Maltratando a la ciencia - Fernando Rodrigez Matas

El doce de junio del año pasado la Fundación para la Innovación COTEC, que preside la exministra Garmendia, presentó su informe 2017 sobre el estado de la Innovación en España. El acto no se realizó en ninguna universidad ni en ningún palacio de congresos, se eligió un escenario sobre el césped del Estadio Vicente Calderón para proclamar a los cuatro vientos los peores datos de la innovación de nuestra economía desde 1986 y que la I+D en España lleva una década estancada tanto en inversión como en resultados.

Gasto Total en I+D (Público y Empresarial)

Mal

España siempre ha tenido un diferencial negativo en el gasto en I+D respecto la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea, diferencia que se ha incrementado desde 2007. A pesar de que la recuperación económica se inicia en 2014, también desde este año nos seguimos alejando de la media de la Unión Europea y de la OCDE.

En 2015 España invirtió un 1,22% de su PIB en I+D, mientras que la media en la UE-28 fue del 2,02 %. Si en 2008 la diferencia con la media europea era del 0,44% del PIB, esa diferencia se incrementó en 2015 hasta el 0,73% . Mientras la Unión Europea invierte en 2015 un 25% más en I+D que en 2008, España invierte un 10% menos. En gasto en I+D España está tan lejos de la media europea como hace 20 años (Gráfico: España, UE-28).

España no sólo está lejos de la media europea o muy lejos de los países avanzados como Alemania, Francia o Gran Bretaña, sino que tiene un gasto en I+D sobre el PIB inferior al de Portugal, por ejemplo, y muy inferior al de países de menor renta per cápita como la República Checa o Eslovenia.

Número de investigadores

En 2012, la recién nombrada Secretaria de Estado de Innovación, Carmen Vela, publicó un artículo en la revista Nature en el que afirmaba que en España había “demasiados investigadores” (el artículo se puede leer: Revista Nature).

En número de investigadores España está también por debajo de la media de la Unión Europea y alejándose de ella. En 2010, España tenía 6,86 investigadores por cada mil ocupados y los redujo a 6,61 en 2015. En 2015, la media de la Unión Europea estaba en 7,87 investigadores por cada mil ocupados.

España ha perdido 13.000 investigadores en el intervalo de 5 años – talentos emigrados en gran parte – y tiene en la actualidad 122.000 investigadores, la misma cantidad que en 2007, un 20% menos de la media de la UE-28 y, como el caso del gasto en I+D, en investigadores sobre la población ocupada España está por debajo de Portugal y de nuevo muy lejos de países menor renta como la República Checa o Eslovenia. “Demasiados investigadores” decía la Secretaria de Innovación.

Patentes registradas

La situación es aún peor. En 2015 se registraron en España 32,5 patentes por cada millón de habitantes, mientras que la media de la UE-28 estaba en 112. Las patentes registradas en 2015 fueron un tercio de la media de las que se registraron en la Unión Europea.

En resumen, el gasto total en I+D en relación al PIB de España es un tercio de los países más avanzados (Alemania, Francia o Gran Betraña) y la mitad de la media de la UE-28. En número de investigadores por mil ocupados, España está un 20% por debajo de la media de la UE-28. Y si los resultados de la I+D los medimos por el número de patentes registradas, España está dos tercios por debajo de la media de la UE-28. El rendimiento obtenido está por debajo del nivel de gasto, lo que evidencia que los escasos recursos destinados a la I+D no se están asignando de forma eficiente.

El gasto en I+D de las empresas

Estos datos negativos no son sólo atribuibles al sector público, las empresas españolas tienen un gasto menor en I+D en comparación con las de otros paises. En España las empresas realizan sólo un 52% del total del gasto en I+D, frente al 63% de la Unión Europea. En 2014 las empresas españolas invirtieron el 0,57% del PIB en I+D (unos 6.000 millones de euros), mientras que la media en la UE-28 estaba en 1,07%. Así pues, nuestras empresas deberían invertir casi el doble para llegar a la media europea.

El apoyo estatal en España a la I+D de las empresas se compone de subvenciones directas, que representan el 75% del total, siendo los incentivos fiscales solo el 25%. Ese reparto es justo a la inversa en los paises avanzados, las subvenciones vienen a ser un tercio y los dos tercios restantes son desgravaciones fiscales. Por otra parte las desgravaciones fiscales han sido a menudo objeto de la picaresca empresarial en nuestro país, como sucedió con el Patent Box: unos incentivos fiscales usados para fomentar las patentes implantados en España en 2007, que habían dado muy buen resultado en Irlanda pero que en España se convirtieron en una artimaña para evadir impuestos. Tuvo que venir a España el director de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (Vitor Gaspar) a un seminario de la Fundación COTEC en 2016 para alertarnos de lo que se había convertido el Patent Box en nuestro país. En 2017 -tras una década de fraude- el Gobierno cambió la legislación de este incentivo fiscal para evitar que se siguiera usando de forma espuria.

