Al escribir estas líneas no tengo la ingenua pretensión de que sean leídas y compartidas por aquellos catalanes que son independentistas y fanáticos. Su redacción surge de la reflexión personal ante la ineludible necesidad de comprender, como español, la crisis que está sufriendo mi país. No descarto, sin embargo, que su lectura también pueda ayudar a quienes todavía son capaces de pensar con serenidad, manifestar sus opiniones sin hipocresía y actuar con tolerancia pero sin complejos ni temores.
Esta ficción política responde a una planificada estrategia desestabilizadora de la sociedad catalana y de enfrentamiento con el Estado
La segunda acepción del término farsa, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la de “acción realizada para fingir o aparentar” y, efectivamente, durante los últimos dos meses, desde la vergonzosa sesión del Parlamento catalán de los días 6 y 7 de septiembre, Cataluña y el resto de España están viviendo una trágica farsa, cimentada sobre una perversa y constante ficción política cuyas nefastas consecuencias, lamentablemente, son muy reales. Desde luego, esta ficción política no ha sido casual ni tampoco fruto de la improvisación circunstancial. Por el contrario, responde a una planificada estrategia desestabilizadora de la sociedad catalana y de enfrentamiento con el Estado, para satisfacer espurios intereses personales y de ciertos colectivos que, por otra parte, no siempre han sido o son coincidentes.
La estrategia independentista catalana ha sido posible por la negligente tolerancia cuando no la abierta colaboración de las fuerzas políticas y las instituciones nacionales
La estrategia independentista catalana presenta unos rasgos claramente diferenciados de la seguida por los independentistas vascos, sin duda debido a las lecciones aprendidas de los errores y fracasos de estos últimos, pero también porque existen evidentes diferencias socio-culturales entre ambas colectividades. En efecto, el irredento independentismo catalán ha basado su estrategia política en cuatro claves fundamentales: 1) la construcción y difusión de un relato mítico de Cataluña; 2) la utilización del entramado institucional autonómico al margen de la legalidad constitucional; 3) la permanente movilización social, y 4) la búsqueda de apoyos internacionales. Ni qué decir que semejante estrategia ha sido posible no sólo por la constancia de los independentistas catalanes a lo largo de los años, sino también por la negligente tolerancia cuando no la abierta colaboración de las fuerzas políticas y las instituciones nacionales.
Durante años en Cataluña los poderes públicos y algunos sectores sociales han construido un relato de su identidad nacional basado en la exacerbación del sentimiento nacionalista a través de la manipulación de su historia colectiva; la invención de unos agravios del Estado, inexistentes desde la instauración de la democracia; la segregación lingüística del castellano como idioma oficial del Estado español y la paulatina construcción de un ideario utópico en torno a la voluntad única de la sociedad catalana para alcanzar una independencia históricamente frustrada por el resto de los españoles.
Esta narrativa ha sido difundida mediante los dos principales instrumentos culturales en las sociedades de masas: la educación y los medios de comunicación social
Esta narrativa ha sido difundida mediante los dos principales instrumentos culturales en las sociedades de masas: la educación y los medios de comunicación social. Respecto de la eficacia de la educación como instrumento para implantar y afianzar con éxito una determinada cosmovisión en las sociedades, existe una acreditada experiencia acumulada en la historia de las religiones y de las ideologías totalitarias. Sólo había que aplicarla. Por otro lado, el creciente impacto de la propaganda a través de los medios de comunicación, se ha difundido en Cataluña gracias al control de medios tradicionales como TV3, mientras que en paralelo se ha expandido ilimitada e internacionalmente a través de Internet y las redes sociales.
Para que la novedosa y ficticia narrativa secesionista arraigase hasta sustituir a la tradicional e histórica identidad cultural catalana, era necesario disponer unas instituciones políticas propias, dotarlas de unas crecientes competencias autonómicas y, finalmente, controlar su funcionamiento. Se trataba, en definitiva, de crear y desarrollar el núcleo embrionario del futuro estado catalán para facilitar su secesión, llegado el momento.
