Fiebre amarilla - Carlos Silva

La asociación Impulso Ciudadano nació hace ya casi una década, en octubre de 2009, con la voluntad de ocupar un espacio en la vida pública de Cataluña a través de la acción ciudadana y con la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía en una España cohesionada como razón de ser. Con la defensa del pluralismo político, ideológico, lingüístico y de los valores contenidos en la Constitución española como motores, Impulso Ciudadano ha centrado su acción durante este tiempo en dos campos: el activismo cívico y la denuncia ante los Tribunales de Justicia y las Instituciones nacionales y europeas de los abusos de la Administración autonómica catalana.

En el terreno del activismo, Impulso Ciudadano ha lanzado campañas, convocado conferencias, debates y actos reivindicativos y ha participado activamente en la puesta en marcha de nuevas iniciativas cívicas complementarias, con un énfasis en la colaboración y la creación de nuevas plataformas que articulen el movimiento cívico no nacionalista en Cataluña.

En el ámbito de la denuncia de los abusos de las Administraciones catalanas y la desidia del Estado, la asociación ha sido especialmente activa en la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos frente a los atropellos de los gobiernos nacionalistas catalanes, especialmente en lo que respecta a los derechos lingüísticos. En este sentido, entre otras muchas acciones de denuncia, Impulso Ciudadano ha presentado informes y peticiones a sucesivos Defensores del Pueblo en materia de consumo e inmigración, solicitando la interposición de diversos recursos de inconstitucionalidad, ha comparecido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar las multas lingüísticas a comerciantes y empresarios catalanes, ha denunciado ante los Tribunales los Reglamentos de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona, de Dirección de centros educativos y del Hospital Joan XXIII de Tarragona y ha defendido ante los tribunales a numerosos comerciantes sancionados a causa de la restrictiva y abusiva política lingüística de la Generalitat de Cataluña, entre otras muchas acciones.

El pasado 22 de agosto, la asociación Impulso Ciudadano presentó ante la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una denuncia solicitando que ésta procediese a la averiguación y esclarecimiento de las razones por las que la Policía Autonómica dedica su tiempo y esfuerzo a perseguir a los ciudadanos que retiran propaganda independentista, lazos y otros símbolos. Simultáneamente, tras un año ya de inundación del espacio compartido, falta la primera noticia de que se haya buscado o identificado a alguno de los miles de catalanes procesistas, cargos y administraciones públicas incluidos, que han convertido el paisaje catalán de todos en un vertedero simbólico de uso privado. Las actuaciones de los Mossos llevadas a término durante el mes de agosto pusieron en marcha la ejecución del Plan Operativo Específico anunciado en rueda de prensa el 2 de agosto por el Conseller de interior, plan que, escudándose en la coartada de la libertad ideológica, sustanciaba las amenazas de Torra de persecución del disidente y de apropiación indisimulada del espacio compartido a beneficio de la causa secesionista. La caza del fascista españolista, término aplicado por el procesismo supremacista a todo aquel que no comparte su fe, había comenzado.

La celeridad inusual con la que la Fiscalía daba eco a la denuncia de la asociación y abría diligencias de investigación, reconocía la excepcionalidad y gravedad del momento en Cataluña

La Fiscalía Superior de Cataluña tardó tan sólo unos días en responder a la petición de Impulso Ciudadano de apertura de una investigación sobre estas actuaciones y sobre los cargos políticos que las promovían, y a su solicitud de que ésta interviniese para finalizar la ilegal persecución de ciudadanos que cumplen sus deberes cívicos. La celeridad inusual con la que la Fiscalía daba eco a la denuncia de la asociación y abría diligencias de investigación, reconocía la excepcionalidad y gravedad del momento en Cataluña. Se trataba de un reconocimiento implícito de que una parte sustancial de la sociedad catalana se halla expuesta a la arbitrariedad de unas Administraciones Públicas que incumplen su obligación de respetar los derechos de todos y a garantizar un espacio sin contaminación política partidista. Unas Administraciones que se niegan a respetar el principio de neutralidad política, colocando y negándose a retirar de los edificios públicos la simbología partidista u ofensiva contra otras Administraciones o Poderes Públicos del Estado. Unas Administraciones que, en última instancia, señalan, persiguen y someten a escarnio público y persecución policial a aquellos que no acatan su modelo totalitario de pensamiento único.

