradiciones, culturales y jurídicas; entre la derecha, el centro y la izquierda; entre grupos que están en el Gobierno o en la oposición; entre parlamentarios que, al margen de la alineación en un grupo, se sumaron al consenso democrático mayoritario.

Reseñaré también el artículo primero de este texto que define el delito de terrorismo: ‘Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los siguientes delitos, definidos según su derecho nacional, cometidos intencionalmente por un individuo o grupo, contra uno o más países, sus instituciones o ciudadanos, con el fin de intimidarlos y alterar gravemente o destruir las libertades fundamentales, la democracia, el respeto de los derechos humanos, las libertades civiles y el Estado de derecho sobre el que se basan nuestras sociedades, se castiguen como delitos terroristas’.

Los demócratas españoles dejamos de ser receptores de la solidaridad de los europeos en nuestra lucha contra ETA y empezamos a compartir con todos ellos el compromiso y la estrategia para terminar con el terrorismo

Los acuerdos adoptados en aquel ya lejano Consejo de Laeken del 14 de diciembre de 2001 tuvieron importantes consecuencias para toda Europa y, particularmente, para los españoles. A partir de ese momento Europa dejó de ser únicamente solidaria con para empezar también a ser responsable de. Los demócratas españoles dejamos de ser receptores de la solidaridad de los europeos en nuestra lucha contra ETA y empezamos a compartir con todos ellos el compromiso y la estrategia para terminar con el terrorismo. Eso en cuanto a la definición común que se desarrolló a partir de dos decisiones Marco de 2002 y 2008 y se fue incorporando en los diferentes Códigos Penales de los Estados miembros.

Y en cuanto al espacio de seguridad europeo, a partir del uno de enero de 2004 las relaciones entre Gobiernos, que eran las que posibilitaban la extradición, fueron sustituidas por el mutuo reconocimiento entre los sistemas judiciales y la eficacia ejecutiva de sus resoluciones. Una orden de un juez español habrá de ser ejecutada en cualquiera de los Estados miembros. O sea, que se acabó el bochorno y el sarcasmo de espectáculos como el de los terroristas de ETA reclamados por la Audiencia Nacional y campando a sus anchas, ante cámaras y micrófonos, en territorio francés o belga.

Quién me iba a decir que dieciséis años más tarde la Orden de Detención y Entrega iba a tener que ser utilizada para reclamar a los tribunales belgas que nos entreguen a otro gran delincuente, a un golpista que ha subvertido el orden constitucional con el objetivo de socavar nuestra democracia.

Confío en que los fiscales y los jueces belgas ejerzan libremente su responsabilidad y demuestren estar por encima del politiqueo antieuropeo del que han hecho gala estos días algunos de los dirigentes políticos de ese país

Confío en que los fiscales y los jueces belgas ejerzan libremente su responsabilidad y demuestren estar por encima del politiqueo antieuropeo del que han hecho gala estos días algunos de los dirigentes políticos de ese país, desde el conocido antieuropeista Ministro del Interior Jan Jambon hasta el ya citado ex primer ministro. Europa sigue siendo la garantía de los demócratas y el lugar en el que han de estrellarse los enemigos de las libertades y de la democracia. La historia nos ha demostrado hasta qué punto el nacionalismo solo ha traído sufrimiento y dolor a nuestra tierra europea. “¡El nacionalismo es la guerra! La guerra no es solo el pasado, puede ser también nuestro futuro…”, diría Mitterrand en aquel celebrado discurso de 17 de enero de 1995 en el PE. No lo olvidemos nunca.