Imagino que poco a poco se irá sabiendo más de la instrucción que dirige el Juez Velasco y que ha llevado a la cárcel a Ignacio González, mientras, tirando de morriña, voy a traer a colación una historia de las buenas, con pícaros, presidentes, algún que otro despiste y un buen pelotazo: la historia de la parcela 124 de Arganda del Rey.
Como diputada en la IX Legislatura de la Asamblea de Madrid solicité en tres* ocasiones la presencia del Consejero Salvador Victoria en Comisión de Presidencia y Justicia al objeto de que facilitara a los ciudadanos madrileños alguna explicación que arrojase un poco de luz en el tema de la famosa parcela 124 de Arganda, famosa porque es la que tras su venta a Martinsa supuestamente permitió a Ignacio González la adquisición del también famoso por méritos propios ático de Estepona.
En ninguna ocasión asistió Salvador Victoria, delegando siempre en el que fue Director General de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada, durante todos los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y ahora, por cierto, Consejero en el Gobierno de Cristina Cifuentes. Daría para otro artículo explicar dónde estaban y dónde están los compañeros de viaje de Esperanza Aguirre e Ignacio González (no sólo los del PP), pero por ahora lo dejamos estar.
Lo que sigue en cualquier caso es la tramitación administrativa que llevó a la venta de las parcelas a Martinsa y el porqué del alto valor que alcanzaron éstas cuando Martinsa decide vender.
Ignacio González y el Alcalde de Arganda del Rey
El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey aprobó el 26 de abril de 2004 la cesión de la parcela 124 a la sociedad municipal Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda SA, sin que la Consejería de Presidencia, con Ignacio González al frente, concediese la autorización preceptiva conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Esta autorización es el control jurídico que la Comunidad debía ejercer para evitar que los ayuntamientos pudieran perder patrimonio y para garantizar en cualquier caso que las transmisiones redundaran siempre en beneficio de los habitantes del término municipal.
En su día solicité a la Comunidad todos los expedientes relativos a transmisiones de inmuebles municipales en las legislaturas de Aguirre, indicándoseme que “debido al volumen” debía desplazarme a la Dirección General, así que allá fui al objeto de localizarlo constatando de esta forma que, entre la documentación archivada y que se me mostraba, el mismo no se encontraba.
Según decía González Taboada el Ayuntamiento no había solicitado a la Comunidad la preceptiva autorización establecida para los supuestos de transmisión de parcelas cuyo valor constituyera un 25% del presupuesto del municipio, que para el 2004 fue en Arganda del Rey de 61.033.089,51 €. Carlos Moreno, asesor jurídico de nuestro Grupo, se desplazó asimismo al Ayuntamiento de Arganda del Rey donde no encontramos expediente alguno relativo a dicha preceptiva solicitud.
Así pues en Comunidad y Ayuntamientos los respectivos expedientes o nunca existieron o habían desaparecido.
Notario y Registrador y el juego de los despistes
Con posterioridad al Pleno de abril de 2004 el Ayuntamiento firmó un convenio con la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda SA para la transmisión de las parcelas, convenio que se eleva a escritura pública ante Notario sin que éste advierta la falta de autorización preceptiva en la cesión de las parcelas.
Tras la elevación a público la parcela se inscribe en el Registro de la Propiedad de Arganda, con la nueva casualidad de que el Registrador tampoco se percata de la falta de autorización previa y sin que además se establezca respecto de la parcela la condición de cumplimiento de fines de interés público.
Como resultado de los despistes citados la parcela se inscribe a nombre de la sociedad pública libre de cualquier tipo de gravamen o limitación para su transmisión.
La parcela se vende a Martinsa y Ayuntamiento y Comunidad recalifican los terrenos
El 25 de noviembre de 2004 la sociedad pública acuerda enajenar la parcela a Martinsa por por 77 millones de euros.
Finalmente el 5 de julio de 2006 el Pleno del Ayuntamiento de Arganda, por unanimidad de todos los Grupos políticos (PP, PSOE e IU), acuerda la recalificación, un nuevo plan parcial. Los cambios en el aprovechamiento urbanístico implicaban que las plusvalías iniciales de 336 millones que Martinsa iba a obtener si solo construía 1.580 viviendas pasaran a 535 millones con los 2.731 pisos que finalmente se aprobaron.
Pero la Comunidad de Madrid todavía interviene una vez más, y así Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid siendo Consejero de Medio Ambiente Mariano Zabía Lasala, aprueba la recalificación efectuada por el Ayuntamiento.
Tras la recalificación, Martinsa vende un tercio de la parcela por el triple de lo que le había costado: la compra por 77 millones y vende 50.000 metros cuadrados, por 73 millones de euros.
