Personas trans - Emilio Garcia

Hace unos meses, tuve ocasión de escribir en elasterisco.es sobre el estado del reconocimiento legal de las identidades trans* en España. Formalmente, la situación ha cambiado poco en nuestro país. Seguimos con el mismo marco legal estatal, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que tiene una aproximación patologizante de la rectificación registral, ignora la realidad de la infancia trans* y obvia las identidades no binarias. De igual modo, también sigue manteniéndose una fuerte desigualdad entre las personas trans* por razón de su Comunidad Autónoma de residencia, al albur de la voluntad de los respectivos gobiernos regionales por hacer efectivas las leyes que han aprobado sus cámaras legislativas o por promover la existencia de las mismas. Afortunadamente para las personas trans* y sus familias, podríamos estar en las vísperas de un gran cambio de la tesitura.

Decía en mi anterior artículo que no existen derechos específicos para las personas trans* sino derechos que no se respetan para las personas trans*

Decía en mi anterior artículo que no existen derechos específicos para las personas trans* sino derechos que no se respetan para las personas trans*. En el Parlamento español se encuentran bajo debate legislativo tres proposiciones de ley que, de ser aprobadas, supondrán una drástica reducción de la desigualdad por razón de identidad de género. Se trata de la reforma de la Ley 3/2007, la denominada Ley de igualdad LGTBI y la llamada Ley trans* estatal. Son proposiciones que, aunque presentadas por grupos parlamentarios, han nacido de iniciativas gestadas total o parcialmente dentro de las asociaciones representativas del colectivo LGTBI, en general, y trans*, en particular, en un relevante ejercicio de empoderamiento. La importancia de cada una de ellas, sus aportaciones y sus perspectivas de salir adelante en la tumultuosa duodécima legislatura son el objeto de este artículo.

La reforma del reconocimiento de las identidades trans*

La “Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas” fue registrada en febrero de 2017, si bien los trámites hasta su entrada en la Comisión de Justicia se han dilatado durante más de un año, hasta marzo de 2018. Un plazo quizás excesivo para una proposición de ley que apenas ocupa cuatro folios, de los cuales poco más de uno es el texto articulado, y cuya aprobación es la piedra angular para un cambio diferencial para las personas trans*: La eliminación de cualquier requisito médico para ver reconocida la realidad de su identidad.

El grupo socialista, ha presentado una auto enmienda que resolvería su principal carencia, el reconocimiento legal de las identidades no binarias

Sin embargo, quizás la larga espera haya sido positiva a juzgar por las enmiendas que los distintos grupos han presentado a la propuesta para el debate en comisión. De un lado, el mismo grupo parlamentario que registró la proposición de ley, el grupo socialista, ha presentado una auto enmienda que resolvería su principal carencia, el reconocimiento legal de las identidades no binarias. De otro lado, no es menos significativo que ninguna de las enmiendas del grupo popular cuestione el derecho de la infancia trans* a que sus representantes legales soliciten el reconocimiento legal de su identidad. Finalmente, el reducido número de enmiendas, tan sólo once, puede facilitar una rápida tramitación de la proposición de ley.

Tener reconocida la identidad es el derecho básico sobre el que construir la igualdad plena. La urgencia de esta reforma, justifica que se desgaje de las otras dos proposiciones de ley donde también había sido incluida. Dada la aritmética parlamentaria y la cantidad y fondo de las enmiendas presentadas a la propuesta de reforma de la Ley 3/2007, es viable que en pocos meses exista un marco de reconocimiento legal de la identidad trans* que recoja todas las reivindicaciones del colectivo: despatologización, abierta a los menores de edad e incluyendo a las personas no binarias.

Una ley para la igualdad de de las personas LGTBI

La “Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales” fue registrada unos meses más tarde que la reforma de la Ley 3/2007, aunque en este momento esté en situación equivalente de avance en su trámite parlamentario. Es una propuesta legal de carácter holístico, que “tiene por objeto establecer y regular los principios, medidas y medios destinados a garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”. A pesar del objetivo transversal sobre todo el colectivo arco iris que tiene la proposición de ley, incluye un conjunto artículos específicamente orientado a las personas trans*, cuya aprobación supondría para ellas una equiparación de derechos sin precedentes con las personas cisgénero.

Es recomendable para las personas cisgénero la lectura de la proposición ley de igualdad LGTBI con papel y lápiz

Es recomendable para las personas cisgénero la lectura de la proposición ley de igualdad LGTBI con papel y lápiz, anotando todas y cada una de las medidas específicamente orientadas a solventar situaciones de desigualdad motivadas por la identidad de género. Del ejercicio, se obtiene un listado que facilita entender el alcance de las situaciones de discriminación a que se enfrentan cotidianamente las personas trans*: Mujeres víctimas de la violencia machista que no se las reconoce como tales, marginación en la práctica deportiva, privación de libertad en prisiones que no se corresponden con su sexo sentido, dificultades para la continuidad de tratamientos hormonales en determinadas circunstancias, cuidados sociales inadecuados en la tercera edad, nombrado incorrecto en los servicios públicos… Una desigualdad y discriminación que es especialmente patente en el ámbito de la salud pública, educación y relaciones laborales.

El tratamiento de la salud pública a las personas trans* era el foco del reciente estudio de ámbito europeo “Overdiagnosed but Underserved”. En lo referente a España, refleja que son más las personas trans* que califican el servicio de salud como (muy) malo (47,2%) que como (muy) bueno (24,1%), De ser aprobada, la proposición de ley, entre otras medidas, eliminará la patologización mental que aún rige el acceso al tratamiento hormonal en varias Comunidades Autónomas, igualará las prestaciones sanitarias a las personas trans* en todo el territorio nacional, establecerá el acceso a la reproducción asistida a toda persona con capacidad gestante y reforzará (aunque de modo insuficiente) la atención en proximidad a las personas trans*. En definitiva, la proposición de ley de igualdad LGTBI humanizará el tratamiento sanitario de transexuales y transgénero.