La resolución de la Fiscalía ha lanzado a la calle a líderes políticos hasta entonces reticentes y endurecido el discurso de otros en defensa de los derechos civiles vulnerados en Cataluña

La actuación del Ministerio público supone un punto de inflexión en la guerra de los símbolos en Cataluña y es, a su vez, prueba del papel relevante del mundo asociativo como vigilante del sistema y garante de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de la Administración, pero también como acicate de los partidos políticos embebidos en sus dudas, tiempos y cálculos interesados. Así, la resolución de la Fiscalía ha lanzado a la calle a líderes políticos hasta entonces reticentes y endurecido el discurso de otros en defensa de los derechos civiles vulnerados en Cataluña. Bien está lo que bien acaba. No obstante, sería triste que la determinación presente fuese sólo resultado del aprovechamiento circunstancial del tirón de un tema de actualidad para obtener relevancia mediática durante unos cuantos telediarios. No deja de ser preocupante la vacilación y el discurso cambiante de aquellos que deberían ser los primeros en abanderar la defensa de los derechos fundamentales de más de la mitad de los catalanes. Es de eso de lo que estamos hablando. Hablamos de un tema nuclear que nunca debe estar sometido a la negociación o el cambalache estratégico.

Si bien las resoluciones judiciales recientes han abierto una puerta de esperanza y marcado un punto de inflexión en esta batalla, el problema, lejos de remitir, se ha agravado en las últimas semanas. La progresiva aceleración del fenómeno procesista, su galope hacia el choque final y el conflicto social definitivo, nos ha dejado este verano un goteo diario de imágenes de enfrentamiento entre catalanes, de tensión e insultos, en torno a la ocupación del espacio público en forma de lazos amarillos por parte del independentismo. Las escenas, cada vez más broncas, más indisimuladamente violentas, muestran una sociedad que pasea por el filo de la navaja, una sociedad donde, cada día, todos nos preguntamos hasta qué punto puede llegar a degenerar esta situación.

La imposición física de un espacio único como metáfora de la imposición de un pensamiento único, el silenciamiento y exclusión del divergente, han sido elementos esenciales del proyecto nacionalista desde sus fases más tempranas

Visto desde otros lugares de España, la invasión amarilla de todos los rincones de Cataluña, podría parecer una estrategia, una forma de violencia novedosa, pero la apropiación del espacio público, la imposición física de un espacio único como metáfora de la imposición de un pensamiento único, el silenciamiento y exclusión del divergente, han sido elementos esenciales del proyecto nacionalista desde sus fases más tempranas. La homogeneización de la sociedad a través de la educación y los medios de comunicación ha conllevado desde un principio el fenómeno simultáneo y paralelo del silenciamiento de todo aquel que no se identifique con el proyecto identitario. El nacionalismo y la izquierda travestida de catalanismo han cimentado su modelo de cohesión social, de escuela catalana, de sociedad, sobre la adhesión fanática y sectaria de unos y la supresión y sometimiento de otros. Es una experiencia real e íntima, no teórica ni retórica, que los no nacionalistas hemos vivido de manera habitual en las situaciones más comunes y aparentemente insignificantes. La apropiación, la ocupación del discurso, de la voz, el silencio de una mayoría pacífica frente a la beligerancia ostentosa de los adeptos en las conversaciones más cotidianas, en el café durante el descanso en la jornada laboral, han sido el requisito previo sobre el que se ha construido la ocupación del espacio público presente.

En contra de lo que pueda parecer a la luz de las noticias de actualidad, la agresiva campaña de símbolos y de usurpación grosera, abusiva y desinhibida del espacio público han sido una constante y una herramienta fundamental del proceso secesionista desde al menos el año 2012. El inicio ese año de las consecutivas grandes manifestaciones abiertamente rupturistas, el anuncio en el 2013 de la consulta del 9N, la celebración en 2014 de dicha consulta ilegal y del tricentenario del 1714, conllevaron en paralelo una invasión masiva y sin precedentes del espacio público en Cataluña con banderas esteladas colgadas de manera permanente en domicilios particulares, edificios y espacios públicos y carreteras. Fue en ese momento en el que se produjo un cambio cualitativo en la ostentación de símbolos en Cataluña. El nacionalismo, al tiempo que abandonaba el marco constitucional y asumía la ruptura violenta como vía política, decidía apropiarse de manera unilateral del espacio de todos los ciudadanos. De manera visual, física, el secesionismo escenificaba su ruptura no sólo con el resto de España, sino con todos aquellos malos catalanes reticentes, a los que se sometía a la convivencia diaria con los símbolos que le recordaban su anomalía en una tierra que los rechazaba por lo que eran y pensaban.

