Los titulares hablan de Guaidó y de su autoproclamación. La intelectualidad de izquierdas española, incluidos muchos conocidos míos, gritan ¡golpe de Estado! La UE emite un comunicado en extremo prudente mientras que muchos países se mojan y le reconocen como presidente encargado, especialmente aquellos afectados por la crisis venezolana. Se oyen frases comunes trilladas: los yanquis van a por el petróleo, el derecho internacional y, la más graciosa de todos, a Guaidó no lo ha elegido nadie (resulta gracioso porque los españoles no han votado por Sánchez y, sin embargo, su gobierno es legítimo).
De esta manera, y animado por Carlos Martínez Gorriarán, echo mano de mi título de abogado venezolano y mi experiencia docente, para tratar de explicar cómo llegó Juan Guaidó a ser el presidente encargado (e) de Venezuela.
Diciembre 2015: Se celebran las últimas elecciones medianamente competitivas. El día 6 la oposición obtuvo la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento unicameral (Asamblea Nacional) y, con ello, amplios poderes para impulsar todo tipo de reformas legales y ejercer funciones de control sobre el Poder Ejecutivo, así como nombrar nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Guaidó fue electo como diputado de la provincia de Vargas con más de 97 mil votos.
Ante este panorama, el Parlamento saliente, controlado por el chavismo y bajo el mando de Diosdado Cabello, nombró de forma irregular a 13 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Las irregularidades fueron de tal magnitud que solo uno de ellos cumplía con los requisitos exigidos por la Constitución para ser Magistrados, mientras que los demás tenían prontuario criminal o eran militantes activos del partido de gobierno.
En el mismo diciembre, y con estos nuevos 13 magistrados, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) impugnó las elecciones parlamentarias por presunta compra de votos en la región de Amazonas. El día 31, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó, como medida provisoria, que los 3 diputados electos por Amazonas, todos opositores, no podían tomar posesión del cargo. Esta decisión irregular dejaba sin la mayoría absoluta a la oposición en el Parlamento.
Enero de 2015: Llegado el día 5, fecha constitucional para el inicio de actividades del nuevo Parlamento, los diputados de Amazonas son juramentados con el resto de los elegidos. Diosdado Cabello dijo que era un acto de desacato, generando la matriz oficial de opinión que serviría en el futuro para aniquilar los poderes de la Asamblea Nacional. El día 11 de enero, la Asamblea Nacional sería declarada en desacato a través de una decisión del TSJ, el mismo que un mes atrás había incorporado 13 nuevos Magistrados comprometidos con el proceso revolucionario. La pugna de poderes había sido ganada por el chavismo, que dejaba sin poder alguno a la Asamblea Nacional. El profesor José Vicente Haro tiene documentadas 111 decisiones judiciales dictadas en contra de la Asamblea Nacional de Venezuela después de la victoria opositora.
Octubre 2016: A pesar de que la Constitución contiene un mecanismo electoral para someter a referendo el mandato de Maduro, en octubre de 2016 el Consejo Nacional Electoral decidió paralizar indefinidamente la solicitud de referendo revocatorio que pretendía la oposición. Fue sepultada una vía electoral y democrática para dirimir el conflicto nacional. Además, alegando causas extrañas, como falta de recursos económicos, el mismo Consejo Electoral suspendió la realización de elecciones a gobernadores, cuyos mandatos se vencían en 2016.
Mayo-julio 2017: Ante la crisis política, Maduro jugó una carta peligrosa. Convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Conforme la Constitución venezolana, el presidente puede consultar a los venezolanos sobre si desean, o no, dictarse una nueva Constitución. Este proceso fue popularizado por Chávez y exigía una consulta previa, mediante referendo, para saber la opinión del electorado. Maduro omitió este paso, avalado por las instituciones doblegadas a él, y el 30 de julio se eligieron 545 constituyentistas. Esta elección se realizó antes que las elecciones de gobernadores, para este proceso sí hubo dinero y celeridad de parte de las autoridades electorales. Otra peculiaridad del proceso es que solo participó el chavismo y que la elección fue indirecta, cosa prohibida por la Constitución en su artículo 63 que exige que el voto sea libre, universal, directo y secreto. El chavismo negó que se tratase de un sistema indirecto de votos y que era “sectorial y territorial”.
Agosto-diciembre 2017: La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se constituiría como plenipotenciaria el 4 de agosto. La comunidad internacional recibió con recelo la elección de este organismo, por no haber contado con las garantías suficientes que supone un proceso electoral competitivo. La situación empeoró cuando el presidente de Smartmatic, la empresa encargada del proceso –y de todos los procesos electorales de la Revolución— confirmó las discrepancias en los números de participación. Más de 20 países rechazaron, desconocieron o afirmaron que la ANC constituía una amenaza para la democracia. Las sospechas eran ciertas, la ANC actuaría de forma plenipotenciaria convocando elecciones, destituyendo a funcionarios, allanando los aforamientos de diputados y destituyendo gobernadores opositores que se negaban a prestar juramento ante ella, como fue el caso de Juan Pablo Guanipa.
