Desjudicializar la politica - Luisa Maria Gomez Garrido

Soy una firme partidaria de desjudicializar la política. Esta debería ser la exigencia innegociable de cualquier sociedad sana, comprometida y avanzada, un clamor popular permanente y airado: ¡Fuera los jueces de la política!. Lo malo es que la desjudicialización de la política no depende de los jueces sino de los políticos, porque solo se consigue de un modo: cuando los políticos dejan de cometer delitos. ¡Dejen de robar, malversar, prevaricar, dejen de intentar saltarse la Constitución y las leyes en cuanto nos damos la vuelta, dejen de desobedecer al Tribunal Constitucional!

Ser honrados en política debería ser un presupuesto previo e indisponible de la acción política, pero en lugar de eso se presenta en demasiadas ocasiones como una misión imposible. Puede que algunos políticos no sean personas honradas, y no hagan sino trasladar a la política lo que ellos mismos son a todos los efectos, como una especie de (in)disposición moral innata. Pero no creo que esto sea lo más frecuente. La mayoría de los malos políticos lo son porque encuentran excusas demasiado sencillas para no ser buenos, porque se han acostumbrado a transitar por un entramado de asunciones y creencias que son totalmente disparatadas, pero que a ellos les parece de lo más normal, el ABC de la política avezada, esa que permite tratar de pardillo al que intenta otra cosa.

En algún momento de su evolución la asunción acogió también como fines políticos prioritarios el enriquecimiento de sus protagonistas, la colocación en puestos estratégicos, la obtención de beneficios

La primera de tales asunciones es que los fines e intereses del partido son preferentes sobre cualesquiera otros, públicos o privados, y que para conseguirlos el político está excusado de seguir los criterios de continencia ética predicables para el resto de los mortales. Puede que en algún momento primigenio de la creencia la pretendida superioridad se predicara solo de los objetivos políticos que tenían por objeto incidir en la sociedad y transformarla, es decir, cumplir programa. En este estado germinal la creencia ya resultaba nociva, en cuanto de la misma se derivaba como consecuencia necesaria la anulación del adversario, concebido no como el portador de valores equivalentes y contrapuestos a los propios, sino como una simple obstáculo que merece ser barrido sin contemplaciones. Pero como la vida parece regirse por leyes inmutables garantes de que todo puede empeorar, en algún momento de su evolución la asunción acogió también como fines políticos prioritarios el enriquecimiento de sus protagonistas, la colocación en puestos estratégicos, la obtención de beneficios. Porque el que tanto se esfuerza por sus conciudadanos merece ser recompensado, aunque de manera discreta cuando no en secreto porque aquellos por quienes tanto se lucha, válganos el señor, puede que no entiendan ni el sacrifico ni la compensación, a pesar de todo tan merecida.

La segunda asunción es que sea lo que sea lo que los políticos hagan, sean cuales fueren sus errores y rapiñas, tienen derecho a salir impunes

La segunda asunción es que sea lo que sea lo que los políticos hagan, sean cuales fueren sus errores y rapiñas, tienen derecho a salir impunes. Da igual si se trata de una financiación ilegal que de un intento de subversión constitucional. Lo que quieren los políticos es que lo que hacen ellos quede entre ellos, y si acaso las cuentas se ajusten en las alcantarillas, a puerta cerrada y sin testigos. Las tácticas para lograr que las fechorías salgan gratis son muy diversas, y depende de la naturaleza de la cometida. Nadie espera que el acusado de robar y prevaricar presuma de ello. Por el contrario, negará que haya cometido tales hechos, e intentará hacer desaparecer las pruebas a toda costa.

En el caso de los políticos que han intentado desconocer la Constitución y romper la convivencia la estrategia es distinta: se presume de lo que se ha hecho proclamando el derecho a hacerlo, pero a la vez se camuflan las acciones para intentar rebajar su gravedad, esto es, para vender gato por liebre. De este modo, se sostiene que se criminaliza “poner urnas”, cuando lo que se persigue e investiga es un plan urdido durante meses para proclamar ilegalmente la independencia de parte del territorio español, y la reiterada desobediencia a las órdenes e indicaciones del Tribunal Constitucional. Se dice que en España hay presos políticos, esto es, por el solo hecho de sustentar ciertas opiniones, cuando la mayor parte de quienes proclaman exactamente las mismas ideas gozan de libertad, mientras se silencia la participación de tales políticos presos en los hechos imputados.

Como puede verse, en este último caso la asunción de la pretensión de impunidad obliga a sostener una visión disociada de la realidad, una permanente esquizofrenia que requiere inventar un relato desconectado de lo que acontece en la práctica. La consecuencia no es menos preocupante. Cuando en tales condiciones se reclama la desjudicialización de la política, se está atacando en realidad la misma línea de flotación del Estado de Derecho, se está pretendiendo que los jueces dejen de hacer su trabajo, que para perseguir los delitos se considere previamente quiénes van a ser los investigados, no vaya a ser que los inconvenientes sean demasiado gravosos, y que si los procesos ya están en curso, se cierren sin más, por la mera pretensión de los implicados.

Para forzar semejantes efectos se busca de manera sistemática el descrédito de las instituciones españolas y de quienes han de juzgar los hechos, como si la democracia española no fuera una de las más avanzadas del mundo. Y al propio tiempo se intenta presionar al Gobierno con lo que sea que se ponga por delante: leyes, presupuestos, competencias, la calle para negociar, chantaje y amenaza, una estrategia mafiosa al fin: espero que hagas lo que yo digo, o verás las consecuencias. La cabeza del caballo en la cama de Jack Woltz.

En su desconexión de la realidad confundieron al Estado de Derecho con un partido político

Da igual que seas un ladrón prevaricador o un golpista que ha intentado subvertir el orden constitucional. Nadie quiere que le pillen. Hasta aquí cualquiera puede entenderlo. Pero hay algo más en el segundo caso. No pillarlos es imposible porque ellos mismos hicieron alarde de sus actos, pero obraron así porque estaban convencidos de que nadie se atrevería a reclamar responsabilidades. En su desconexión de la realidad confundieron al Estado de Derecho con un partido político, y pensaron que podrían aplicar al Poder Judicial los mismos cambalaches a los que estaban acostumbrados con este o aquel Gobierno. Citando a Gil de Biedma, que la vida iba en serio, lo empezaron a comprender más tarde, y entonces fue ya todo despropósito, desmesura y puño amenazante.

En el turbulento presente la política está judicializada porque hay demasiados políticos sospechosos de haber cometido delitos. Y cuando los hechos se investiguen y juzguen, se diga si hubo o no ilícitos y hable el Estado de Derecho por boca de los jueces, éstos se irán a sus casas a seguir sus vidas y a contemplar cómo continúa el espectáculo. Y después de todo esto gritaremos de nuevo a los políticos: ¡demonios, sean honrados de una puñetera vez!