La estructura institucional propia del autogobierno catalán se fue transformando progresivamente en una red institucional paralela, funcionando al servicio de los fines e intereses de los grupos independentistas
Naturalmente semejante proceso, para evitar su aborto por el estado español, requería mantener formalmente la legalidad constitucional mientras se subvertía su eficacia a través de una aplicación torticera y un constante fraude de ley que, con frecuencia, fueron denunciados por los ciudadanos ante los tribunales de justicia aunque con escaso éxito práctico. De este modo, la estructura institucional propia del autogobierno catalán se fue transformando progresivamente en una red institucional paralela, funcionando al servicio de los fines e intereses de los grupos independentistas, a costa de someter políticamente, marginar socialmente y cercenar derechos y libertades de los ciudadanos catalanes que no lo eran.
No obstante, la pluralidad social, cultural y política de Cataluña impidió, durante décadas, que el independentismo radical controlase mayoritariamente el Gobierno y el Parlamento autonómicos. El cambio se inició a partir de las elecciones autonómicas de 2010. Sobrevino por una particular combinación de varias circunstancias: por una parte el creciente descontento social generado por la crisis financiera, que provocó el auge de los partidos de centro-derecha (CiU; PP y Ciudadanos) y el hundimiento de los partidos que habían gobernado con el tripartito (PSC; ERC e ICV); en segundo lugar por el efecto distorsionante de la ley electoral sobre los resultados y, finalmente, la abstención del PSC en la segunda votación de investidura del Presidente Artur Mas.
El precario apoyo parlamentario del Presidente Mas en medio de la recesión económica, le llevaron a la convocatoria de una elecciones autonómicas anticipadas para tratar de reforzar su mayoría parlamentaria en Cataluña. Sin embargo, los resultados de las elecciones autonómicas de noviembre de 2012 perjudicaron notablemente a CiU, que perdió 12 escaños, al PSC, con 8 escaños menos, y a Solidaritat Catalana per la Independencia, con otros 4 escaños, todo ello en beneficio de un notable aumento de 11 escaños de ERC, de Ciudadanos con 6, de ICV y la CUP con 3 cada uno de ellos. Algo estaba cambiando en Cataluña.
La coalición de gobierno formada por CiU y ERC, presidida por Artur Mas, constituyó el instrumento de la progresiva sumisión del Presidente al discurso independentista radical de ERC y de su líder Oriol Junqueras. La prueba definitiva de esta sumisión fue la ruptura de CiU en dos partidos, Convergencia Democrática de Cataluña y Unió Democrática de Cataluña, debido a sus radicales discrepancias sobre el futuro de la independencia de Cataluña.
Ante la imposibilidad legal de realizar una referéndum secesionista y a la vista de los resultados del simulacro de referéndum del 9 de noviembre de 2014, el Presidente Mas convocó unas elecciones anticipadas en septiembre de 2015, planteándolas como un plebiscito popular sobre la independencia. Los resultados de estas elecciones arrojaron una minoría electoral del 47,8 % para las formaciones independentistas radicales Junts pel Si (coalición de CDC, ERC, Demócratas de Cataluña y Moviment d’Esquerres) y la CUP, que por efecto de la ley electoral les permitió alcanzar la mayoría parlamentaria con 72 escaños.
De este modo se consumaba el proceso de control institucional de los independentistas más radicales, abriéndose las condiciones necesarias para utilizar todo el poder ejecutivo y legislativo con vistas a crear las condiciones idóneas para la secesión. Únicamente el poder judicial permaneció ajeno a la injerencia del independentismo fanático.
Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural son dos asociaciones civiles sin ánimo de lucro, pero que gracias al apoyo oficial de las instituciones autonómicas, han dispuesto de los medios necesarios para alimentar el clientelismo político
El tercer instrumento clave utilizado por el radicalismo catalán ha sido la movilización social permanente para imponer el pensamiento único en la vida cotidiana de los catalanes, tanto con la acción callejera como con la coacción personal. Los artífices decisivos de dicha movilización han sido la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural. Dos asociaciones civiles sin ánimo de lucro, pero que gracias al apoyo oficial de las instituciones autonómicas, han dispuesto de los medios necesarios para alimentar el clientelismo político y organizar una estructura operativa, logística y mediática capaz de garantizar el éxito de las movilizaciones callejeras, tal y como se pudo constatar el 1-O. Sin embargo los orígenes, naturaleza y evolución de ambas asociaciones son claramente distintos, aunque ambas hayan confluido en su apoyo al secesionismo catalán.
