EL Brexit - Rafael Calduch

El 23 de Junio de 2016, la ciudadanía del Reino Unido decidió en referéndum, con un 51,9%, salir de la Unión Europea. Poco menos de un año más tarde, la Primera Ministra Theresa May remitió la carta oficial en la que se solicitaba la retirada británica, iniciándose el período de negociación del Acuerdo de retirada, contemplado en el art. 50 del Tratado de la Unión Europea.

El pasado 14 de Noviembre, se concluyó el borrador de Acuerdo para la Retirada del Reino Unido de la Unión Europea que, en principio, debería estar ratificado por todas las partes antes del 30 de Marzo de 2019, fecha límite para hacer efectiva esa retirada.

Como en toda ruptura, la parte más débil será la más perjudicada

Las próximas semanas serán cruciales para determinar si la retirada será pactada o unilateral. Sin duda ambas partes sufrirán los efectos políticos, económicos y sociales de la ruptura, pero a nadie se le oculta que las consecuencias para el Reino Unido serán mucho más perjudiciales que para el resto de los 27 países miembros de la UE. Como en toda ruptura, la parte más débil será la más perjudicada.

Por ello resultaba razonable que se negociase un acuerdo de transición que aminorase, en la medida de lo posible, los costes que tendrán que asumir los ciudadanos de todas las partes. Una ruptura sin acuerdo tendría efectos catastróficos para el Reino Unido. A la especulación financiera que se desataría contra la libra esterlina, la banca y las grandes empresas británicas que cotizan en bolsa, le seguiría la precaria situación en la que quedarían los tres millones de residentes europeos en la isla y el millón de británicos en el continente, para concluir en la desconfianza que provocaría entre los miembros de la UE, con imprevisibles consecuencias para las posteriores relaciones entre las dos partes del Canal de la Mancha.

La crisis del Brexit ha alcanzado una compleja dinámica que está dificultando una solución de mutuo acuerdo

La crisis del Brexit ha alcanzado una compleja dinámica que está dificultando una solución de mutuo acuerdo. De una parte, la ausencia de una mayoría cualificada en el resultado del histórico referéndum, ha provocado la fragmentación de la sociedad y el enfrentamiento partidista, dividiendo con ello al Gobierno británico, perjudicando la defensa de sus intereses en la negociación con la UE y amenazando su futuro inmediato tras la salida.

En segundo término, los países miembros de la UE aunque han asumido colectivamente el inevitable escenario de la salida de Gran Bretaña, también se encuentran divididos sobre las condiciones de esa salida y sus efectos en la integración. Francia, Alemania y España, entre los grandes, han logrado imponer su criterio de un Acuerdo de transición garantista para los derechos de los ciudadanos europeos y consideran que se abre una ventana de oportunidad para el avance en políticas europeas decisivas, hasta ahora lastradas por Londres, como la Política de Defensa Común, el Euro, la Política fiscal y la Cooperación Schengen.

Otros, en cambio, como Holanda o Dinamarca, han sostenido la necesidad de hacer concesiones en el Acuerdo de transición, que faciliten un futuro de amplia cooperación con Gran Bretaña, país al que consideran imprescindible para el desarrollo económico de la UE y la seguridad transatlántica.

En lo que coinciden, tanto la Primera Ministra Theresa May como los gobiernos europeos, es que una vez alcanzado el actual Acuerdo de transición, ni los plazos legales ni las condiciones políticas internas en el Reino Unido, permiten una nueva renegociación. Tampoco cabe esperar un nuevo referéndum, cuyos resultados serían tan inciertos como lo fueron en el caso anterior, incluso aunque se celebrasen elecciones anticipadas y triunfase el sector europeísta del Partido Conservador.

Enfrentados a esta realidad y sin descartar totalmente la ruptura unilateral, parece muy poco probable que el Consejo Europeo extraordinario del próximo día 25 de Noviembre rechace el Acuerdo alcanzado, como igualmente que en el Parlamento británico no se alcance la mayoría suficiente para su aprobación, a pesar de la feroz resistencia que están oponiendo los tories eurófobos.

Resulta necesario, por tanto, dar a conocer las grandes líneas del Acuerdo de transición alcanzado, para que los ciudadanos europeos sepan qué consecuencias tendrán que afrontar en los próximos años, vivan en la isla o en el continente.

