Registro diario de la jornada - Jose Fernandez

Desde el pasado 12 de marzo, fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley 8/2019, las empresas que desarrollen su actividad en España han tenido un plazo de dos meses para poner en práctica el registro diario de la jornada laboral de sus trabajadores (la ministra se quejaba de que no les habían hecho mucho caso, pero ellos tampoco se han matado dando publicidad al asunto), el cual ha formado parte del programa del Gobierno socialista desde su llegada al poder, ya que figuraba en el “Plan Director por un Trabajo Digno 2018–2019-2020” aprobado en julio de 2018. El 13 de mayo de 2019 el Ministerio de Trabajo ha publicado una guía sobre el tema, que pueden consultar aquí.

Esta medida está fundamentada en la necesidad de prueba de los trabajadores de la realización de horas extraordinarias trabajadas. Teóricamente trata de paliar, además de la dificultad de la prueba anteriormente comentada, la pérdida que supone para la caja de la Seguridad Social las cotizaciones no satisfechas (14.000 millones en impuestos y cotizaciones), y está fundamentada tanto en la jurisprudencia de los tribunales españoles al respecto como en la europea, que recientemente ha dado su respaldo a este sistema mediante una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con origen en una demanda de CCOO contra el Deutsche Bank presentada en la Audiencia Nacional en julio de 2017.

Para los muy cafeteros, dejo el enlace a la Sentencia del Tribunal Supremo 246/2017, de 23 de marzo, a la que le falta decir algo así como “por qué usted, señor legislador, no añade de una vez un parrafito al artículo 34 del Estatuto y así podemos decir lo que queremos decir”. Incluso obligó a la Inspección de Trabajo a emitir una Instrucción (1/2017, complementaria de la Instrucción 3/2016, de 21 de marzo), indicando que la falta del registro horario de toda la plantilla no es constitutiva de infracción del orden social, al no tratarse de una obligación exigible para las mercantiles.

Según la Inspección de Trabajo, la nueva norma le proporciona armas más efectivas en una parte fundamental de su labor de control, después de años de vaivenes judiciales. En el 2018, 35 de cada 100 denuncias que recibieron por incumplimientos empresariales tenían que ver con el tiempo de trabajo. Se trata de luchar contra el abuso hacia los asalariados que trabajan más allá de la jornada por la que están contratados, sin cobrar esas horas o cobrándolas en negro. Según la EPA, hay 2,96 millones de horas extraordinarias no pagadas a la semana, lo que equivale a 74.050 empleos de jornada completa.

Haremos en primer lugar un breve resumen del Real Decreto-ley, y posteriormente trataremos de analizar su eficacia futura y su utilidad.

Los puntos más importantes de la nueva normativa son los siguientes:

  • La empresa debe documentar el registro diario de jornada de todos los trabajadores, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que disponga.
  • No obstante, hay colectivos no obligados por la norma: personal de alta dirección; mandos intermedios, cargos de confianza o con ejercicio de especiales responsabilidades que tengan pactado régimen de libre disponibilidad de tiempo de trabajo; trabajadores que ya cuenten con un régimen específico de registro de jornada (contrato a tiempo parcial, aquellos regulados en el Real Decreto 1561/1995, trabajadores excluidos del Estatuto de los Trabajadores, como autónomos o cooperativistas).
  • La norma obliga a todas las empresas sin excepción.
  • El artículo 10 modifica el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo apartado 9 que obliga a las empresas a realizar un “registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora”, sin perjuicio de la flexibilidad horaria establecida en el Estatuto de los Trabajadores, pero sin concretar la forma de realizar dicho registro, que deberá ser determinada mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa. Ésta tendrá que conservar los registros durante cuatro años. Incumplir esta obligación será una infracción grave que supone una multa de 206 a 6.250 euros.
  • Además de la hora de inicio y fin, es posible registrar el tiempo de trabajo efectivo de forma voluntaria: se entiende por tal todo período durante el cual el trabajador permanezca a disposición del empresario y en el ejercicio de su actividad o de sus funciones. De traca si es cierto que el Gobierno tiene la intención de no contabilizar como trabajo efectivo los descansos y pausas dentro de la jornada, y por lo tanto que no cotice.
  • Se mantiene vigente la obligación de registrar las horas extraordinarias en los términos exigidos por el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores. Aunque el registro del artículo 34.9 ET puede utilizarse simultáneamente para el cumplimiento de la obligación de registro del artículo 35.5 ET.
  • La exigencia de que los registros permanezcan a disposición debe interpretarse en el sentido de que estar y permanecer físicamente en el centro de trabajo, o ser accesibles desde el mismo de forma inmediata. Con ello, se evita, además, la posibilidad de la creación posterior, manipulación o alteración de los registros.
  • Señalar además que la tecnología actual permite sistemas de control de presencia muy variados: por smartphone, con firma digital, por palma, por huella dactilar, facial y por contraseña, entre otros.
  • Aunque no haya representación legal de los trabajadores en la empresa, la obligación de implantación subsiste por parte de esta, quedando exento el trámite de consulta con los representantes de los mismos.

