¿De qué nos sorprendemos? Una vez más la sociedad española se da de bruces contra sus propias contradicciones, contra esa capacidad lexicalizadora para llamar al catalán “independentista” y al no independentista “facha” y al español… “un perro fascista” y, esto, en un país de animalistas. En el Capítulo Primero del Título VIII de nuestra Constitución, el artículo 138 establece que “Las diferencias entre los estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales”. Suena irrisorio, y más en un país que se ha dedicado, gobierno tras gobierno, a dar más beneficios a País Vasco y Cataluña.
¿Recuerdan cuando toda la oposición -salvo UPyD y UPN- permitió que la Generalidad expulsase el castellano como lengua vehicular del sistema educativo catalán?
Decía Gerard Piqué, adalid catalanista con espíritu de President, que él ve la problemática nacionalista como cuando un chaval se quiere ir de casa de sus padres. Resulta que una vez ese chico fue un niño. Y al niño que grita y se le da lo que pide para que no continúe con su escándalo, ya no se le puede controlar. No por tener razón, sino porque los que la tenían, nunca la ejercieron. ¿Recuerdan cuando toda la oposición -salvo UPyD y UPN- permitió que la Generalidad expulsase el castellano como lengua vehicular del sistema educativo catalán? Decían que “era plenamente legítimo que el catalán fuese el centro de gravedad de la escuela”, a pesar de las sentencias que dictaban la necesaria igualdad de condiciones entre las lenguas. Nada de medidas ideologizadoras, se excusaban. Miren ahora. Miren hoy esas escuelas y a esos niños como parapetos.
Ese ha sido el status quo, el savoir-faire imperturbable, el dejarles hacer y la continua connivencia con la ruptura de un valor superior del texto constitucional como la igualdad en democracia y con el incumplimiento flagrante de la ley.
Decía Mayor Oreja que “España vive y padece una prolongada… ofensiva de valores, una ofensiva laicista, una ofensiva nacionalista y ambas coinciden en que al final tiene que haber una cierta ruptura o desvertebración de España”. De estas palabras, hace ya diez años. Y como el mundo casi feliz que dibujó Huxley, España es ya el país que temían venir los estadistas más añejos. Porque casi ningún país europeo pondría en duda sus propias leyes democráticas. Y éstas aquí se las pasan, en un ejercicio más de jeta que de democracia, por el arc del triomf.
Más de una una vez, se ha oído a miembros de Podemos y otros de la sociedad civil en general decir que la ley no puede estar por encima de la democracia
Más de una vez, se ha oído a miembros de Podemos y otros de la sociedad civil en general decir que la ley no puede estar por encima de la democracia. Cuánto manoseo de la tan manida democracia, cuánta irresponsabilidad y cuánta desidia de tantos que se dicen políticos con el único fin de inyectar la idea del odio en un pueblo sin libertad que se ha robado su propia paz. No habrá ciudad más bella que Barcelona y, tampoco, con menos libertad. Semejante historia no merecía ser escrita entre sus calles.
En un Estado de derecho, la democracia deviene de la ley, de la norma suprema, y si nos saltamos la ley nos estamos cargando la democracia y con ésta, la seguridad de todos.
Ni censo electoral (han podido votar ciudadanos no inscritos en el censo catalán), ni sistema de recuento, ni transparencia en la verificación y comunicación de los resultados, ni provisión de medidas para la neutralidad de los promotores del referéndum. Pero los represores, los totalitarios y los fascistas son los otros. A esto no se le llama democracia, señores, a esto… se le llama delinquir.
Si se hubiesen aunado los mismos esfuerzos en asegurar el conocimiento y la importancia de la Constitución española en el sistema educativo español que en expandir el monopolio de las lenguas cooficiales en detrimento de la libertad lingüística, seguramente ahora no tendríamos una herida tan profunda en nuestro Estado de Derecho. En vez de eso, tenemos una victimización constante de los que se autoerigen los recetarios de la libertad, pero menoscaban la de más de la mitad de sus conciudadanos.
Ni el GAL justificará ni legitimará nunca a la banda terrorista, ni la supuesta sobreutilización de la violencia en Cataluña puede servir para colocar como héroes liberadores de un pueblo, a los que no son más que golpistas
Con todo golpe a la democracia ocurre lo mismo: se utilizan elementos ajenos a su propia naturaleza para justificarlos. Pasa con la historia de sangre y terror de ETA, que ha pasado a ser justificada en pos de una defensa de los derechos humanos de los presos y de una supuesta necesaria respuesta al estado opresor. Nunca hubo inventiva que llegara tan lejos. Y, sin querer comparar hechos tan diametralmente distintos ni dar pábulo a quienes entienden lo que quieren entender, lo cierto es que esta respuesta de naturaleza justificativa se da también con este acto de sedición que busca romper la territorialidad del Estado, que ahora es aupado heroicamente tras tanta y tanta represión estatal. Y ni el GAL justificará ni legitimará nunca a la banda terrorista, ni la supuesta sobreutilización de la violencia en Cataluña -en muchos casos demostradamente falsa- puede servir para colocar como héroes liberadores de un pueblo, a los que no son más que golpistas hablando de un empoderamiento que saben, de sobra, ilegal y, por tanto, antidemocrático.
Los líderes catalanes han demostrado no solo ir contra lo establecido por la Constitución sino también contra sus propios ciudadanos
Aun a riesgo de un ataque de susceptibilidad colectivo, debería aplicarse el artículo 155 y que lo realizado con la economía catalana se extendiese a otros ámbitos, ya que los líderes catalanes han demostrado no solo ir contra lo establecido por la Constitución y el Tribunal Constitucional, sino también contra sus propios ciudadanos. No es represión, es justicia.
Además, si se considera que se ha de reformar la Constitución, que se haga, pero por los cauces que marca la ley: mediante procedimiento agravado (afecta al título preliminar) y acabando irremediablemente en un referéndum sobre dicha modificación en que cada español pueda expresar su parecer.
Esto requeriría la disolución de las Cortes y la celebración de nuevas elecciones. Sin embargo, con Rajoy instaurado en su somnolencia habitual (si esto fuese la Champions, Cataluña el Bayern y Ferreras Manolo Lama tendríamos posibilidad de una mayor verbalización), con Junqueras, Puigdemont y Forcadell cabalgando a sus anchas entre la sedición y la rebelión, y los catalanes más ruidosos aplaudiéndolos, la desvertebración ilegal ya no solo de España sino de nuestro Estado de Derecho será muy probablemente un hecho.
Está claro: no hay mayor esclavo que aquel que no ve sus cadenas. Estos sucesos que copan nuestra actualidad son algo más que una crisis política. Son también la grieta desde la que se vislumbra una crisis de raigambre mucho más humana. En ella está la posibilidad de cometer errores. Y, en ella también, la capacidad de subsanarlos.
