Josu Ugarte Gastaminza nació en Bilbao en 1954 en el seno de una familia nacionalista. Sus abuelos paternos y su padre sufrieron el exilio en Francia y Bélgica con ocasión de la guerra civil española. Su trayectoria política ha discurrido por partidos de izquierda como el Partido Comunista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra e Izquierda Unida hasta 2012. También ha participado de forma muy intensa en diferentes asociaciones culturales y en grupos cívicos contra el terrorismo nacionalista, llegando a ser fundador y director de la asociación Bakeaz hasta el año 2013. Entre 2012 y 2016 ha coordinado la elaboración de La bolsa y la vida, ensayo recién publicado sobre la extorsión y la violencia ejercida por ETA contra el mundo empresarial, en el que han colaborado ocho autores entre los que se encuentran Florencio Domínguez y José María Ruiz Soroa en calidad de expertos.
Los autores propugnamos una ética de la memoria que contribuya a establecer la verdad sobre el pasado
¿Cuál es el objetivo principal que los autores y usted en su papel de coordinador de la publicación, se han propuesto con La bolsa y la vida? Nuestro propósito ha sido analizar los mecanismos que ETA ha utilizado para financiar su actividad a lo largo de varias décadas, el efecto de la violencia terrorista en la economía, el tratamiento de la extorsión terrorista en el Derecho Penal en contraposición con la conducta práctica de las instituciones judiciales y policiales… Nuestro libro es complementario de Misivas del terror (Sáez de la Fuente, ed., 2017), un fresco sociológico de las vivencias de las víctimas de esa violencia y una valoración ética de sus reacciones. En La bolsa y la vida, se cuentan unos hechos, por qué y cómo sucedieron y qué efectos produjeron. La historia de la financiación de ETA es la historia de una victimización, y es también la historia de los objetivos buscados con la violencia, de los medios puestos en juego para ejercerla eficazmente, de los resultados obtenidos, de sus costes y dificultades, de su evolución en el tiempo, de los efectos directos e indirectos provocados por ella sobre la economía y la sociedad. Además, había un propósito subyacente, el de hacer frente al peligro de querer olvidar y no remover el pasado doloroso que nos interpelaría sobre nuestras responsabilidades. Los autores propugnamos una ética de la memoria que contribuya a establecer la verdad sobre el pasado, a enfrentarse a las diferentes formas de negación, tergiversación, manipulación u ocultación, también a la exaltación de discursos de odio.
En el libro se muestra cómo la extorsión supuso para ETA una aportación económica fundamental, pero también que su práctica proporcionó importantes réditos políticos a la banda. ¿Cómo fue posible que la extorsión económica mediante la amenaza de muerte conllevara réditos políticos asociados favorables a los terroristas? La extorsión y la violencia contra los empresarios (cartas de amenaza, atentados, acciones de la kale borroka, secuestros, asesinatos…) perseguía múltiples objetivos: obtener dinero contante y sonante; modificar o paralizar infraestructuras energéticas y de transporte; presionar al Estado o desgastarlo provocándole graves quebrantos económicos; lograr que las empresas e instituciones económicas se volvieran contra ese Estado que no podía garantizar su seguridad; en fin, generar el miedo necesario para asegurar que los extorsionados cediesen al chantaje.
En particular, las campañas contra la central nuclear de Lemóniz, la autovía de Leizarán y el Tren de Alta Velocidad aportaron a ETA y a su entorno político, sobre todo, legitimidad y simpatía, pero también comprensión y no beligerancia, en amplios sectores afines a los movimientos sociales o a la izquierda radical no nacionalista.
También se explica que para ETA la extorsión se constituyó en un instrumento de financiación importante a partir de los secuestros y asesinatos de los industriales Ángel Berazadi y Javier de Ybarra en 1977. ¿Hasta ese momento cuáles habían sido las principales fuentes de financiación de la banda? Una vez teorizada la «lucha armada», ETA tuvo muchas dificultades para emprenderla. Económicamente sobrevivía a duras penas. La financiación de ETA anterior a los asesinatos de Berazadi e Ybarra provenía de las exiguas aportaciones de sus propios miembros o de la colaboración, más o menos voluntaria, de empresarios nacionalistas. Y desde principios de 1970 comenzaron los envíos de cartas de extorsión. No obstante, esas fuentes todavía no eran suficientes para ampliar la infraestructura de ETA y la captación de nuevos militantes.
