El relato - Mon Bosch

A mediados de noviembre del 2014 el Parlamento europeo anunció que galardonaba con el “Premio Ciudadano Europeo 2014” a Societat Civil Catalana (SCC), por «promover valores tan importantes como la concordia, la convivencia, el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y el diálogo«. El galardón -que en 2013 recayó en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y en la Real Academia de la Lengua Vasca- se justifica por «promover valores tan importantes como la concordia, la convivencia, el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y el diálogo» y la candidatura al premio fue presentada por el eurodiputado Santiago Fisas y defendida por Ramón Jáuregui y Maite Pagazaurtundúa entre otros muchos. El jurado estaba presidido por la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sylvie Guillaume (S&D); los vicepresidentes Ildiko Gall-Pelcz (PPE), Olli Rehn (ALDE) y Dimitrios Papadimoulis (GUE); así como el ex presidente del Parlamento Enrique Barón Crespo (S&D), premio que se entregó al presidente de la asociación el 25 de febrero de 2015.

Este galardón se entrega todos los años desde 2008 a las «actividades o acciones de ciudadanos, grupos, asociaciones u organizaciones que han mostrado un compromiso excepcional fomentando la mejor comprensión mutua y la mayor integración entre ciudadanos de los Estados miembros o promoviendo la cooperación transfronteriza o transnacional dentro de la Unión Europea”, incluyendo “actividades o acciones de ciudadanos comprometidos con la cooperación cultural transfronteriza o transnacional a largo plazo que contribuyan a fortalecer el espíritu europeo”, y también se recompensan las “actividades cotidianas que expresan de forma concreta los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Entre las candidaturas presentadas para optar al Premio Ciudadano Europeo 2014, estaba también la de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)

La ofensiva de nacionalistas y separatistas contra Societat Civil Catalana alcanzó cotas inimaginables de odio y descalificaciones, y el principal motivo de su enconamiento, fue que entre las candidaturas presentadas para optar al Premio Ciudadano Europeo 2014, estaba también la de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la principal asociación independentista creada desde la Generalitat a base de generosas ayudas del gobierno convergente. A pesar de las presiones de los “lobbies” separatistas y la estigmatización contra SCC, el Parlamento Europeo decidió que la organización supremacista no optase a ganar este premio, y otorgó el reconocimiento con el galardón a SCC.

A raíz de la confirmación del premio a SCC, los partidos separatistas enviaron una primera carta en noviembre a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sylvie Guillaume, en la que criticaban la decisión de la institución de conceder este importante galardón a Societat Civil, bajo la acusación de tener “vínculos con la extrema derecha española” y de promover “ideas xenófobas y extremistas”. El conocido discurso de señalar al discrepante.

El parlamento europeo hizo caso omiso a las insidias lanzadas y Societat Civil recogió el premio Ciudadano Europeo en Bruselas. Sin embargo, el odio acumulado en las filas separatistas fue in crescendo, y la campaña en los medios digitales contra SCC, y especialmente contra mi persona (a la sazón presidente de la asociación) llegó a cotas difíciles de imaginar. Días antes de recoger el premio, se envió a la Cancillería del Premio Ciudadano Europeo, una segunda carta de queja por parte de los eurodiputados Ramón Tremosa (Convergencia Democrática), Ernest Maragall y Josep María Terricabras (ERC), Francesc Garbús (Unió Democrática) y Ernest Urtasun (ICV), y la respuesta de la vicepresidenta del Parlamento Europeo fue igual de contundente que a la primera. Guillaume aseguró que el galardonado había pasado dos jurados, uno español y otro comunitario, y que todas las acusaciones incluidas en esas cartas habían sido “rebatidas”.

Pero las presiones nacionalistas no terminaron, puesto que entendían que la “internacionalización del procès” vería frenada su propaganda al premiar el parlamento a SCC e ignoraba a la candidata separatista, la ANC. El fracaso de la primera carta de noviembre motivó una segunda en febrero, y el fracaso de la segunda motivó que el 17 de marzo, casi un mes después de recogido el premio –25 de febrero en Bruselas–, el Parlamento catalán aprobara una iniciativa de ICV (actualmente transformado en “Podemos”, y siempre el tonto útil en estos procesos de estigmatización del disidente) en que elevaba una queja al Parlamento Europeo por la concesión del citado premio. El Parlamento catalán, con los votos de populistas y separatistas, aceptó la propuesta de ICV. El día 14 de julio de 2015 el portavoz y diputado comunista en la Comisión de Asuntos Institucionales, Jaume Bosch –nada que ver con mi persona-, justificó la conexión de Sociedad Civil Catalana con entidades de extrema derecha, basando su atolondrado y efectista alegato en unas supuestas pruebas “irrefutables” que publicó en diferentes medios de comunicación un “impostado” periodista cercano a la CUP, de nombre Jordi Borrás, y conocido personaje que señala a personas desafectas al régimen separatista instaurado en Catalunya.

