Una de las acusaciones preferidas de populistas y arribistas es que se judicializa la política. Es una de esas calificaciones que genera indebida inquietud porque viene a significar que el destinatario es dado a los juicios y a la litigiosidad. El significado implícito es que si no se acudiera tanto a los tribunales, se podrían resolver las cosas por medio de diálogo. En realidad, al igual que cuando se nos llama facha, debería hacernos notar que se está haciendo lo correcto.
En el Derecho inglés hay una tradición legal que se llama Equity, que se podría traducir como equidad, aunque es más bien un concepto de dispensación de justicia. Esta corriente del derecho se originó cuando los ciudadanos acudían al rey (estamos hablando de los tiempos pre-Locke y Montesquieu) para obtener una solución de justicia que no había podido ser obtenida en los juzgados. Este tipo de recursos, claro está, no fueron inventados por los reyes normandos en Inglaterra, pero es el antecedente de la práctica actual de los jueces británicos y representa la mentalidad del débil frente al poderoso. Es decir, cuando los mecanismos de administración fallan, siempre se podrá acudir a la Justicia como recurso frente a los atropellos. Es la misma razón por la que los sistemas democráticos prevén el balance y control de los tres poderes.
Lo realmente negativo no es judicializar la política, que ocurre cuando los otros poderes fallan al ciudadano, sino politizar la justicia
Lo realmente negativo no es judicializar la política, que ocurre cuando los otros poderes fallan al ciudadano, sino politizar la justicia, porque entonces el último recurso del ciudadano desaparece. En España la mayoría de los jueces acceden a la carrera judicial por oposición, lo cual es un sistema muy garantista que no se da en otros países como Estados Unidos, Inglaterra o Australia, donde el nombramiento es por el Ejecutivo o por medio de una comisión de selección. Ese tipo de neutralidad aparente, junto con la forma de asignación de los casos, supone que los justiciables tienen confianza en el sistema. El problema, como ha sido apuntado hasta por el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (distinto de la Unión Europea, pese a la confusión de Diario 16), es que el nombramiento de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial y la composición de los tribunales de apelación no necesariamente inspira confianza, sino más bien todo lo contrario. Así ha sucedido en las últimas semanas.
Sin ánimo de entrar a fondo en tecnicismos, sí cabe apuntar que la Constitución solo prevé la intervención expresa del Congreso y Senado en el nombramiento de ocho (de veinte) de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Se podría interpretar que por consiguiente, los restantes doce miembros habrían de ser nombrados por los propios jueces, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobada en 1985 por el PSOE y nunca modificada en este respecto) determina que en realidad los veinte vocales sean nombrados por las Cortes. Esta implementación de la Constitución fue refrendada por el propio Tribunal Constitucional.
Como consecuencia de esta normativa, cada cinco años se renuevan las dudas en el Poder judicial por parte de los ciudadanos; por ejemplo durante el gobierno del PP de Aznar, el gobierno del PSOE de Zapatero, durante el gobierno del PP de Rajoy, y recientemente durante el gobierno de Sánchez. Pero no sería justo limitarse al PP y PSOE; de la misma manera que CiU y PNV tuvieron su oportunidad, Podemos no dejó escapar su turno en esta ocasión. Por el contrario, tanto UPyD en su momento, como Ciudadanos ahora, renunciaron a su derecho a participar de esta obscenidad.
La importancia esta cuestión va más allá de la vulnerabilidad frente a los ataques de nacionalistas y otros aspirantes a cambio de régimen, cuyo cinismo es inasequible al desaliento, sino en la consolidación de la democratización. Los ciudadanos tienen derecho a confiar en sus jueces, sobre todo cuando desde hace tantos años han sido los guardianes de la legalidad en España.
Por eso es tan importante gestos como el del juez Marchena, seguido por el juez Rodríguez Vega, al renunciar a ser parte de ese mercado judicial. Se podrá decir que fue un gesto tardío, pero no es la primera vez que el nombramiento de vocales del CGPJ causa furor y malestar en la sociedad. Si se acusa a Marchena de arrastrar las suelas de los zapatos, más se podrá decir de aquellos jueces que aceptaron el nombramiento pese a todo, algunos de los cuales causaron todavía más vergüenza a la carrera judicial como Mercè Pigem o Pascual Estevill.
Esa residencia de la judicatura es especialmente importante dada la tendencia de los gobiernos del PSOE de nombrar jueces y fiscales como ministros
Esa residencia de la judicatura es especialmente importante dada la tendencia de los gobiernos del PSOE de nombrar jueces y fiscales como ministros: Grande Marlaska, Margarita Robles y Delgado con Sánchez, Bermejo con Zapatero, y Belloch y Garzón (con González). Esos mismos ex jueces y fiscales, se convierten en defensores de esa misma intervención indirecta en la justicia: así lo han hecho recientemente Delgado y Grande-Marlaska. El argumento que utilizan, que el gobierno del poder judicial tiene que estar sustentado en la soberanía popular, es una falacia total. Primero, porque como apunta el informe GRECO mencionado arriba (los gobiernos españoles tienen una tendencia a aceptar a título de inventario lo que viene del Consejo de Europa), esa intervención del Parlamento en la organización judicial ensombrece la necesaria apariencia de imparcialidad. Segundo, porque el deber de los jueces es interpretar y aplicar la ley, no obedecer a su órgano de gobierno. La mejor manera de garantizar la separación de poderes es, precisamente, mantenerlos separados.
En definitiva, está por ver lo que sucederá con el futuro del nombramiento de los vocales del CGPJ, que a su vez eligen a un gran número de magistrados en diferentes tribunales, pero lo importante es que cuando hay voluntad de cambio por parte de la ciudadanía (expresado a través de los medios de comunicación, de las asociaciones profesionales, por ejemplo) se hace evidente que los políticos están para servir a los ciudadanos y no al revés. Sin necesidad de revoluciones ni acampadas delante de los tribunales, sin necesidad de celebrar que una sentencia del TEDH manifieste la posible parcialidad de un tribunal españoles.