En cambio, los atracos y secuestros sí dieron frutos, aunque los comienzos fueron desastrosos: el 25 de septiembre de 1965, un atraco al cobrador del Banco Guipuzcoano aportó un sustancioso botín de 2,75 pesetas y los recibos (no cobrados) de su maletín. Sin embargo, en 1967 ETA obtiene 332.000 euros; en 1971, otros 2,01 millones de euros; y en 1972, 2,82 millones (siempre a precios actuales). Si nos referimos a los secuestros, el de Félix Huarte, en 1973, supuso un rescate de 50 millones de pesetas (5,01 millones de euros a precios actuales). Y en 1976, ETA pm logra una suma de 30 millones de pesetas por rescates. Más allá de 1977, en especial a lo largo de los ochenta y noventa, los secuestros han sido la principal fuente de financiación de ETA.
En cuanto a la extorsión, solo a partir de finales de los setenta empezará a tener importancia como fuente de ingresos. Hasta hace poco, los investigadores creían que la patente del impuesto revolucionario correspondía a ETApm, que lo aplicó a partir de septiembre de 1975. Sin embargo, documentación reciente permite asegurar que este sistema había sido iniciado en la primavera de 1970 por Xabier Zumalde, El Cabra, mediante una veintena de cartas a empresarios de la zona de Oñate, Vergara y Mondragón, en las que se les exigía 2.000 pesetas de la época por cada trabajador que tuviesen contratado.
El estudio que han realizado ustedes demuestra con datos algo que por otro lado parece de sentido común: que hubo una relación directa entre el volumen de ingresos de la banda terrorista y su capacidad operativa. ¿Cuáles son los principales datos que muestran esta relación directa? Partamos de la evolución de las principales fuentes de financiación de ETA, de menor a mayor importancia cuantitativa: por la documentación incautada a ETA, sabemos que los atracos fueron una fuente de financiación irregular y de escasa cuantía (salvo en 1978 y 1979), y que se abandonan a partir de 1986; conocemos que la extorsión empezó a tener importancia a partir de mediados de los setenta, y que vivirá su época dorada en los ochenta, al menos hasta 1986; y sabemos que los secuestros aportaron a la organización sumas de dinero considerables entre 1980 y 1996.
Precisamente, entre 1978 y 1996, años en los que los ingresos de ETA eran saneados, la organización terrorista pudo comprar armas, mantener a sus comandos, engrasar económicamente sus actividades y aportar fondos a su trama política. ETA manejó presupuestos anuales de entre 4,5 y 6 millones de euros, a precios de hoy. Sin embargo, con el nuevo siglo, la reducción de ingresos de la extorsión y la no realización de atracos ni secuestros, hacen descender los presupuestos a cifras inferiores a los dos millones.
En definitiva, parece existir una vinculación entre la reducción de ingresos y el debilitamiento de la capacidad operativa de ETA. Aunque, en palabras de Florencio Domínguez: «Queda la duda de si fue esa debilidad la que provocó el descenso de recursos económicos o la disminución del dinero disponible la que generó una menor capacidad de acción».
La complicidad de una parte no desdeñable de la sociedad vasca y navarra que con su silencio, su indiferencia y su inacción, en realidad «actuó» a favor de ETA y contra los que padecían la violencia terrorista
Resulta muy patente que los extorsionados por ETA, al igual que pasaba con las víctimas de sus atentados, tuvieron durante mucho tiempo un apoyo muy pequeño por parte de la sociedad vasca. ¿Qué factores influyeron y cuándo empezaron a cambiar las cosas al respecto? Entre los factores que propiciaron la supervivencia, el fortalecimiento y la impunidad de ETA, están el apoyo activo de miles de personas, inmersas en una suerte de fanatismo etnoidentitario, o la complicidad de una parte no desdeñable de la sociedad vasca y navarra que con su silencio, su indiferencia y su inacción, en realidad «actuó» a favor de ETA y contra los que padecían la violencia terrorista (inigualable el libro de Aurelio Arteta, Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente).