La comisión del “Parlament de Catalunya”, decidió elevar una queja al Parlamento europeo por la entrega del premio, puesto que, en palabras del diputado separatista “La queja está más que justificada. Sociedad Civil Catalana es una entidad con evidentes conexiones con la extrema derecha, y no se merece un premio de una institución democrática como es el Parlamento Europeo y es normal que el Parlamento de Cataluña haga llegar sus quejas porque creemos que es un premio absolutamente”. La propuesta de resolución impulsada por ICV fue aprobada con los votos de ICV-EUiA, ERC, CUP y CiU. Por el contrario, el PSC, PP y Ciudadanos se rebelaron contra esta decisión basada en falacias y mentiras, fruto de las manipulaciones del falso periodista, y se posicionaron en contra de la iniciativa parlamentaria.

El odio cainita inflamado por los líderes separatistas en contra de SCC y especialmente contra mí persona, no se frenó con las quejas presentadas hasta la fecha. La estigmatización de SCC se concentró en mi persona, y el odio empezó a extenderse por Catalunya. Iniciativas parlamentarias, debates, artículos en prensa y televisión, la propaganda acusatoria alcanzó su cenit el 20 de septiembre de 2014, cuando un grupo de juristas, bajo el patrocinio de la asociación “Drets” –cuyo presidente y fundador fue el conseller de justicia Carles Mundó-, presentó una querella en nombre del actor Toni Albà (reconocido promotor de odio desde Tv3), por presuntamente «amenazar e injuriar» desde un falso perfil de Facebook a partidarios de la independencia de Cataluña, alegando que Josep Ramón Bosch estaba detrás de una página en la que se lanzaban mensajes, entre otros, contra el expresidente del Govern Artur Mas. Comparecí como investigado en enero de 2016 ante el juzgado de Manresa y la querella fue rápidamente desestimada por parte del juzgado. Sin embargo, desde la presentación de la misma hasta su archivo -más de un año-, permanecí indefenso, acosado y ofendido por manadas de separatistas, vía redes sociales, medios digitales (especialmente del subvencionado “El Mon” del periodista separatista Salvador Cot) y la brutal campaña de descalificaciones lanzadas por “TV3”, “CatRadio” y la inexplicable colaboración de los medios privados “La Vanguardia” y “Rac1”, en una inédita campaña de caza al hombre. Sin embargo, reconozco que lo más doloroso para mí, han sido las campañas de insidias y falsedades lanzadas por el periódico “Regió 7”, diario que se imprime en la comarca en la que vivo, y lectura de todos mis vecinos y amigos, y desde cuyas páginas el odio separatista ha sido constante, y que originó incontables ataques personales, contra mi patrimonio y lo más terrible una agresión física contra mi hija. No lo perdonaré nunca. Nunca.

Pero, no contentos con todas las fechorías propagandísticas contra SCC y contra mi persona, el 15 de octubre de 2015, se publicó en todos medios periodísticos catalanes el “Manifest: la societat civil de Catalunya, per la dignitat”, un alegato injurioso contra los que defendemos la constitución y el estado de derecho en Catalunya. Un texto insultante, basado en el relato del falso periodista Borrás, y suscrito por, entre otros, los eurodiputados Josep María Terricabras i Nogueres, Ernest Maragall i Mira y Ramón Tremosa i Balcells, y organizaciones como SOS Racisme de Cataluña y Comissió de la Dignitat.

El texto, en catalán, es el siguiente:  La força de la societat catalana rau en l’activisme i l’associacionisme de la ciutadania, un fenomen social lligat històricament als valors de la cooperació́ i solidaritat que les caracteritzen. La tolerància i el respecte a totes les persones amb independència del seu origen, classe social, ideologia política, orientació́ sexual i religió́, son igualment valors imprescindibles per assegurar la bona convivència de la qual aquest país sempre ha donat exemple.

