El derecho a suprimir derechos - Fernando Iwasaki

DURANTE VARIAS SEMANAS, la oposición venezolana se ha enfrentado al régimen de Nicolás Maduro por las calles de diversas ciudades del país, con un saldo de 29 muertos hasta hoy, último día de abril. Parafraseando a T. S. Eliot, abril ha sido «el mes más cruel» para los venezolanos.

Mientras tanto, en España hemos sido testigos de un episodio que merecería algo más de atención. A saber, la prohibición de la ejecutiva de Podemos a que Iñigo Errejón continúe participando en la tertulia política del programa «Hora 25» de la Cadena SER, y la presión que ese mismo partido ha ejercido contra la Cadena SER para imponer a su portavoz en el Congreso de los Diputados -Irene Montero- como tertuliana en el mismo programa, como si el lugar que ocupaba Errejón en el programa le perteneciera a Podemos y en ningún caso a la Cadena SER, empresa privada que tiene todo el derecho a elegir a sus colaboradores. ¿O no?

Podemos considera que el derecho de los ciudadanos a recibir una información objetiva es superior al derecho de la cadena SER a elegir a sus colaboradores

Al parecer, para la dirección de Podemos sí existe un «conflicto de derechos», pues Podemos considera que el derecho de los ciudadanos a recibir una información objetiva es superior al derecho de la cadena SER a elegir a sus colaboradores. Ergo, si su portavoz no es admitida como miembro de la tertulia del programa «Hora 25», se estaría violando el presunto derecho de los ciudadanos a recibir una información objetiva. Sin duda estamos ante un hecho que merece una reflexión más seria que los cientos de memes y chascarrillos que circulan por las redes sociales.

Podemos sabe que dentro de nuestro marco legal no es posible obligar a ninguna empresa privada de comunicación a aceptar cuotas de colaboradores decididas por las ejecutivas de los distintos partidos políticos; pero al difundir sus exigencias a través de todos los altavoces que tiene a su disposición, Podemos nos está indicando cómo sería el marco legal que le gustaría imponer en caso de llegar al poder. No es que Podemos tenga dos varas de medir. Más bien, tiene una sola y nos muestra cómo la aplicaría, porque esa vara no es compatible con nuestro marco legal, ni con la libertad de prensa que defendemos, ni con la democracia representativa que hemos construido, entre otras muchas cosas que serían abolidas si Podemos llegara al poder. Nunca nos han engañado, porque de verdad están persuadidos de que las cosas deberían ser así, porque así son las cosas en Venezuela y por eso resulta imprescindible desplegar una mirada estrábica que abarque tanto lo que sucede allá como lo que ocurre aquí.

Elección tras elección, millones de venezolanos fueron poco a poco renunciando a sus derechos

En Venezuela cualquier arbitrariedad es posible porque su democrático marco legal hace años que fue derogado y sustituido por otra legalidad que nada tiene que ver con la que compartimos los países de la Unión Europea y la mayoría de países que forman parte de esa Organización de Estados Americanos (OEA) que Nicolás Maduro amenaza con abandonar. ¿Cuántas elecciones ha ganado el chavismo en Venezuela? Las suficientes como para poner en práctica lo que Ernesto Laclau propuso en Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia (Madrid, 2001): “La tarea de la izquierda no puede consistir en renegar de la ideología liberal y democrática sino, al contrario, consiste en profundizar en ella y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural” (p. 222). Así, elección tras elección, millones de venezolanos fueron poco a poco renunciando a sus derechos hasta concederle al Estado Chavista el derecho a suprimir sus derechos, de modo que siempre fue suficiente una mayoría simple para legitimar la depuración y/o eliminación de los objetores, los disidentes y los opositores.

En otros lugares del planeta los derechos universales e individuales no pueden ser atropellados, pero en Venezuela se atropellan porque los gobierna un régimen que no ha tenido que perpetrar un golpe de estado para imponer una legalidad totalitaria. Podríamos estar en contra o a favor, pero la tozuda realidad es como la acabo de describir y por eso el gobierno bolivariano y sus aliados europeos justificaron inicialmente el cierre de la Asamblea Nacional de Venezuela: porque el Tribunal Supremo controlado por Maduro es una instancia superior y está por encima de la Asamblea Nacional. Es decir, tiene derecho a suprimir derechos.

