En la entrevista en el programa “Salvados” de la Sexta a Felipe González, del pasado domingo 8 de abril, el presentador le preguntaba al expresidente si el problema era que España carecía de un proyecto suficientemente ilusionante como para poder integrar a los separatistas en él y curar así su grave desafección, aunque paradójicamente admitía que a estos (los separatistas) en realidad ya les importaba poco lo que pudiera hacer o dejar de hacer el Estado: “pues ya han desconectado”. Felipe González cayó en la trampa verbal y asintió, echando por supuesto la culpa de esta carencia no a su época sino a la de Rajoy. Probablemente al expresidente le faltó la suficiente agilidad mental para devolver la pregunta a su interlocutor y haberle planteado que la Constitución de 1978 (donde entre otras cosas se renunció al centralismo) ya era ese proyecto, para acto seguido inquirir: ¿por qué nadie se pregunta cuál es el proyecto ilusionante que tienen los separatistas para los catalanes que se sienten (también) españoles y que no quieren romper con España? Que se lo digan a las miles de personas que han tenido que abandonar Cataluña desde que gobiernan los nacionalistas. Muchas por cierto vienen al “odiado” Madrid para poder sentirse seguros y libres.
Un intento de golpe no sólo se califica por el tamaño de los medios sino por su forma de proceder (ilegales) y su objetivo (derrocar o cambiar el régimen político)
Perdió también una magnífica ocasión para resaltar algunas de las muchas contradicciones del pensamiento (“victimista”) separatista, tanto de sus líderes y promotores desde la antigua Marca Hispánica, como, lo que resulta mucho más lamentable, por parte de todos sus cómplices necesarios, activos y pasivos, que operan desde la capital del reino, que por mucho que a algunos moleste, desde Felipe II, sigue siendo Madrid. De nuevo cayó el expresidente en la trampa ideológica de su interlocutor cuando acabó negando que el procés pudiera equiparse a un golpe de Estado, asumiendo que sacar urnas a la calle no es lo mismo que sacar los tanques. Ciertamente no lo es, pero los separatistas no se han limitado “meramente” a poner urnas, como quien regala caramelos. Un intento de golpe no sólo se califica por el tamaño de los medios sino por su forma de proceder (ilegales) y su objetivo (derrocar o cambiar el régimen político). Tampoco el que no hayan llegado a consumarlo del todo quita entidad al golpe. Así cuando los participantes en la “operación Galaxia” fueron detenidos y juzgados, no habían utilizado “todavía” ninguna arma ni pistola, sino tan solo habían “dialogado” sobre mesa y mantel sobre la posibilidad de cambiar al gobierno. Lo que demuestra una vez más que el diálogo no es “per se” un instrumento siempre bondadoso. Incluso en el 23-F que tampoco logró sus fines, no hubo un solo herido, lo que no quita que existiera violencia siquiera en forma de clara coacción.
Tal vez haya que asumir que nos hemos equivocado a la hora de considerar lo que viene pasando en Cataluña durante los últimos años como un mero problema de “procedimientos”
¿Cómo es posible que sobrevivan tantos equívocos y complejos con el proceso separatista catalán? Tal vez haya que asumir que nos hemos equivocado a la hora de considerar lo que viene pasando en Cataluña durante los últimos años como un mero problema de “procedimientos”: que si el problema es que han dedicado fondos públicos para el proceso separatista (¿si solo se hubieran empleado fondos privados?); que si el problema es que no se ha cumplido la Constitución, la ley, el Estatuto, y el reglamento de la Asamblea…; que si han destruido algunos coches policiales y atacado a miembros de la guardia civil… Todo esto es importante sin duda, y tal vez convendría recordar aquí que Cataluña no es la primera región europea (e.g. Bavaria, Córcega) o norteamericana (Texas, California) que proponen la independencia, incluso celebrando un referéndum a tal fin. No hay que ir muy lejos, recientemente, en enero de 2017 el Tribunal Constitucional alemán señalaba que “la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el «orden constitucional”. La diferencia es que allí cuando el Tribunal Constitucional o el Supremo denegaron dicha posibilidad, sus promotores cumplieron las sentencias y decayeron en su intento. Aquí no, lo que no es una diferencia baladí.
Entonces ¿por qué unos jueces alemanes fallan contra España y apoyan a un líder huido independentista? Tal vez porque los jueces alemanes han caído en la misma trampa verbal o ideológica que incurre incluso gran parte de nuestra izquierda: que estamos ante un conflicto entre el Estado (potencialmente presentado como autoritario) y unos pacíficos y bondadosos ciudadanos que (los pobres) sólo pretenden votar. Probablemente no saben o nadie se lo ha contado que algunos de esos pacíficos votantes han amenazado de muerte por twitter al líder del PP catalán, que días después del referéndum ilegal del 1 de octubre aparecieron pintadas con amenazas de muerte incluidas a la candidata de Ciudadanos y su líder nacional. Que Boadella (director de teatro), el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena (anteriormente juez en Cataluña), su mujer (directora de la Escuela Judicial de Barcelona), y Tomás Guasch (periodista deportivo) han recibido igualmente pintadas y amenazas en sus propias casas en Cataluña. Que incluso el “simpático” y “amable” Partido socialista de Cataluña ha sufrido pintadas en sus sedes “nada amables” como “¡fuera de Cataluña!”, “¡puta España!”, “españoles maricones” u “opresores y asesinos”.