L’abril de 2014 es presentava públicament Societat Civil Catalana (d’ara endavant, SCC) que, amb aquest nom, ha intentat apropiar-se d’un terme comú́ que es refereix al conjunt d’entitats cíviques, culturals i socials de Catalunya, caracteritzada per la seva diversitat però̀ que les caracteritza la seva defensa dels principis democràtics, la cultura i la societat catalana en el seu conjunt. Per tant ni SCC ni cap entitat d’aquesta societat civil es pot erigir en portaveu del conjunt.

Expressem la nostra preocupació́ per les proves i investigacions que vinculen SCC amb organitzacions d’extrema dreta, i per les informacions publicades als mitjans de comunicació́ que relacionen SCC i el seu expresident Josep Ramon Bosch amb el franquisme i el nazisme. Aquestes recerques el fan presumpte autor d’amenaces i injuries proferides des de l’anonimat de les xarxes socials.

Per aquest motiu, les associacions, entitats i personalitats sotasignats volem manifestar el següent:

  1. Defensem la llibertat d’expressió́ i en conseqüència que cada organització́ pugui defensar les idees que consideri oportunes des dels valors democràtics i rotundament oposats a ideologies totalitàries. Insistim que en cap cas es poden defensar els crims contra la Humanitat del nazisme i el franquisme.
  2. Recordem tristament que el règim nazi va assassinar milions de persones. Protestem enèrgicament davant de qualsevol exaltació tant del nazisme com del franquisme. Aquest últim, sense comptar les víctimes de la Guerra Civil, va reprimir i assassinar més de 150.000 persones a l’Estat espanyol, entre elles Lluís Companys, l’únic president escollit democràticament executat pel feixisme a Europaen complicitat del règim nazi i el de Vichy que el van deportar, i el franquista responsable de l’assassinat.
  3. Mostrem la nostra indignació pel fet que, amb la patrimonialització del nom, les greus acusacions contra SCC perjudiquen la bona imatge de la veritable societat civil catalana.
  4. Sol·licitem al jurat del Parlament Europeu que anul·li la concessió del Premi Ciutadà Europeu 2014 a SCC, ja que entenem que l’apologia del franquisme, del nazisme son incompatibles amb valors de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea (concòrdia, convivència, respecte, tolerància, i llibertat d’expressió́) que reconeix el premi”.

El pasado lunes 7 de enero de 2019, un juzgado de Barcelona condenó a los firmantes del manifiesto. La sentencia estimaba íntegramente la demanda de SCC, presidida entonces por mi persona

Finalmente, la verdad ganó. El pasado lunes 7 de enero de 2019, un juzgado de Barcelona condenó a los firmantes del manifiesto. La sentencia estimaba íntegramente la demanda de SCC, presidida entonces por mi persona, contra Comissió de la Dignitat; Amical de Mauthausen; SOS Racisme de Cataluña; Fundació Privada Congrés de Cultura Catalana, y Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels drets dels catalans, así como contra Marcus Pucnik y los eurodiputados firmantes, aunque estos quedaban exonerados de pagar la multa por su condición de aforados.

La sentencia condena a todos ellos a «cesar de presente y abstenerse en el futuro de cualesquiera actuaciones que, directa o indirectamente, supongan imputación a SCC de conductas idénticas o similares a las que son objeto de la pretensión de declaración que se ejercita; publicar a su costa, si alcanzare firmeza la presente resolución, en el diario La Vanguardia el encabezamiento y fallo de esta sentencia, y abonar tanto las costas como solidariamente a Societat Civil Catalana, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, la suma de 15.000 euros, sin perjuicio de art 576LEC«.

La sentencia condena en costas y se pone fin a los intentos de vincular a SCC y a Josep Ramon Bosch, con el nazismo, franquismo y la extrema derecha, un fallo que se produce más tres años después de la publicación este manifiesto. El honor quedaba restaurado, pero la mancha sobre la reputación será difícil de limpiar.

No hemos de olvidar que el propio nombre “Societat Civil Catalana” les enervaba de forma manifiesta

Los condenados habían presentado su manifiesto ante el Parlamento Europeo y lo hicieron llegar de forma torticera a numerosos medios de comunicación, se realizaron cientos de declaraciones, artículos y tertulias con la intención de ensuciar el nombre y la reputación de SCC y de su presidente, con la única intención de vincular a Bosch con «el franquismo, la extrema derecha y el nazismo”. Como siempre, los garantes de la corrección política se erigían como los únicos y verdaderos catalanes y se arrogaban el papel de defensores de los «principios democráticos, la cultura y la sociedad catalana en su conjunto”. No hemos de olvidar que el propio nombre “Societat Civil Catalana” les enervaba de forma manifiesta, puesto que mostraron su rabia e indignación por lo que ellos llamaban la “patrimonialización del nombre de esta plataforma, y expresaban su temor por que «las graves acusaciones contra SCC perjudiquen la buena imagen de la verdadera sociedad civil catalana”.

