Provincialismo, nacionalismo de vía estrecha - Rafael Sánchez Díaz

No hay nada mejor para jalear un tema, y que parezca que levanta olas de (presunto) entusiasmo  popular, que informar a medias, o no informar, usar un poco de demagogia y acompañarlo todo con un buen souflé a base de corazón, sentimiento, historia y una gotas de agravio y victimismo. Y claro, ante ese “apetitoso” coktail  ¿quién se resiste? Eso es lo que, a mi juicio, se hace en Cartagena con el tema de la provincialidad. Los defensores de “Cartagena provincia”, aducen razones de índole político-administrativo y económico para su reivindicación. Las tienen también, y en un lugar preferente, de índole histórico, aunque ahora las enmascaren y no quieran  hablar de ellas; quieren evitar a toda costa que se  les identifique con nacionalistas, aunque ellos lo sean, digamos, de vía estrecha.  Carlos Martínez Gorriarán ha denominado a este nuevo concepto en muchos lugares de España, aunque veterano aquí, como regionalitis.

Intentaré aportar un poco de información sobre las vertientes del asunto.

La  actual división territorial   de España en provincias, nombres incluidos, data del año 1833, aunque como ente territorial, la provincia  ya se incluyó en la Constitución de 1812, al igual que las diputaciones provinciales, institución ejecutiva e inseparable de ella. Desde entonces, prácticamente sin cambios, se ha mantenido esta organización. No obstante, no se debe confundir, como se hace muchas veces de forma interesada, el término de provincia marítima con provincia geográfica o política.

Durante el franquismo el papel de las diputaciones provinciales fue de notable relevancia, sobre todo en cuestiones asistenciales y de” beneficencia”, dada la escasa entidad y peso de las instituciones públicas durante ese periodo. Los hospitales provinciales, por ejemplo, cumplieron una misión importante.

En su día se debatió la pertinencia de la continuidad de las diputaciones provinciales, ya que se argumentaba que se iba a producir una sobredimensión de las Administraciones Publicas

Con la llegada de la democracia y con la nueva organización del Estado en Comunidades Autónomas, el papel de las diputaciones provinciales y de las provincias como entes administrativos, no geográficos, fue sometido a una primera revisión. En realidad se debatió (y mucho, por lo que se puede leer sobre ese periodo) la pertinencia de la continuidad de las diputaciones provinciales, ya que se argumentaba que se iba a producir una sobredimensión innecesaria de las Administraciones Publicas al mantenerse dos instituciones paralelas que, en muchos casos, iban a duplicar sus competencias. De hecho, la desconfianza y recelos iniciales  de los partidos políticos (de todos, en general y de la UCD en particular) sobre el “éxito” de la nueva organización territorial autonómica, fue lo que motivó que las diputaciones provinciales (excepto en la Comunidades uniprovinciales) no desapareciesen; temieron que  sus élites (o “elitillas”) políticas podrían quedarse sin un resorte de poder muy importante en aquellos momentos. En las uniprovinciales no existía ese “peligro” porque se sustituía  directamente una institución por otra. Aquí, en la Región de Murcia, el primer ente preautonómico surgió de la transformación y modificación de la antigua Diputación Provincial.

Una vez aprobados los Estatutos  de Autonomía ninguno de los dos grandes partidos ha querido volver a abrir el debate

Pero una vez aprobados los Estatutos  de Autonomía ninguno de los dos grandes partidos, primero UCD y PSOE, y más tarde  AP/ PP y PSOE,( en realidad los grandes beneficiarios del mantenimiento de las Diputaciones Provinciales para “colocar” a cuadros políticos ” no colocados” en otros niveles de la Administración) ha querido volver a abrir el debate. O si lo han hecho ha sido, a todas luces, en falso y de forma interesada pero poco sincera. Lo que no quiere decir que el diagnóstico de 1977 sobre la sobredimensión administrativa que representan las diputaciones no sirva para  hoy.

En el año 2016 las diputaciones provinciales recibieron del Estado unos 6,500 millones de euros, lo que representa alrededor del 90% de sus presupuestos. La cifra  alcanzaría los 22.000 millones si se incluyen las diputaciones forales (13.200) y las Islas Baleares y Canarias (2.100).

Ya he comentado antes que los promotores provincialistas de Cartagena  quieren desvincular al movimiento de argumentos historicistas  por una cuestión estratégica. Aunque no es raro escuchar comentarios del tipo  “es algo que a Cartagena, la trimilenaria,  le corresponde por derecho y por historia”, o que” de lo que se trata es de encajar un sentimiento”. Sin comentarios.

Una de las razones más nombradas para reivindicar la bondad de Cartagena como nueva provincia es lo que económicamente aportaría

Una de las razones más nombradas para reivindicar la bondad de la nueva provincia es lo que económicamente aportaría, el dinero que nos “traería”. Pero ¿de dónde saldrían esas aportaciones económicas? ¿ de algún bote de la bono loto?. No, ya se ha comentado más arriba: del Estado. Desde luego que los promotores  provincialistas saben de lo que hablan. Saben, estudiando lo que ocurre en las comunidades pluriprovinciales, que las diputaciones provinciales tienen unos presupuestos “generosos” que aporta mayoritariamente el Estado. ¿Para qué? Para duplicar en muchas ocasiones competencias de las comunidades autónomas y para hacer esplendidas ediciones especiales, por ejemplo, de materiales de  escasa o nula utilidad social. Así que no queda más remedio que pensar, que lo que en realidad se busca es la “colocación” de las élites y las “elitillas” políticas de grupos políticos  locales que sólo con esta nueva institución podrían lograr.

