Hace tres años, para muchos electores supuso una esperanza la irrupción de candidaturas que se presentaron con el marchamo de la regeneración de nuestros ayuntamientos y la promesa de solucionar los muchos problemas generados por la mala gestión de los partidos viejos, candidaturas que aglutinaban muchas marcas bajo la hegemonía de Podemos. Poco importó, a la hora de vender la novedad, que formase parte de esas candidaturas un partido como IU, partícipe junto a PP, PSOE y los partidos nacionalistas de todos esos vicios que se denunciaban. Tras la correspondiente crisis interna y el desplazamiento de los críticos, IU había optado por sobrevivir fusionado en esas uniones antes que por perecer en solitario y si había que hacer encaje de bolillos para criticar un pasado del que eran parte, se hacía, que cintura es lo que sobra en la política predominante por estos pagos.
Los vientos mediáticos ordenaban cambio y era adaptarse o morir
Los vientos mediáticos ordenaban cambio y era adaptarse o morir, pues habían dispuesto estas candidaturas de muchos altavoces para dar a conocer unos programas que prometían dar la vuelta a todos los males municipales. En ese empeño, contaron con la ayuda inestimable del hartazgo de los ciudadanos con la corrupción que llevaba décadas campando por nuestros ayuntamientos pero que en esos momentos empezaba a aflorar en forma de procedimientos judiciales de envergadura. También resultó de gran ayuda la tendencia de muchos electores a no renunciar a encontrar el bálsamo de Fierabrás de la política, más en momentos de crisis, y a preferir escuchar cantos de sirena antes que atender a la labor sin altavoces de partidos como UPyD que, en el pequeño hueco que habían ocupado en algunos ayuntamientos, llevaban cuatro años haciendo una labor honrada de regeneración, sin altavoces, porque estos no son gratis, y terrenal, eso sí, porque nunca se habían propuesto asaltar los cielos sino hacer que funcionara lo mejor posible la cosa pública en la Tierra. Y así llegaron las candidaturas del cambio a formar gobierno en importantes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz o La Coruña.
Falta un año aproximadamente para las próximas elecciones municipales y autonómicas en las que los electores dirán a través de su voto hasta qué punto esas esperanzas que despertaron se han visto confirmadas o defraudadas, un año en el que (en eso, de entrada, no ha habido cambios) se va a consumir buena parte del tiempo político en la preparación de las próximas elecciones. Previsiblemente, poco se va a avanzar en la gestión y tres años son suficientes para evaluar qué han dado de sí los nuevos ayuntamientos.
Ante las críticas externas, ellos están respondiendo como lo harían sus mejores críticos, de lo que es buen ejemplo Carmena al señalar que el programa de Ahora Madrid tiene fallos y está hecho por gente inexperta
Un repaso a los programas nos da idea de que algunas de sus propuestas son de imposible cumplimiento, por pura lógica, no solo por imperativo presupuestario, que es una losa que siempre planea sobre cualquier programa, sino sobre todo porque, más que programas de gobierno municipal aspiran, en gran parte de sus prolijos textos, a cambiar desde los ayuntamientos el modelo económico, intento que presupone una influencia de los consistorios en la economía que están lejos de tener. Dos trabas se presentan para poner en práctica sus intenciones: las competencias municipales y la sujeción de la actividad municipal a la ley a la hora de actuar como agentes económicos. Otra propuesta, como la de las remunicipalizaciones de servicios públicos, si bien factible en teoría y en muchos casos deseable, se hizo sin contar con las dificultades tanto contractuales como económicas a la hora de ponerlas en práctica. Ante las críticas externas, ellos están respondiendo como lo harían sus mejores críticos, de lo que es buen ejemplo Carmena al señalar que el programa de Ahora Madrid tiene fallos y está hecho por gente inexperta. Nada que añadir a tan justa crítica.
Sigamos con los programas y los resultados. Una parte esencial de los mismos fue dar solución a problemas sociales y, entre ellos, la vivienda pública ocupaba un lugar señalado. No olvidemos que estas candidaturas se gestan en cierta medida y publicitan a través del movimiento antidesahucios, en el que encontraron una forma idónea de catapultarse. Eran momentos en los que todavía se hacían sentir de manera muy aguda las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria y los desahucios estaban a la orden del día.
