Ilegalización - Pedro Insua

Es precisa una buena dosis de talento para llegar a entender cómo se puede ofrecer resistencia sin golpear, o cómo se puede golpear, pero con el debido respeto. Aquel que se oponga a un asalto con tan sólo un escudo en el que recibir los golpes y adoptando en todo ello una postura gravemente respetuosa, sin una espada en la mano que le permita abatir la confianza y la fuerza del asaltante, pronto llegará al límite de su resistencia y verá que este tipo de defensa es el peor de los posibles. Es un modo de resistirse tan ridículo como el que nos citaba Juvenal: ubi tu pulsas, ego vapulo tantum [cuantos más golpes me das, más golpes recibo]”.  (John Locke, Segundo tratado del gobierno civil)

Con la crisis del 1-O parece abrirse paso en España, bien que con cierta timidez pero llega, un debate completamente inédito, y creemos muy necesario, acerca de la ilegalización (o no) de los partidos políticos separatistas. Los llamados “consensos” de la transición, en su momento, echaron el cerrojo ideológico en favor de unas “asociaciones políticas” que, a pesar de su naturaleza separatista (explicitada formalmente en sus programas), han gozado no ya solo de tolerancia y protección sino, incluso, de prestigio en cuanto que sirvieron de prueba de “madurez”, y esta fue su coartada, para la al parecer “joven” democracia española.

Las facciones en cuyos programas figura formal y explícitamente un plan de fragmentación de la soberanía nacional española, se han infiltrado en las instituciones y han conseguido filtrar, a su vez, su ideología en el propio ordenamiento jurídico español 

De este modo, atendiendo al dogma, de manga ancha y más demagógico que democrático, de que “en democracia todo es defendible”, e inmunizados por él, los grupos separatistas, es decir, las facciones en cuyos programas figura formal y explícitamente un plan de fragmentación de la soberanía nacional española, se han infiltrado en las instituciones y han conseguido filtrar, a su vez, su ideología en el propio ordenamiento jurídico español (leyes de normalización lingüística, en la toponimia, conciertos económicos, etc). Es más, el propio Estado de las Autonomías es, en buena medida, una concesión que llega al plano constitucional (art. 2, y el Título VIII), en favor del nacionalismo, de tal modo que los separatistas, como los insectos pneumónidos que parasitan con sus larvas a otros insectos, hacen un uso perverso de las instituciones autonómicas buscando en ellas, a la postre, consumar sus fines fraccionarios, a saber, formar todos nacionales a partir de regiones o fragmentos de España.

Porque, en efecto, se da el caso, singular en España, de la existencia de formaciones políticas que, con asiento en las Cortes (Congreso y Senado), ejercen la representación de una soberanía nacional, la española, cuya legitimidad, sin embargo, no reconocen. Es más, ni siquiera reconocen su propia existencia aunque, como el resto de formaciones políticas (artículo 6 de la CE), la representen. Una soberanía, al fin y al cabo, de la que emanan todos los poderes del Estado, entre otros el que pudieran alcanzar dichas formaciones políticas como representativas suyas.

Si bien son reconocidos por el Estado en tanto que partidos políticos, con todo lo que ello implica, desde esos grupos, sin embargo, no se reconoce como soberano al propio Estado

Este fenómeno contradictorio, absurdo, solo es sostenible bajo la ficción jurídica[1] de considerar a esas formaciones, en efecto, como “partidos políticos”, cuando por su naturaleza separatista, como veremos, no lo son ni pueden serlo (serán más bien “grupos de interés” o “de presión”, o incluso “bandas facciosas”, como dice Bueno, pero no partidos políticos).  En definitiva, son grupos políticos que, si bien son reconocidos por el Estado en tanto que partidos políticos, con todo lo que ello implica, desde esos grupos, sin embargo, no se reconoce como soberano al propio Estado, situándose pues al margen del mismo y amenazando con arruinar su propia integridad e independencia. Se comportan así como una “asociación política” con fines ilícitos, los de atentar contra la soberanía nacional, y solo por ficción jurídica, insistimos, se les puede homologar con los partidos políticos genuinos.