El apoyo activo a ETA no fue producto de la casualidad sino derivado de un contexto social y político anormal: la pesada influencia de un magma nacionalista etnoidentitario (xenófobo, supremacista, trufado con discursos de odio), profundamente arraigado en la historia política vasca y navarra; la muchas veces oscura, ambigua e interesada política del PNV en relación con el nacionalismo más extremo; el «espejismo revolucionario» de una parte de la izquierda radical que le incapacitó para el análisis y la acción firme frente al terror; el silencio, la comprensión, la no denuncia del terrorismo… de una parte significativa de la iglesia vasca durante muchos años; la confusión de las organizaciones pacifistas que, con excepciones, aceptaron acríticamente los discursos de la normalización y la pacificación del llamado «tercer espacio» (léase, Elkarri, Lokarri y Baketik) e interiorizaron la teoría del «conflicto» para explicar la existencia de ETA.
En la base de la complicidad con el clima de amenaza, de terror contra determinados colectivos, de ruptura de la convivencia, de asfixia moral…, está el profundo miedo social generado por ETA, y por los discursos y la acción parafascista de su trama política, en particular, de los jóvenes de la kale borroka. Pero no todo se explica por el miedo paralizante: también han contribuido en esa complicidad social la cobardía moral y la indiferencia individual frente al sufrimiento de las víctimas; la invisibilización de esas víctimas; la falta de respuestas políticas frente al terror hasta los pactos antiterroristas; el tardío afloramiento de la conciencia ciudadana y de su correlato, una respuesta cívica que pugnase por el control de la calle y del debate público…
Todo empezó a cambiar cuando a finales de los ochenta surgieron Gesto por la Paz, el Foro de Ermua, Basta Ya…, cuando se firmaron los pactos políticos antiterroristas, cuando comenzó la colaboración de Francia en la lucha antiterrorista, cuando las víctimas se organizaron y empezaron a hacer oír su voz, cuando los tribunales y las fuerzas de seguridad actuaron de forma más efectiva, cuando se cortó la financiación de ETA, cuando se ilegalizó a Herri Batasuna, a Egin, a organizaciones juveniles y de apoyo a los presos de ETA, cuando unos cuantos intelectuales y organizaciones de reflexión alzaron la voz contra la impunidad…
Sigue prevaleciendo una visión complaciente y equidistante del pasado de horror. Puede ser que algunas personas hayan reflexionado sobre su responsabilidad en la pervivencia de aquel estado de cosas; pero demasiadas siguen evitando este ejercicio reflexivo e intentan refugiarse en el olvido
Si nos fijamos en la sociedad vasca de hoy en día, ¿cuánto de aquella actitud de comprensión hacia la banda terrorista y de falta de apoyo a las víctimas de ETA se ha tornado en solidaridad y cuánto en simple olvido voluntario o inducido? Quizás se está produciendo una lenta evolución de la opinión pública vasca, que valora de forma crítica a ETA y reconoce su negativa influencia en la política española. Seguramente, la compasión y la solidaridad con las víctimas están presentes en las conciencias de cada vez más vascos; pero los homenajes a miembros de ETA excarcelados o fallecidos, victimarios en definitiva, se celebran con total impunidad y reúnen a muchas más personas que los actos en recuerdo de las víctimas de la organización terrorista. Quizás se reconoce que la ausencia de atentados, asesinatos, pintadas, escoltas, agresiones físicas y verbales…, hace la vida más llevadera; pero sigue prevaleciendo una visión complaciente y equidistante del pasado de horror. Puede ser que algunas personas hayan reflexionado sobre su responsabilidad en la pervivencia de aquel estado de cosas; pero demasiadas siguen evitando este ejercicio reflexivo e intentan refugiarse en el olvido. Estos y otros malos síntomas todavía presentes obstaculizan la necesaria explosión de la solidaridad con las víctimas de ETA.
Creo que hay mucho olvido voluntario, el forzado por la necesidad de autoexculpación de las propias responsabilidades, fueran cuales fuesen su carácter y gravedad. Este olvido voluntario funciona a modo de ‘aspirador de la suciedad’ moral individual. Por su parte, el olvido inducido alimenta al voluntario mediante la negación, tergiversación, manipulación y ocultación del pasado de terror. Lo generan actores diferentes, aparentemente enfrentados, pero que participan de una común gramática del «conflicto» que ha explicado la existencia y la pervivencia de ETA durante seis décadas.