Más audaz fue la promesa de la alcaldesa de Barcelona de acabar con los desahucios. Ni que decir tiene que no se ha puesto fin a los mismos, motivo por el cual está recibiendo críticas de su propio entorno
Veamos los resultados en el área de vivienda de los ayuntamientos del cambio más importantes, Madrid y Barcelona, en cuanto a la construcción de vivienda pública de alquiler. En Madrid no se ha entregado ni una sola vivienda pública de las 4.200 prometidas y se han iniciado los trámites para la construcción de 2.300, que no estarán acabadas al final del mandato. Recientemente, se denunciaba también el retraso que acumulan en Madrid las ayudas para la rehabilitación de viviendas. La acción más señalada es la querella presentada contra Ana Botella y su equipo por la venta del patrimonio de viviendas de la EMVS a fondos buitre, denuncia justa, independientemente del resultado que tenga. En Barcelona, de las 4.000 prometidas, se han entregado 505, y podrían ser 900 al final del mandato. Más audaz fue la promesa de la alcaldesa de Barcelona de acabar con los desahucios. Ni que decir tiene que no se ha puesto fin a los mismos, motivo por el cual está recibiendo críticas de su propio entorno, críticas que ella recibe argumentando que las competencias no son municipales. Esto lo sabe cualquiera, pero ni lo son ahora ni lo eran cuando se prometía acabar con ellos en la campaña electoral a través de oficinas de mediación e instrumentos similares que de nada sirven ante la aplicación por parte de los juzgados de leyes que solo pueden modificarse con iniciativas legislativas que han sido insuficientes porque el Gobierno del PP no quiso dar una solución justa y universal, no solo para situaciones de emergencia, a un problema que habían generado los partidos en connivencia con la banca y los reguladores. Por eso, no es de recibo hacer del problema de los desahucios un punto clave de un programa municipal, pero Podemos y sus confluencias lo hicieron.
Un cambio factible, e imprescindible, como la reducción de los salarios, se ha quedado en promesa y se ha acompañado de burdas trampas
Un cambio factible, e imprescindible, como la reducción de los salarios, se ha quedado en promesa y se ha acompañado de burdas trampas como la de pretender que se han reducido porque los ediles y alcaldes de estas candidaturas entregan lo que excede de cuatro salarios mínimos brutos a las arcas del partido o coalición, como si eso supusiera un alivio para las arcas públicas. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha sido el primer intento de fijar unas pautas para las retribuciones de los cargos públicos. Es una ley con notables carencias, que ahora no es el momento de señalar, pero el tímido intento que supone para regularizar y poner cierto coto al derroche público, ha sido duramente criticado en los programas del cambio por suponer un freno a la tan apreciada autonomía local, bella expresión que esconde una historia de derroche de nuestros ayuntamientos y hace temer que su siempre reclamada ampliación lo multiplique si llega a producirse.