El juez tumbó cada uno de los argumentos esgrimidos en ese texto, cargado de insultos y falsas afirmaciones, y en la sentencia se señala que no hay ni una sola evidencia que los demuestre, por lo que es una clara «intromisión en el derecho fundamental de SCC».

«Las imputaciones hechas –señalaba la sentencia- no solo carecen de base fáctica, sino que son insidias difamatorias de extrema gravedad, que solo pueden haber sido proferidas de mala fe y con pleno conocimiento de su falta de veracidad y del daño que causan«. Y añadiendo: «Los demandados no solo dan por ciertos hechos que no solo son en sí falsos, sino que también lo son desde el punto de vista jurídico, pues no aportan prueba alguna de los mismos, ni de las supuestas investigaciones en que pretenden sustentarlos, y los cuales deben presumirse inexistentes con lo que la actuación no se incardina en el derecho a la libertad de expresión e información, al no tratarse de meros juicios de valor políticos negativos sino de afirmaciones de hecho ajenas a la verdad que no pueden prevalecer sobre el derecho al honor”.

Según el texto judicial, Terricabras, Maragall y Tremosa decidieron elaborar un nuevo texto de protesta expresando por qué debía ser revocado el premio concedido a SCC, pidiendo adhesiones formales al nuevo texto y recibiendo las adhesiones de los firmantes (19 eurodiputados, cinco entidades sin ánimo de lucro representativas de la sociedad civil catalana y Marcus Pucnik, ex responsable internacional del departamento de prensa de la propia SCC, despedido de la asociación por comportamiento inmoral).

La sentencia diferencia entre la libertad de expresión e información y los insultos. «El derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa. Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante. Así, «el derecho al honor en un sentido negativo, al considerar que hay intromisión por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación«.

Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el honor constituye un «concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento«. En cuanto a su contenido, este derecho protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella.

En ningún caso se reconoce el «derecho al insulto«. La protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y, por tanto, innecesarias a este propósito, dado que no se ha reconocido un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la Constitución.

La sentencia asegura que los documentos facilitados por los ahora condenados «nada aportan realmente acerca de relación de SCC con una posible defensa de los crímenes contra la humanidad del nazismo y el franquismo, de exaltación del nazismo y del franquismo; y de apología del nazismo y el franquismo«, reza la sentencia. «En ninguno de ellos se aprecia por este juzgador que exista prueba alguna que permita afirmar que SCC defiende de los crímenes contra la humanidad del nazismo y el franquismo; o que hace exaltación del nazismo y del franquismo; o apología del nazismo y el franquismo, que es lo que se le imputa«, argumenta el juez.

El nacimiento de SCC fue inesperado. Fue, un 23 de abril de 2014, en un multitudinario acto en el “Teatre Victoria” de Barcelona, fruto de sensibilidades que abarcaban posiciones de partidos de derechas y de izquierdas no nacionalistas hasta independientes que defienden un modelo federal para Cataluña dentro de España y Europa. Ha sido un proyecto de éxito. Bajo el lema “Junts i Millor” un mensaje de ilusión y esperanza despertó a más de la mitad de la población catalana y caló profundamente en la mayoría de la sociedad española.

La sentencia exonera a SCC de las acusaciones torticeras de vínculos falsos con la extrema derecha, limpia el honor de quien esto suscribe y responsabiliza a los supremacistas que nos han acusado, de actuar con mentiras y falsedades, sentenciándoles a fuertes multas y al deber de limpiar el honor y la reputación de SCC y del autor de este artículo.

La mancha sobre mi nombre y el de SCC será difícil de limpiar. El “Regió 7” ha ignorado la sentencia. Ni “La Vanguardia” ni ningún medio solvente de comunicación catalán ha recogido nuestra victoria. Pero las cosas van a cambiar. Y a partir de ahora, los supremacistas y populistas, van a tener enfrente a su peor pesadilla: La verdad.

Ahora, debe triunfar nuestro relato.