Es especialmente relevante como el silencio interiorizado por la ciudadanía no nacionalista fue esencial en esa primera fase de la espiral independentista para que esta apropiación del espacio compartido fuese posible

Es especialmente relevante como el silencio interiorizado por la ciudadanía no nacionalista fue esencial en esa primera fase de la espiral independentista para que esta apropiación del espacio compartido fuese posible. Durante esos años, tuve repetidas discusiones con amigos y conocidos que, aunque opuestos a la locura de la farsa secesionista, hacían laboriosos esfuerzos intelectuales y argumentativos para justificar la inaceptable apropiación del espacio público, enterrando su cabeza en imposibles equidistancias, neutralidades e indiferencias. Intentaban evitar el conflicto, o que éste interfiriese sus vidas, negándose a ver un acto de violencia, una agresión, en la obligatoria convivencia cotidiana con toda aquella quincalla simbólica. Es quizás la ruptura de esa equidistancia y de ese silencio el hecho diferencial y determinante que hace del momento presente una nueva fase en este proceso.

Como he sugerido en artículos anteriores, el procès ha entrado en una fase tardía y terminal caracterizada por el exceso, la exageración y la sobreactuación. El tardo-procès es una composición musical que oculta que repite monótonamente las mismas líneas melódicas a base de añadir fanfarria y sucesivas capas superpuestas de orquestación. Es una superproducción cinematográfica que, a falta de nuevas líneas de argumento, añade espectaculares y carísimos efectos especiales y espolvorea sobre su largo metraje unas cuantas escenas sangrientas. La detención de los Jordis y los líderes políticos del intento de golpe de Estado del 1 de octubre marcó el inicio de la segunda oleada de invasión simbólica tras la avalancha de esteladas en los años precedentes. El admirable, descomunal y efectivo entramado independentista, edificado durante cuatro décadas sobre la indiferencia de los sucesivos Gobiernos de España y el presupuesto de todos los españoles, encontró en los lazos amarillos y de un día para otro, su perfecto símbolo prêt-à-porter, barato, asentado en numerosas culturas como parte de distintas campañas reivindicativas, y con una capacidad invasiva del espacio sin precedentes. Un símbolo a la altura del estilo hiperventilado y sin filtro de Quim y sus secuaces.

Son estas dos características las que definen la situación presente, le confieren su gravedad y hacen tan impredecible el futuro próximo. Por un lado, una campaña de un volumen y presencia sin precedentes a la altura de un independentismo histriónico, desinhibido y agresivo que considera legítimo despreciar y pisotear los derechos de todo aquel que se interponga en su camino. Por otra, una población asfixiada por los excesos de un nacionalismo totalitario, que se siente físicamente amenazada y odiada y que ha abandonado el silencio y la equidistancia y pasado a la acción en un acto de auto-defensa. La tormenta perfecta.

Cualquier propuesta de negociación es un insulto al sufrimiento de tantos catalanes

La situación política y social en Cataluña ha llegado a tal nivel de degradación que resulta inaceptable cualquier propuesta de solución que vaya más allá del cumplimiento escrupuloso de la ley y el respeto y defensa de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos catalanes. Mientras Quim Torra vuelve a poner una pistola en la sien del Estado como modelo de negociación, mientras los intransigentes agreden físicamente al diferente, mientras la policía actúa como brazo político y los muecines de los municipios catalanes dictan desde la megafonía de sus ayuntamientos el catecismo del catalán biempensante, cualquier propuesta de negociación es un insulto al sufrimiento de tantos catalanes. No se puede apagar el fuego con fuego. No se puede recurrir al fraude de ley mediante la promoción de un nuevo referéndum bajo el disfraz de la reforma y aprobación de un nuevo Estatut, cuando fue el Estatut de Maragall el que dio el pistoletazo de salida para el disparate presente. No se puede asumir que Cataluña son sólo ellos y que los demás somos sólo moneda de cambio carentes de derechos.