El laberinto español - Andrés Herzog

El caos se ha apoderado de la política catalana y, por extensión, de la española, centrada a tiempo completo en las vicisitudes y ocurrencias de los independentistas, que una vez más llevan la iniciativa, frente a un gobierno desnortado que va improvisando sobre la marcha, perdido en una maraña de recursos, impugnaciones e informes jurídicos, anta la mirada atónita de la ciudadanía que se pregunta cómo hemos llegado a esta lamentable situación.

No sólo nada hicieron para evitarlo, sino que, a través de sus terminales económicas y mediáticas, silenciaron y/o criticaron a los pocos que se atrevían a denunciar lo sucedido

La respuesta es sencilla: como siempre, hemos llegado a esta situación por la cortedad, desidia e ineptitud de nuestros políticos. Pero no de los nacionalistas (que han ido trabajando como hormiguitas, a la vista de todos, en su demencial proyecto) sino de los partidos nacionales, mal llamados constitucionalistas, pues nunca han movido un dedo para defender la Constitución, en la que dudo mucho que crean. Unos partidos que, durante décadas, dejaron que los nacionalistas se pasaran por el forro las leyes y las sentencias judiciales y que, por cobardía o, peor aún, interés (hoy por ti, mañana por mí), permitieron que se robara impunemente, que adoctrinaran a generaciones enteras de niños, que se persiguiera y marginara a los ciudadanos no nacionalistas y se pisotearan los símbolos de nuestro país. No sólo nada hicieron para evitarlo, sino que, a través de sus terminales económicas y mediáticas, silenciaron y/o criticaron a los pocos que se atrevían a denunciar lo sucedido, mientras daban un trato exquisito a los nacionalistas. Baste una imagen para entenderlo: el ilustre Durán y Lleida, al que hicieron presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados durante ¡12 años! (tres legislaturas), permitiendo que difundiera el credo nacionalista por medio mundo a costa de las arcas públicas, con su pasaporte diplomático…español.

El Gobierno se esconde detrás del Constitucional

Siguen sin querer entender la naturaleza del problema ni afrontar su gravedad, atenazados por su habitual complejo e inoperancia. Prueba de ello es la timorata aplicación del 155

No sólo los partidos constitucionalistas (categoría que no incluye a Podemos, que comparte con los nacionalistas el objetivo de destruir España) han hecho la más mínima autocrítica por su responsabilidad en la potencial desmembración de España, sino que siguen sin querer entender la naturaleza del problema ni afrontar su gravedad, atenazados por su habitual complejo e inoperancia. Prueba de ello es la timorata aplicación del 155, durante la cual ni siquiera se han molestado en desmontar TV3 o las estructuras de Estado paralelas creadas por el nacionalismo, como paso previo a su golpe de estado. Desde el principio el Gobierno optó por ocultarse tras los más variados órganos, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado o los letrados de Parlament, abandonados a su suerte. Todo con el único objetivo de no asumir sus propias responsabilidades, buscando a la desesperada el apoyo de una oposición todavía más interesada y cobarde que el propio Gobierno. Y es que, a la ya habitual política cortoplacista y partidista de los dos viejos partidos, se ha unido ahora Ciudadanos, que tan pronto puede decir una cosa como la contraria, dependiendo de la tendencia de las encuestas del día, y que forzó al gobierno a unas precipitadas elecciones catalanas por puro rédito electoral.

Mientras escribo esto acaba de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional respecto del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado frente a la convocatoria del pleno de investidura, que confirma el acierto del Gobierno en plantear el recurso (sin el apoyo de sus erráticos y pusilánimes aliados, PSOE y C’s), pero que ha obligado al máximo intérprete de la Constitución a dejarse nuevos pelos en la gatera mediante una resolución que hace encaje de bolillos para acordar unas inéditas medidas cautelares que nadie ha pedido (no se solicitaban por la Abogacía del Estado, que confiaba en que la admisión a trámite conllevaría la suspensión automática) y además condicionadas a determinadas circunstancias (que la investidura sea telemática o incluso presencial si no cuenta con autorización judicial). Lo nunca visto.

Si la democracia se salva será porque reaccionamos los españoles

Mientras todo esto ocurre los partidos intentan convencernos de que hicieron lo que pudieron y que si esto ocurre no es por culpa suya. Obviamente no es cierto. Es más, se encargaron de destruir a los que intentamos hacer algo al respecto.

Para entender lo que digo baste un simple ejemplo, aunque revelador, en mi opinión. En el año 2005 el genial Zapatero decidió impulsar una reforma del Código Penal para eliminar del mismo el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum, que había sido previamente introducido en nuestro ordenamiento por el anterior gobierno popular en el año 2003 (tras el plan Ibarretxe). La justificación que en su día se dio a la citada reforma, que se explicita en la propia Exposición de Motivos de la Ley, es para enmarcar, pues se afirma que tales delitos “se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión”.

No hace falta decir que tal decisión no pudo ser más desacertada, pues con ello se privó al Estado de un instrumento esencial para la represión de unas conductas que, lejos de carecer de “suficiente entidad”, suponen un auténtico desafío para el orden constitucional, por afectar, subvirtiéndola, a la propia democracia, que con tanto esfuerzo hemos construido los españoles.

En el año 2012 el grupo parlamentario de UPyD, planteó mediante una iniciativa, reiterada posteriormente en las distintas reformas del Código Penal tramitadas esa legislatura, la recuperación de dicho delito

Pues bien, en el año 2012 el grupo parlamentario de UPyD, planteó mediante una iniciativa, reiterada posteriormente en las distintas reformas del Código Penal tramitadas esa legislatura, la recuperación de dicho delito. Tal propuesta contó, sorprendentemente, con el voto en contra del propio PP (partido que inicialmente lo había incorporado a nuestro ordenamiento), tras el cual fueron todos los demás partidos, dejando en solitario al partido proponente de la reforma, cuya iniciativa no solo fracasó, sino que acumuló reproches de periodistas y medios de comunicación. De nada sirvió explicar a la opinión pública que, en nuestros días, los principales ataques a nuestro orden constitucional es difícil que provengan de un alzamiento armado o de un derrocamiento por la fuerza del Gobierno legítimo, sino que adoptan otras formas más sibilinas pero igualmente peligrosas, como son las “consultas populares” al margen de la legalidad, en las que bajo grandilocuentes palabras como el “derecho a decidir”, lo que se pretende es arrogarse la supuesta voluntad “del pueblo», como paso previo a liquidar el Estado de Derecho, garantía de nuestros derechos fundamentales.

Solo con esto los responsables del 9N hubieran sido inmediatamente procesados

Solo con esto los responsables del 9N hubieran sido inmediatamente procesados y no habríamos tenido que presenciar el bochornoso espectáculo de un segundo referéndum ilegal, ni estaríamos viendo hoy a un prófugo de la justicia presentarse a unas nuevas elecciones, a las puertas de ser admitido como candidato a presidir nuevamente el gobierno catalán.

A pesar de todo la democracia española ganará esta batalla (igual que ganamos la del terrorismo de ETA) y saldrá incluso reforzada del desafío, pero para ello es imprescindible que seamos los ciudadanos lo que obliguemos a los partidos a comportarse y a demostrar, por una vez, que la cordura, la justicia y los intereses generales pueden y deben prevalecer sobre la lucha partidista y sus intereses y negocios particulares.