La comprensión de un acontecimiento requiere la exposición sobria y nuda de los hechos que lo integran. Para ello es necesario establecer la relación exacta de cada acción (el qué) y de los actores participantes (el quién), así como su grado de implicación (el cuánto). Importa también aclarar el momento de cada acto (el cuándo), los medios de los que se valieron (el cómo) y el objetivo que perseguían (el para qué). Son también esenciales las razones que impulsan a alguien a hacer algo (el por qué), si bien el metaacontecimiento es un asunto que compete más al estudioso de la condición humana que al observador del propio acontecimiento.
El delito fue retransmitido en directo por todas las televisiones y radios
El juicio que se lleva a cabo en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dará respuesta a todas estas cuestiones relacionadas con el intento de secesión de Cataluña y de liquidación de España por parte de un grupo organizado para ello. El grueso de los hechos es, en cualquier caso, de dominio público. El delito fue retransmitido en directo por todas las televisiones y radios. Los diarios escritos dieron buena cuenta de sus jornadas en sucesivas ediciones durante meses. Todo era evidente para todos, salvo para el Gobierno, que ejerció la pasividad con férrea determinación y que llamó prudencia a su terror incompetente.
La rebelión de la Generalidad fue ejecutada por una trama política y otra civil que trabajaron concertadas en unidad de acción. Cada una de ellas se valió de sendas potencias coactivas con las que trataron de imponer por la fuerza la independencia política de Cataluña como un hecho consumado. Esta es la sustancia del acontecimiento.
Entre los diversos actores que integraban la trama política, los más relevantes –esto es, los que tenían una mayor capacidad de obra– fueron los dos poderes autonómicos catalanes: el Ejecutivo y el Legislativo regionales. Ambos trabajaron en unidad de poder. No de otra forma puede ser descrita la sucesión de acciones conjuntas en las que uno se apoyaba en el otro y con las que persiguieron un mismo objetivo –la independencia– en acción solidaria y, por tanto, corresponsable.
Fundidos en poder único, el Gobierno y la mayoría parlamentaria autonómica –con la cooperación necesaria de la Mesa de la Cámara catalana– derribaron el procedimiento legislativo regional. Con inaudita violencia despojaron a la oposición de sus derechos políticos. Al hacerlo se erigieron en una tiranía que se arrogó un poder ilimitado –sin sujeción a ningún tipo de control– con el que liquidaron los derechos políticos de todos los españoles –no sólo de los catalanes– que no fueran ellos. Sucedió en las sesiones del 6 y 7 de septiembre. Ese momento –y no el 1 de octubre ni las subsiguientes declaraciones de independencia– fue el inicio de la rebelión de la Generalidad contra la Nación española.
Otros agentes políticos de esta conjura fueron los partidos que apoyaron, animaron y fomentaron las acciones de la unidad de poder que integraron el Parlamento y el Gobierno catalán: el PDeCat (antes CiU), ERC y la CUP. Todos ellos contaron también con el respaldo de diversos sindicatos –incluidas las federaciones regionales de UGT y CCOO, alineadas con los intereses de la ultraderecha separatista– y asociaciones patronales catalanas. La suma de todos y de sus actos constituyó la trama política del golpe.
los medios de comunicación regionales aplaudieron con entusiasmo que una serie de actores privados se arrogaran poderes públicos
La trama civil estuvo formada por quienes se erigieron en poderes fácticos. Esto es, una serie de actores que sin estar investidos de poder político se condujeron como un poder de hecho. La prensa catalana los trató en todo momento como tales y les atribuyó un poder y una capacidad de obrar paralela a la de los poderes Ejecutivo y Legislativo autonómicos. Dicho de otro modo, los medios de comunicación regionales aplaudieron con entusiasmo que una serie de actores privados se arrogaran poderes públicos. Y no sólo eso, sino que durante años adoctrinaron a sus audiencias para persuadirlas de que esta usurpación era legítima por razones ideológicas partidistas. La traducción de este hecho es que esos medios atribuían a estos actores legitimidad para incautarse de los derechos políticos de terceros. Estos poderes fácticos fueron Ómnium Cultural, la ANC y, en menor medida, la AMI.
Cada una de las dos tramas se apoyó en una fuerza coactiva. El Gobierno de la Generalidad utilizó la potencia armada que tenía a sus órdenes: el cuerpo de Mozos de Escuadra. Convirtió a sus 17.000 efectivos en su policía política particular y la puso al servicio de sus intereses. El cuerpo de Mozos no sólo rehusó obedecer mandatos judiciales, sino que trabajó para impedir su eficacia; no sólo dimitió –en ominoso perjurio– de su obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley, sino que la combatieron. La capacidad intimidatoria de quienes con una placa de funcionario portaban armas se convirtió inevitablemente en motivo de temor para todo el que discrepara de las pretensiones separatistas del Gobierno. Nada cambia a este respecto que el máximo responsable operativo de los Mozos –que fue abandonado a su suerte por sus jefes políticos– haya declarado recientemente ante el Tribunal Supremo que sus intenciones privadas eran otras.
La trama civil, por su parte, utilizó la fuerza coactiva de las masas. Los poderes fácticos lanzaron turbas integradas por decenas de miles de personas contra comitivas judiciales, contra la Policía y contra la Guardia Civil. Su capacidad de convocatoria y la rapidez con la que eran obedecidas sus consignas se evidenció en la jornada del 20 de septiembre en todas las acciones ordenadas por la Justicia dentro de la Operación Anubis.
Las masas eran enviadas por Òmnium Cultural y ANC a realizar acciones subversivas contra el ordenamiento jurídico. Cuando las llevaban a cabo contaban con la protección y el amparo de la fuerza coactiva armada de los Mozos de Escuadra
La connivencia y el concurso mutuo de ambas fuerzas coactivas se pusieron de manifiesto en varias ocasiones durante los meses de septiembre y octubre de la rebelión, así como en acontecimientos posteriores. Las masas eran enviadas por Òmnium Cultural y ANC a realizar acciones subversivas contra el ordenamiento jurídico. Cuando las llevaban a cabo contaban con la protección y el amparo de la fuerza coactiva armada de los Mozos de Escuadra. La exhibición de estas energías tenía dos destinatarios: el Gobierno –al que trataban de imponer los hechos consumados realizados por la trama política– y la sociedad catalana que pudiera discrepar de sus pretensiones –a la que esperaban amedrentar con su potencia intimidatoria y coactiva–.
El resultado de la suma de la trama política y de los poderes fácticos constituidos en trama civil multiplicado por las fuerzas coactivas de las masas y de una policía política armada fue la rebelión de la Generalidad: un concierto en unidad de acción para quebrar la Nación española y, con ella, la Constitución y el Estatuto.
Esta es la síntesis de la rebelión de la Generalidad.