Ómnium Cultural surgió en plena época franquista como una asociación destinada a proteger la lengua y cultura catalanas en un contexto de marginación, cuando no represión, de ambas. En aquella época simbolizó el espíritu de resistencia de unos colectivos catalanes minoritarios en defensa de su identidad cultural y de su pasado histórico. La democracia y el régimen autonómico permitieron que esta asociación pasase a legalizar plenamente su actividad y lo que es más importante, pudiese recibir subvenciones oficiales de la Generalitat que constituyeron una de sus principales fuentes de financiación hasta 2012.
Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana, constituida en 2012, es ya un instrumento directamente vinculado al proceso secesionista catalán con Carmen Forcadell como su presidenta entre 2012 y 2015.
La vinculación personal y funcional de ambas asociaciones con las instituciones autonómicas catalanas resulta incuestionable desde 2012, momento en que Artur Mas alcanza la Presidencia de la Generalidad mediante su pacto con ERC. Su activa participación en el proceso secesionista quedó acredita claramente en el simulacro de referéndum de 2014.
La última clave de la farsa independentista catalana es la búsqueda de apoyos internacionales
La última clave de la farsa independentista catalana es la búsqueda de apoyos internacionales. El objetivo último, como se ha podido apreciar desde el 1-O, era lograr el reconocimiento, abierto o implícito, de algunas organizaciones internacionales importantes como el Consejo de Europa o la Unión Europea, así como de algunos países sensibles a los derechos humanos y la autodeterminación como los países nórdicos. Para alcanzar dicho objetivo final era necesario una constante labor de propaganda y persuasión en favor de la “causa catalana” que debía realizarse a través de los medios internacionales de comunicación y la vinculación con fundaciones y ONGs de reconocida reputación, como la Fundación Carter.
No menos imprescindible era desarrollar una actividad de representación “oficial” de las instituciones catalanas, especialmente de la Presidencia, al margen de las Embajadas y los representantes diplomáticos españoles. Para ello era necesario abrir oficinas autonómicas en el extranjero que al amparo de unas actividades lícitas de representación comercial, turística o académica, pudiesen desarrollar una paralela labor diplomática, expresamente reservada al Estado por el art. 149,3º de la Constitución.
Los reiterados intentos de abrir una embajada en Bruselas ante la Unión Europea, sistemáticamente rechazados por sus instituciones, demuestra fuera de toda duda, la existencia de una voluntad manifiesta de actuar oficialmente en el contexto internacional al margen de la regulación constitucional.
Es muy probable que el apoyo del PSOE y del PSC al Gobierno se quiebre por evidentes razones electoralistas a medida que se acerque el horizonte de unas futuras elecciones, ya sea sólo en Cataluña o con carácter nacional
Si finalmente se activa el art. 155 en los términos propuestos por el Gobierno, se iniciará el final de esta farsa. Sin duda será un proceso traumático, no exento de presiones políticas y sociales por los sectores más radicales del secesionismo, incluidas acciones callejeras violentas, para obstaculizar la restauración en Cataluña de la normalidad legal, el respeto de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y el enjuiciamiento de los responsables de los delitos cometidos durante las últimas semanas. Es muy probable que en semejantes circunstancias, el apoyo del PSOE y del PSC al Gobierno se quiebre por evidentes razones electoralistas a medida que se acerque el horizonte de unas futuras elecciones, ya sea sólo en Cataluña o con carácter nacional. En tal caso, el Gobierno deberá ser responsable con la decisión de aplicar el 155 y mantenerla utilizando su mayoría absoluta en el Senado.
No cabe esperar que en tan sólo seis meses se hayan restañado las heridas sociales, políticas y económicas provocadas por la farsa catalana. Se tardarán años de normalidad institucional y legalidad democrática para que ello ocurra. Tampoco es esa la finalidad del art. 155. Pero si logramos alcanzar esos dos objetivos, normalidad y legalidad, daremos una oportunidad al futuro de una Cataluña menos convulsa en su cotidianeidad y además dentro de España. ¡Ya sería un buen legado para las nuevas generaciones!