Este fenómeno verdaderamente sui generis, anómalo, poco común, extraño, raro por el que una banda facciosa es reconocida como partido político solo es explicable cuando al nombre de España le acompaña esa sombra negrolegendaria, esa especie de “reverso tenebroso” permanentemente acusatorio que hace que incluso grupos políticos que buscan su ruina y destrucción sean no ya solo bien acogidos y financiados desde las instituciones del Estado, sino que sean o puedan ser, insistimos, considerados como representativos del mismo.

Y es que, se supone desde dichas formaciones, una vez disuelta la negra identidad de España en la “plenitud democrática”, también debiera igualmente disolverse su unidad, dejando paso a las “verdaderas naciones” (“Catalunya”, “Euskal Herria”, “Galiza”… ), se supone prehispanas y surgidas in illo tempore, que el “Estado español” mantuvo hasta ahora secularmente oprimidas y tiranizadas, y cuya afirmación nacional (“derecho de autodeterminación”) hace actualmente del todo inviable la unidad de España. Ahora bien, negar el carácter nacional de España, afirmándolo para alguna de sus partes, es amenazar la soberanía de una Nación ya constituida y reconocida (y no al revés, puesto que jamás esas partes se han constituido en todos nacionales), una amenaza que procede, y esto es lo grave, no de facciones más o menos marginales, sino, decíamos, de los propios representantes del “pueblo español” que, constitucionalmente, figura como titular único e indivisible de la soberanía. En definitiva, y por decirlo de una vez, existen diputados en Las Cortes (Congreso y Senado) que cotidianamente, a través de los programas que les han llevado hasta ahí, están atentando permanentemente contra la libertad del pueblo español al pretender su división.

Con todo es este un fenómeno reciente, el del reconocimiento de los partidos políticos como grupos representativos de la soberanía, al ser el proceso de constitucionalización de los partidos políticos un fenómeno igualmente reciente, solo abriéndose paso poco a poco a partir de la II Guerra Mundial (y no antes). Así, por ejemplo, el art. 49 de la Constitución italiana (1947) dice: “Todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en partidos para concurrir, por métodos democráticos, en la determinación de la política nacional”. El art. 21 de la Ley fundamental de Bonn (1949): “Los partidos concurren a la formación de la voluntad política del pueblo. Su creación es libre. Su organización interna debe ser conforme a los principios democráticos. Deben dar cuenta, públicamente, del origen de sus recursos”. O el art. 4 de la Constitución francesa (1958): “Los partidos y las agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio. Se forma y ejercen su actividad libremente. Deben respetar los principios de la soberanía nacional y la democracia[2]. Aquí, en la fórmula francesa, por cierto, aparece expresado explícitamente lo que podría ser una evidencia política pero que, atendiendo a la cuestión que estamos tratando, parece ser que no lo es tanto.

Se consagra con esta constitucionalización de los partidos políticos la idea de considerar a estas formaciones como “príncipes modernos”, al ser representativos cada partido de una parte de la “voluntad nacional”

Sea como fuera, se consagra con esta constitucionalización de los partidos políticos la idea, formulada ya por Gramsci, de considerar a estas formaciones como “príncipes modernos” (con toda la carga crítica que esto conlleva), al ser representativos cada partido de una parte de la “voluntad nacional” (como la voluntad del príncipe representaba la totalidad soberana durante el Antiguo Régimen –“el Estado soy yo”-, cosa ya imposible en el nuevo régimen postrevolucionario). Así, dice Gramsci, tras la revolución “el príncipe moderno, el mito-príncipe, no puede ser una persona real, un individuo concreto; solo puede ser un organismo, un elemento de sociedad complejo en el que ya se haya iniciado la concreción de una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción. Este organismo ha sido creado ya por el desarrollo histórico: es el partido político, la primera célula en la que se reúnen unos gérmenes de voluntad colectiva que tienden a convertirse en universales y totales” (A. Gramsci, La política y el Estado moderno, ed. Península, p. 67).

