Eurodiputado Puigdemont - Jorge Alexandre

Circula en redes una famosa cita -cuya autoría no he podido verificar- atribuida a Otto von Bismarck, fundador de la Alemania de preguerras de finales del siglo XIX, que rezaba algo así como que estaba “firmemente convencido de que España era el país más fuerte del mundo, pues llevaba siglos queriendo destruirse a sí mismo y todavía no lo había conseguido”.

Independientemente de la autoría de dicha manifestación, y rebajando la euforia sobre la capacidad de nuestro país de sobrevivir a sí mismo, lo cierto es que, en España, tanto como en otros países de nuestro entorno, podemos disfrutar de un Estado que ha evolucionado, ha celebrado sus éxitos y ha superado sus fracasos, y del que, sin renunciar nunca a su capacidad de progresar, podemos sentirnos orgullosos. Y no me refiero únicamente a estar orgullosos de esa idea emocional que es España, y que cada ciudadano puede sentir de muy diversas maneras, sino orgullosos de lo que nuestro país, gracias a nuestro empeño colectivo, nos ofrece: libertad, seguridad, educación, sanidad, comunicaciones, transportes, etc.

Todo lo anterior no obsta para reconocer las amenazas a las que nuestra sociedad se enfrenta y, en la medida de nuestras posibilidades, poner remedio e incluso convertir esas amenazas en oportunidades de mejorar nuestra Democracia y nuestras Instituciones. Soy una persona plenamente convencida de que la capacidad de supervivencia no se tiene de forma innata, ni es producto de la casualidad, sino del análisis minucioso, el trabajo duro y, también, de un poco de buena suerte.

Lo que la crisis en Cataluña y España ha dejado entrever es la ausencia de algunos mecanismos jurídicos que encajen adecuadamente en las necesidades que un Estado de Derecho tiene para sobrevivir ante los envites del siglo XXI

Así que, siguiendo ese eje de análisis, trabajo y suerte, me gustaría en las siguientes líneas poner mi granito de arena en el análisis de algunas situaciones que se dan en la actualidad en nuestra Democracia y que en algunos casos por falta -lógica- de previsión y en otros por un incomprensible inmovilismo legislativo, no están adecuadamente previstas en nuestro ordenamiento jurídico. El trabajo que sigue a este análisis, ese le corresponde a los partidos políticos y grupos parlamentarios, que disponen de los cauces naturales para poner remedio a estas situaciones. Sobre la buena o mala suerte en política, quizá podamos hablar en la próxima ocasión.  Es por ello por lo que, huyendo del revanchismo político y, casi me atrevería a decir, de una posición ideológica definida, lo que la crisis en Cataluña y España ha dejado entrever es la ausencia de algunos mecanismos jurídicos que encajen adecuadamente en las necesidades que un Estado de Derecho tiene para sobrevivir ante los envites del siglo XXI.

Efectivamente, los golpes de estado en este siglo y en nuestro entorno ya no se producen -por fortuna- con fusiles de asalto, tanques o tomando las instituciones por la fuerza. Si existe una característica de las sociedades avanzadas y aceptablemente pacificadas en las que vivimos, es que los golpes a nuestra Democracia vienen desde los propios ámbitos de poder (ya sea político, económico, etc.) y se ejecutan con relativa sutileza. Desde luego, un ejemplo paradigmático de lo que hablo es la crisis económica, que en España tuvo la peculiar derivada del auto-saqueo de las Cajas de Ahorros y otros casos corrupción que hoy se juzgan en nuestros Tribunales.

Quizá la gran diferencia entre esas amenazas y la que ha supuesto el fracasado intento de secesión de Cataluña es que mientras que para los anteriores casos, con importantes matices, el Estado de Derecho disponía de una batería de medidas para afrontar la investigación y enjuiciamiento de los hechos, para la independencia unilateral de Cataluña hemos descubierto importantes debilidades de nuestro ordenamiento, algunas de consecuencias ciertamente imprevisibles.

La primera y creo que más obvia es la ausencia de una regulación, al menos procedimental, para la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Aunque si me permiten, no me detendré en este asunto ahora ya que, creo, se ha resuelto aceptablemente, y sobre cuya constitucionalidad en todo caso se pronunciará en el futuro nuestro Tribunal Constitucional.