En el capítulo dedicado a los ataques de ETA contra las infraestructuras energéticas y de transporte se analiza cómo las cesiones por parte de las autoridades, primero en Lemóniz y después en la autovía de Leizarán, provocaron graves consecuencias políticas favorables a ETA. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? ETA utilizó las luchas contra grandes infraestructuras como elementos fundamentales de su actividad y de legitimación de su existencia. En Lemóniz y Leizarán se produce la sustitución de un movimiento popular de rechazo expresado en movilizaciones masivas –sobre todo Lemóniz– por la acción de una organización armada que desplaza la acción ciudadana y pretende torcer las decisiones de las instituciones con bombas y asesinatos. ETA irrumpe en los conflictos y se erige en protagonista casi único de la oposición a esas infraestructuras. La paralización de Lemóniz será esgrimida por ETA como un gran triunfo. Tenía razones para ello: tras un pulso de varios años, la negativa de los técnicos a seguir trabajando en la central supuso el abandono definitivo del proyecto, pese a que estaba acabado y a punto de entrar en funcionamiento. Y ello después de que tanto el gobierno vasco como el español habían manifestado reiteradamente su voluntad de poner en marcha la central, situando el problema en si las decisiones debían ser adoptadas por un grupo terrorista o por los representantes de la voluntad popular.
La construcción de la autovía de Leizarán es un calco de la experiencia de Lemóniz. Se repite la retórica de los grupos democráticos de Guipúzcoa y de Navarra, en el sentido de resistir el pulso de la organización terrorista y mantener el proyecto aprobado. Sin embargo, las discordias entre los partidos democráticos acabaron por quebrar la unidad. El pacto entre la diputación de Guipúzcoa (con los votos de PNV y PSOE) y la coordinadora Lurraldea, supuso el cambio del trazado, con el visto bueno de ETA y HB. Dicho acuerdo, duramente contestado por los partidos de oposición, rompió el discurso unitario de hacer frente sin fisuras al chantaje (reforzado desde 1988 con el pacto de Ajuria Enea) y fue celebrado por ETA y HB como un triunfo igual al de Lemóniz.
Otro efecto grave es que la legítima movilización popular de orientación ecologista cedió el terreno a la violencia, propiciando que ETA se apropiara de unas causas que en sus manos se tiñeron de sangre.
Cuando no buscaba forzar a los empresarios a ceder al chantaje, ETA buscaba obligar al Estado a ceder provocando cuantiosos daños económicos con la esperanza de que el coste acabara siendo inasumible para el Estado
Del análisis que realizan de los atentados cometidos por ETA se pone de manifiesto que a lo largo de su historia el 40% fueron dirigidos contra las empresas. ¿Cuáles son las razones de que se haya dado este hecho? Las empresas han sido un objetivo permanente de ETA. Unas veces eran atacadas por razones que tenían que ver con la propia empresa, como la negativa a ceder a la extorsión o por verse en medio de algún conflicto social, pero la mayor parte de las ocasiones estaban en el punto de mira de los terroristas porque trataban de atacar al Estado causando daños en empresas o infraestructuras económicas. ETA ha hecho numerosas campañas de ataques contra objetivos económicos como las dirigidas contra el turismo, contra la central nuclear de Lemóniz, la autovía del Leizarán, la banca, las compañías francesas, las redes eléctricas, las redes ferroviarias, las telecomunicaciones, etc. Cuando no buscaba forzar a los empresarios a ceder al chantaje, ETA buscaba obligar al Estado a ceder provocando cuantiosos daños económicos con la esperanza de que el coste acabara siendo inasumible para el Estado.
La ley de silencio que ha operado sobre el funcionamiento de la banda impide una aclaración suficiente de sus finanzas e ingresos. Sin embargo, en el análisis que ustedes han realizado sí se muestran algunos datos relevantes obtenidos a partir de la documentación incautada por la policía. ¿Cuáles son las principales cifras sobre las que se tiene plena certeza en cuanto a su veracidad? Efectivamente, la documentación de ETA intervenida a finales de 1986 por la policía española en la localidad vascofrancesa de Sokoa ha permitido conocer el volumen de ingresos por la extorsión para determinados periodos: entre 1970 y 1979, ETA reunió una cifra global de 153 millones de pesetas; y entre 1980 y 1986, 1.010 millones (con un pico de 450 millones en 1986). Es decir, un total de 1.163 millones de ptas., es decir, 21,5 millones de euros a precios de hoy. Sin embargo, hay fundadas sospechas de que la de Sokoa no fuera la única caja de ETA. Por ejemplo, en los listados y fichas incautados no aparecen las grandes empresas y en documentos posteriores, de 2004, descubiertos a Mikel Albisu, Antza, y Soledad Iparraguirre, Anboto, responsables del aparato de extorsión, se habla de una recaudación por extorsión en 1983 de entre 200 y 300 millones de ptas., muy superiores a los 42,53 millones reflejados en la contabilidad de Sokoa. En definitiva, es imposible conocer, por el momento, el volumen de ingresos por extorsión para determinados periodos; y, a su vez, incluso para los periodos de los que se dispone de datos fiables, hay lagunas derivadas de la previsible existencia de otras cajas o centros de recaudación.