Esta idea, el partido político como parte de la voluntad general (“príncipe moderno”), y por la que los partidos políticos adquieren un poder extraordinario (viendo Michels en ello una tendencia inevitable a su oligarquización), se consagra en España, apareciendo por primera vez en un texto constitucional, a través del artículo 6 de la Constitución de 1978: “Art. 6º . Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

En España el derecho de asociación política, es decir, de poder formar partidos políticos, prohibido durante el franquismo[3], va a quedar regulado por la Ley de 14 de junio de 1976 y, finalmente, en la Constitución del 78 a través del citado art 6. En la Constitución del 31 no hay mención alguna a los partidos políticos, y menos aún, como mecanismos institucionales de la representación de la soberanía nacional (el art 39 de la Constitución de la República española se refiere, sin más, a la libertad de asociación y sindicación para distintos fines pero, eso sí, siempre “conforme a las leyes del Estado”).

Pues bien, en esa ley del 14 de junio del 76, por la que se aprueban, frente al franquismo, las asociaciones políticas, se dice, respecto a la licitud de sus fines, que deben contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional, así como a la formación de la voluntad política de los ciudadanos y, por último, a promover su participación, la de los ciudadanos, en las instituciones de carácter político.

La ley preveía la posibilidad de la suspensión de las asociaciones políticas si estas desarrollaban actividades que persiguieran fines ilícitos. Así, tras su reforma, el Código penal contemplaba la tipificación de asociaciones ilícitas, en el artículo 172, incluyendo en ellas aquellas que tuvieran por objeto el ataque por cualquier medio a la soberanía, a la unidad e independencia de la patria, a la integridad de su territorio o a la seguridad nacional. En las sucesivas reformas del Código Penal (Ley orgánica 4/1980, y Ley orgánica 8/1983) se retiran estos supuestos y, en el nuevo art. 173, ya no se contemplan el ataque a la soberanía, a la independencia, a la unidad ni a la integridad territorial como fines ilícitos que motiven la suspensión de una asociación política. En el Código penal actual, el de 1995 (código Belloch), estos supuestos quedan ya definitivamente descartados (art. 515 que no sufre ninguna variación respecto al código anterior).

En definitiva, el respeto a la soberanía, a la unidad, a la independencia, a la integridad y a la seguridad de la nación, que se contemplaba todavía en la ley 21/1976, fue retirado como condición para la conformación de “asociaciones políticas” dando así vía libre, a través de estas reformas, a la consideración de los grupos separatistas como “partidos políticos”, sin poder disolverlos, como sería lo suyo, en tanto que “asociaciones ilícitas” (puesto que siguen persiguiendo fines que atentan contra la soberanía nacional, su unidad, etc)..

Ahí metidos, con ese calzador de su despenalización como asociaciones ilícitas, lo que hacen, igual que las larvas pneumónidas, según decíamos, es erosionar las instituciones del Estado, pervirtiéndolas

Y es que la cuestión está en que es, precisamente, la naturaleza política de estos grupos, que buscan representar a la soberanía nacional para fracturarla, lo que los hace completamente inviables desde el punto de vista de su incorporación en el Estado, salvo por la ficción jurídica de poner entre paréntesis esos fines separatistas, y considerarlos así como partidos políticos convencionales (a base, claro, de meter el Estado la cabeza en el suelo en plan avestruz). Ahí metidos, con ese calzador de su despenalización como asociaciones ilícitas, lo que hacen, igual que las larvas pneumónidas, según decíamos, es erosionar las instituciones del Estado, pervirtiéndolas y convirtiendo, por ejemplo, un parlamento regional (“Parlament”) en una “asamblea nacional”, representativa de una soberanía que, sin embargo es inexistente, o convirtiendo, de nuevo por perversión separatista, a un “gobierno” regional (“Govern”) en un poder ejecutivo “nacional”. Es decir, por su naturaleza política, la ideología separatista proyecta en las instituciones regionales unos atributos, asociados a las mismas (parlamento, gobierno, policía, defensor del pueblo, etc), que les dota de un aura nacional, facilitado por la ideología autonomista de la propia Constitución del 78, cuando nunca pueden ser representativas de ninguna soberanía nacional (por lo menos mientras sean, justamente eso, regionales).

