La campaña electoral de Pedro Sánchez desde Moncloa sigue tocando puntos sensibles de las necesidades sociales y la vivienda no podía faltar en el programa. Trabaja contra reloj, dado el cada vez más improbable agotamiento de la legislatura, y, en esa línea de lanzar propuestas que satisfagan una amplia demanda social, ha puesto sobre la mesa una llamada a todos los partidos para un amplio consenso sobre el problema de la vivienda y unas líneas no desarrolladas para dar solución a las necesidades más acuciantes.
Es sorprendente, ridículo o absurdo que un presidente que no ha querido hacer el pacto imprescindible con los partidos constitucionalistas para responder al desafío independentista porque quiso asegurarse una presidencia sostenida por los golpistas, proponga a todos los partidos un pacto de Estado por la viviendas
Ese amplio consenso sobre la vivienda que reclama, al que ha llamado pacto de Estado, choca porque no es precisamente la política de vivienda un área en la que los partidos hayan buscado consenso. Más bien es una de las que se ha caracterizado por sufrir bandazos con los cambios de gobierno y por haber puesto de manifiesto diferencias de cierto calado entre PP y PSOE. Buena prueba de ello fueron las medidas liberalizadoras del suelo que abordó el primer gobierno Aznar y constituyeron uno de los factores que influyeron en la burbuja inmobiliaria. Contaron con el apoyo de sus socios nacionalistas y el PSOE se opuso a ellas. No es que estorben los consensos a la hora de regular un mercado, el de la vivienda, que requiere de cierta intervención para que el derecho constitucional a la misma no se convierta en mera declaración sin trascendencia práctica; sin embargo, resalto el hecho de esta extraña petición de pacto porque es sorprendente, ridículo o absurdo que un presidente que no ha querido hacer el pacto imprescindible con los partidos constitucionalistas para responder al desafío independentista porque quiso asegurarse una presidencia sostenida por los golpistas, proponga a todos los partidos un pacto de Estado por la vivienda, asunto muy importante pero donde las soluciones alternativas (socialdemócratas o liberales, por simplificar) tienen, y nadie se escandaliza por ello, un cariz ideológico sobre el que los votantes se pronuncian en las elecciones. Por eso pienso que Sánchez abusa, una vez más, de palabrería hueca al hablar de pacto de Estado por la vivienda con la finalidad de que se sepa, simplemente, que está interesado en dar soluciones y para vestir, acompañándolo de grandilocuencia, el documento que presentó en julio el ministro de Fomento con varias medidas poco desarrolladas.
Esta propuesta ha interesado, de momento, a Podemos, que sí ha manifestado su intención de buscar acuerdos sobre vivienda. Entiendo que también en clave electoral, para señalar las diferencias que sus seguidores no pueden olvidar que mantienen con el PSOE. Si la legislatura se agota, tendremos ocasión de ver si se logra un acuerdo y de qué tipo, aunque parece difícil lograrlo sobre algunas propuestas moradas como el aumento del poder regulatorio de los ayuntamientos que, como tantas ideas que provienen de esa formación, no encuentran encaje en nuestra legislación, y requeriría modificaciones en varias leyes, ni en nuestro modelo económico. Tienen, además, la particularidad de hacer recaer sobre la sociedad civil la responsabilidad de solucionar los problemas que ellos no son capaces de resolver.
En cuanto a las medidas esbozadas, una vez más se señala la necesidad de incidir sobre el alquiler en varios aspectos: una mejora del régimen fiscal del inquilino e incentivos para la salida al mercado de viviendas vacías; regulación del alquiler turístico, sin más especificaciones; la ampliación a cinco años de los contratos y prórrogas y, como medida estrella, «un plan de choque de 20 000 viviendas en alquiler para incrementar la oferta y bajar así la presión sobre los precios”.
Centrémonos en la medida de la promoción de 20 000 viviendas para alquiler social. Se entiende que se trata de una iniciativa al margen y complementaria de lo previsto en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
Centrémonos en la medida de la promoción de 20 000 viviendas para alquiler social. Se entiende que se trata de una iniciativa al margen y complementaria de lo previsto en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado en marzo por el gobierno de Rajoy, porque, de lo contrario, no tendría sentido el anuncio. En principio, no hay nada que objetar a la medida salvo que no es muy creíble. No es objetable porque la carencia de vivienda pública de alquiler es crónica y harían falta muchas más de 20 000. España está a la cola de los países europeos en vivienda de alquiler social. Ha sido sistemáticamente postergada en los planes de vivienda y en las políticas municipales. Olvido imperdonable porque con esta modalidad no solo se da satisfacción a un número importante de personas y familias sin posibilidad de acceder a la compra, ni siquiera de vivienda protegida, sino que también se produce un efecto beneficioso en los precios, que bajan por el aumento de la oferta sin necesidad de recurrir a medidas intervencionistas como la de poner límites a los precios, que resultan contraproducentes.