Todo esto nos lleva a pensar que nos hemos equivocado en la estrategia a seguir, porque lo más importante aquí no son sólo el delito de rebelión y el de malversación de fondos, sino también otros sobre los que conviene asimismo hacer hincapié, pues sólo de esta manera será posible comprender en Europa lo que “realmente” está ocurriendo en Cataluña, desde que Pujol tomó el poder y expulsó al ostracismo a un lúcido Tarradellas.
Veamos. Lo primero que nos encontrados es un claro y cotidiano “delito de amenazas”, para lo que basta citar las pintadas antes citadas, con el agravante que está dirigido a “atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo (…)” (Artículo 170.1 del Código Penal, CP). A ello se le une un “delito de coacciones” dirigido a impedir “a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto” también aquí con la agravante de que tiene por objeto “impedir el ejercicio de un derecho fundamental” (Art. 172.1). Esto ocurre sin ir más lejos cuando se prohíbe a unos padres elegir la educación de sus hijos en castellano (a lo que tienen derecho según la Constitución) o cuando se persigue a niños (en los recreos), jóvenes y adultos por hablar en español o dirigirse a la Administración catalana en esta lengua. O cuando se impide el derecho al trabajo (el acceso a ciertas profesiones) a los que no hablan con el nivel requerido la lengua regional. Por no hablar de las coacciones a jueces (incluido Pablo Llarena), fiscales, periodistas o policías que no comulgan con el credo del nacionalismo sectario, convertido en dogma de pensamiento único.
Del mismo modo cabe aplicar el delito del art. 173 CP, que castiga al “que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral (…), así como “en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes (…)”. No hay más que recordar el trato de maestros de colegios públicos a los hijos de guardias civiles u policías nacionales u otros funcionarios del Estado (aunque cada vez queden menos), pero también el trato de la televisión pública TV3 a los comerciantes que cometen la osadía de rotular en castellano y a todos aquellos que se atreven de discrepar en público de dogma separatista. Esto tampoco lo saben en Europa.
También nos encontramos ante el “delito de estafa” (artículo 248 CP): “cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. Todo el “procés” puede considerarse como una gigantesca estafa a la población a manos de dirigentes corruptos (la banda del 3%) que pretenden así blindar sus privilegios para siempre, sin importarles la fuga de empresas o el empobrecimiento de la población. De hecho, no solo el relato histórico singularísimo en que se fundamenta constituye una perfecta falsificación y mistificación, sino que se ha comprobado recientemente que los informes de que disponía la Generalitat mostraban un futuro incierto y potencialmente desolador tras la independencia, con caídas del PIB en torno al 20%., datos cuidadosamente ocultados a los ciudadanos, que siguen creyendo hoy, como ayer, ciegamente en el nirvana independentista a pesar de que miles de empresas han abandonado Cataluña, y de que otros estudios concienzudos alerten del engaño masivo al que han sido sometidos (e.g., Josep Borrell y Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia, 2015).
Estaríamos presentes asimismo ante un “delito de odio” previsto en el artículo 510 CP que entre otras cosas castiga a: “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél (…) cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos”. No cabe duda de que aquellos que se sienten pertenecientes a la nación española y consideran al español como su lengua materna son perseguidos en Cataluña, y se fomenta su odio considerándolos malos catalanes que deben huir de Cataluña o vivir en silencio insultos y menosprecios. No hay más que leer El hijo de la africana. Reflexiones de un catalán libre de nacionalismo (ed. Hildy, 2018) donde un catalán Pau Guix narra, entre otras lindezas y humillaciones, como él fue considerado durante mucho tiempo el hijo de una africana porque su madre era de… Murcia.
Del mismo modo, el artículo 511 CP castiga al “encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional (…)”. ¿Cuántas subvenciones se dan por la Generalitat de Cataluña exclusivamente por razones de acomodo al ideal nacionalista excluyendo inopinadamente a todos los que no comulgan con las ruedas del molino independentista?
Si no hay todavía más violencia no es por falta de ganas o intención sino por miedo a las consecuencias de tales acciones, gracias al todavía existente estado de derecho español y sus fuerzas y cuerpos de seguridad
Incuso ¿por qué no se puede plantear que nos encontramos ante figuras cercanas a los “delitos de genocidio” y de “lesa humanidad”? El art. 607 CP condena como genocidio “los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes (…) sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud” o cuando les produjeran alguna lesión. Es claro que el separatismo persigue destruir total o parcialmente a los catalanes que se sienten españoles, y que se están produciendo graves daños a la salud psicológica de niños, jóvenes y adultos discrepantes con el credo nacionalista, con lesiones a la propiedad e incluso físicas. Y la cosa va a más con los CDR. Si no hay todavía más violencia no es por falta de ganas o intención sino por miedo a las consecuencias de tales acciones, gracias al todavía existente estado de derecho español y sus fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Qué pasaría, podríamos preguntarnos, si no existiera la judicatura española, la policía y la guardia civil o España no tuviera ejército?
