La reforma laboral era una las propuestas estrella de Macron durante la campaña electoral. Sin embargo, y a pesar de que su victoria en los comicios fue indiscutible, el flamante presidente francés se encontró, a la vuelta del verano, con que las encuestas mostraban que un 58% de los franceses se oponía a que llevase a término su programa electoral en el apartado referente a la reforma laboral.
Este viejo derecho del trabajo no había permitido que Francia bajara de importantes tasas de desempleo y temporalidad incluso en las épocas de importante crecimiento económico
La reticencia es debida a que esta reforma, sin duda la más ambiciosa de las últimas décadas, introduce cambios sustanciales en el viejo derecho del trabajo que se había consolidado desde la década de los setenta del siglo pasado. Pero lo cierto es que este viejo derecho del trabajo no había permitido que Francia bajara de importantes tasas de desempleo y temporalidad incluso en las épocas de importante crecimiento económico. En ese tercer trimestre del año pasado, Francia, un país de 67 millones de habitantes, mostraba en el área metropolitana una tasa de actividad del 71,9%, con un 53,2% de contratos a tiempo completo y un 11,9% a tiempo parcial, y un desempleo del 9,4%, es decir, 2,7 millones de parados, de los cuales 1,2 millones son de larga duración. Estas cifras alejan a Francia de países como Alemania y el Reino Unido y la acercan a Italia y España. Precisamente, en un aspecto esencial como la temporalidad, según cifras de la OCDE, las tasas de transición de un contrato de trabajo temporal a un contrato fijo son muy débiles en Francia desde después de la crisis. En concreto en este país son del 10%, mientras que la media de la UE supera el 20%, siendo en Alemania de más del 30% y en el Reino Unido del 60%.
El crecimiento del empleo en Francia en términos porcentuales ha sido inferior, por ejemplo, al que ha tenido España
Si bien es cierto que el empleo ha crecido desde 2015, y que se superó la destrucción o estancamiento iniciado con la crisis de 2008, no lo es menos que en 2017, a pesar del crecimiento económico, se ha registrado una ralentización, aunque en términos anuales se hayan creado unos 269.000 empleos. El crecimiento del empleo en Francia en términos porcentuales ha sido inferior, por ejemplo, al que ha tenido España, que en 2016 tuvo un crecimiento interanual del 2,7%, casi similar al 3% de crecimiento del PIB, y que en 2017 ha generado más de 600.000 nuevos ocupados, según datos de afiliación de la Seguridad Social.
Un informe del Banco de España de 2016 señala que los dos países con mayor crecimiento del producto y del empleo desde que se inició la recuperación, Alemania y España, han realizado importantes reformas laborales. Esta realidad ha movido al gobierno de Macron a acometer la reforma laboral, tratando de superar los prejuicios de una supuesta, desde hace décadas, sociedad estancada y reacia a los cambios.
En el afán de hacer la reforma sin gran contestación parlamentaria y social, el nuevo Gobierno francés decidió implantarla a través del sistema de ordenanzas
En el afán de hacer la reforma sin gran contestación parlamentaria y social, el nuevo Gobierno francés decidió implantarla a través del sistema de ordenanzas. Un sistema previsto en la Constitución por el cual el Gobierno propone al Parlamento que apruebe una Ley de Habilitación que especifica qué materias y durante qué período puede legislar mediante Ordenanzas, que finalmente son adoptadas en Consejo de Ministros, aunque luego deben ser ratificadas o rechazadas por el Parlamento. Se trata de un sistema parecido al que siguió el Gobierno español en 2012, cuando aprobó por Decreto Ley la reforma laboral, aunque finalmente en España se terminara tramitando como un proyecto de ley que admitió algunos cambios.
Estas ordenanzas pretenden buscar la simplificación y flexibilización de la vida de las empresas, sobre todo las de menos de 50 empleados (que son casi la mitad de las francesas)
La Ley de Habilitación se aprobó en septiembre del año pasado y el Gobierno ha desarrollado cinco ordenanzas que tocan distintos aspectos: fortalecimiento de la negociación colectiva; nueva organización del diálogo social y económico en la empresa; marco de negociación colectiva; previsión y protección de la relación laboral y cuenta profesional de prevención. Estas ordenanzas pretenden buscar la simplificación y flexibilización de la vida de las empresas, sobre todo las de menos de 50 empleados (que son casi la mitad de las francesas), facilitar la negociación en las empresas; dar seguridad jurídica y reducir plazos en las indemnizaciones por despido; mejorar la representación de los trabajadores; favorecer el teletrabajo y los nuevos empleos.
