Soberanismo Nacionalista - Raúl Mena

Para comprender el surgimiento del Estado moderno se hace necesario acudir a la pugna mantenida entre las diversas monarquías europeas y la Iglesia Católica —o mejor: el Papado de Roma— por el poder y la autoridad política. Una de las más destacadas escenificaciones que tuvo esta porfía entre el poder eclesiástico y el cada vez mayor poder soberano del monarca fueron las regalías; prerrogativas de diverso calado que los monarcas ostentaban, y que como regla general solían abarcar el ius cudendae moneta o derecho a acuñar y fijar la moneda del reino, la administración de la justicia civil y el control sobre diversos tributos y diezmos. Tal como estipulaba el título primero del primer libro del Fuero Viejo de Castilla, en el apartado De las cosas que pertenescen al señorio del Rey de Castiella: «Estas cuatro cosas son naturales al señorio del Rey, que non las deve dar a ningund ome, nin las partir de si, ca pertenecen a el por razon del señorio natural: Justicia, Moneda, fonsadera, è suos yantares».

El proceder e intencionalidad del regalismo en tanto que pensamiento y práctica política parecen evidentes: arrogarse cada vez más prerrogativas

Así, estas regalías, «naturales al señorio (sic) del Rey», aparecen como piedra angular, fundacional, del poder soberano del monarca. Estas, además de acotar la dispersión normativa característica del alto medievo, servirán a los monarcas para reafirmarse frente al otro poder hegemónico del momento, el de la ekklēsía cristiana. Es dentro de estas coordenadas históricas que se encuadra el quehacer regalista del soberanismo monárquico. El proceder e intencionalidad del regalismo en tanto que pensamiento y práctica política parecen evidentes: arrogarse cada vez más prerrogativas, cercenando las eclesiásticas o potenciando las propias allá donde fuere posible, para así conseguir la independencia total del poder soberano del monarca, es decir, para llegar, en última instancia, al absolutismo político característico de los siglos XVII y XVIII.

Siguiendo un método análogo al que seguiría el soberanismo monárquico, el soberanismo contemporáneo que aflige a nuestro Estado —especialmente el catalán, pero también aquellos hibernantes— pretende, por un lado, enajenarse de toda sujeción exógena, ya sea esta de carácter educativo, fiscal o judicial, y, por otro lado, consecuencia inmediata de la anterior, incorporar aquello que antes lo encorsetaba a su razón soberana. En su seno coexisten, pues, dos voluntades: una totalizadora y otra integradora. De tal modo, abundando en el argumento, todas aquellas competencias y prerrogativas que el soberanismo nacionalista aprehende de la esfera del poder y de la autoridad política  —hecho que en nuestro caso se explica en gran medida por dejación de funciones de los sucesivos Gobiernos de España— quedan puestas al servicio de su ethos, esto es, de su principio primero y último, que no es otro que reafirmarse frente al poder soberano que antagoniza. Busca, en definitiva, una independencia que se fundamente únicamente en su propia soberanía. No podría ser de otra forma: en su naturaleza descansa el mismo principio regalista que engendró el Estado moderno; si bien el contemporáneo, el nacionalista, tiene la paradójica misión de abolirlo.

Una vez expuesta la naturaleza política del soberanismo, fiel reflejo del regalismo decimonónico, cabría preguntarse por su operatividad. En este sentido, la labor de minado del Estado de derecho y de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos españoles a través de la constante sustracción de prerrogativas se manifiesta de maneras muy variopintas, aunque siempre concordantes con el ulterior objetivo soberanista. De entre las más destacables están las que en lo general se refieren a la lengua, a la economía y a la propia soberanía, y que en lo particular se materializan en la educación, la fiscalidad y la ciudadanía.

En lo que se presenta como mera disposición positiva a favor de una lengua históricamente oprimida, es donde se establece la primera barrera psicológica y social entre dos grupos en función de su identidad lingüística

Así pues, por tratar sucintamente la que considero más relevante de todas, la que se refiere a la dupla lengua-educación, nos encontramos ante una situación esperpéntica, pues dentro del ámbito educativo el soberanismo nacionalista busca la preeminencia de la «lengua nacional» de la sedicente comunidad soberana sobre la lengua materna de la mayoría de la población  —el español o castellano, para el caso que nos atañe—, que se presenta como «lengua foránea». Un buen catalán hablará la lengua catalana; un buen vasco, el vascuence. Es aquí, en lo que se presenta como mera disposición positiva a favor de una lengua históricamente oprimida, donde se establece la primera barrera psicológica y social entre dos grupos en función de su identidad lingüística. En vez de llevar a cabo una política educativa racional, basada en el bilingüismo y en el igual derecho de los ciudadanos a recibir la educación en su lengua materna, se deja la cuestión al albur de los soberanistas. Hecho que estos, lógicamente, han aprovechado, aprovechan y aprovecharán para sus fines rupturistas.