Hay que educar a los más pequeños para que de verdad no tengan prejuicios. Necesitamos esa primera generación que no odie a los que sean y sientan de una manera diferente

Actualmente, son muchos los menores trans* que viven en una situación de riesgo en su entorno escolar, hasta un 50% de ellos se sienten discriminados de acuerdo con un estudio realizado por COGAM en 2015. Las medidas de la proposición de ley introduce la obligación que las personas trans* menores sean nombrados y reflejados en las listas por su nombre, algo a lo que aún se resiste algún docente y/o centro escolar. Pero es si cabe más importante que obligará a adaptar los contenidos a la realidad de la diversidad de la identidad de género. Como señalaba en un gran artículo Celia Blanco, “Las leyes nos protegen y son imprescindibles, pero la educación además previene. Hay que educar a los más pequeños para que de verdad no tengan prejuicios. Necesitamos esa primera generación que no odie a los que sean y sientan de una manera diferente”.

Finalmente, la proposición de ley para la igualdad LGTBI introduce que “las personas transexuales y transgénero serán consideradas en toda la legislación laboral como personas en riesgo de exclusión social”. Queda lejos de ser un exceso la adopción de esta medida cuando más del 85% del colectivo se encuentra desempleado. Quizás, si acaso, sería deseable que la propuesta hubiera incluido más acciones concretas para contrarrestar la situación de vulnerabilidad laboral que denuncia.

A diferencia de la proposición de reforma de la Ley 3/2007, todo parece indicar que la proposición legislativa para eliminar las desigualdades sociales a las que aún se enfrenta el colectivo LGTBI tendrá una tramitación más larga y compleja. Ya ha tenido que superar una enmienda a la totalidad presentada por el grupo popular y son cerca de trescientas las enmiendas que tendrán que debatirse en comisión. Resulta complejo, consecuentemente, predecir una cronología de su tramitación y cómo los contenidos finales de la futura norma satisfará las demandas del colectivo de personas trans*, más cuando la fracasada enmienda a la totalidad del Partido Popular aspiraba a suprimir cualquiera de las especificidades que la proposición de ley incluye para ellas.

La protección jurídica plena de las personas trans*

Hace apenas unas semanas, en la última semana de febrero, se registraba en el Congreso la Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género”, denominada por el colectivo como la ley trans* estatal. De igual modo que sucede en alguna de nuestras Comunidades Autónomas, la existencia de una ley de igualdad LGTBI y una ley trans* no son incompatibles, sino que representa un reconocimiento político de la especial vulnerabilidad de las personas transexuales y transgénero y la necesidad de resolverlo. Tras lo expuesto sobre los contenidos de la proposición de ley igualdad LGTBI cabría preguntarse si, fuera del mensaje político, la aprobación de la proposición de ley trans* estatal supondría un valor adicional. La respuesta es sí.

La gestación de la proposición de ley trans* estatal dentro de las organizaciones representativas de personas trans* y sus familias, da lugar a un texto más rico en matices y que contiene medidas que abordan con mayor profundidad e intensidad las situaciones de discriminación existentes. Sin ánimo de ser exhaustivo, y a modo de ejemplo, incluye el reconocimiento de las identidades no binarias (algo que afortunadamente se ha introducido como enmienda en la reforma de la Ley 3/2007), perfila con mayor detalle un servicio de salud para personas trans* no patologizante y basado en la atención en proximidad, e introduce en una disposición adicional una enmienda de distintas leyes a fin de sustituir en sus cláusulas anti discriminación la “orientación sexual” por “orientación sexual e identidad de género”, lo que sería un ejercicio eficaz de visibilización de las transidentidades.

Desgraciadamente, el tiempo juega en contra de la ley trans estatal. Es difícil que el plazo necesario para su entrada en comisión sea menor que con la reforma de la ley 3/2007 o la ley de igualdad LGTBI, lo que situará la propuesta en una situación de difícil viabilidad parlamentaria como norma independiente antes del final de legislatura. Al mismo tiempo, por distintas razones, se ha desaprovechado la oportunidad de incorporar algunos de sus valores añadidos como enmiendas a la ley de igualdad LGTBI. Todo parece señalar que será necesario esperar a un potencial desarrollo reglamentario de la ley LGTBI (si es aprobada) o a una próxima legislatura para dar una protección jurídica plena a las personas trans*. No obstante, aún quedándose en el tintero del legislador, no dejará de ser un ejercicio valioso como plataforma sobre la que construir futuras normas.

Conclusión

Todo señala que la duodécima legislatura puede ser el comienzo del respeto de los derechos ciudadanos para las personas trans*

Todo señala que la duodécima legislatura puede ser el comienzo del respeto de los derechos ciudadanos para las personas trans*. Más allá de la eliminación de las restricciones vigentes para el reconocimiento legal de su identidad, hay lugar para esperar que se produzca un avance general en la igualdad del colectivo LGTBI que impacte especialmente sobre el inicio del fin de la discriminación de las personas trans*.

Sorprendentemente, cuando vivimos una de las legislaturas más agitadas y de difíciles consensos de nuestra democracia, parece llegado el momento que España deje de retroceder puestos entre las naciones más avanzadas en el reconocimiento de la diversidad, en particular, en lo referente al respeto a la identidad de género. No hará nuestro Parlamento más que restablecer en este campo la sintonía con las demandas de la sociedad española, que de acuerdo con las encuestas, figura a la cabeza de los listados internacionales de apoyo a los derechos de las personas trans*.