En diciembre, el opositor Andrés Velázquez denunciaría, con pruebas en mano, el fraude electoral que le hizo perder la gobernación de la provincia de Bolívar. Su caso no sería decidido y su contrincante, del PSUV, tomaría posesión del cargo sin haberle sido suspendido su nombramiento, como sí se hizo con los diputados de Amazonas con la mera sospecha de fraude.
Enero 2018: La Asamblea Nacional Constituyente llamaría a elecciones presidenciales, sin tener las competencias para ello. La oposición venezolana decidió no acudir a unas elecciones sin garantías y recibió el respaldo de miembros de la comunidad internacional.
Mayo 2018: El día 20 se celebraron las primeras elecciones presidenciales cuestionadas por la mayoría de los países y organismos del orbe (desde el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU hasta la Unión Europea en bloque). La elección no reunió las garantías suficientes para ser limpia y libre. Maduro compitió contra un exdirigente chavista y otros candidatos menores, se impuso con más del 60% de los votos y la participación, según cifras oficiales, fue del 46%. Pero a efectos legales esas elecciones no existieron, porque fueron convocadas por la Asamblea Constituyente, un organismo sin legitimidad y no fueron democráticas, y así lo consideraron más de 60 países.
Así, llegamos al 23 de enero de 2019 y la juramentación de Juan Guaidó como presidente (e) de Venezuela. Desconocidas las elecciones de mayo de 2018 y no habiéndose realizado elecciones libres y competitivas antes del 10 de enero de 2019, no hay presidente elegido. Sí hay un mandatario en ejercicio, pero es de facto, nadie le eligió para el periodo 2019-2025. Entonces ¿quién debería ser el presidente de la República? La Constitución tiene la respuesta en el artículo 233: ante una falta absoluta –creo que no tener presidente elegido es más que suficiente argumento para calificar la falta absoluta— debe encargarse de la presidencia quien haga las veces de presidente de la Asamblea Nacional, éste tendrá 30 días para llamar a elecciones.
Ahora bien, entre los pactos de gobernabilidad de la oposición al ganar las elecciones Parlamentarias en 2015, los diversos partidos aliados pactaron presidencias del parlamento rotativas, correspondiéndole la del 2019 a Voluntad Popular –el partido fundado por Leopoldo López— que escogió a Juan Guaidó, por lo que al joven político le correspondió ocupar el cargo en cuestión.
Como bien les conté antes, desde enero de 2016, la Asamblea Nacional ha tenido cero poderes materiales, Maduro solo ha acudido una vez a rendir cuentas y ha gobernado sobre la base de un Estado de Emergencia que le otorgó poderes absolutos y que se ha mantenido por 3 años. La Asamblea, para el chavismo, sigue en desacato y el juicio de fraude que lo justifica no ha sido sentenciado. Esto nos plantea varias interrogantes:
¿Ha dado Guaidó un golpe de Estado? No, Maduro sigue ejerciendo el poder; además los golpes de Estado, por regla general requieren una intervención armada de algún tipo. En Venezuela, hasta el momento, solo ha habido cabildos abiertos y manifestaciones reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado y, lamentablemente, han muerto más de una veintena de personas ejerciendo su derecho a la protesta.
¿Se autoproclamó presidente Guaidó? El jurista José Ignacio Hernández nos explica que no, porque “desde el punto de vista jurídico, la proclamación de Guaidó se realiza en virtud de lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución. Así, de acuerdo con la interpretación de ese artículo, si para el momento en el cual inició el período presidencial el pasado 10 de enero no hay presidente electo, el presidente de la Asamblea Nacional se encarga de la Presidencia de la República hasta que se convoque a elecciones libres y transparentes.”
¿Es el camino de la Asamblea Nacional el correcto? La Constitución reconoce el derecho a la desobediencia civil a todo régimen no democrático (artículo 350). También contiene un mandato particular a todos los ciudadanos en el artículo 333: “…todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia [la de la Constitución].” Eso sí, no hay un camino escrito para acabar con la usurpación, este es un problema político.
¿Qué espera Venezuela? De los países, una posición firme que reconozca la incapacidad de los ciudadanos de vencer por sí solos a la dictadura de Maduro. A veces el principio de no injerencia solo justifica la perpetuación en el poder de los más crueles tiranos. De los ciudadanos españoles, empatía. Si bien la ideología juega un papel polarizador, en España viven más de 200 mil venezolanos que han migrado huyendo de la crisis. No todo es producto de la injerencia yanqui o de la dicotomía izquierda-derecha, no, a veces la gente sufre dictaduras horribles de izquierda. Basta con escuchar nuestros cientos de miles de historias de tortura, persecución y hambre, para saber lo difícil que ha sido y sigue siendo vivir en Venezuela.
