Politica linguistica - Carlos Delgado

Cuando hablamos de política lingüística en el contexto de las naciones modernas, es ineludible comenzar trayendo a la palestra la formación del primer estado-nación en sentido moderno de la historia: Francia. El caso de la normalización del francés responde en primer lugar a una lucha contra la lengua inglesa, compañera del imperio británico, en segundo lugar contra el latín, compañero del clero y el Antiguo Régimen (o por lo menos así percibido por los próceres de la República), y en tercer lugar contra las lenguas regionales o patois, consideradas un escollo para la fraternal unidad del proyecto de modernización nacional.

La situación actual del francés comienza aún antes del período revolucionario, con el rey Francisco I y la ordenanza de Villers-Cotterêts de 1539

El sujeto político revolucionario, que sustituye la soberanía del Rey, es el ciudadano francés, libre e igual ante una ley común a toda la ciudadanía (que debe ser capaz de leer y entender dicha ley), sin distinciones accidentales de ningún tipo. La situación actual del francés comienza aún antes del período revolucionario, con el rey Francisco I y la ordenanza de Villers-Cotterêts de 1539, cuyos artículos 110 y 111 (que versan sobre el estatuto de la lengua francesa) han permanecido inalterados desde su firma original.

A esta conciencia de la importancia de las lengua vernáculas europeas o mediterráneas, hijas del latín, puede trazársele un antecedente ya en 1492, con la publicación de la Gramática castellana de Antonio de Nebrija, que lleva a término el primer estudio sistemático de una lengua romance. No es únicamente un ejercicio de dignificación de la lengua; la normalización era necesaria para el buen desempeño del cuerpo administrativo y jurídico del estado, que precisaba de leyes escritas, en este caso en español, que pudieran ser entendidas sin sombra de ambigüedad, amén de servir como manual de aprendizaje de la lengua tanto para súbitos del reino como para extraños.

Desde 1539, el francés adopta el papel de lengua oficial y de uso obligatorio en la administración, el derecho, y los organismos de carácter público. No es hasta 1992 cuando se añadirá una nueva disposición en la Constitución francesa, que coronará con la siguiente frase su artículo segundo: La langue de la République est le français.

Esta modificación sirve para ratificar un hecho jurídico y lingüístico ya firmemente asentado en el constitucionalismo de nuestro país vecino: el francés es la (única) lengua de la República. La conocida popularmente como Ley Toubon de 1994, precisa el alcance y el perímetro de la disposición de 1992, vinculando una vez más de manera determinante lengua y nación francesas, ya desde su primer artículo.

Aplica y ha aplicado Francia, como podemos ver, una política lingüística asimilacionista, que impone legalmente el uso del francés no solo en la administración

Aplica y ha aplicado Francia, como podemos ver, una política lingüística asimilacionista, que impone legalmente el uso del francés no solo en la administración, sino también en publicidad, lugares de trabajo, programas audiovisuales, contratos comerciales, escuela pública y hasta en los cursos de formación interna y la documentación técnica que las empresas extranjeras y filiales proporcionen a los trabajadores franceses. Este enfoque lingüístico ha permanecido inalterado a lo largo de la historia del país, con la única excepción del periodo entre 1940 y 1944, bajo el régimen fascista de Vichy.

La Francia de Vichy fue favorable al fraccionalismo tribal, abandonando los criterios políticos en un sentido duro, moderno, y retrotrayéndose a criterios étnicos, particularistas, de diferenciación de tipo racial como sistema identitario fuerte

La línea discontinua existente entre el romanticismo nacionalista alemán decimonónico y el totalitarismo nacionalsocialista queda patente, en su faceta humboldtiana, en el especial trato que el estado títere procuró hacia las lenguas regionales francesas. Este ejercicio de protección de las lenguas regionales respondía ni más ni menos que a un ejercicio de particularismo lingüístico romántico, contrario a la razón universal que el discurso moderno francés veía proyectada a través de una lengua normalizada como gran niveladora social y jurídica. La Francia de Vichy fue favorable al fraccionalismo tribal, abandonando los criterios políticos en un sentido duro, moderno, y retrotrayéndose a criterios étnicos, particularistas, de diferenciación de tipo racial como sistema identitario fuerte (pues se busca la creación de “etnoestados”, utopías fascistas donde el grupo étnico o “racial”, el estado, y su lengua y espíritu, es decir, su Volkgeist, sean uno y lo mismo, mantengan una relación de identidad perfecta).