¿Por qué las empresas españolas invierten tan poco en I+D ? Hay razones como: un nivel insuficiente de cualificación de los directivos, la limitada cultura innovadora de España o que sea más rentable, en algunos sectores, establecer relaciones clientelares con las administraciones públicas que invertir en innovación. Además de éstas hay dos razones de peso:

  • España tiene un modelo productivo poco basado en el conocimiento, demasiadas empresas poco productivas e intensivas en trabajo, que no compiten apoyándose en la I+D sino en los bajos salarios de sus trabajadores. Empresas tan poco productivas que a la menor turbulencia económica cierran.
  • El reducido tamaño de nuestras empresas: son las grandes empresas las que tienen más recursos (financieros, humanos y de experiencia acumulada) para invertir en I+D. Las inversiones en innovación suelen ser grandes y se rentabilizan a largo plazo. Rentablizar las inversiones en I+D aumenta a medida que crece el poder de mercado de las empresas. Esto explica que las empresas de mayor dimensión (principalmente multinacionales) sean las más involucracas en actividades de I+D. De las 2.500 empresas que más invierten en I+D en el mundo, solamente 17 son españolas (frente a las 132 de Alemania y 83 de Francia). España es un país de pequeñas empresas: un 40,8% de los trabajadores trabaja en empresas de menos de 10 empleados, mientras que en Alemania es el 19% y en el Reino Unido 17,3%. La media de la UE-28 está en 29,2%. La gran empresa (más de 250 trabajadores) solo genera en España el 27% del empleo, frente al 33% en la UE-28, el 37% en Alemania o el 46,1% en Reino Unido.

¿Por qué tenemos tan pocas grandes empresas? Porque en España la legislación y las obligaciones burocráticas las impide crecer, además de las dificultades para acceder a la financiación porque España no tiene una banca industrial como Alemania o el Reino Unido. Yo diría que los bancos españoles no saben trabajar con las empresas industriales o tecnológicas, ni tienen personal especializado para este cometido. Los proyectos industriales o tecnológicos se amortizan a largo plazo, ofrecen pocas garantías reales. Los préstamos hipotecarios y a la construcción han sido siempre las operaciones preferidas de los bancos españoles porque dotaban a los créditos de garantías reales que aportaban solvencia a la banca. Según el informe del Word Economic Forum, cada año aparece el acceso a la financiación como el primer problema de la empresa española.

Pero hay otra razón que impide crecer a las empresas españolas: la excesiva burocracia a la que obliga la normativa española (la burocracia también aparece repetidamente en los informes del Word Economic Forum como el segundo problema de la empresa española). A medida que la empresa crece las obligaciones burocráticas aumentan y en consecuencia los costes. El gran cuello de botella en España es a partir del empleado 50, “la maldición del empleado 50” lo llaman algunos empresarios. La legislación española establece que si se dan al menos dos de los tres siguientes requisitos durante dos años consecutivos: un activo superior a los 2,85 millones, una cifra de negocios mayor a los 5,7 millones o una plantilla superior a los 50 empleados, entonces la empresa pasa de pagar el IVA trimestralmente a pagarlo mensualmente, las cuentas anuales deben ser revisadas por un auditor de cuentas y se debe establecer un comité de empresa (delegados sindicales). En Alemania o Austria no existe nada parecido en su legislación, todas las empresas -independientemente de su tamaño- pagan el IVA trimestralmente y no se incrementan las obligaciones burocráticas por la “maldición del empleado 50”. No es extraño que muchos empresarios prefieran crear otra empresa antes que seguir creciendo y frenen su programa de expansión o externalicen parte de sus actividades.

Por si esto fuera poco, en 2017 en Ministerio de Hacienda estableció el llamado Suministro Inmediato de Información en el IVA (SII), que obliga a las empresas a introducir en una plataforma informática del ministerio los datos de todas las facturas emitidas (total de la operación, objeto e identificación fiscal del destinatario…, por cada factura hay que suministrar una docena de datos ) en un plazo de 8 días. A partir de 2018 este plazo es ya de 4 días y si no se cumple la normativa se establecen sanciones que pueden llegar hasta los 6.000 euros, al margen una multa del 1% de la cifra de negocios en el ejercicio. El Consejo de Estado, en su informe previo sobre el Real Decreto que aprobaba esta nueva obligación, afirmaba que el nuevo sistema es “más gravoso y en algún punto desproporcionado”. Además del incremento de la carga burocrática se obliga a las empresas adelantar mensualmente el IVA a Hacienda de facturas emitidas aunque no hayan sido cobradas, lo que exige un incremento del fondo de maniobra y de los recursos propios para financiarlo. Vamos, lo “ideal” en el país de las empresas cuyo principal problema es la financiación.

Conclusión

En las primeras etapas de desarrollo de un país existe gran capacidad de incrementar la productividad (el valor de lo producido por trabajador) por varias vías: obteniendo tecnología de otros países a través de la importación de bienes de equipo que la incorporan, con la compra en el exterior de patentes o por la imitación de tecnologías suficientemente difundidas. Pero cuando se alcanza un elevado desarrollo tecnológico es fundamental el esfuerzo para crear tecnologías propias y es aquí donde España empezó a fallar en los años 80 por falta de inversión en I+D. El competir con tecnologías que llevan ya tiempo en el mercado, bien porque se imitan o porque se compran las patentes, exige adoptar un estrategia de devaluación salarial. Solamente la inversión en I+D permitiría a España – a largo plazo – reemplazar la vía de los bajos salarios, y el deterioro de las condiciones de vida que suponen, por una estrategia basada en tecnologías innovadoras en las que se apoyaría el incremento de la productividad. El fin último de la política de I+D es el bienestar social.