Durante los años de vacas gordas se desaprovecharon los cuantiosos ingresos de los ayuntamientos, tantas veces derrochados en mil gastos prescindibles, desde las subvenciones clientelares no justificables a las construcciones ornamentales
No resulta creíble porque no se han especificado aspectos tales como la financiación de estas promociones, el más importante, no está consensuado aún con las comunidades autónomas, cada una con su propia ley de suelo y vivienda, ni es fácil romper una tradición de desidia de nuestras administraciones en este campo. Promover vivienda es muy costoso. Las promociones para alquiler social no se amortizan en décadas, es decir, que hay que gastar sin casi retorno económico, como en tantos servicios públicos, y con unos costes de gestión y mantenimiento también importantes, pero es un gasto necesario porque se da satisfacción a una necesidad social, la de los que quedan fuera del mercado de la compra de vivienda libre y protegida. Durante los años de vacas gordas se desaprovecharon los cuantiosos ingresos de los ayuntamientos, tantas veces derrochados en mil gastos prescindibles, desde las subvenciones clientelares no justificables a las construcciones ornamentales. Es difícil ahora, cuando los ingresos son menores, abordar programas de mucho gasto. Difícil pero no imposible si hay convicción. El problema es que a nuestros partidos les ha faltado siempre esa convicción.
En las comunidades autónomas se han hecho promociones públicas de alquiler pero muy escasas, en general con la fórmula de alquiler con opción a compra, que les permite eliminar el problema de la gestión y compensar parte de los costes a medio plazo. En los ayuntamientos ha imperado una línea de falta de esfuerzo para abordar en serio este problema. El suelo público lo han utilizado para financiarse. En los numerosos planes urbanísticos que se han desarrollado en los últimos años, tanto si se han realizado por el sistema de compensación como si lo han hecho por el de expropiación, los ayuntamientos han destinado a la venta a precio tasado el suelo para vivienda protegida, lo que ha desahogado sus finanzas y ha dejado sin cubrir la demanda de vivienda de alquiler social. Se ha llegado incluso a vender el porcentaje del 10 por ciento de cesiones que los propietarios están obligados a hacer, en lugar de destinarlo a vivienda pública. Ha sido una constante; nuestros ayuntamientos democráticos de cualquier color se han caracterizado por la poca atención prestada a la vivienda pública en alquiler. Doy por supuesto que no ignoraban que era una importante carencia debido a la cantidad de personas que no pueden acceder a la compra ni siquiera de una vivienda protegida porque figuraba en los programas de PSOE e IU. Ya hemos visto también la distancia a la que quedan los programas de las candidaturas de Podemos de la realidad de sus logros.
Bien es verdad que quien ha rebasado todos los límites tolerables ha sido la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital en el anterior mandato, gobernados por el PP, con la venta de viviendas sociales públicas a fondos buitres
Bien es verdad que quien ha rebasado todos los límites tolerables ha sido la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital en el anterior mandato, gobernados por el PP, con la venta de viviendas sociales públicas a fondos buitres. Sobre la promoción de vivienda para alquiler social, el PSOE e IU se han limitado en los ayuntamientos que han gobernado, a no hacer nada, eso hay que reconocérselo; también es verdad que no tenían edificios de viviendas propios para vender. Esas ventas las justifica el PP por el ahorro de costes. Con ese argumento se pueden dejar de prestar todos los servicios públicos o vender el Museo del Prado. Ese es el nivel.
Existía una posibilidad, más barata que la promoción pública, de ir creando parques de vivienda municipales para alquiler social: la de ejercer los derechos de tanteo y retracto previstos en los pliegos de condiciones de los concursos en las segundas transmisiones de las viviendas protegidas edificadas sobre suelos adjudicados a precio tasado mediante concurso público. Es más barato y habría sido factible porque estamos hablando de pequeñas inversiones a lo largo del tiempo en lugar de una gran inversión en un momento dado y, por ello, podrían ser asumidas por ayuntamientos bien gestionados. Al recuperar estas viviendas en las segundas transmisiones que hacen los adjudicatarios originales, se evita, de paso, que estas se vendan por importe superior al precio máximo de venta, exceso que se paga en dinero b y se viene haciendo con regularidad, lo que constituye una mala práctica que traiciona la finalidad de la vivienda con protección pública. Existía esa posibilidad pero no se ha utilizado. Los ayuntamientos y los consorcios han renunciado sistemáticamente a esos derechos y, así, han cerrado también esa posibilidad de crear un parque público de vivienda para alquiler.
Con estos antecedentes históricos, la situación presente de debilidad del Gobierno, los tiempos, y su conocida afición a la propaganda, es lógico afirmar que no es creíble el anuncio de las 20 000 viviendas para alquiler social. Como tantas cosas de este gobierno.
