El Gobierno de España ha concedido a los rebeldes de la Generalidad lo que el señor Puigdemont pidió desesperadamente antes de huir y convertirse en un forajido: diálogo. El documento #EnfoCATs señala la negociación con Moncloa como una de las fases finales de la rebelión que describe. El señor Sánchez se ha sentado con el señor Torra para constituir lo que ambos han llamado “mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político”. Los golpistas avanzan en su agenda con la cooperación del Ejecutivo español.
Moncloa justifica su deslealtad con la Nación y los ciudadanos que la integran
Moncloa justifica su deslealtad con la Nación y los ciudadanos que la integran. Arguye que trata de dar una solución a lo que, con los golpistas, llama “conflicto político”. Y es bien cierto que existe un conflicto político. El problema al respecto estriba en que el Gobierno comparte el significado que los catilinarios dan a este sintagma en lugar del que el propio Sánchez le había dado hasta que necesitó los votos de ERC para ser investido. La ultraderecha facciosa catalana –y con ella ahora también el Ejecutivo– lo entiende como la insatisfacción de su pretensión separatista, de su exigencia de ser reconocidos como ciudadanos de primera para que todos los demás lo sean de segunda. La realidad del conflicto político, empero, es que la Generalidad de Cataluña ha dado un golpe a la Nación española y que ese acto de fuerza y su inaudita violencia no han sido sofocados aún. Esto es, el conflicto real es la rebelión en marcha de una institución del Estado –la catilinaria Generalidad catalana– contra la unidad de la Nación.
El único objetivo de Sánchez en este momento es conseguir –a cualquier precio– que las Cortes aprueben su próximo proyecto de presupuesto. Necesita para ello el concurso de los votos que controla un sedicioso convicto, el señor Junqueras, que –casualmente– ya disfruta de un régimen de semilibertad sólo 143 días después de haber sido condenado a 4.745 de prisión. El Gobierno compra votos a cambio de vender a sus gobernados y de legitimar la pretensión de liquidar la existencia del sujeto político del que emana su poder: la Nación española.
La meta de ERC es presentarse ante su electorado como los que consiguieron forzar una negociación con Moncloa. La del monaguillo del señor Puigdemont, que no otra cosa es Quim Torra, es la de seguir las instrucciones del documento #EnfoCATs y exigir un –otro– referéndum de autodeterminación.
Moncloa deja hacer a los separatistas, sólo le interesa aprobar el presupuesto. Dispensará en el ínterin una miríada de nuevos privilegios para la ultraderecha separatista catalana para escarnio de todos los españoles. Un día, las ambiciones personales del doctor dejarán de necesitar a los rebeldes. Adoptará entonces un nuevo discurso contrario al mantenido hasta ese momento. No lo hará por una lucidez sobrevenida, sino por el hábito que ha forjado su carácter. El señor Sánchez es un traidor de ida y vuelta. Burla sin escrúpulo porque sus mudables principios son los que en cada momento satisfacen su ambición. Su taimería no encontrará reparos para presentarse como defensor de los antes burlados cuando traicione a aquellos con los que intrigó para burlarlos. Juega a todas las bandas y para cada una tiene una felonía.
unas reuniones privadas en las que se delibera sobre la unidad nacional a espaldas de las Cortes –de hecho, contra las Cortes–
Pero para la aprobación del nuevo presupuesto aún falta mucho. Mientras tanto, la conjura de los catilinarios se reunirá mensualmente impregnándolo todo de una anormalidad que el Gobierno institucionalizará como nueva normalidad. Durante dos semanas al mes –la previa y la siguiente a cada encuentro–, sus miembros harán declaraciones públicas en las que se referirán a ella como una “mesa de diálogo”. De este modo, unas reuniones privadas en las que se delibera sobre la unidad nacional a espaldas de las Cortes –de hecho, contra las Cortes–, serán descritas repetidamente por los catilinarios de la Generalidad y de Moncloa con expresiones tan positivas como “reencuentro, diálogo, acuerdo, solución,…” No sería sorprendente –ni descartable– que hasta la oposición, presa de la inercia, se refiera a este sanedrín golpista como “mesa de diálogo”. Todas las televisiones programarán el discurso de la plataforma Gobierno-golpistas de forma constante. Su reiteración convertirá en algo ordinario y con prestancia de razonable el disparate de que el Gobierno se arrogue –en colosal vicio de incompetencia– la capacidad de negociar la unidad de la Nación de sus gobernados con quienes se han conjurado en quebrarla.
Una segunda consecuencia de la creación de esta plataforma contra la Nación –y de la repetición mensual de sus reuniones– es el precedente. Los separatistas lo utilizarán en el futuro y será para ellos un arma de gran valor y calibre. Argumentarán que el Gobierno de España dialogó de igual a igual con la Generalidad de Cataluña y que este hecho pone de manifiesto que el propio Ejecutivo español considera a Cataluña como una Nación. Este será el mensaje nuclear separatista de los próximos años. Un corolario devastador de este relato es que su afirmación implica la no existencia de la Nación española. El daño que, con todo ello, han infligido Sánchez y cada miembro de su Gobierno a la libertad y seguridad de todos los españoles es de una enormidad que trasciende el horizonte de las consecuencias que hoy puedan preverse.
El señor Sánchez y sus ministros cortesanos, con zalamerías de reuniones y recibimientos, están escribiendo nuevos versos para la vileza que los catilinarios creen epopeya. El Gobierno ha regalado un arsenal dialéctico a los que pretenden quebrar la Nación de la que emanan su poder, su legalidad y su legitimidad legal. Lo utilizarán durante años. De él extraerán mensajes de odio que atornillarán a las cabezas de sus feligreses.
quien tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes anima a su incumplimiento
Adicionalmente, esta plataforma de cooperación Gobierno-golpistas deja una impronta de fomento y patrocinio del delito: si bien el crimen debe ser castigado, la promesa de su repetición es premiada por el poder Ejecutivo. Esto es, quien tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes anima a su incumplimiento mediante generosos incentivos para quien manifieste su disposición a atacar el bien jurídico más valioso: la unidad de la Nación política. La mesa de la deslealtad es un llamamiento al golpismo.
Y no sólo eso. El señor Rufián (ERC) ha confirmado recientemente en un acto organizado por Fórum Europa lo que él mismo insinuó en la sesión de investidura de Sánchez: ya existe un acuerdo del Gobierno con los golpistas para celebrar un nuevo referéndum de autodeterminación. Podrán darle otro nombre o regatear si su resultado habría de ser vinculante o no, pero poca importancia tienen estas cuestiones si se las mide con las repercusiones de tal hecho. Si un Ejecutivo español promueve, organiza o celebra un referéndum –sea nacional o regional– sobre la integridad de la Nación española, ese Gobierno será responsable de provocar un enfrentamiento civil. Sánchez no puede esperar que los ciudadanos se queden cruzados de brazos –como Puigdemont lo esperó en 2017– ante un intento de convertirlos en ciudadanos de segunda categoría frente a una banda de rebeldes.
