En Cataluña, las semillas sembradas durante décadas para crear una sociedad tribal ajena a los valores de la ciudadanía están floreciendo estos días en forma de rebelión ante el Estado de Derecho. La necesidad de detener esta rebelión es algo que incluso el inapetente gobierno del PP entiende ya. Ahora el debate se centra entre quienes consideran que un parche es la solución y quienes creemos que con un parche no basta; es decir: entre quienes piensan que suspendiendo e inhabilitando a los líderes golpistas es suficiente y quienes defendemos que lo que hay que hacer es, poniendo en ejecución el artículo155 de la Constitución, tomar el control de la Generalitat hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Vamos a explicar por qué.
Las primeras medidas, que ya se están siguiendo, son las judiciales. Las del Tribunal Constitucional, para la anulación de los actos y leyes inconstitucionales. De hecho acaba de suspender la aplicación de las leyes golpistas, aunque la sentencia que las termine declarando inconstitucionales llevará su tiempo. Y las de los tribunales ordinarios de justicia y la fiscalía, para depurar los delitos que hayan podido cometer las autoridades que han aprobado esas normas e impedir que sigan cometiéndolos. No obstante, hay que tener en cuenta que las penas de prisión e inhabilitación que puedan imponer exigen sentencias, lo que acarreará meses o años.
El Constitucional, para asegurar la ejecución de sus resoluciones, podrá acordar la suspensión de funciones del Gobierno de la Generalitat
Mientras llegan las condenas y las inhabilitaciones, el Constitucional, para asegurar la ejecución de sus resoluciones, a petición del Gobierno de España, podrá acordar la suspensión de funciones del Gobierno de la Generalitat —todos sus miembros han firmado el decreto ilegal de convocatoria del referéndum—, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de sus pronunciamientos. Esta suspensión no es automática. Habrá que esperar a que el proceso de justicia constitucional avance y en él formalmente se constaten los incumplimientos. Pero una vez acordada la suspensión, Cataluña se encontrará de facto sin Gobierno. Claro que, mientras la suspensión llega, habrá un gobierno formado por presuntos delincuentes con capacidad de seguir tomando decisiones.
¿En estas circunstancias, la convocatoria de elecciones, inmediatamente después al 1 de octubre, es una posible solución para la derrota del golpe?
El Estatuto de Autonomía de Cataluña dice que la legislatura del parlamento catalán finaliza por expiración del mandato legal al cumplirse los cuatro años de la fecha de las elecciones (octubre 2019) y que puede finalizar anticipadamente si no tiene lugar la investidura del Presidente de la Generalitat, o por disolución anticipada acordada por él. Si el Constitucional suspende a Puigdemont, no podrá convocar elecciones anticipadamente ni cuando acabe la legislatura. Sólo, si no le suspende o si se levantará la suspensión, y si no ha sido penalmente inhabilitado, podrá convocarlas. Pero, en ese caso, ¿sería razonable dejar la convocatoria de unas elecciones en manos de quien ha cometido un delito, incluso aunque haya rectificado después?
Otro problema que se plantea es que la suspensión no conlleva el cese del Presidente, que es lo que permitiría que el Parlamento Catalán eligiese otro. Por tanto, Puigdemont seguirá siéndolo hasta que finalice la legislatura en 2019 o bien hasta que se apruebe una moción de censura, muera, dimita, sea declarado incapaz o se le condene penalmente. Esto último acabará sucediendo, pero la sentencia penal que le inhabilite tardará meses o años. Y, de cualquier manera, aunque cesara por dimisión o inhabilitación, lo más probable es que la mayoría independentista del Parlamento volvería a elegir a un presidente que incumpliría las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y estaríamos en las mismas. O que ni siquiera hubiera un parlamento legitimado para votación de esa enjundia, por la suspensión de muchos de sus miembros.
Tampoco la detención de Puigdemont, para evitar la celebración del referéndum y la declaración unilateral de independencia —no olvidemos que el Estatuto permite detenerlos en caso de flagrante delito—, implicaría su cese. Eso sí, si fuera detenido antes de haber sido suspendido, nada impediría que convocase las elecciones desde su celda firmando el decreto de disolución, para incremento del esperpento que estamos viviendo.
