Como era de prever, y ya anunció tras presentar la moción de censura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado su mandato adoptando una serie de medidas, o anuncios de medidas, de carácter social que tienen como primera finalidad asegurar un horizonte electoral prometedor, dado que muchas, al suponer incremento de gasto, ni siquiera podrán ponerse en marcha en los dos años que restan hasta las elecciones. Este año, porque ya existe un presupuesto aprobado y el siguiente, porque puede tener notables dificultades para aprobar uno nuevo. Entre las más sobresalientes por su incidencia en el gasto están las referidas a la sanidad pública.
Una de los anuncios es el de suprimir el copago farmacéutico de los pensionistas
Una de los anuncios es el de suprimir el copago farmacéutico de los pensionistas. Para entenderlo mejor, detengámonos en repasar brevemente la situación actual. A diferencia de la mayoría de países de nuestro entorno europeo (junto con Dinamarca y Reino Unido somos en esto excepción), España no tiene copagos en el sistema público de salud excepto en farmacia. El copago farmacéutico se implantó en 1967 y se incrementó en 1978 y 2012, pero los pensionistas estaban exentos del mismo hasta que se introdujo para ellos por el RDL16/2012, de 20 de abril. A partir de entonces, los pensionistas pagan un 10% del coste de los medicamentos, con unos límites mensuales según tramos de renta: 8,23 € hasta 18 000 €; 18,52 € hasta 100 000 € y 61,75 € a partir de 100 000 €. También se reguló en esa disposición el sistema de diferenciación en el porcentaje de pago según rentas para los trabajadores, fijándose en 40, 50 y 60%, según los mismos tramos de renta que para los pensionistas. Se justificó el copago de los pensionistas por el derroche de medicamentos, que se hacía patente al evaluarse los recogidos en los puntos Sigre: más de 3200 toneladas de medicamentos desechados por este sistema, por un valor de 1200 millones de euros.
Pero el copago no afecta a todos los beneficiarios del sistema. Se establecieron exenciones a distintos colectivos: perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas, parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo, afectados de síndrome tóxico, personas con discapacidad en algunos supuestos y los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Lo que hay que valorar es si los responsables políticos lo hacen tras ponderar otras formas de ahorro que podrían evitar ese pago, de manera justa y proporcionada
Ni qué decir tiene que establecer el pago para algún producto que antes se daba gratis conlleva siempre malestar. Lo que hay que valorar es si los responsables políticos lo hacen tras ponderar otras formas de ahorro que podrían evitar ese pago, de manera justa y proporcionada y, sobre todo, con la mira puesta en la mejor administración de los recursos públicos. En este caso, era evidente que el gasto en farmacia estaba desbordado y, en cuanto a la posibilidad de obtener por otras vías ese ahorro (si no recurrimos a la posibilidad de la que siempre hablamos para cualquier necesidad de eliminar los derroches fruto de la partitocracia y el modelo territorial, a lo que siempre se han opuesto los partidos mayoritarios y también otros minoritarios, y se supone que también sus electores), no era fácil lograr cifras significativas de ahorro.
Por ello, no me parece una mala medida en general, sobre todo porque, por primera vez, diferenciaba el pago según las rentas. Eso no implica que no sea necesario hacer reformas para mejorarlo, porque es mejorable. Por ejemplo, el segundo tramo es excesivamente amplio. Pensemos que tienen la misma cuota máxima el pensionista que percibe 18 001 € de renta que el que tiene unos ingresos de 100 000. Los colectivos exentos están bien escogidos con una salvedad: si algo hay que mejorar en ese aspecto, me parece muy necesario beneficiar con la exención total a los parados que no perciben prestación ni han percibido subsidios y no tienen otras rentas. Estos parados actualmente pagan el 40 por ciento de los medicamentos, al igual que los trabajadores de rentas inferiores a 18 000 €. Al mismo tiempo, un pensionista con ingresos superiores a 100 000 € paga un 10 %, con un límite de 61,75 €, lo que resulta manifiestamente desequilibrado. En mi experiencia laboral en esta área, la situación que he percibido como más injusta en cuanto al copago es la de los parados sin ingresos, no la de los pensionistas. También se podría establecer una aportación más reducida a los trabajadores autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo, teniendo en cuenta que muchos de ellos a veces tienen ingresos incluso inferiores a los de los perceptores de rentas de inserción social. En el caso de eliminar o reducir la aportación de los pensionistas, lo justo y razonable es que se limitara a los de ingresos más bajos y a la diferenciación del segundo tramo.