Vayamos un poco más allá, aunque alguno/a pueda sentirse molesto. El artículo 607 bis regula el delito de “lesa humanidad”. Son reos de lesa humanidad los que, como perpetren un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, “por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional (…) en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.”. ¿No se da en Cataluña un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas contra todos los que hablan en español y se sienten españoles (aunque también se sientan catalanes)? ¿Quién habla del drama social y personal que sufren miles de ciudadanos que tienen que hacer sus maletas diariamente porque no soportan ese régimen de opresión y discriminación social, psicológica, educativa, en sus derechos lingüísticos, en su vida familiar, en su libertad de expresión y asociación, en su vida laboral?
Todos estos delitos además se cometen diariamente con diversas “agravantes” de las previstas en el artículo 22 CP, a la hora de aumentar la pena, entre las que se incluyen “ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente”, “cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca (…)”, “prevalerse del carácter público que tenga el culpable”, “ser reincidente” (que es o que amenazan hacer los ya detenidos en el Tribunal Supremo). Todas estas agravantes operan en según qué casos con habitualidad.
¿Por qué no puede plantearse ilegalizar a los partidos del procés? No por sus objetivos (aunque resultaría perfectamente legítimo considerar la unidad de una nación con más de 500 años como un bien jurídico a proteger) sino por los medios y estrategias empleados
Con estos antecedentes, ¿por qué no puede plantearse ilegalizar a los partidos del procés? No por sus objetivos (aunque resultaría perfectamente legítimo considerar la unidad de una nación con más de 500 años como un bien jurídico a proteger) sino por los medios y estrategias empleados. El art. 515 CP considera como “asociaciones ilícitas” “las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión”, “las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución”, y “las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación (…)”. E incluso el art. 570 bis contempla las “organizaciones criminales” configurada como “la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”.
Mientras ellos controlen la educación, los medios de comunicación, la administración autonómica, las subvenciones y la policía regional…, podrán seguir manteniendo (incluso reforzándolo) un régimen de terror psicológico y social
Por tanto, no caigamos en la trampa verbal e ideológica que constituye la balsa de salvamento ideológico del separatismo dentro y fuera de nuestras fronteras. Aquí lo que está en cuestión no es el derecho a votar de los secesionistas. Lo han hecho en numerosas ocasiones, y en las elecciones de 2015 planteadas por cierto por ellos mismo como plebiscitarias perdieron en número de votos aunque ganaron en escaños por una ley electoral injusta y discriminatoria con el voto constitucionalista. Los separatistas nunca han creído en el derecho a decidir, es un mero truco (con venta en “ingenuos” países extranjeros) para conseguir la independencia, mientras se ocultan todas sus estrategias y acciones para hacer la vida imposible al votante discrepante hasta que éste opte por irse o “aceptar” su papel de esclavo moral. No aceptarán un resultado negativo en un hipotético referéndum celebrado con todas las garantías (en el supuesto de que ellos mismos lo permitieran); lo repetirían hasta lograr un resultado favorable. Saben que es una mera cuestión de tiempo: mientras ellos controlen la educación, los medios de comunicación, la administración autonómica, las subvenciones y la policía regional…, podrán seguir manteniendo (incluso reforzándolo) un régimen de terror psicológico y social (y si hace falta también físico) que logre reducir día a día a los que todavía se resisten.
Aquí lo que de verdad está en juego es la defensa, interna e internacionalmente, de los derechos, libertades, seguridad y dignidad de aquellos —verdaderos héroes y heroínas— que tras 40 años de xenofobia y persecución social, todavía no se han rendido y sucumbido a las diversas amenazas, coacciones, humillaciones, chantajes, vejaciones, discriminaciones, persecución, odio y estafas varias. Y de los miles que han tenido que dejar su domicilio por un clima respirable, pero que les gustaría volver a una Cataluña moderna, plural y tolerante con el discrepante. Este es el auténtico drama social (¿para cuándo una película o documental que lo narre?) y no el otro que ocupa, previo generoso pago, portadas nacionales e internacionales. Es más, constituye un auténtico milagro laico que quede tanta gente en Cataluña capaz de salir a la calle con la bandera de España y ponerla en sus balcones. Si no somos capaces de defender a esta gente entonces tal vez no nos merezcamos ser españoles, sino que España desaparezca porque no hemos estado a la altura del honor, valor y coraje de nuestros antepasados, aquellos que la crearon, aquellos que dieron hasta su vida por defenderla por tierra, mar y aire, los que como el vasco (y por ello español) Juan Sebastián Elcano hace quinientos años lograron dar la primera vuelta al mundo, los que como los catalanes (y por ello españoles) Requesens, Guimerán o Prim defendieron hasta al muerte a España cuando ésta estaba en peligro. El mal (que divide, enfrenta y confunde) triunfa cuando los buenos no hacen nada, tal vez porque son demasiado ingenuos para darse cuenta que el mal está ganando y ellos son sus cómplices.
