Cuando la filoxera ataca el Poder Judicial - Ramón de Veciana

El comportamiento parasitario del nacionalismo es harto conocido, su inexorable tendencia a colonizar un cuerpo social hasta controlarlo y, llegado caso, matarlo por colapso sistémico. El nacionalismo catalán ha seguido con la democracia española esa lógica parasitaria de forma implacable desde hace, al menos, tres décadas, sin que haya habido una respuesta inmunitaria ni un tratamiento antibiótico del Estado que pusiera fin a esa plaga. Únicamente se aplicaron algunos supuestos tratamientos sintomáticos: una transferencia por aquí, unos millones por allá, una corrupción tolerada, otra corrupción compartida, etc…  De esta forma, el parásito se ha hecho más fuerte hasta que ha llevado a la democracia española a la UVI, donde estamos ahora; pendientes del menor cambio en sus constantes vitales, en una constante montaña rusa.

El ataque parasitario nacionalista no ha sido masivo sino que, poco a poco, ha ido ocupando posiciones en los distintos ámbitos de la sociedad: ayuntamientos, asociaciones, universidades… Pero también el Poder Judicial, cómo no.  Centrémonos hoy en la disección de cómo el nacionalismo ha ido ocupando posiciones dentro del Poder Judicial en Cataluña, con la ayuda inestimable de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE.

El acceso a la justicia por el cuarto turno  fue el vector de entrada a la judicatura de personas afines ideológicamente a PP y PSOE y nacionalistas

El acceso a la justicia por el cuarto turno, que se vistió con el halo de enriquecer y orear la judicatura con profesionales de reconocida competencia, lo cierto es que, con escasos méritos, fue el vector de entrada a la judicatura de personas afines ideológicamente a PP y PSOE; pero, cómo no, también para que los nacionalistas introdujeran a sus juristas acólitos que, a la postre, se han convertido en células durmientes para sus veleidades independentistas, amén de prestar importantes servicios a la causa. El caso más conocido de todos es el del magistrado Santiago Vidal que fue sancionado con la suspensión del cargo por simultanear su condición de magistrado con labores de zapa al Estado, como el asesoramiento para la elaboración de una constitución independentista.

Y para despejar dudas, también se encargaron de manifestar su vocación y filiación política para un nuevo régimen los 33 jueces que hicieron pública, de forma inédita, su adscripción ideológica independentista mediante la firma del manifiesto en respaldo a la celebración de una consulta secesionista en Cataluña.

La demostración de que España, seguramente, es el único Estado con tendencias suicidas es el CGPJ

La demostración de que España, seguramente, es el único Estado con tendencias suicidas es el hecho de que sus dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, han sido capaces de introducir en el corazón del Estado, esto es, en un órgano constitucional como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a preclaros independentistas cuyo primer motor ha sido la destrucción del Estado al que debían servir.

Alfons López Tena, notario expedientado, militante de CiU e independentista de pro, fue nombrado miembro del CGPJ a instancias de CiU, cargo que ocupó durante 7 años, entre 2001 y el 2008; siendo después parlamentario por la coalición independentista “Solidaritat Catalana per la Indepèndencia”. Durante esos 7 años de permanencia en el CGPJ  tuvo acceso a toda la información sensible del Poder Judicial, tan útil para destruir desde dentro la arquitectura constitucional de un país; más facilidades no podían haberse dado.

También es parte del actual CGPJ la magistrada Roser Bach, esposa del ex consejero de Justicia Germà Gordó, que fue elegida miembro del CGPJ, en plena hégira independentista, gracias a los votos del PSOE, por mediación del PSC, para ocupar un sillón en el CGPJ. Nuevamente, vasos comunicantes del poder político independentista con las más altas instancias del Poder Judicial, que sólo España es capaz de permitir. Con la agravante de que la Fiscalía Anticorrupción considera que su esposo, Germà Gordó, desempeñaba el papel de «conseguidor» o «recaudador» en la trama del 3% de CDC, lo que ya era “vox populi” en los medios jurídicos de Cataluña en el momento de nombrar consejera a Roser Bach. Y a pesar de ello, se la nombró para tan sensible cargo. Esa dualidad conyugal ha dado imágenes tan chocantes como ver al propio Gordó, manifestándose en las puertas del TSJ de Cataluña, presionando a los magistrados, compañeros de su esposa, que debían juzgar a Mas y sus consejeros por el referéndum ilegal del 9N.