Cabría preguntarse sobre la idoneidad de recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum, que no deja de ser un tipo agravado de prevaricación, y que en nuestro país fue derogado por el PSOE de Zapatero hace ya unos cuantos años

Más dudas, en cambio, me generan los procedimientos en la vía penal abiertos para investigar y enjuiciar todo lo acaecido en Cataluña en los últimos tiempos. Es cierto que, primero los magistrados de la Audiencia Nacional, y ahora los de Tribunal Supremo, están siendo extremadamente cuidadosos en sus resoluciones, explicitando los elementos -por ahora indiciarios- de los delitos que se investigan (fundamentalmente sedición y rebelión). Y a pesar de ello, uno no puede dejar de preguntarse si no se está estirando la interpretación de los elementos facticos de que se dispone para subsumirlos en los tipos penales existentes en la actualidad. Generalmente estas situaciones -que no son nuevas en nuestro Derecho penal- han dado lugar a reformas legislativas posteriores que mejoran la redacción de los textos legales y preparan al ordenamiento jurídico para el futuro. En este sentido, resultaría muy recomendable introducir en nuestra legislación penal el delito de autogolpe de estado, esto es, la acción de subvertir el orden constitucional de manera grave, por la vía del hecho y aprovechándose los autores de su posición -obtenida legítimamente- en las instituciones. En realidad, sería un delito a medio camino entre los actuales de sedición y rebelión, y la simple prevaricación. En esta línea, también cabría preguntarse sobre la idoneidad de recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum, que no deja de ser un tipo agravado de prevaricación, y que en nuestro país fue derogado por el PSOE de Zapatero hace ya unos cuantos años.

Relacionado con el proceso penal surge además otro debate interesante, y es sobre la incongruencia que sucedería si a determinados cargos públicos, cuyas prerrogativas se extienden de manera vitalicia, se les pudiera condenar a penas de prisión e inhabilitación por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos, pero en base a un principio básico de legalidad, no se les pudieran retirar esas prerrogativas, pues la condena a perder esas prerrogativas no existe en la actualidad en nuestro ordenamiento penal, y difícilmente podría incardinarse en el ámbito de la inhabilitación.

Resulta obvio recordar que muchas de las reformas que perjudiquen a los autores del golpe de estado no les serán de aplicación, y que estos deberán ser enjuiciados respecto del ordenamiento que existía en el momento en que cometieron los hechos. Bien, esas son las reglas de la Democracia, y no debemos lamentarnos sino felicitarnos por nuestro sistema de garantías… pero tampoco seamos inmovilistas, trabajemos para mejorar nuestro ordenamiento y adaptarlo a la realidad en que nos encontramos.

Convendría replantearse los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley Electoral respecto a la forma de acceso a la condición plena de cargo público y al propio ejercicio del cargo en las instituciones

En este sentido, y alejándonos por ahora del ámbito penal, también convendría replantearse los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley Electoral respecto a la forma de acceso a la condición plena de cargo público y al propio ejercicio del cargo en las instituciones. Este asunto resulta especialmente relevante a la vista de la inseguridad jurídica ante la que nos encontramos en este momento respecto de la posibilidad -o no- de delegar el voto o de participar -o no- telemáticamente en los debates parlamentarios. No hablemos ya de la posibilidad de ejercer un cargo político de naturaleza ejecutiva como puede ser una presidencia o una consejería desde la cárcel o, de forma permanente, desde el extranjero.

Y sobre eventuales mejoras legislativas inmediatas, me permito traer a modo de ejemplo una iniciativa que sin grandes pretensiones lancé esta semana en una muy reconocida red de firmas

Cómo decía en las primeras líneas, convirtamos las amenazas a nuestra Democracia y las experiencias vividas en oportunidades para mejorar. Y sobre eventuales mejoras legislativas inmediatas, me permito traer a modo de ejemplo una iniciativa que sin grandes pretensiones lancé esta semana en una muy reconocida red de firmas. Ha sido la primera vez que he realizado una petición en esta plataforma y, aun con el éxito relativo de firmas cosechadas para ser un tema puramente jurídico (más de 8.000 firmas en apenas 24 horas), sinceramente, tengo mis dudas de que tenga un impacto real si no consigue que alguno de nuestros partidos políticos tome la idea para impulsar la iniciativa legislativa necesaria. Ello no impide, en todo caso, el intento.

La petición en cuestión la creaba bajo el título ‘Reforma de la Ley Electoral para que los huidos de la Justicia no puedan ser candidatos’. Como se deduce del título de la misma, en nuestra ley Electoral no existen impedimentos legales para que un prófugo de la Justicia se presente a las elecciones o, si se trata de un cargo por designación o nombramiento, sea elegido cargo público. Las limitaciones a este derecho fundamental se encuentran tasadas en la propia Ley en su artículo 6, que en el ámbito penal limita las causas de inelegibilidad a los condenados en sentencia firme a prisión o inhabilitación, y en determinados casos a los condenados, aunque la sentencia no sea firme. En definitiva, salvo que exista condena en los términos expresados, nuestro ordenamiento electoral no anticipa la imposibilidad de ser elegidos a sujetos que se encuentran en un estadio previo del proceso penal, pudiendo ser elegidos cargos públicos, por tanto, los investigados, los acusados, e incluso, en algunos casos, los condenados.