Se vuelve a incurrir en el error de tratarlos como un colectivo homogéneo desde un punto de vista socioeconómico
Partiendo de los datos, la primera impresión que me asalta al analizar la intención del gobierno de Pedro Sánchez de eliminar el copago de los pensionistas es que se vuelve a incurrir en el error de tratarlos como un colectivo homogéneo desde un punto de vista socioeconómico. Este hábito es un error de bulto que no resiste la más somera mirada a la realidad. Al igual que los activos, los pensionistas tienen una amplia diversidad de situaciones económicas. Estas no radican solo en el abanico entre los 640 € de la pensión mínima y los 2600 de la máxima sino también en la tenencia o no de patrimonio y otras rentas distintas de la pensión.
Sin embargo, en el discurso político, especialmente en el del PSOE, vemos continuamente esa falacia. La entiendo como una forma de simplificación útil para la propaganda, porque no creo que ignoren la realidad hasta ese punto. Si nos fijamos en la intención de voto que reflejan las encuestas electorales y en los resultados de las elecciones, observamos que, encuesta tras encuesta y elección tras elección desde hace muchos años, el PSOE sigue conservando un amplio porcentaje de votantes potenciales y reales entre las personas mayores. Es por eso por lo que no pierden ocasión de congraciarse con su electorado más fiel aún a costa de desatender otras situaciones más injustas pero menos rentables electoralmente, como la que he mencionado de los parados sin prestación ni subsidio. Más que encaminada a la equidad, me parecería una decisión destinada a asegurarse un rédito electoral. No sé si queda margen para que, una vez se dispongan a legislar, se olviden de la propaganda, discriminen con más acierto las situaciones y no actúen con trazo grueso en función de intereses electorales, porque eso puede dar lugar a generar situaciones más injustas.
Otro de los propósitos legislativos anunciados ha sido el de volver a restituir la asistencia sanitaria completa a los inmigrantes sin permiso de residencia
Otro de los propósitos legislativos anunciados ha sido el de volver a restituir la asistencia sanitaria completa a los inmigrantes sin permiso de residencia. De nuevo, empecemos por recordar en qué condiciones se presta ahora, desde que está en vigor el decreto ley citado. El primer dato a tener en cuenta es que los refugiados, es decir, los inmigrantes por razones políticas, tienen derecho a la asistencia sanitaria completa a través de los servicios de salud de las comunidades autónomas desde el momento en que se admite a trámite su solicitud y se les expide la “tarjeta roja” provisional. Cuando obtienen la tarjeta de residencia definitiva, se les reconoce el derecho por el INSS con efectos en todo el ámbito nacional, aunque no cumplan los requisitos que el resto de asegurados, y eso les da derecho a obtener la tarjeta sanitaria en la comunidad en la que residan. En cuanto a los inmigrantes económicos sin residencia legal, tienen derecho a la asistencia sanitaria completa los menores de 18 años, las mujeres durante el embarazo, parto y postparto ( seis semanas) y el resto en caso de urgencia. En la práctica, las comunidades autónomas han seguido distintos criterios y, así, algunas han continuado prestando asistencia sanitaria completa a los inmigrantes mayores de edad sin permiso de residencia y otras han establecido una serie de requisitos siendo las menos las que se han limitado a atenderlos solo en urgencias.
Cuando se corrigió la situación anterior, en la que bastaba el empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria con derecho a la asistencia completa, la medida no iba solo dirigida a los inmigrantes en situación irregular sino que intentaba también poner fin al turismo sanitario desde países europeos así como al de los ascendientes de inmigrantes legales que podían ser beneficiarios de sus hijos con residencia legal. De llevarse a efecto la anunciada reforma del gobierno para prestar asistencia sanitaria completa a los inmigrantes irregulares con el único requisito del empadronamiento, no sabemos qué efecto tendría en el turismo sanitario del resto de países europeos y ascendientes de residentes legales.