También habría sido fácil acabar con el clientelismo, gran lacra de nuestros ayuntamientos, que figuraba como un objetivo programático
También habría sido fácil acabar con el clientelismo, gran lacra de nuestros ayuntamientos, que figuraba como un objetivo programático. Sin embargo, de manera contradictoria, ya se barruntaba en los programas que el cambio traería nuevas clientelas, al señalar determinadas tendencias en la contratación y las subvenciones. Han caído en los mismos vicios y aquí no cabe la disculpa de la inexperiencia. Aquí hay una culpa muy clara y, para demostrar que no hay despiste sino intención, hace días nos sorprendía Errejón explicando con brutal sinceridad en un vídeo que circula por redes sociales que, puesto que la militancia no se alimenta del aire, era preciso “revalidar” para “dejar sembradas” instituciones populares que resistan y sean refugio cuando pierdan. Aunque he dicho que es fácil acabar con el clientelismo, entiéndase que es fácil en términos administrativos y en que no es gravoso sino beneficioso para los ciudadanos que se ven aliviados de sobrecostes en la contratación pública y en las subvenciones clientelares, que son casi todas, dicho sea de paso. Pero, al mismo tiempo, es difícil la decisión porque resistir la presión de los que te han aupado hasta el gobierno, requiere mucha convicción y es más fácil entrar en el juego del “doy para que me votes y luego te vuelvo a dar”. Como han demostrado las palabras de Errejón, ellos no solo no tienen convicción sino que han elaborado toda una teoría justificativa del clientelismo. La parte positiva es que ya van de frente, a diferencia de los partidos viejos, que negarían cualquier trato de favor; la negativa, que todo su proyecto rezuma una querencia por los conceptos de “pueblo”, “colectivos populares”, “instituciones populares” y similares, de la que se sienten orgullosos, al tiempo que obvian los de “ciudadanía”, “pluralidad” o “neutralidad”, que deben manejar y tener asumidos los que aspiran a ocupar las instituciones democráticas.
Y lo mismo se puede decir del nepotismo, donde han demostrado seguir las mismas pautas de los viejos partidos. No han hecho avance alguno para eliminar el sistema de libre designación en los puestos reservados a los habilitados nacionales, ni, por supuesto, en los del resto de funcionarios, reforma imprescindible que aseguraría la independencia de los mismos y, así, supondría una traba más a la corrupción. Tampoco han cumplido en la reducción de los asesores, es decir, el personal eventual y, en algún caso, incluso los han aumentado. Seguimos siendo el país con más asesores de nuestro entorno, con gran diferencia sobre el resto y a ello están contribuyendo los ayuntamientos del falso cambio.
En medio de este panorama de incumplimientos, hay dos anécdotas que llaman la atención y hasta pueden arrancarnos una sonrisa. Una es la queja de Colau por la forma en que el “procés” ha condicionado su mandato e impedido centrarse en la gestión para poder ofrecer mejores resultados. Dicho por una alcaldesa que ha sido colaboradora del mismo, resulta un gran ejercicio de hipocresía. La otra anécdota es el entusiasmo con el que alardean en Ahora Madrid y sus seguidores de estar reduciendo la enorme deuda que dejó Gallardón en el ayuntamiento de la capital. Esto es curioso porque, en el programa de “Ahora Madrid” leemos que se proponen “Apoyar las iniciativas de carácter supramunicipal que promuevan la derogación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera…”, sí, precisamente la ley que instaura los planes de ajuste y que ha permitido reducir la deuda, en un proceso salpicado de polémica con el Ministerio de Hacienda y en el seno de la coalición. De hecho, ha supuesto uno de los puntos importantes de discrepancia interna del Gobierno que va a acabar el mandato con una fractura importante.
El éxito o fracaso se mide en función del proyecto y, según este, se puede hablar de fracaso de las candidaturas del cambio
El éxito o fracaso se mide en función del proyecto y, según este, se puede hablar de fracaso de las candidaturas del cambio. Los electores hablarán dentro de un año y su opinión es la válida pero si comparamos las ciudades gobernadas por las nuevas candidaturas con las que siguen gobernadas por los partidos tradicionales, con o sin el apoyo de los nuevos, cuesta encontrar alguna diferencia que pueda hacer pensar a sus habitantes que invirtieron bien su voto. Vemos que las diferencias casi se pueden reducir a aspectos de imagen; innovaciones culturales; reivindicaciones; gestos ideológicos, como la sustitución del retrato del jefe del Estado por la de un anarquista en el ayuntamiento de Cádiz, entre otros muchos. No es sorprendente si tenemos en cuenta que el principal ideólogo de este cambio, Pablo Iglesias, ya anunció que a las instituciones iban para “montar el pollo”.
Y, sin embargo, nuestros ayuntamientos están necesitados de cambios reales, de una verdadera regeneración llevada por gestores que piensen en el interés general antes que en ellos o en cambiar la ley de la gravedad. Lamentablemente, esa transformación no ha llegado con los llamados ayuntamientos del cambio.
