Corrían los primeros días de enero del año 2013, poco antes de que estallaran los famosos papeles de Bárcenas, cuando en las escaleras de la Asamblea de Madrid me encontré con un diputado del PP. Comenzamos a charlar amigablemente, felicitándonos el nuevo año, cuando me empezó a decir: «Ramón, la corrupción que hay es tremenda». Yo le respondí que sin duda era terrible, y el continuó: «No te lo puedes ni imaginar, ya está llegando a niveles que sobrepasan lo político. Estas Navidades he visto evidencias que me hacen pensar que ha llegado a otros niveles en la Administración. Y claro, en política, no sabes lo que hay, aquí en la Asamblea la mayoría de mis compañeros y muchos de los otros partidos han cobrado comisiones». Me mostré sorprendido y él se reafirmó con estas palabras: «Sí, la mayoría. Creen que tienen derecho, que cobran poco en política, y que tienen que asegurarse su futuro». Entonces le pregunté que por qué razón, si conocía lo que ocurría, no lo denunciaba, y zanjó diciéndome: «Es difícil tener pruebas, se sabe, te lo han contado, pero…». Pocos días después saltó el caso Barcenas y comenzó la retahíla de procesos ligados a la corrupción.
Fuimos tomando mayor conciencia, si cabe, del nivel de corrupción, que alcanzaba grados insoportables y tenía secuestrado a la Comunidad de Madrid y a muchísimos de sus municipios —algo extrapolable por desgracia a muchos otros lugares de España y a muy distintos actores—. Nos fueron llegando informaciones en algunos casos con pruebas que pusimos directamente en conocimiento de la Justicia o denunciamos directamente en la Asamblea: Caja Madrid y Bankia; posibles cohechos y prevaricaciones en la Agencia de Informática; posible pago por empresas contratistas de un ayuntamiento de actos de la campaña electoral del año 2007; actuaciones del ayuntamiento de Arganda y de la Comunidad de Madrid en relación con las modificaciones de la naturaleza jurídica de unos terrenos; cursos de formación; Canal de Isabel II; por citar solo algunos pocos. Sin olvidar el caso del espionaje, que muy probablemente no sirvió sólo para espiar a compañeros de partido, sino que alcanzó a otra importante institución del Estado. Todo con el fin de tener información, y seguramente, jugar al chantaje y contrachantaje.
Si nosotros, auténticos outsiders, teníamos esa información, qué no se sabría en otros círculos mejor informados, incluida la prensa
Todo el que quisiera mirar con ojos mínimamente objetivos podía observar la ciénaga. Si nosotros, auténticos outsiders, teníamos esa información, qué no se sabría en otros círculos mejor informados, incluida la prensa, sobre el alcance real de una corrupción que no se limitaba a uno o unos casos menores y aislados, sino que se extendía a una manera generalizada de ejercer el poder en Madrid y en España y de relacionarse con un sector privado cómplice y coautor de esas prácticas. No sólo por el PP, sino también por los otros partidos, y por supuesto no sólo por los políticos, sino también por entornos empresariales, pues existen corruptos porque también existen corruptores.
Frente a la necesidad de acometer el problema: denunciar los casos de corrupción, hacer los cambios de personas, legales y de prácticas políticas necesarios para iniciar una nueva etapa la reacción fue primero tapar, luego negar y finalmente verse arrollados por el imparable avance de los casos judiciales que gracias a una Justicia todavía independiente estaban permitiendo a la sociedad conocer al menos los casos principales y hacerse una idea de cómo había sido realmente ejercido el poder.
Se tapó la corrupción, rechazando incluso debatirla en la Asamblea de Madrid, por lo que nos vimos obligados a tener que acudir al Tribunal Constitucional, que finalmente nos dio la razón. O, cuando se permitían los debates, votando en contra —incluido el mencionado diputado, que en privado tan preocupado se mostraba por la corrupción —de nuestras iniciativas que contenían medidas para prevenirla y castigarla, que ahora están muy en boga.
Se negó, como cuando denunciamos el intento de compra del voto de una de nuestros concejales por el alcalde de un municipio de Madrid, que fue rápidamente exculpado por Aguirre y el comité creado para ello expresamente. Un alcalde frente al que se ha abierto juicio oral por esos hechos y que está implicado en Púnica. Conviene recordar que hasta ahora sólo pagó la persona que se atrevió a denunciar la corrupción. Ya se sabe que para negar lo mejor es matar al mensajero. UPyD lo sufrió en carne propia.
Y arrolló, como cuando Cristina Cifuentes cínicamente se negó a dimitir a tiempo a pesar de las evidencias en su contra —ya deberían haber bastado las que había sobre el contrato de la Asamblea de Madrid, que presuntamente benefició a empresas de Arturo Fernández— y las que sabía que podían seguir saliendo… de las cuales no creo que acabemos sabiendo todas.
La sentencia Gürtel está arrollando a un Gobierno, presidido por Rajoy, quien estuvo en el epicentro de la época de máxima corrupción
He relatado mi experiencia de una época, en un pequeño territorio, todavía no superada en sus consecuencias. Ahora estamos ante un problema de Estado. La sentencia Gürtel está arrollando a un Gobierno, presidido por Rajoy, quien estuvo en el epicentro de la época de máxima corrupción, pero sobre todo quien no ha sido consciente hasta muy tarde, como lo he pasado con el problema catalán, que la corrupción sistémica —en muchas ocasionesdelincuencia organizada— no se podía negar, tapar o simplemente ignorar, que estaba ahí agazapada para pasar su guadaña en el peor de los momentos posibles.
Como le oí decir a Álvaro Pombo la perfección es fascista. Si nos escrutan la vida a todos hasta en los más ínfimo, encontraran errores e incongruencias. Pero la gravedad de la situación y los hechos probados exigen que en un acto de responsabilidad y de generosidad para el país Rajoy dimita: no ha sido condenado, pero no hay que esperar a una condena judicial propia para asumir la responsabilidad política. Su dimisión evitaría la celebración de una moción de censura, que corre el riesgo de ser apoyada por los partidos que han dado un golpe de Estado, y podría abrir las puertas a un gobierno transitorio de concertación nacional presidido por un candidato pactado, que tenga en cuenta que fue el PP quien ganó las elecciones, y sustentado por las fuerzas constitucionalistas para hacer frente al secesionismo y a algunas de las reformas esenciales que este país necesita ante s de ir a unas elecciones generales.
Para valorar esta situación en sus justos términos, conviene tener muy presente que un golpe de Estado es la más grave de las corrupciones posibles en un país.
Nos jugamos no repetir alguno de los errores de nuestra nación. No deberíamos tirar todo por la borda para empezar de nuevo. Debemos aprovechar lo bueno, que es mucho, de lo hecho desde 1978 y hacer los cambios precisos incluidos los constitucionales. Pongamos las bases para ello. No nos dejemos arrollar por la corrupción.