Y una vez vista la norma, vamos a la realidad. Lo que voy a contar ahora está narrado en su mayor parte en primera persona, basado en 30 años de vida laboral por cuenta ajena.

es cierto que en muchas empresas abusan de la posición débil del trabajador para exigir que éste realice horas extraordinarias, y muchas veces sin cobrar o pagadas en negro

Por un lado, es cierto que en muchas empresas abusan de la posición débil del trabajador para exigir que éste realice horas extraordinarias, y muchas veces sin cobrar o pagadas en negro. Una de las frases más recurrentes es “hoy hay que quedarse, y si no te interesa, pues ya sabes”. Cuando uno es becario o pasante todavía se puede alegar que esas horas de más estás aprendiendo el oficio y recibiendo una formación que no se puede adquirir de otro modo. Depende también del sector, donde es más fácil conseguir trabajadores o los empleos son menos cualificados, las condiciones pueden ser más duras. Lógicamente en esos casos el registro del tiempo de trabajo facilitará la prueba en un hipotético juicio.

Por otro lado, creo que los males importantes del sistema laboral actual son otros. El mayor de ellos creo que es el desprecio de la productividad, combinado con el síndrome de calentar la silla. Recuerdo cuando trabajaba de consultor en una empresa concreta que nuestro horario era de 9 a 6, y aunque no hubiera nada que hacer o hubiéramos terminado nuestro trabajo ese día, a partir de las seis nos mirábamos todos a ver quién se atrevía a levantar el trasero de la silla para irse, porque “está mal visto”. También me contaba una compañera que en un trabajo anterior tenía un compañero que zanganeaba durante todo el día y que justo antes de finalizar su jornada le preguntaba si le podía ayudar porque “tenía mucho trabajo pendiente”.

Tenemos un problema serio siendo de los países que más horas trabajan al año y menos productividad tienen: según el informe “La productividad del trabajo y la conciliación laboral” de EAE Bussiness School, Alemania (1.363 horas), Dinamarca (1.410 horas) y Noruega (1.424 horas) son los países que menos horas dedican al trabajo pero su productividad por hora trabajada es del 42,9%, 55,3 % y 79,9%, respectivamente. En España, la productividad por hora trabajada es de 31,5% y es de los países que más trabaja con 1.695 horas.

Es claro que el Gobierno ha tramitado este Decreto-ley deprisa y corriendo, sin consultar a las organizaciones empresariales y estableciendo un período transitorio de implantación de sólo dos meses, que tampoco ha publicitado demasiado. Aunque los inspectores de trabajo han explicado que no se multará a las empresas que acrediten estar negociando la forma de llevarlo a cabo, las consecuencias serán un tanto imprevisibles. Además, hay bastantes supuestos conflictivos en los que no puedo entrar por cuestiones de espacio, como los viajes de trabajo o el tiempo de descanso dentro de la jornada.

¿Qué va a suceder? Creo que el sistema no asegura que no se sigan haciendo horas extras pagadas en negro, puesto que después de fichar se puede seguir trabajando, aunque con el riesgo de una inspección in situ. También puede aumentar el trabajo en negro en casa, donde es casi imposible descubrir la ilegalidad, sobre todo en trabajos cualificados. De hecho, ya hay casos como los profesores, los cuales hacen muchísimas horas extras por ejemplo corrigiendo exámenes, preparando clases o poniendo ejercicios en su casa. Y por encima de todo, este sistema ayuda a probar en un juicio, pero para llegar a él hay que denunciar previamente, y si el trabajador está en una posición de debilidad respecto del empleador, puede que no le sea posible denunciar, o bien que tenga que fichar y seguir trabajando.

Al final, el trabajador, aunque tenga el medio de prueba, puede encontrarse en una situación en la que no le salga rentable denunciar, como es el caso de una persona muy cercana, que ficha cada día y rebasa su jornada legal, pero que no le trae cuenta denunciar esa situación. Además, salvo que se trate de un sistema informatizado donde se garantice la integridad y la trazabilidad de los datos, y se certifique la hora, lo demás es una pura declaración del trabajador, que es manipulable. Por último, puede generar un efecto contraproducente, en el sentido de hacer que haya trabajadores que con la reforma cobren menos dinero, ya que supondrá un obstáculo para superar el límite de 80 horas extraordinarias anuales que marca el Estatuto de los Trabajadores, y que en muchas empresas se rebasa, ya sea gratis o pagándolas bajo mano. También va a poner en peligro el cobro de los bonus de abogados y consultores, que en su mayoría se indexan a sobrepasar las 2.000 horas anuales, y el máximo legal son 1.826.

Con la cantidad de irregularidades que tiene para buscar la Inspección de Trabajo, ahora le damos otro objetivo para que atienda aún peor lo que ya tenía muy difícil atender

En conclusión, esta norma puede tener muy buena intención, pero el que defraudaba antes lo puede seguir haciendo ahora; y quien pagaba las horas extras lo va a hacer ahora. No tiene más recorrido que imponer otro gasto no productivo a la empresa y la búsqueda de sanciones. Los principales perjudicados, la empresa pequeña, puesto que las grandes ya venían controlando el tiempo de sus empleados hace años. Con la cantidad de irregularidades que tiene para buscar la Inspección de Trabajo, ahora le damos otro objetivo para que atienda aún peor lo que ya tenía muy difícil atender.