Los Presupuestos Generales del Estado, presentados el día 14 de enero de 2019, no han decepcionado las expectativas de nadie y todo ha salido de acuerdo al guión. El gobierno del Dr. Sánchez (todo su gobierno, incluidos los ministros simpáticos a los que los constitucionalistas eximen de toda responsabilidad) ha hecho unos presupuestos cual rey medieval que dispone de la caja para pagar sus guerras y a sus aliados y perjudicar a sus opositores.
Esta gobernanza medieval del Dr. Sánchez me recuerda a un personaje crucial en el derecho constitucional inglés, el rey Juan I, llamado Juan sin Tierra. El Rey Juan I llegó al trono de forma completamente inesperada, ya que era el hijo más joven y el cuarto varón. Pese a que ascendió al reinado por legítima herencia, después de haber fallecido sus hermanos mayores, su vida no estuvo falta de conspiraciones contra el rey legítimo: primero su padre, luego su hermano Ricardo I Corazón de León. De hecho, se dice que estuvo implicado en el apresamiento por parte de Leopoldo V de Austria (quien cobró un rescate significativo) de este último cuando volvía de la Tercera Cruzada. Para cuando Juan sin Tierra se convirtió en Juan I, había saboreado el poder como Regente y lo había perdido con cada retorno de Ricardo I.
Los paralelismos entre Juan I y el Dr. Sánchez no eran, sin embargo, lo que me ha inspirado el recuerdo del rey inglés, sino la firma de la Carta Magna
Los paralelismos entre Juan I y el Dr. Sánchez no eran, sin embargo, lo que me ha inspirado el recuerdo del rey inglés, sino la firma de la Carta Magna. La Carta Magna, que se suele considerarse como la primera Constitución inglesa, representa la necesidad por parte del monarca de respetar los derechos de los ciudadanos. El texto firmado, en realidad, viene a consolidar los derechos tradicionales de los señores feudales sobre la tierra que ocupan. Pero el espíritu de la letra es que nadie, ni si quiera el que ostenta el poder, tiene derecho a despojar de su propiedad a su dueño. Esa es la base del Estado de Derecho moderno por el cual nadie está por encima de la ley. La promulgación de la Carta Magna de 1215, por otra parte, entronca con la primera manifestación de parlamentarismo europeo, en tierra española: las Cortes de León de 1188. Es decir, que los límites al gobierno, y, aún más importante, la razón de ser del mismo, no son algo de 1978. Esto seguramente sorprenderá a muchos cuyo discurso político divide la Historia en dos: el Antiguo Régimen (Franco y todo lo anterior) y el Nuevo Régimen (todo lo que viene después).
Como se pone de manifiesto, hasta los súbditos medievales sabían que cuando el gobernante quiere imponer tributos, lo cual significa una reducción de bienes al que sufre la carga impositiva, se ha de dar una razón y ha de aprobarse la medida. Alguien que escribe una tesis doctoral sobre “Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)” no puede ignorar esta premisa. Ahora bien, si la diplomacia económica significa tratar a las regiones del país como estados independientes, negociar prebendas y privilegios a costa de la mayoría, y castigar a quienes más aportan y quienes más necesitan las inversiones, entonces se está traicionando el principio y objetivo de la ley.
El gobierno solo tiene razón de ser tanto en cuanto beneficia a sus administrados y la imposición al contribuyente solo es legítima tanto en cuanto se tienen que dividir las cargas de esa administración. Así ha sido entendido, al menos, desde hace ochocientos años. Por mucho que se adorne al gobierno de parafernalia, por mucho que se desarrolle una legitimación ideológica, el gobierno y su administración no es una exigencia natural, sino una creación artificial para el bien común. Es decir, que se puede y debe plantear y cuestionar la necesidad del gasto y la forma de organizar el gobierno y su administración dado que, si no se ponen límites, se impone la tiranía y la dictadura.
En ese debate, es perfectamente admisible pensar por qué es necesario mantener duplicidad en las funciones burocráticas, o por qué determinadas administraciones son más importantes que mantener una Seguridad Social saneada. Como explican todos los economistas, las administraciones son voraces y los recursos son siempre escasos. En un mundo global con unas posibilidades de deslocalización de personas y empresas extraordinarias, solo es viable una voracidad controlada y un planteamiento serio sobre la función y tamaño del gobierno.