Existen estudios o hipótesis que sostienen que resulta a la larga más cara la atención de urgencias que la atención total, porque la carencia de atención médica continuada hace que aumente el número de procesos que requieren atención hospitalaria urgente más costosa
Se puede afirmar que no existen cifras fiables sobre el coste que supondría la restitución de la asistencia sanitaria completa a los inmigrantes sin residencia legal y más aún con las incertidumbres que crea la falta de concreción del Gobierno para saber qué frenos se van a poner para evitar el turismo sanitario, frenos difíciles de controlar, en todo caso, porque al abrir la posibilidad, este puede resurgir. La distinta aplicación de la restricción según comunidades ya es un factor que distorsiona la evaluación del ahorro que produjo retirarla. También existen estudios o hipótesis que sostienen que resulta a la larga más cara la atención de urgencias que la atención total, porque la carencia de atención médica continuada hace que aumente el número de procesos que requieren atención hospitalaria urgente más costosa, además de favorecer la extensión de enfermedades contagiosas, que también redunda en incremento de costes a la larga. Pero, como digo, no dejan de ser hipótesis más o menos fundadas. Quien sí debería hacer ese estudio es el gobierno y habría sido deseable que se hiciera antes de anunciar la medida para presentarla con un mínimo de rigor.
Y esto nos lleva a una conclusión clara: la precipitación es lo que ha imperado en esta declaración. Es claro que la intención era dar unos golpes de efecto en las primeras semanas para que se apreciara que estábamos ante un nuevo ciclo, ante un nuevo gobierno con poderes mágicos para generar financiación donde faltaba. En este caso, la finalidad de ese efecto sería la de colocarse la etiqueta de superioridad moral, más que el efecto electoral, a menos que pretendan hacer una regularización extraordinaria a continuación, pero de eso no se ha hablado. Lo más criticable de este proyecto es, a mi juicio, que simultáneamente el Gobierno está reclamando en las instituciones europeas decisiones comunes para la crisis migratoria y no parece muy coherente con esa imprescindible acción común ir por libre regulando la asistencia sanitaria para los inmigrantes irregulares de forma más generosa que todos los países de la UE. Es de todo punto incompatible hacer alarde de superioridad moral sobre el resto de países al tiempo que se pide consenso en la actuación. Supongo que no es necesario explicar que la concesión de la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los residentes legales y nacionales está estrechamente ligada a la política migratoria y es uno de los aspectos a debatir y consensuar entre todos los Estados de la Unión. De paso, se solucionaría así, por vía de excepción internacional amparada en el respeto a los derechos humanos, otro aspecto que rechina y es la incongruencia legal que supone atribuir esos derechos a personas que no tienen el previo que les daría soporte, el de residir legalmente en el país. En resumen, lo prioritario es lograr ese consenso europeo. Mientras tanto, debido a la tolerancia aplicada por las comunidades autónomas y la acción de las ONG, que también reciben subvenciones del Estado, no hay un problema sanitario entre los inmigrantes que no pueda esperar hasta lograr ese acuerdo.
Los golpes de efecto sin rigor han sido la tónica que ha imperado en estas semanas del gobierno Sánchez
En conclusión, dos anuncios impactantes, sintomáticos de una forma de gobernar de Pedro Sánchez que seguro nos va a proporcionar más de un día de sorpresas. Junto a las muy criticadas y criticables facturas que está pagando al conglomerado de separatistas y populistas que lo han investido presidente, la propaganda, los golpes de efecto sin rigor han sido la tónica que ha imperado en estas semanas del gobierno Sánchez, en clara contradicción con la pretendida solvencia profesional de su gobierno de que hizo gala al nombrar a sus ministros. Para resolver los problemas de nuestra sanidad, de los que el fundamental es la dispersión en 17 sistemas, que genera desigualdad, sobrecostes y deficiencias de financiación, habrá que esperar mejores tiempos.