Se conocen con bastante fiabilidad los fondos obtenidos por atracos: además de las cifras dadas en una pregunta anterior para el periodo 1965-1976, entre 1977 y 1986 los atracos aportaron a las arcas de ETA unos 555 millones de pesetas, en torno a 19,43 millones de euros actuales. A partir de 1986, las diferentes ramas de ETA abandonaron los atracos debido al reforzamiento de las medidas de seguridad de bancos y empresas.
Finalmente, los rescates de los secuestros fueron la auténtica mina de oro de la financiación de ETA. Entre 1973 y 1996, sobre todo a partir de 1980, las diferentes ETA obtuvieron entre 6.000 y 6.400 millones de ptas. (103 y 106 millones de euros a precios actuales). A partir de 1996, ETA dejó de secuestrar, aunque mantuvo la modalidad de los «secuestros exprés» o retenciones de uno o dos días de la víctima, que se comprometía al pago de una cantidad una vez liberada. Pero se desconocen, en lo fundamental, tanto el número de afectados como las cantidades recaudadas por ETA.
10.000 personas extorsionadas entre 1993 y 2010
Igualmente, resulta casi imposible saber el número de extorsionados por la banda. Sin embargo, parece que el análisis de los códigos alfanuméricos que ETA incorporó en las cartas de extorsión a partir de 1993 llevó a las fuerzas de seguridad a algunas conclusiones al respecto. ¿Qué resultados ofrecen los cálculos que ustedes han podido realizar a partir de todos los datos acumulados? El análisis de esos códigos alfanuméricos por las fuerzas de seguridad permitió establecer una cifra de 9.000 personas extorsionadas entre 1993 y 2008. Desde 2009 hasta el fin de la extorsión, finales de 2010, se podrían agregar 1.000 extorsionados más. Lo cual daría un total de 10.000 personas extorsionadas entre 1993 y 2010. Sin embargo, es casi imposible el cálculo del número de afectados entre la primavera de 1970 –con aquella primera veintena de cartas de extorsión de Los Cabras de Zumalde a empresarios de Oñate, Vergara y Mondragón– y 1992. No se dispone de suficiente documentación fiable.
Ustedes afirman que “[…] la mayoría de los extorsionados no cedió ante las amenazas, pero que los que sí cedieron fueron suficientes para garantizar la financiación de ETA”. ¿En qué datos han fundamentado esta conclusión? Efectivamente, esta afirmación se recoge en el punto 10 de las «Conclusiones» (p. 376) y debe ser matizada en cuanto a los extorsionados que cedieron a las amenazas y sobre el peso de los fondos obtenidos por ETA mediante la extorsión en el conjunto de sus finanzas.
En cuanto a si fue significativo o no el número de extorsionados que cedieron al chantaje, nos movemos en un terreno de gran incertidumbre. No se han podido establecer ni el cómputo del número de afectados (las cifras son aproximativas), ni cuántos de ellos cedieron a las amenazas. La razón es muy sencilla, la documentación incautada a ETA solo permite cubrir algunas etapas y existen muchas lagunas. En relación con los extorsionados que pagaron, se podría establecer una correlación entre la mayor o menor presión del entorno radical y la cesión al chantaje; realizar un análisis comparativo entre comarcas y provincias; estudiar las diferentes fases de la extorsión en el contexto político de zonas determinadas… Pero es justo reconocer que no nos ha sido posible hacerlo porque la documentación descubierta es fragmentaria y pocos los testimonios. Por el momento, el silencio (¿y el miedo?) prevalece.