Mélenchon o Podemos no desean implantar regímenes bolivarianos en Europa, sino arrogarse una legitimidad -crear otra nueva, en realidad- que les permita ejercer el derecho de eliminar derechos

Volvamos a Europa. ¿Qué significan la irrupción de Jean-Luc Mélenchon en Francia y el liderazgo de Podemos en la izquierda española? Desde un punto de vista doctrinario el avance de fuerzas que proclaman que la concepción «positiva» de la libertad no es totalitaria sino «democrática», tal como propugnó Laclau en Hegemonía y estrategia socialista (p. 217). Por eso los populismos radicales europeos promueven decisiones asamblearias o plebiscitarias, porque necesitan justificar su representación -«empoderamiento», es el término que prefieren- para poder imponer su concepto «positivo» de la libertad. ¿Y en qué consiste la libertad «positiva»? Como precisó Isaiah Berlin en Cuatro ensayos sobre la libertad (Madrid, 1998), la libertad «positiva» se basa en la razón y sólo serían libres los hombres que vivan de acuerdo a los principios universales dilucidados, aunque en nombre de la autoridad que emana de sus hallazgos racionales también se considerarían legitimados a obligar a otros hombres a ser libres a su manera. Como se puede apreciar, esta es la vara de medir a la que antes hicimos referencia y que gota a gota gana terreno en el imaginario político de numerosos europeos dispuestos a consagrar el derecho a suprimir los derechos. Mélenchon o Podemos no desean implantar regímenes bolivarianos en Europa, sino arrogarse una legitimidad -crear otra nueva, en realidad- que les permita ejercer el derecho de eliminar derechos. Por eso le niegan a la Cadena SER el derecho de elegir a sus colaboradores, porque su vara de medir no admite esa prerrogativa.

Desde la década del 90 una parte de la izquierda latinoamericana se radicalizó como consecuencia de las irrupciones del Movimiento Zapatista en Chiapas y la figura de Hugo Chávez en Venezuela, impregnando sus consignas revolucionarias a un sector de la izquierda europea renuente a respaldar a los partidos socialdemócratas tradicionales. Venezuela y otros gobiernos bolivarianos reclutaron asesores y consultores de aquella izquierda que no hallaba su lugar en Europa, y por eso es posible advertir correspondencias, similitudes y concomitancias entre el chavismo venezolano y los discursos de los nuevos líderes de la izquierda radical europea. Nadie ha llegado tan lejos como Jean-Luc Mélenchon -quien prometió afiliar a Francia en la Alternativa Bolivariana para América (ALBA)-, pero en España Podemos considera que los asesinos etarras son «presos políticos» y que el opositor venezolano Leopoldo López es un «delincuente común». ¿Son dos varas de medir? No, porque en Venezuela los adversarios del régimen, los críticos del chavismo y los opositores de Maduro sencillamente carecen de derechos. Ni siquiera son sujetos de derecho porque en Venezuela disentir es delito.

Recrearse en la escasez de papel higiénico es banalizar la dimensión de la tragedia de un país donde la población padece la desaparición progresiva de medicinas y alimentos básicos

Ahora mismo, mientras varios gobiernos de América Latina exhortan al gobierno venezolano a aceptar ayuda humanitaria, Nicolás Maduro reparte fusiles de asalto entre la población civil afín al régimen chavista. Tengo amigos venezolanos jubilados o con enfermedades crónicas que no encuentran insulina, que no reciben diálisis o que no pueden adquirir antialérgicos o inhaladores contra el asma porque ya nada de eso existe ni en los hospitales ni en las farmacias. Recrearse en la escasez de papel higiénico es banalizar la dimensión de la tragedia de un país donde la población padece la desaparición progresiva de medicinas y alimentos básicos. 29 personas han muerto durante las manifestaciones contra Maduro, pero ignoramos el número exacto de fallecidos por la ausencia de incubadoras, insulinas, inhaladores, diálisis, diuréticos, vasodilatadores, anticoagulantes o insumos para las quimioterapias. Y es que el derecho a recibir una atención sanitaria digna también ha sido suprimido en Venezuela.

Lo que ocurre en Venezuela nos concierne, no sólo porque se trata de un país hermano, sino porque sus miserias son consecuencia de la gradual imposición de un marco institucional que fue diseñado por los mismos asesores que desean replicarlo en España y que ya lo están construyendo de forma minuciosa, paulatina y espectacular, a través de asambleas populares, plenos municipales, alianzas partidarias, redes sociales y medios de comunicación, con el cometido de legitimar una concepción «positiva» de la libertad que les permita llegar al poder y entronizar un nuevo orden legal que les arrogue el derecho de suprimir los derechos del discrepante, del disidente y del opositor, tal como por desgracia sucede en Venezuela.