Entre las principales medidas destacan las siguientes:
Una modificación, en la negociación colectiva, de la articulación entre los convenios sectoriales y los convenios de empresa, estableciendo, según los temas de negociación, cuándo puede primar uno u otro, y dejando un amplio margen para que en cada sector de actividad se pueda acordar libremente, respetando los mínimos, cuándo pueden primar los convenios de empresa: peligrosidad, condiciones de ejercicio de un mandato sindical, primas de trabajo peligroso, discapacidad. Las ramas de actividad podrán modificar por acuerdo el número de renovaciones de los contratos temporales y su periodo de duración. En las empresas pequeñas de menos de 20 trabajadores, los empresarios podrán negociar con un empleado no elegido y con un no mandatado por un sindicato. Podrán, además, someter a un referéndum un proyecto de acuerdo sobre los temas abiertos a la negociación de la empresa.
Por otra parte, se generaliza la regla del acuerdo mayoritario (el firmado por los sindicatos representativos de más del 50% de los asalariados) y será ordinario desde el 1 de mayo de 2018, 18 meses antes de la fecha prevista por la Ley El Khomri (anterior reforma laboral, hecha por el Gobierno de Valls).
También se ha promovido una fusión de las instancias representativas de personal que entrará en vigor en 2020. Incluso, por acuerdo, será posible integrar los delegados sindicales y con ello su capacidad de negociación en una única instancia denominada consejo de empresa.
En las indemnizaciones por despido, de las que conocen los Prud’hommes, se han fijado unos techos y suelos, dependiendo del tamaño de las empresas, y la indemnización no podrá pasar de 20 meses de salario. Las indemnizaciones legales, sin embargo, se han aumentado por decreto a 1/4 de salario por año, frente a 1/5 actual, hasta 10 años. A partir de ahí será de 1/3 de mes por año.
Otras medidas son que las empresas podrán, por acuerdo homologado por la Administración, lanzar planes de ceses voluntarios fuera de los planes sociales. El asalariado tendrá derecho a teletrabajar, y si el empresario lo rechaza deberá justificar el rechazo. Se suprime el contrato generación introducido por Hollande para favorecer contratación de jóvenes y mayores. Los despidos por causas económicas tendrán en cuenta la situación de la empresa en Francia y no el que tengan fuera, cuando se trate de multinacionales.
En la sociedad francesa, como ha ocurrido en España y en cierta medida en Alemania, existe el temor de que conlleven reducciones salariales significativas entre los empleados
Todas estas medidas están orientadas a acompasar el crecimiento del empleo al crecimiento económico. Habrá que esperar un tiempo para ver cuáles son sus efectos reales. En la sociedad francesa, como ha ocurrido en España y en cierta medida en Alemania, existe el temor de que conlleven reducciones salariales significativas entre los empleados. Según el informe de 2018 de Oxfam, en España, las retribuciones más bajas se han reducido un 15%, mientras que los sueldos correspondientes al tramo con salarios más altos ha crecido un 15,18%, desde 2008 hasta 2016.
También existen dudas de que la reforma pueda servir para acabar con el dualismo del mercado de trabajo en Francia. En España, desde luego, no se ha conseguido remediar ese problema, cuyas raíces son políticas y sindicales, y tienen su origen en la voluntad de garantizar una mayor protección a los trabajadores antiguos en las empresas a cambio de conceder a los empresarios flexibilidad laboral con unos contratos temporales de los que son «víctimas», mayoritariamente, los jóvenes, mujeres y trabajadores poco cualificados.
Más pronto que tarde en Europa será necesario acometer reformas que garanticen mejores salarios y condiciones laborales
Si bien el estancamiento de Francia exigía reformas, como en otros países, más pronto que tarde en Europa será necesario acometer, además de reformas de flexibilización, reformas que garanticen mejores salarios y condiciones laborales, en un marco de empleo en profunda transformación por la revolución tecnológica que estamos viviendo. Lo recomienda la justicia social, pero también la eficiencia económica. Seguiremos desde estas páginas atentamente la evolución y os lo iremos contando.