Por otra parte, de los cerca de 150 millones de euros, a precios actuales, que ETA logró mediante atracos, secuestros y extorsión, a partir de la documentación conocida, más de dos terceras partes provinieron de los rescates (entre 103 y 106 millones de euros). En particular, ETA secuestró a 54 empresarios, directivos o profesionales: tres de ellos fueron asesinados; cinco liberados por las fuerzas de seguridad; trece puestos en libertad por ETApm, pero con un tiro en las piernas; cuatro fueron secuestrados por motivos laborales; uno fue secuestrado por equivocación; y los veintisiete restantes fueron liberados tras el pago de un rescate o de su compromiso a hacerlo. En la medida en que la mayoría de los secuestros se realizaron después de 1977 (47 de los 54 secuestros), se puede afirmar que los fondos obtenidos por este procedimiento fueron fundamentales en la financiación del terrorismo en la democracia. Incluso sin contar con otros ingresos, se ha calculado que ETA pudo mantenerse entre quince y veintiún años de este periodo gracias al dinero de los rescates.
La sentencia dictada en el Sumario 18/98 describe una trama económica y una red de empresas en las que participaban HB, KAS y las Gestoras pro amnistía
En el libro se explica que parte del dinero obtenido por ETA mediante la extorsión y el secuestro llegó a manos de organizaciones de su entorno político y que, además de contar con una densa red de colaboradores que operaban desde la legalidad, significados miembros de la izquierda abertzale colaboraron en las actividades de extorsión para materializar el chantaje económico. ¿Qué caso citaría usted como ejemplo ilustrativo de esta doble capilaridad entre la banda y su entorno político? Uno de los casos más significativo es el de Pipe San Epifanio, parlamentario de HB, dirigente de esta formación y del grupo juvenil Jarrai, que fue el jefe de una célula de ETA dedicada a la extorsión de empresarios. Un auto judicial, además, estableció que Jokin Gorostidi, uno de los máximos dirigentes de HB durante mucho tiempo, era «uno de los encargados del cobro» de la extorsión. Gorostidi falleció antes de que pudiera ser juzgado. La sentencia dictada en el Sumario 18/98 describe una trama económica y una red de empresas en las que participaban HB, KAS y las Gestoras pro amnistía y señala que, en última instancia, era ETA quien ejercía el control de esa trama.
¿A qué conclusiones han llegado con respecto al impacto cuantitativo que ha tenido la actividad terrorista de ETA en la economía vasca? Es indudable que ETA ha tenido que ver en la marcha de empresas y empresarios amenazados, en la pérdida de capitales nacionales o extranjeros, en la ralentización de inversiones de los propios empresarios vascos, en la paralización de la central nuclear de Lemóniz, en la caída del turismo, en los sobrecostes de seguridad de grandes infraestructuras contra las que desarrolló campañas, en la pérdida de vocaciones empresariales…
Se han podido estimar unos costes directos de la existencia de ETA de entre 20.000 y 25.000 millones de euros. Por ejemplo, la paralización de Lemóniz supuso cerca de un coste total directo atribuible a ETA de entre 6.000 y 7.000 millones de euros a precios actuales, además de otros costes no cuantificables, como la pérdida de competitividad para la industria vasca de no disponer de una más amplia oferta energética o la necesaria remodelación de las empresas especializadas relacionadas con el proyecto de la central.
A su vez, se sabe que esa cifra elevadísima de costes directos es muy inferior a la que ETA haya podido causar por la reducción del potencial de crecimiento. Por esa razón, señalamos, entre otras consideraciones, que «[…] la cuantificación en términos de PIB perdido resulta extremadamente difícil y no se pueden ofrecer resultados concluyentes. En el marco de una serie de factores complejos y entremezclados, en especial las sucesivas crisis industriales entre 1975 y 1994 –que afectaron en particular a la siderurgia y al sector naval, originaron la quiebra de importantes empresas, la desaparición de decenas de miles de puestos de trabajo y la pérdida de posiciones en el PIB per cápita y en el tamaño de la economía–, no puede obviarse que la violencia terrorista ha sido una rémora para la economía vasca, que en parte ha podido ser paliada gracias a una autonomía fiscal pactada con el Estado en términos favorables».