Claro, si estas asociaciones no tuvieran dichos fines de naturaleza política, pues no hablaríamos de la necesidad de su ilegalización, pero el hecho de que, constitutivamente, sean grupos cuyos fines busquen la disolución del Estado y, por tanto, de la Constitución, siempre van a ser lobos (bandas facciosas) disfrazados con piel de cordero (partido político). Son grupos, por definición, anticonstitucionales, y ello no se puede eludir por mucho que se abra la manga ancha de la divisa, por lo demás completamente utópica, “en democracia todo es defendible”.

¿Es que la amenaza de asesinato no es ningún delito si este, el asesinato, finalmente no se consuma?

Quien defiende la licitud de estas formaciones suele argumentar que no se debe promover su disolución, sino que se les debe dejar actuar “mientras no atenten contra la Constitución”: no hay que castigar la “idea” separatista, pero sí su “acción”, suelen decir. Ahora bien, pero ¿es que acaso un programa, el que gira en torno a estos grupos, con un plan de acción, beligerante, orientado formalmente a la descomposición del Estado, de la integridad territorial, y por tanto de la soberanía nacional española, no es ya en sí mismo una amenaza?, ¿y una amenaza no es ya una “acción”?; ¿es que la amenaza de asesinato no es ningún delito si este, el asesinato, finalmente no se consuma?

Pues bien, el separatismo lleva años infiltrado en las instituciones realizando esa labor de zapa, de erosión institucional, utilizando el Estado autonómico como mecanismo para buscar la ruina de la unidad y de la soberanía del propio Estado. El gobierno español podrá actuar como Hércules frente a Gerión, y con el mecanismo constitucional del art. 155, hacerse cargo de la administración autonómica si quien ocupa esos cargos falta a la ley, pero con ello no desaparece esa labor de zapa de dichos grupos infiltrados en las instituciones autonómicas. Y es que el Estado autonómico es el suelo en el que vuelve a rehacerse el Gerión separatista contra el que el Hércules constitucional tiene que luchar una y otra vez.

Pues bien, solo con la espada de la disolución de estos grupos facciosos, y no con el escudo del 155, se les puede finalmente derrotar en favor del bien común y del interés nacional, y es que un partido político es, decía Burke, “un cuerpo de hombres unidos para promover por medio de un esfuerzo conjunto el interés de la nación, basándose en algún principio particular sobre el que están de acuerdo”. Michels, Gramsci, Duverger mantendrán esta perspectiva del partido político como asociación política lícita, precisamente, por esta orientación, desde una parte, en favor del interés común. Cuando, sin embargo, lo que se busca desde esa parte atenta, por definición, contra el interés común, al procurar la fragmentación y disolución de la nación, entonces no se les puede llamar partidos políticos sino más bien grupos de presión sediciosos de naturaleza separatista. En este punto, la disyuntiva es una disyuntiva fuerte, que dicen los lógicos: el Estado o la sedición (tercero excluido), siendo absurdo que el propio Estado escoja la sedición, y es que, en efecto, ni siquiera la democracia está por encima de la lógica (Caesar non super grammaticos).

[1] Ver Gustavo Bueno, El mito de la Derecha, pp. 277-284, ed Temas de Hoy, 2008.

[2] Ver Jiménez de Parga, Los regímenes políticos contemporáneos, p. 96, ed Tecnos, 1974.

[3] “Principio VIII: La participación política del pueblo en las áreas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato, y demás entidades con representación que a este fin reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier índole, al margen de este sistema representativo, será considerada ilegal” (Ley de los Principios del Movimiento Nacional, 1958)