Por otra parte, no podrá plantearse que las convoque otro miembro del Gobierno —si no hubieran sido todos suspendidos—, ya que el sustituto no tiene potestad estatutaria para acordar la disolución anticipada del Parlamento, porque es una competencia exclusiva del Presidente.
Para restablecer la ley, y que se puedan celebrar unas elecciones con garantías, el poder necesariamente va a tener que cambiar de manos
En resumidas cuentas, la suspensión o la inhabilitación del actual Gobierno de la Generalitat y parte de su Parlamento no son la solución a la liquidación de las instituciones por los independentistas, son sólo una consecuencia inevitable de los delitos cometidos. Para restablecer la ley, defender las libertades y derechos de los ciudadanos, y que se puedan celebrar unas elecciones con garantías democráticas, el poder necesariamente va a tener que cambiar de manos.
El Gobierno, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, podrá declarar la existencia de una situación de interés para la seguridad nacional y nombrar una autoridad para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan
El Gobierno, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, podrá declarar la existencia de una situación de interés para la seguridad nacional y nombrar una autoridad para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan. Esta autoridad podrá dar órdenes a las autoridades autonómicas. Gracias a ella, sin duda, se evitaría que los gobernantes alzados contra la ley sigan mandando y se garantizaría el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Pero no es un instrumento válido para el restablecimiento de las instituciones, dado que no habilita para convocar elecciones, en el momento que proceda.
También podría declararse el estado de excepción, si se dan incumplimientos delictivos reiterados
También podrá declararse el estado de excepción, si se dan incumplimientos delictivos reiterados, que pongan en riesgo el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, (si terminan provocando violencia física no habrá más remedio). Este estado prevé, igualmente durante un plazo tasado, que el Gobierno, previa autorización del Congreso, adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio de la ley. Pero después de su levantamiento, estaríamos igual.
Sólo el artículo 155 de la Constitución permite adoptar todas «las medidas necesarias»
Los ciudadanos españoles deben saber que esas medidas puede que se hagan imprescindibles, pero son insuficientes, porque no otorgan los instrumentos políticos necesarios para realizar un cambio de poder que facilite restablecer y garantizar el orden constitucional para salir del colapso de las instituciones catalanas. Sólo el artículo 155 de la Constitución permite adoptar todas “las medidas necesarias”, para obligar a la Comunidad a cumplir con sus obligaciones y proteger el interés general: nada menos que parar un golpe de estado, porque habilita que se incluyan, entre las que autorice el Senado, estas dos esenciales: 1) el cese de los miembros del Gobierno y demás autoridades que no estén dispuestos a cumplir las resoluciones judiciales y la ley, sin necesidad de esperar meses a que sean inhabilitados; y 2) la autorización al Gobierno de España para que convoque elecciones autonómicas, ejerciendo las funciones asignadas al Presidente catalán en el Estatuto.
Es el momento de defender nuestro espacio de convivencia en libertad. Ahora o nunca
Por tanto, la convocatoria de las elecciones será una acción política imprescindible. Pero sólo si es la culminación de todo un proceso previo de restablecimiento del orden constitucional, que habrá exigido que el poder cambie de manos para que en Cataluña rijan las máximas garantías democráticas y derrotar al independentismo golpista. Mientras eso no ocurra, va a ser difícil hacer las reformas constitucionales que permitan salir del estado de putrefacción que ha provocado esta crisis, que no comenzó hace cinco años, sino décadas atrás, y cuya solución requiere, por tanto, el reseteo del sistema para organizar de nuevo la sociedad con unos mimbres de ciudadanía saludable y sostenible. Unos cambios que en ningún caso deberían ser un premio a las tesis de quienes han pretendido romper la convivencia entre todos los españoles, sobre todo, entre los catalanes. Es el momento de defender nuestro espacio de convivencia en libertad, España. Ahora o nunca.