Esta realidad ha deparado que en los últimos años, y consecuencia del hartazgo de los ciudadanos con los reiterados casos de corrupción política, se haya planteado la necesidad de aumentar las causas de inelegibilidad de manera amplia, generándose un interesante debate sobre la idoneidad y magnitud de la reforma, y en el que la medida habitual propuesta ha sido convertir en inelegibles a todos los investigados por delitos de corrupción… si bien cabría empezar por decidirse – y plasmarlo en la Ley- qué delitos se consideran corrupción, claro.

A diferencia de una medida tan extensiva y gravosa de las causas de inelegibilidad -y que considero que puede tener importantes derivadas en el ámbito de una posible declaración de inconstitucionalidad- la propuesta que se plantea se centra exclusivamente en ampliar las causas de inelegibilidad a aquellos sujetos que, encontrándose en situación de investigados, además, se sustraigan de la acción de la Justicia.

He de reconocer que el inspirador de la idea ha sido el expresidente Puigdemont, y se produce no tanto a raíz del debate sobre su posible investidura telemática, sino de otras informaciones que lo sitúan en las listas electorales para las Elecciones al Parlamento Europeo en 2019. Las elecciones europeas se rigen por la Ley Electoral española y, como decíamos, ahora mismo nada impediría que Puigdemont se presentase y resultase elegido eurodiputado.

En este sentido, regular la causa de inelegibilidad para los huidos de la justicia responde a una situación extraordinaria, pero ciertamente real. Si no se reforma la Ley Electoral, podremos ver cómo una persona que se encuentra huida de la Justicia española puede concurrir a unas elecciones y eventualmente resultar elegida y, por tanto, acceder a las prerrogativas que acompañan al cargo (inviolabilidad, aforamiento, sueldo, etc.) mientras, lógicamente, se mantiene huida de la justicia que formalmente le requiere.

¿Cómo puede funcionar con normalidad una institución democrática cuando uno de sus miembros no puede (quiere) ir a determinados países, pues se encuentra huido de ellos? La mera posibilidad de que este fraude se produzca es un hecho al que nuestro legislador debe poner remedio

Y sobre este extremo, me reitero en la necesidad de no confundir revanchismo político con sentido común, pues es este segundo el que nos permite darnos cuenta de las preguntas clave: ¿Cómo se puede ejercer en toda su extensión un cargo público encontrándose huido de la Justicia? ¿Cómo puede un cargo estar sometido a la natural rendición de cuentas que cabe exigir a todo representante político si rechaza rendir cuentas ante la Justicia que lo requiere? ¿Cómo puede funcionar con normalidad una institución democrática cuando uno de sus miembros no puede (quiere) ir a determinados países, pues se encuentra huido de ellos? La mera posibilidad de que este fraude se produzca es un hecho al que nuestro legislador debe poner remedio. Hago notar, de hecho, que la medida ni siquiera afectaría a los investigados en prisión provisional, y mucho menos a los investigados sobre los que no pesan medidas cautelares tan restrictivas… aunque no oculto que también podríamos debatir largamente sobre estos otros casos.

En definitiva, lo que se propone es, ciertamente, una limitación del Derecho de sufragio pasivo, pero con un alcance muy determinado -de mínimos diría yo- que es, a mi entender, adecuado y proporcional, limitándose únicamente a los investigados en causa penal y que, citados formalmente, huyen de la acción de la Justicia. Una medida que apenas tardaría un par de meses en tramitarse en Las Cortes y que persigue algo tan básico como la normal actividad de las instituciones democráticas y la transparencia y el aseguramiento de la rendición de cuentas de los representantes políticos.

¿Veremos en 2019 al eurodiputado Puigdemont? ¿Algún partido político o grupo parlamentario tomará la iniciativa para impulsar las imprescindibles reformas legislativas para evitarlo?

Por ir finalizando y a modo de conclusión, creo que todas las situaciones tratadas, y algunas más, deberían ser debatidas y reguladas -en el sentido que las mayorías decidan- y de alguna manera tendrían que ser contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Porque, no nos confundamos, ahora todos tenemos muy presente la crisis catalana y pensamos inmediatamente en los ex dirigentes de esa Comunidad Autónoma, pero la regulación de estas situaciones debería tener una vocación de aplicación general que ayude al buen funcionamiento de nuestras instituciones. Y me refiero a la necesidad de esta vocación amplia porque estoy seguro de que a ninguno de nosotros nos resultaría extraño ver en el futuro a un concejal o un diputado, no golpista, sino corrupto, que se parapeta en su cargo público para favorecerse de él y entorpecer a la vez el funcionamiento de las instituciones y la acción de la Justicia. Para evitar esos casos, por ejemplo, también servirían las reformas adecuadas.

Aprendamos, en definitiva, de nuestras experiencias como país y no renunciemos a transformar las amenazas a nuestra Democracia en oportunidades para fortalecerla.