Un modelo policial moderno - Mario López Barea

La seguridad pública es uno de los principales problemas de las sociedades occidentales del siglo XXI. El conflicto entre seguridad y libertad siempre está en el candelero, con partidarios y detractores de la regulación y el debido cumplimiento de esas normas.

Es evidente que sin seguridad, no hay libertad.

La libertad dijo un día a la ley, ‘Tú me estorbas’. La ley respondió a la libertad, ‘Yo te guardo’. Pitágoras. Hace más de 2500 años un hombre sabio lo tenía claro.

La realidad lo demuestra día a día. Allí donde no hay un Estado de Derecho, donde la ciudadanía no tiene un marco legal que asegure sus derechos y proteja sus libertades, la libertad real no existe.

A los policías se nos exige tomar, en segundos y bajo una gran presión, decisiones que un juez  tarda semanas o meses en tomar

Para proteger el cumplimiento de la ley, la sociedad se dotó de la figura del policía. Esa persona que asiste a los peores momentos de cada uno de nosotros, sea como víctimas de delitos, sea como victimarios.  A los policías se nos exige tomar, en segundos y bajo una gran presión, decisiones que un juez – con todos los datos e informes existentes a su disposición – tarda semanas o meses en tomar, y además contando con una información muy limitada, cuando no falsa o inexistente.

Si proteger a una sociedad abierta y globalizada es muy complejo, lo es mucho más si la organización y coordinación son excesivamente intrincadas, y en ocasiones muy deficientes.  Si hay cinco cuerpos policiales con competencias en Seguridad Ciudadana en distintos lugares de España, y múltiples Policías Locales – algunas de las cuales también realizan esas funciones dada su dimensión y el tamaño de los municipios en que desempeñan su labor – pero no hay una coordinación y jerarquía bien definidas, difícilmente realizarán tan delicada tarea con eficiencia.

La formación y los medios difieren, cuando el entorno legal y operativo en el que se desenvolverán es único. Hay diferencias en el armamento del que se dota a los distintos cuerpos, así como en elementos de autoprotección como chalecos antibalas de uso personal o autorizaciones para el porte del arma reglamentaria fuera de servicio. Además se generan múltiples concursos para la contratación de material, equipamientos y vehículos, que seguramente los encarecen.

Mientras un Mosso de rango 1 cobra al año 34.631 €, un Policía Nacional de la misma categoría se embolsa 24.512 €

Por no hablar de las diferencias retributivas, ante funciones similares. No se produce solo una distinta retribución en base a la peligrosidad o especialización – lógicas diferencias cuando el trabajo es distinto –, sino que agentes con similar cualificación y/o peligrosidad son retribuidos de distinta forma en función del cuerpo policial al que pertenecen, generando desigualdades y agravios.  Mientras un Mosso de rango 1 cobra al año 34.631 €, un Policía Nacional de la misma categoría se embolsa 24.512 €.

La existencia de altos mandos de cada una de ellas crea conflictos de competencia, y disputas por hacer constar la autoridad de cada uno. Hemos asistido recientemente a enconadas polémicas entre cuerpos policiales sobre falta de información, denegación de acceso a datos o lugares críticos, discrepancias sobre sistemas de seguridad pasivos o dotación de recursos suficientes para afrontar actuaciones concretas.

La imagen que se transmite tanto a ciudadanía como a delincuentes es de una preocupante vulnerabilidad

Y la actuación en cuestión era algo tan grave y urgente como un ataque terrorista en plena Rambla barcelonesa, que costó la vida a 15 personas y heridas a más de 120. No se habían dispuesto barreras físicas que evitaran el acceso de vehículos pese a las ‘recomendaciones’ (eran recomendaciones por el desastre organizativo que destaco). Queda la duda sobre si se pudo hacer más por evitarlo, dado que una explosión en Alcanar (Tarragona), en la jornada anterior al atentado, fue deficientemente investigada y comunicada. Al parecer los Mossos, esgrimiendo sus competencias, restringieron el acceso de la Guardia Civil y trasladaron información incompleta.  La imagen que se transmite tanto a ciudadanía como a delincuentes es de una preocupante vulnerabilidad, motivada por los compartimentos estancos que acaban produciéndose y que ralentizan, cuando no impiden, una respuesta adecuada.

En opinión de quien suscribe, debiera existir un único cuerpo policial con competencias en todo el territorio nacional, evitando la actual multiplicidad de competencias que generan absurdas situaciones en las que esas competencias se solapan, y causan disfunciones en el trabajo diario y en la correcta implementación de protocolos y sistemas de protección.  Que en un aeropuerto la pista sea competencia de la Guardia Civil, la terminal de la Policía Nacional o Autonómica, y el parking y la parada de taxis de la Policía Local es un trastorno evidente.

Que la intención política sea seguir fraccionando la seguridad pública, solo puede atender a espurios intereses guiados por el ansia de poder y control

La unificación de Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas supondría una racionalización de plantillas, unificación de protocolos y una mejor coordinación policial. Que algo tan evidente no se realice, es más, que la intención política sea seguir fraccionando la seguridad pública, solo puede atender a espurios intereses guiados por el ansia de poder y control, no por una verdadera intención de prestar un servicio fundamental en las condiciones óptimas.