Cuando alguien dice que para solucionar el problema en Cataluña no hay otra alternativa que dialogar simplemente miente con el fin de crear una ideología, la ideología del diálogo.
La función de la ideología no es otra que convertir en deseables para los ciudadanos las conveniencias del Gobierno. De ahí que el Gobierno dedique gran parte de sus esfuerzos a producir ideología para allanar las contradicciones de sus políticas u ocultar sus efectos.
La función de los Gobiernos sectarios consiste en eso: crear ideología para que la voluntad del Gobierno aparezca como el resultado de una demanda popular. A partir de ahí no cabe ninguna alternativa, pues el que se opone a los deseos de los ciudadanos es un fascista, un antidemócrata, un delincuente al que cabe aplicar el derecho penal de autor (ver la ideología de género). Cerrado el círculo.
Hace ya dos años se publicó un artículo en este medio donde se probaba que el diálogo con las minorías fundamentalistas es el preludio de la limpieza étnica e ideológica.
Desde entonces la ideología del diálogo ha seguido avanzando y hoy, cuando ya ha dado comienzo la negociación entre el Gobierno de Coalición de Sánchez y los representantes del independentismo catalán, el diálogo se nos presenta como la única acción política capaz de resolver el conflicto territorial.
«Hablando se entiende la gente» -nos dicen-. Pero la pregunta que no se debe hurtar es para qué negocian.
Todo diálogo tiene lugar cuando las partes involucradas creen en la posibilidad de alcanzar un pacto que mejore el «statu quo» existente en el momento de iniciarse la negociación. Lo importante no es el acuerdo por el acuerdo, sino el resultado de la negociación. Por tanto, la cuestión previa es fijar las metas a las que aspiran los intervinientes.
Sabemos lo que quieren los independentistas, ¿pero alguien conoce el objetivo del Gobierno español en la negociación con los separatistas?
Cabe pensar que el Gobierno aspire a rubricar con los secesionistas un pacto en Cataluña que perjudique la igualdad de derechos de los españoles, pero que garantice el apoyo de los indepes al PSE-PSOE durante cierto tiempo.
Pero abandonemos la ideología de la sospecha y atendamos a los hechos, pues luego de la intervención del Presidente de Gobierno en el Comité Federal del PSOE de 15 de febrero del presente sí sabemos qué pretende conseguir. Sánchez indicó en el sanedrín socialista que ante la exigencia del independentismo de celebrar un referéndum de autodeterminación, él proponía «la búsqueda de soluciones compartidas y viables. Queremos un acuerdo tan amplio como el que alumbró el primer autogobierno de Cataluña al amparo de la Constitución». Añadió que el acuerdo «no se hará en perjuicio de otras necesidades territoriales apremiantes».
Más allá de la imposibilidad metafísica de que un Gobierno que debe velar por la igualdad de los españoles pueda lograr en una negociación un acuerdo satisfactorio para España cuando el interlocutor pretende mejoras diferenciales respecto al resto de los españoles (¿qué le puede ofrecer la parte al Todo sino quitarle una parte?) de las palabras del Presidente se deduce un dato objetivo que nos permitirá evaluar el éxito o no del diálogo: pretende conseguir un nuevo Estatuto de Autonomía apoyado por el 88% de los catalanes, pues ese fue el respaldo que tuvo el primero desde la aprobación de la vigente Constitución.
Por tanto, si logra un Estatuto de Autonomía que cuente con un «sí» de, al menos, el 88% de los catalanes se podría decir que la negociación ha sido fructífera.
Pero la pregunta que sigue es inevitable: ¿si no consigue ese resultado qué haría? ¿firmaría un acuerdo peor o se levantaría de la mesa? ¿Dimitiría? ¿Aplicaría alguna de las medidas de excepción que prevé la Constitución y que excluyen la negociación como el artículo 155 o los estados de alarma, excepción o sitio previstos en el artículo 116? Pero en estos supuestos ¿en qué quedaría su frase «el no diálogo es la no política» empleada en el mismo Comité Federal de 15 de febrero?
Es obvio que nadie cree que el Presidente que ha pactado un Gobierno con quien afirmó que quitaría el sueño al 95% de los españoles, se vaya a levantar de la mesa si no alcanza un pacto refrendado por el 88% de los catalanes.
Pero si no lo hace, ni siquiera la ideología del diálogo podrá ocultar que hay una alternativa mejor para los intereses que representa el Gobierno (la igualdad de derechos entre españoles) que el acuerdo con los independentistas: el no acuerdo, el no diálogo, la no negociación.
La negociación tal y como se ha planteado está llena de falacias (dado que no se puede negociar expresamente el único «interés» de los nacionalistas que es la independencia mediante un referéndum, se introduce el mismo asunto de forma subrepticia hablando sobre el «tema» del derecho de autodeterminación; es absurdo decir que cualquier asunto se puede tratar, puesto que en una negociación sólo se pueden proponer los puntos sobre los que haya posibilidad de acordar, salvo que el asunto se convierta en un «diálogo de sordos»; el nuevo Estatuto de Autonomía que pretende conseguir el Gobierno no podría legalizar lo que anuló del Estatuto vigente el Tribunal Constitucional…) pero dado que está mal visto oponerse al diálogo con los independentistas, estemos atentos a su resultado.
Al fin y a la postre, la ideología del diálogo tiene las patas muy cortas dado que un elemento esencial de los acuerdos es su constante revisión. Por tanto, los pactos de hoy podrán convertirse en papel mojado mañana.
Conclusión: a pesar de la consigna difundida por los ideólogos del diálogo respecto a que éste es la «única solución política en Cataluña», insistamos en que por supuesto que existe una alternativa política tanto al diálogo como al eventual acuerdo que alcancen los dialogantes, y no es otra que el no acuerdo con los independentistas.
Posdata «Chiqui»: Después de la primera reunión de la mesa de diálogo la Portavoz del Gobierno, Mª Jesús «Chiqui» Montero, soltó en rueda de prensa el siguiente disparate: «La opción de no hacer nada, de mirar hacia otro lado, ya se probó y se demostró que no sirvió para nada. Es más, fue contraproducente porque radicalizó las posiciones y enquistó un problema hasta extremos inauditos».
¿No hacer nada no sirvió para nada? Cabe decir que ha sido exactamente lo contrario.
En primer lugar, los indepes sí han hecho bastante cosas. Una de ellas, sin ánimo de exhaustividad, fue aprobar el 8 de septiembre de 2017 la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana (Ley 20/2017)
Y en segundo lugar, gracias a que el Gobierno «no hizo nada» de lo que proponían los independentistas, esto es, no negoció, no acordó, no aceptó la citada Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, los catalanes no independentistas siguen teniendo hoy los mismos derechos que se reconocen a cualquier español.
Por tanto, no hacer nada ante las demandas de los sediciosos es lo único que en Cataluña ha servido para algo. Sirva esta enseñanza para demostrar que en la recién inaugurada mesa de negociación sobre Cataluña, «no hacer nada» es lo único que da resultado con los indepes porque con éstos la mejor alternativa es el no acuerdo.