El Acuerdo distingue tres etapas: 1) la etapa actual, anterior a su entrada en vigor; 2) la etapa de aplicación del Acuerdo, y 3) la etapa posterior a la vigencia del Acuerdo. En términos generales, la UE y el Reino Unido se comprometen a respetar la legislación común europea aunque sus efectos se produzcan durante el período de transición. También asumen que los derechos y obligaciones derivados de la aplicación del Acuerdo transitorio se respetarán, aunque sus efectos se produzcan durante un período máximo de 4 años posterior a su conclusión, ya que en el art. 87 se mantiene la plena jurisdicción de la Corte de Justicia de la UE para todos los contenciosos que se planteen durante todo el período transitorio.

El Reino Unido no participará de las instituciones europeas y de sus decisiones, aunque estará obligado por ellas en los términos recogidos por el Acuerdo. También se reconocen mutuamente los privilegios e inmunidades de los dirigentes políticos, parlamentarios y funcionarios de ambas partes, incluidas las pensiones de los antiguos eurodiputados británicos.

Resulta importante, por lo que respecta a los intereses españoles, el obligado derecho de consulta al Reino Unido en materia de pesca durante el período transitorio (art. 130) tanto respecto de los países miembros como en la negociación de tratados internacionales.

El período de transición se extiende hasta el 31 de Diciembre de 2020, fecha en la que concluirá el actual Marco Financiero Plurianual (Presupuestos de la UE) y, por tanto, también las obligaciones presupuestarias asumidas por el Reino Unido respecto de la Unión.

Sin embargo y en previsión de que para dicha fecha no hayan concluido las negociaciones sobre las futuras relaciones entre Gran Bretaña y la UE, el Comité Conjunto podrá proponer una ampliación del período de transición, a partir del 1 de Enero de 2021, durante el cual el Reino Unido, aunque será considerado ya un tercer Estado ajeno a la UE, deberá contribuir al Presupuesto comunitario en los términos que se acuerden por ambas partes.

Especial interés posee el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, ya que constituye la condición necesaria para el apoyo de los diputados del Partido Democrático Unionista al Acuerdo de transición

Especial interés posee el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, ya que constituye la condición necesaria para el apoyo de los diputados del Partido Democrático Unionista al Acuerdo de transición. En dicho Protocolo se contiene una explícita cláusula de reconocimiento político del Acuerdo del Viernes Santo de 1998, por el que no se adoptará ninguna decisión sobre el estatus de Irlanda del Norte sin el consentimiento de la mayoría de su población (protestante y probritánica). Además se mantiene, con carácter temporal, la excepción de la libre circulación de personas y bienes entre ambas partes de la isla en los términos actuales.

Las competencias de decisión y gestión durante la etapa de transición se atribuyen a un Comité Conjunto, integrado por representantes de ambas partes y copresidido por ellas, que deberá reunirse al menos una vez al año y resolverá por consenso.

La entrada en vigor del Acuerdo está fijada para el 30 de Marzo de 2019, fecha en la que si no se ha ratificado por todas las partes no se aplicará, abriendo así el escenario de la ruptura unilateral con todo lo que ello acarrea.

Como se puede apreciar, la realidad del Brexit dista mucho de corresponderse con la euforia mostrada por sus partidarios la noche del referéndum. Quienes lideraron la campaña, como Nigel Farage del United Kingdom Independence Party (UKIP), han desaparecido del mapa político sin asumir responsabilidad alguna por su discurso demagógico y populista. Quienes actualmente, desde los escaños conservadores de la Cámara de los Comunes, atacan la debilidad negociadora del Gobierno de Theresa May, lo hacen con la mira puesta en las próximas elecciones antes que en defensa del interés nacional.

Ni unos ni otros, pertenecientes a las elites dirigentes y acomodadas del país, tendrán que responder por los enormes costes económicos, laborales y políticos que han impuesto a los ciudadanos británicos durante los próximos años. Será entonces, cuando esos mismos ciudadanos comprenderán el alcance de su quimera nacionalista en un mundo globalizado y la traición de muchos de sus líderes políticos. Cuando ese momento llegue, tal vez será la hora de que la Unión Europea ofrezca su apoyo generoso para rescatar definitivamente al Reino Unido de su milenario aislamiento insular. Mientras tanto sólo cabe esperar.

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid