UPyD Rato y las tarjetas black - Carlos Martinez Gorriaran

Lo que sigue es la prepublicación del capítulo de mis memorias políticas de UPyD dedicado al descubrimiento de las ahora famosas “tarjetas black” gracias a la querella que presentó UPyD y preparó Andrés Herzog por la fraudulenta salida a bolsa de Bankia cuando la presidía Rodrigo Rato y un grupo de políticos-banqueros de todos los colores. La querella abrió la puerta a un mundo clandestino de ineptitud, mentiras y cleptocracia organizada. Los medios de comunicación han preferido ignorar la verdadera historia de la caída de Rato y sus intocables. Esta es.

El popular escándalo de las “tarjetas black”

La querella por la salida fraudulenta a bolsa de Bankia sacó a la luz otros desmanes. Uno de ellos era la existencia de una serie de tarjetas de crédito opacas que 86 directivos de Bankia disfrutaban como un ingreso adicional no declarado a Hacienda. En 2013 diversas filtraciones a la prensa revelaron la existencia de esas tarjetas opacas. El escándalo saltó en 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción dijo que podían constituir un delito societario y de apropiación indebida. Una auditoría interna de Bankia cifró el costo de las black en 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. De esa cantidad, 15,2 millones correspondía a la época de Caja Madrid; en la breve era de Bankia sólo dio tiempo a consumir 245.200 euros adicionales, repartidos entre consejeros de la siguiente filiación político-sindical: 27 del PP, 15 del PSOE, 5 de IU y 11 de CCOO y UGT; obsérvese la mayoría de consejeros de izquierda.

Las tarjetas opacas eran un instrumento ilegal para repartir dinero en negro, y por eso la propia dirección de Caja Madrid de la época de Miguel Blesa se refería a ellas como “tarjetas black”. La técnica no era nueva, porque seguía la extendida costumbre del reparto de tarjetas de crédito para “gastos de representación”. Pero las empresas e instituciones deben declarar a Hacienda los ingresos suplementarios de los titulares por esas tarjetas que, por supuesto, sólo pueden usarse legalmente. Cada cierto tiempo, algunos cargos políticos protagonizan pequeños escándalos por dedicar esa clase de ingresos “de representación” a obsequiarse con viajes privados, comilonas y gastos menos presentables como compra de drogas y juergas en burdeles. Ha sido muy usual considerar esa clase de regalos como un sobresueldo ilegal, pero comprensible.

En el caso de Caja Madrid y su heredera Bankia se incumplieron los dos requisitos legales: las tarjetas se ocultaron a Hacienda, y los titulares las usaron discrecionalmente.

En el caso de Caja Madrid y su heredera Bankia se incumplieron los dos requisitos legales: las tarjetas se ocultaron a Hacienda, y los titulares las usaron discrecionalmente. Además tenían una utilidad política muy relevante pues, como argumentó Andrés Herzog, “la finalidad de las tarjetas black era comprar voluntades de partidos”, lo que explica que todos los partidos presentes en la Asamblea de Madrid (donde UPyD también solicitó en solitario, sin éxito alguno, abrir una investigación sobre el saqueo de Caja Madrid), junto a los sindicatos y patronales más importantes, recibieran su parte del soborno.

La opinión pública no juzgó las black de Bankia como un sobresueldo más o menos abusivo u otro caso más de picaresca. Adquirieron un valor muy diferente en medio de una crisis económica durísima que había dejado sin trabajo a millones de personas, desahuciado de sus casas a muchas, recortado el sueldo de los empleados públicos, y provocado la reaparición de fenómenos del pasado como la pobreza infantil. Mientras pasaban estos dramas y muchas familias de clase media volvían a la pobreza de sus abuelos, que debían mantenerlas con sus pensiones, unos tipos puestos a dedo por partidos y sindicatos en la dirección de entes como Bankia no sólo disfrutaban de abultadas retribuciones y dietas, en la mayoría de los casos por trabajos de los que ignoraban casi todo, sino que además se asignaban sobresueldos ilegales para regalarse viajes, francachelas, vicios y ropa interior de fantasía.

En Caja Madrid, la cobertura de esas tarjetas black era de 25.000 € anuales para los consejeros y de 50.000 € para el Presidente. La insistencia de los aprovechados en que todo era legal no ayudó precisamente a enfriar los ánimos. Pero la Fiscalía y la Audiencia Nacional vieron las cosas de un modo diferente. Ildefonso Sánchez, director general financiero de Caja Madrid, fue imputado como supuesto organizador de la trama; con su tarjeta retiró unos 180.000 euros de los cajeros, y la liberal Nochevieja de 2009 gastó 16.291 euros. Entre las facturas por unos 100.000 euros figuran juguetes, fruta, entradas de cine, hoteles de lujo y compras en Loewe y El Corte Inglés. Su sueldo era de 2,43 millones anuales. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid de 1996 a 2010 (gracias a los oficios de Esperanza Aguirre) disfrutaba de un sueldo de 3,5 millones anuales de euros al final de su mandato; utilizó su tarjeta opaca para regalarse restaurantes, hoteles de lujo y safaris en África.

Debido a la retórica anticapitalista de la izquierda comunista, el caso de José Antonio Moral Santín fue especialmente celebrado en su calidad de catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y representante de IU en la entidad, donde llegó a Vicepresidente entre 1995 y 2012. Moral Santín ganaba 526.000 euros anuales como consejero de Caja Madrid y otras empresas participadas, que ascendían a mucho más con las dietas y retribuciones adicionales, y extrajo de los cajeros 366.350 euros. Tenía registradas 389 comidas en restaurantes, incluyendo algunos de lujo. Además incurría en una evidente incompatibilidad laboral con la dedicación exclusiva que exige la cátedra, sin que la Universidad iniciara algún tipo de expediente al respecto, confirmando la distinta vara usual en algunos centros del mundo académico español para medir a los representantes de la élite izquierdista, a la que se tolera casi todo, y al resto de los mortales plebeyos. Moral Santín cohabitó provechosamente con Miguel Blesa y Rodrigo Rato, paradigmas del orden social a derribar.

La confusión de negocios privados y públicos era otro hábito de esta jet. O mejor dicho, el negocio privado era tener contactos políticos adecuados. Era el caso eminente de Arturo Fernández, otro de los consejeros de Bankia en 2012 como hombre de confianza de Esperanza Aguirre

La confusión de negocios privados y públicos era otro hábito de esta jet. O mejor dicho, el negocio privado era tener contactos políticos adecuados. Era el caso eminente de Arturo Fernández, otro de los consejeros de Bankia en 2012 como hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Fernández era entonces presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y expresidente de la patronal CEIM. Propietario del grupo de hostelería Cantoblanco, se dedicaba a la restauración gastronómica y política; en sus reservados se cocinaron importantes tejemanejes. Hombre cordial y campechano, el empresario se declaraba “amigo de todo el mundo”. En un encuentro casual en un corredor del Congreso de los Diputados, nos contó a Rosa y a mí que, en una comida reservada en uno de sus establecimientos, Emilio Botín, el todopoderoso presidente del Banco de Santander, se extrañó algunos años antes de que UPyD hubiera salido adelante pese a la consigna (aproximada) de que “a Rosa Díez, ni un euro”, seguida por todos los banqueros a rajatabla.

Como miembro adoptado del selecto club, Arturo Fernández obtuvo la concesión de las cafeterías del Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid y el Teatro Real. Durante el juicio, Fernández trató de excusarse alegando su completo desconocimiento de los asuntos tratados en Bankia y del significado de los documentos que firmaba, asegurando que su mujer era su experta financiera. Con sentido práctico, Fernández gastó parte de su black en comidas en sus propios restaurantes para redondear las cuentas de la empresa, como reconoció sin malacia al juez instructor. Un favor que también le hacían, entre otros, Gerardo Díaz Ferrán, poderoso presidente de la CEOE, consejero de Caja Madrid y concuñado de Fernández. Las redes endogámicas de parentesco y amistad facilitan estos intercambios de favores. La fulgurante carrera de Miguel Blesa, de inspector de Hacienda a presidente de Caja Madrid y consejero de numerosas empresas, parecía inseparable de su antigua amistad con José María Aznar, aunque la imputación le convirtió en un apestado condenado a la soledad: a su funeral sólo asistieron desconocidos. Otro de los consejeros de Bankia imputados, Ramón Espinar Gallego, es padre del dirigente de Podemos Ramón Espinar, que pronto dio muestras de habilidad para los negocios adquiriendo y vendiendo ventajosamente una vivienda de protección oficial mientras denostaba la especulación inmobiliaria.

La habilidad para corresponder discretamente al favor con otro favor es fundamental para prosperar en ese mundo. Arturo Fernández contrató en la patronal CEIM, con un sueldo de más de 100.000 euros, a Lourdes Cavero, imputada y mujer del expresidente de Madrid Ignacio González, imputado por corrupción en 2017 por el llamado “caso Lezo”, no sin haberse librado antes por los pelos de ser imputado por dirigir o participar en otras tramas corruptas. Fernández también ha sido investigado por sus generosas aportaciones a la fundación del PP, Fundescam, investigada por la posible financiación irregular del partido en Madrid a cambio de contratos públicos, y por encubrir otra trama de financiación ilegal (“caso Aneri”) a través de falsos cursos de formación con las Cámaras de Comercio de Madrid.

El caso de Bankia y sus tarjetas black pasó a ser el ejemplo más eminente de la putrefacción general del sistema y la ínfima calaña de la clase política. Sin embargo, de no haber sido por la iniciativa política de nuestro partido, el caso se habría estancado y disuelto en el olvido al modo habitual

La opinión pública no tenía gran conocimiento de todos estos detalles, pero la estupefacción inicial se convirtió rápidamente en indignación contra la clase política (si bien más contra los otros que contra los suyos: el PP siguió obteniendo buenos resultados electorales, y la actitud era más benévola hacia los políticos de izquierda, al menos en los medios de comunicación más influyentes). El caso de Bankia y sus tarjetas black pasó a ser el ejemplo más eminente de la putrefacción general del sistema y la ínfima calaña de la clase política. Sin embargo, de no haber sido por la iniciativa política de nuestro partido, el caso se habría estancado y disuelto en el olvido al modo habitual. Lo explicaba Andrés Herzog en una entrevista: “la Fiscalía se limitaba a pedir la imputación de los 27 consejeros por un delito de administración desleal pero dejaba fuera a los usuarios de las tarjetas y directivos y nosotros como acusación popular pedimos la imputación de todos por apropiación indebida. El juez ha llamado a todos, ha citado ya a 27 y los otros 51 les citarán cuando terminen las declaraciones en febrero”. Finalmente, la acusación popular que ejercíamos logró la imputación de Miguel Blesa y Rodrigo Rato. En 2016, la Fiscalía solicitó para ellos penas de seis y cuatro años y medio respectivamente. Nosotros habíamos solicitado 10 años para Rato, Blesa y Barcoj, y 6 para los otros 63 imputados.

En comparación con las enormes cifras de malversación y pésimas inversiones que habían hundido al sector de las Cajas, el dinero repartido con las black era una gota de agua en un lago, pero una gota comprensible para la gente corriente, a diferencia de las cantidades astronómicas de miles de millones, cifras carentes de sentido en la vida cotidiana. El común de los mortales no comprendía mucho ni poco lo que significaba para ellos un rescate de 50.000 millones de euros o más, pero entendía muy bien que directivos con sueldos de escándalo se pagaran hasta el último capricho con dinero negro oculto a Hacienda, fuera un safari en Kenia, vinos de 3000 euros o comilonas de tres estrellas Michelin, y eso era lo escandaloso e indignante, porque era algo perfectamente comparable con sus dificultades cotidianas de gente corriente.