En la Región de Murcia, al crear una segunda provincia, cada una de las dos provincias llevaría emparejada su correspondiente diputación provincial

Hay que recordar que en la Región de Murcia, al crear una segunda provincia, cada una de las dos provincias llevaría emparejada su correspondiente diputación provincial. Mirando el presupuesto de 2016 en diputaciones provinciales de provincias de alrededor de 1.100.000 y 400.000 habitantes, que son los que tendrían , aproximadamente, las dos nuevas en nuestra región, nos encontramos con presupuestos de alrededor  270 y 130 millones de Euros respectivamente, que en su práctica totalidad aportaría el Estado. ¿Beneficios para el ciudadano? No se sabe. Beneficio para colocarse unos pocos. Y perjuicio para todos al no administrar de forma rigurosa los gastos públicos y sobredimensionar inútilmente las instituciones.

Creo que todos los españoles podríamos ahorrarnos un buen dinero si elimináramos las diputaciones provinciales de nuestro país. Los funcionarios habría que recolocarlos, pero desaparecerían cientos o miles de altos cargos e inversiones costosas si se comparan con sus resultados. De camino se podrían vender o transferir extensas propiedades de estas corporaciones para que las administraciones que se dedican a las cosas importantes, como la sanidad o la educación, puedan “hacer caja” o patrimonializar, que nunca está de más.

Carece de todo sentido proponer que se creen nuevas provincias y sus correspondientes diputaciones provinciales, sencillamente por considerarlas instituciones innecesarias. Descentralizar más la gestión para que le resulte más próxima al ciudadano, sí, mejorar servicios  e infraestructuras, si, por supuesto. Pero para ello no es preciso crear más Administración, sino optimizar la ya existente.

En cuanto  a los criterios seguidos para la financiación autonómica, es la población de cada territorio, y no el nº de provincias, la que determina los fondos. Ahora parece que se van a tener en cuenta otros criterios como dispersión de población, pero a nadie se le ocurrirá incluir como criterio el nº de provincias. Sería un disparate. Así que otra falsedad muy aireada: que las comunidades pluriprovinciales  tengan más peso en la financiación autonómica por tener más provincias. En cualquier caso, son los ciudadanos los que pagan impuestos y reciben servicios y no los territorios.

Quedan por analizar los presuntos beneficios políticos que acarrearía la creación de la nueva provincia. El Senado es una cámara de representación territorial en la que cada provincia tiene cuatro Senadores, independientemente de la población.  Es igual para Teruel, que para Murcia…, o que Madrid. Si la Región de Murcia demandase dos provincias para tener el doble de representación (8 senadores) porque está muy poblada, Madrid, por ejemplo, tendría que reclamar al menos 6 nuevas provincias para su territorio según ese criterio. Lo que pondría las bases para un crecimiento exponencial del número de provincias. Sencillamente, un disparate. Nadie puede tomar en serio una propuesta de estas características. Y en cuanto al número de Diputados otorgados, si el sistema que establece la ley Electoral es malo, lo que hay que hacer es reformarlo con propuestas de mayor representatividad y proporcionalidad, en el que el número de Diputados de cada circunscripción tenga más que ver con el nº de votantes del territorio que  con otros criterios. Si el sistema es malo hay que modificarlo, no insistir en él.

En estos momentos es imprescindible  una política con visión de Estado, que huya de localismos y particularismos

Por eso es necesario acometer una reforma de la Ley Electoral en la que las circunscripciones sean las Comunidades  Autónomas, no las provincias. De ese modo se evitarían injusticias como que Aragón, con una menor población que la Región de Murcia, tuviese más representación de parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Creo que a medio plazo no deberíamos descartar ir a una circunscripción única. En estos momentos es imprescindible  una política con visión de Estado, que huya de localismos y particularismos y en el que el sujeto político sea siempre el ciudadano y la mejora de sus derechos y prestaciones y nunca los territorios. Utilizar el victimismo no es una buena receta política.

Por todo lo expuesto, no creo que el método para mejorar los servicios y derechos de los ciudadanos murcianos, vivan en Murcia, Cartagena o Caravaca, y  que, por supuesto, necesitan ser mejorados, pase por la creación de una nueva provincia y dos nuevas diputaciones provinciales en la Región de Murcia.

 

1 Comentario

  1. Es curioso que 40 años de Estado autonómico tampoco haya servido para olvidar la nostalgia de la Provincia como «espacio político natural» pese a no ser tampoco tan antigua, con menos de dos siglos (la primera Provincia que se denominó así fue, curiosamente, la de Guipúzcoa, a finales del siglo XV). Porque aparte de los intereses espurios que señala Rafa (multiplicar cargos, prebendas y presupuestos) es un hecho que en algunas CCAA no se ha logrado en absoluto una identidad territorial común. En Castilla-León es muy corriente que la gente se niegue a considerarse «castellana», y no sólo en León, sino que optan por ser «de Burgos», segovianos, etc. Lo mismo pasa en Andalucía, nada menos: algunos piden la división en dos comunidades, occidental y oriental. En fin, que realmente el Estado autonómico ni siquiera ha logrado crear identidades político-territoriales que superen a la provincial…