El nepotismo también ha sido una constante en la penetración del nacionalismo en el Poder Judicial

El nepotismo, también ha sido una constante en la penetración del nacionalismo en el Poder Judicial, qué mejor que la familia para controlar quién les juzga. Sin ir más lejos, Teresa Cervelló, abogada de profesión, ingresó como juez por el cuarto turno y, luego, llegó a ser magistrada del TSJ, a instancias de CiU, en una carrera meteórica. No en vano era cuñada de Núria de Gispert, entonces alto cargo de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y, posteriormente, presidenta del Parlamento de Cataluña. A pesar de ello, fue designada  para instruir el caso Pallerols, caso de financiación ilegal  a través de los fondos de la Generalitat destinados a la formación de parados, en el que estuvieron imputados altos cargos de UDC, el partido de su cuñada. Finalmente, el caso acabó con penas menores, habiendo sido exculpados todos los altos cargos de UDC, entre ellos, Enric Millo a la sazón cargo de UDC y, hoy, Delegado del Gobierno en Cataluña. Nuevamente se cerró exitosamente el círculo poder judicial-familia-corrupción.

Pero quizá el caso más emblemático, difícil elección, es el de la magistrada del TSJC, Núria Bassols, casada con el exalcalde de CiU del pueblo gerundense de Anglès, Josep Manel Bassols, responsable en Cataluña de empresa Oproler -acusada de pagar a CDC a cambio de obra pública- y jefe de la campaña de Carles Puigdemont al Ayuntamiento de Gerona en 2011. Ambos dos, mujer y marido, bien relacionados familiarmente con el régimen anterior, han hecho de su sociedad conyugal una auténtica sociedad anónima. Una de las acciones patrióticas de la magistrada Bassols fue archivar la causa contra el alto cargo de CiU, Ferran Falcó en el caso Adigsa, también vinculado a la financiación ilegal de CiU. Tres meses más tarde, fue premiada por Artur Mas con su nombramiento como directora del programa de transparencia de la Generalitat, regalía con un sueldo de sólo 126.400 euros anuales.

Sólo algún medio, de forma anecdótica, ha escrito sobre el tema

No está de más decirlo, todo eso ocurría a la vista, ciencia y paciencia de la prensa catalana y española por extensión. Sólo algún medio, de forma anecdótica, ha escrito sobre el tema. Otro día deberemos hablar del papel de la prensa. Otro día.

Es obvio que la designación de los miembros del CGPJ y del TSJC por los nacionalistas tiene sus réditos directos en la instrucción de los casos que les afectan

Es obvio que la designación de los miembros del CGPJ y del TSJC por los nacionalistas tiene sus réditos directos en la instrucción de los casos que les afectan. Así, por ejemplo, el magistrado del TSJC, Joan Manuel Abril, había sido elegido magistrado para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la terna propuesta por el Parlamento catalán, con el voto favorable del entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por CiU Ramón Camp en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. El último servicio patriótico del magistrado Joan Manuel Abril, en marzo de 2006 sólo a tres días (Voilà!!) de abandonar voluntariamente la carrera judicial para ejercer de magistrado en Andorra, fuer dejar de ver indicios del delito de malversación del que venía acusado Artur Mas y sus consejeros, el único delito penado con cárcel de los que venían acusados, que sí había apreciado meses antes en un escrito al Tribunal Supremo. Y así cerró el círculo con su última resolución que salvó a Artur Mas de acabar acusado con pena de prisión. Otro magistrado que acaba con broche de oro su carrera. Y es que es de bien nacido es ser agradecido.

Obviaremos el prolijo relato de las puertas giratorias de la judicatura en Cataluña

Obviaremos el prolijo relato de las puertas giratorias de la judicatura en Cataluña del paso de Jueces y magistrados a cargos políticos dentro de la Administración de la Generalidad. Idas y venidas, regadas con magníficos sueldos para esos jueces y magistrados dispuestos a servir al poder político de turno y, sin solución de continuidad, incorporarse de nuevo a Juzgados donde resolvían asuntos vinculados con dicha Administración o en causas vinculadas a cargos de la misma. Todo alejado de la vista de la ciudadanía, ajena a los nombres concretos de esos Jueces que sólo son conocidos en el mundo jurídico.

El culmen del proceso parasitario  fue la noticia de que según fuentes solventes, el gobierno de Puigdemont busca fiscales dispuestos a firmar un compromiso con el “procés

Pero ya culmen del proceso parasitario del (ahora) independentismo al Poder Judicial fue la noticia que el pasado 9 de mayo nos ofreció la catedrática Teresa Freixes en su página de Facebook que, según fuentes solventes que no podía desvelar, el gobierno de Puigdemont busca fiscales dispuestos a firmar un compromiso con el “procés” (“prusés”, según la expresión popularmente acuñada) y la independencia a cambio de remuneración asegurada. Según cuenta Freixes, quieren disponer de unos 300 fiscales para poner en marcha la «desconexión«. Simultáneamente están elaborando «listas» de juristas inquebrantables de un “bando” y de otro, para saber a qué atenerse llegado el momento. Podemos temernos lo peor. Estos son los mimbres sobre los que se pretende instaurar un régimen totalitario en Cataluña, acabe en un golpe de Estado o en una tragicomedia bufa. Por cierto, los medios de comunicación han corrido un espeso manto de silencio sobre esta gravísima revelación que hizo Freixes.

Y todo ya parece demasiado tarde cuando la filoxera ataca incluso al Poder Judicial.