De esta primera barrera identitaria —acaso la última que tiene a mano el nacionalismo contemporáneo, ya que no le ha quedado otra opción que abandonar la étnica y la religiosa— brotan el resto de reclamaciones políticas del soberanismo nacionalista. Es en este punto donde se vislumbra con claridad la naturaleza excluyente y totalizante del fenómeno, pues su existencia depende de crear un antagonismo constante con el Estado democrático a través una mitomanía soberanista. La educación queda, incluida la audiovisual, como medio necesario para alcanzar un fin; como herramienta política al servicio de la ideología. Así, una vez la impronta soberanista inunda el discurso público, todo es posible; de pronto, creer que mensajes xenófobos son admisibles —el otrora conocidísimo Espanya ens roba—, que narrativas políticas imposibles son razonables —Cataluña abandonaría España sin repercusión alguna para su estatus en la Unión Europea— o que análisis económicos disparatados son científicos —por ejemplo: que no tendría efecto alguno la salida hostil e ilegal de España, su mayor mercado— pasa por algo absolutamente natural. Al fin y al cabo, todo ello conforma la normalidad del día a día.

Si el regalismo monárquico devenía en absolutismo, el nacionalista deviene indefectiblemente en ruptura del orden jurídico

La consecuencia última de todo lo planteado, por lo demás, es clara. En efecto: si el regalismo monárquico devenía en absolutismo, el nacionalista deviene indefectiblemente en ruptura del orden jurídico, que no es sino el basamento que sostiene el Estado democrático que es España. Y es que aunque los gerifaltes del soberanismo nacionalista hayan sustituido el halo de la ley divina por la igualmente fulgurante voluntat d’un poble, estos siguen reflejando en sus gestos, sus actos y sus palabras los ademanes de aquellos que creen ser la encarnación política de un destino manifiesto.

Creer, como parece creer el dirigente socialista, que la nación cultural no lleva implícita en su matriz la noción de nación política y, por ende, la idea de soberanía, es un dislate mayúsculo

Con todo, no hay que achacar la problemática actual solo a los soberanistas. Estos comprenden qué significa ser soberanista. Su raison d’être es perfectamente clara, y se atisba a cada paso de su irracional singladura. En cualquier caso, son aquellos que no entienden las raíces y las implicaciones del principio soberanista los más peligrosos para el mantenimiento de nuestra Constitución democrática. Su inocencia política —por no decir ignorancia o mala voluntad— los aherroja al discurso soberanista. En este sentido, Pedro Sánchez, con una mezcolanza de ingenuidad y nefasta estrategia política, se ha erigido ante la opinión pública como el principal valedor de la concepción de España como «nación de naciones». Pretendiendo liberarse de las arenas movedizas del debate político con un golpe de efecto, la socialdemocracia española ha terminado por hundirse sin remedio en el lodazal soberanista. Creer, como parece creer el dirigente socialista, que la nación cultural no lleva implícita en su matriz la noción de nación política y, por ende, la idea de soberanía, es un dislate mayúsculo. Error que, por desgracia —recordemos que estamos hablando del dirigente de la segunda fuerza política del país; ¡la segunda!— puede llevar a la democracia española a la disolución política.

Bastaría con la venida de un Presidente del Gobierno resoluto, dispuesto a defender a los millones de ciudadanos españoles que se hallan secuestrados por un soberanismo que les quiere arrebatar su ciudadanía

Tengámoslo, pues, bien claro: una vez aceptadas las premisas del soberanismo, no hay escapatoria de sus consecuencias. Este es un principio axiomático e ineludible para todo aquel que se pretenda constitucionalista. Solo a través del conocimiento y asunción de este se podrá establecer una política lógica y consecuente, capaz de huir de la trampa discursiva del nacionalismo. Entretanto, mientras la deferencia y la suficiencia para con el problema soberanista dominen el panorama político español, parece que solo queda abandonarse al milagro de la salvación o a una Segunda Venida, si bien sabemos que a la Iglesia no le fue muy bien tal encomienda. En lo que a muchos respecta, nos bastaría con la venida de un Presidente del Gobierno resoluto, dispuesto a defender a los millones de ciudadanos españoles que se hallan secuestrados por un soberanismo que les quiere arrebatar su ciudadanía y sus derechos a través de procedimientos espurios e ilegales. España, con toda su significación, se debe a ellos.