La pregunta del millón es quiénes dentro de la Comunidad de Madrid y en qué fecha conocieron que las transmisiones de ese bien estaban viciadas de nulidad y no sólo miraron para otro lado sino que después aprobaron la recalificación. Y ya puestos la pregunta del segundo o tercer millón sería quiénes se enriquecieron y cuánto. La Justicia dirá.
Hasta aquí parte de los actores principales por acción u omisión de lo que coloquialmente llamamos pelotazo urbanístico.
Mientras tanto Esperanza y el PP nacional
Veamos a los jefes por esas fechas, que nos sitúa Esperanza Aguirre en su testifical de octubre de 2013 en la pieza separada de Gürtel, cuando afirma que a finales de 2004 tuvo lugar una reunión entre Rajoy, el entonces tesorero Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas entonces gerente y ella misma.
Según declara la propia Aguirre es Lapuerta quien en presencia de Rajoy le advierte de que en Majadahonda y Arganda sus respectivos Ayuntamientos pretenden vender unas parcelas edificables a un precio tasado muy inferior al de mercado, por lo que inmediatamente llamó a los alcaldes.
En Majadahonda dice Esperanza Aguirre que impidió la venta primero y consiguió después que su precio fuera el doble, vistos los expedientes en su día la realidad era que del primer al segundo expediente la única diferencia fue el incremento de una cuantía equivalente al IVA, maquillaje que sin lugar a dudas alguien en el PP dio por válido.
En relación con Arganda comenta Esperanza que cuando llama al alcalde éste le indica que la venta ya estaba hecha, y así zanja (mediáticamente) la historia por lo que a la responsabilidad de la Comunidad toca.
Lo que no se cuenta es que como consecuencia de salir a la luz los tejemanejes con el suelo municipal alguien concluye que González debe dejar la Consejería de Presidencia ( donde estaba desde el 2003 manejando también el Canal de Isabel II que le había colocado de regalo su Presidenta al traspasárselo desde Medio Ambiente) y Esperanza ejecuta en diciembre de 2004 nombrando en su lugar nada menos que a Granados pero, oh casualidad, el Canal se lo quita a éste para que siga en las más que confiables manos de Ignacio González . Lo dicho, cuánto zorro y pobres gallinas.
El funcionamiento de la Asamblea de Madrid en la IX Legislatura
No por anecdótico voy a dejar de señalar que en la última Comparecencia solicitada en relación con la parcela de Arganda, tuve que escuchar como el PP a través del diputado de turno hablaba de mi “catadura moral” porque había insistido en celebrar la Comparecencia en Comisión y de resultas, al parecer, el Director General no había podido acudir al entierro de la hija de una Alcaldesa.
Para quienes no conozcan el funcionamiento en la pasada legislatura de la Asamblea les diré, haciendo un pequeño inciso, que por imposición de la mayoría del PP:
i) Teníamos únicamente 2 Comisiones de Presidencia y Justicia al mes siempre que el mes fuera hábil en la Asamblea de lo que resultaron 54 Comisiones en toda la legislatura, de las cuales únicamente 49 fueron con iniciativas ordinarias (en 2011 3 Comisiones, 2012 con 14, 2013 con 12, 2014 con 15 y 2015 con 4).
ii) Sólo podía pedir en Comisiones alternativas 1 Comparecencia o 1 Pregunta.
iii) Si por cualquier razón alguna iniciativa que había solicitado no se celebraba dependía después de la “bondad” del PP, que tenía mayoría en la Mesa, para que se acumulase en mi haber una iniciativa para otra Comisión.
Esos eran los mimbres con los que se suponía que los diputados teníamos que controlar la actuación del Gobierno en una Comisión de la que dependían los asuntos relativos, nada menos, que a la administración de Justicia, la gestión de la administración autonómica y su función pública, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (el también famoso ICM) o el Canal de Isabel II, entre otros muchísimos asuntos.
Como decía, ese día me llamaron por teléfono varias personas de múltiples colores políticos, exponiéndome de buenos modos tan natural petición, y reconozco que, aunque no salía de mi asombro, no tuve otra que mantener mi obligación de celebrar la Comparecencia, indicando como hice al término de la Comisión que íbamos a poner en conocimiento de la Justicia (léase Audiencia Nacional) lo actuado en la Asamblea, tal y como finalmente hicimos.
Debemos congratularnos de que como señalan los medios el Juez de la Mata sigue avanzando en la pieza separada de Arganda del Rey y pidiendo ahora la documentación relativa a la cesión gratuita de la famosa parcela 124 y a su recalificación . Aunque sí debiera preocuparnos seguir en manos de los mismos, y ojalá tuviera en mente sólo al PP o incluso sólo a PSOE e IU.
* Iniciativa C-1363/2014 en Comisión de 4 de noviembre de 2014 ; Iniciativa PCOP-648/2014 en Comisión de 3 de junio de 2014 ; Iniciativa C-88/2014 en Comisión de 18 de marzo de 2014.