El sindicato LAB fue una creación de ETA, así que durante mucho tiempo los representantes de LAB no tuvieron inconveniente en emplear la amenaza de ETA en las negociaciones con la patronal
En lo que respecta a las relaciones laborales se habla sobre la utilización de la existencia de ETA por parte del sindicato abertzale LAB y en el plano político ustedes consideran evidente, aunque difícilmente demostrable, la relación entre la existencia de ETA y la obtención de ventajas políticas para el País Vasco. ¿Qué se explica en el libro sobre todo esto? Lo que explicamos en el libro no va mucho más allá de lo que sabe todo el mundo en el País Vasco, pero parece que conviene afirmarlo con rotundidad para que no se olvide. El sindicato LAB fue una creación de ETA, así que durante mucho tiempo los representantes de LAB no tuvieron inconveniente en emplear la amenaza de ETA en las negociaciones con la patronal. De hecho, en los primeros años de la democracia fue una base fundamental de su estrategia de presión, y así lo percibieron los empresarios extorsionados. Debajo de la mesa de negociación asomaba la punta de la metralleta, a veces incluso de manera poco metafórica. Frases amenazantes como «¡A ver cómo te portas o llamamos a los otros!» o bien «Si no lo resolvemos nosotros aquí, lo resolverá ETA militar», fueron desgraciadamente corrientes y han quedado recogidas en numerosos testimonios de empresarios.
Otra cuestión es llegar a comprobar hasta qué punto los trabajadores estaban de acuerdo con esta estrategia del chantaje terrorista, y aquí es difícil hacer generalizaciones. Muchos trabajadores no participaron de estas medidas de presión e incluso en ocasiones puntuales protestaron por la intromisión de ETA en los conflictos de sus empresas. Pero no cabe duda alguna de que LAB pudo disfrutar de un plus de fuerza en la negociación con la patronal y de que ese plus le permitió arrancar ventajas laborales, lo cual le vino estupendamente para ampliar su representatividad y competir con los demás sindicatos. Muchos trabajadores no elegían a sus delegados sindicales por ser cercanos a ETA, sino porque con ellos en la mesa de negociación se lograban mejores acuerdos. Y muchos empresarios pensaban con una lógica sencilla: «Si satisfago lo que estos me dicen, sus amigos de las pistolas me dejarán tranquilo».
Carece de lógica que el PNV proteste ahora porque digamos, nosotros o cualquiera, que se ha beneficiado de la existencia de ETA, ya que ha sido siempre el mismo partido el que ha unido paz con política
En lo que respecta a la obtención de prebendas políticas, la cuestión no puede determinarse con claridad para cada una de las ocasiones en que el País Vasco ha salido beneficiado de sus relaciones con el Estado, que han sido muchas. Por supuesto, carece de lógica que el PNV proteste ahora porque digamos, nosotros o cualquiera, que se ha beneficiado de la existencia de ETA, ya que ha sido siempre el mismo partido el que ha unido paz con política, al menos desde el Decálogo por la Paz de 1978 (uno de cuyos puntos para acabar con el terrorismo era la restitución de los conciertos económicos) hasta el plan Ibarretxe. Siempre han recordado públicamente que el final de ETA no podría producirse sin concesiones políticas.
Por otro lado, las cosas no siempre sucedieron de esa manera. Hubo otras causas que llevaron a satisfacer las exigencias vascas de mayor autogobierno, de inversiones estratégicas o de condonaciones de las cantidades a pagar en concepto de cupo, y dichas causas pueden relacionarse de manera indirecta con un ambiente general marcado por la existencia de la violencia de ETA, pero no pueden achacarse sin más a la banda terrorista. La obtención de los votos necesarios en el Parlamento español para sacar adelante una investidura o unos presupuestos, por ejemplo, ha llevado a todos los gobiernos de la democracia a rendirse a las peticiones del PNV, pero también a hacer lo propio con la CIU de Jordi Pujol. O el pacto PNV-PSOE para formar un gobierno vasco de coalición en 1987, que llevó aparejada la condonación de todo el cupo pendiente de entregar al Estado. O las generosas ayudas a la industria pesada vasca en los procesos de reconversión, mejor entendidas si se observan los caladeros de votos socialistas en la margen izquierda del Nervión que si se buscan presiones terroristas. En fin, que la casuística es variada y, además, las veces en que el PNV pudo utilizar con éxito la existencia de ETA para obtener prebendas no han dejado huella documental, al menos por el momento.
FOTOGRAFÍA: María José Aranzábal