No queremos decir con esto, faltaría más, que cualquier interés por la preservación o el estudio de las lenguas regionales presentes en un estado, sean estas oficiales o no, tenga necesariamente un fin propio de concepciones reaccionarias. Lo que sí queremos destacar es que, históricamente, y como ya veremos más delante de la mano de otros ejemplos, la asociación de lengua y nación en sentido étnico (y no político-moderno) y la reverencial fascinación ante sus particularidades, a las que se dota de un estatuto ontológico y hasta gnoseológico irreductible al de cualquier otra lengua, son las dos caras de una moneda heredada directamente de las reservas ideológicas de la Gebildete, continuadores prácticos de la tradición romántica (aunque no los únicos). Son estas dos modulaciones específicas que ahora citamos, y no cualquier legítimo interés lingüístico o antropológico por las lenguas regionales, las que caracterizan específicamente al régimen de la Francia de Vichy, y, de forma general, a las políticas que partan desde cosmovisiones de familiar cuña.

Basta un rápido repaso por las distintas constituciones europeas para toparnos con un denominador común a un gran número de ellas: el carácter de oficialidad (y con esto, su uso obligatorio en la administración) está reservado a la lengua de facto mayoritaria en el país

Basta un rápido repaso por las distintas constituciones europeas para toparnos con un denominador común a un gran número de ellas: el carácter de oficialidad (y con esto, su uso obligatorio en la administración) está reservado a la lengua de facto mayoritaria en el país. Tales son los casos de Alemania, Italia, Grecia, o Bulgaria. Conviene matizar las características de las políticas lingüísticas de esta relación de países y contrastarlas con las políticas de países como Bélgica, Países Bajos, o Finlandia, donde existen, de hecho, sistemas de cooficialidad y bilingüismo a nivel nacional. La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales entró en vigor en Alemania en 1999, garantizando con ello la protección y el reconocimiento (regional) de las lenguas minoritarias de Alemania (el danés, el bajo alemán o Niederdeutsch, el sorabo, el rumano y el frisio). Este reconocimiento regional, no obstante, está subsumido a la oficialidad de la lengua común, el alemán, de uso obligatorio en todos los procedimientos legales en el estado según la Ley de Procedimiento Administrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz).

Esto sitúa, como ocurre de manera similar en Italia y el resto de países antes citados, a las lenguas regionales en un escenario de una cierta fricción sociolingüística, pues su uso, aunque protegido y reconocido por ley a nivel regional, queda de facto restringido al ámbito privado y doméstico. Las razones que llevan a estos estados, de facto multilingües pero de iure monolingües, a adoptar y promocionar una única lengua oficial son prácticamente idénticas a las del caso francés (aunque diverjan en su aplicación).

El aparato de una nación política, esto es, una nación en sentido moderno, precisa de la homogenización de su ciudadanía. A través de un proceso de atomización política que elimina las diferencias accidentales entre individuos (sexo, religión, grupo étnico, clase social, etc.), consideradas determinantes causales inexorables de posición social y derecho político dentro del Antiguo Régimen, llegan las naciones modernas a la reconstrucción de su soberanía, que ahora brota de la comunidad indiferenciada (políticamente) de “ciudadanos libres e iguales”. Dicho en una sola frase: una misma ley para todos, por todos ha de ser entendida. Mantenemos aquí, sin temor a errar el tiro, que los ideales de 1789 son los que insuflan de sentido aún hoy a las políticas lingüísticas de gran e importante parte de Europa.