Cerebros de alquiler - Alfonso Valero

Ya sea porque vieron la clásica Todos los Hombres del Presidente y recuerdan el consejo del informador Garganta profunda a los periodistas del Washington Post: ‘siga el rastro del dinero’. O porque se acuerdan de que Los Intocables de Eliot Ness, que muestra cómo después de haber usado cientos de balas, sólo consiguen encarcelar a Al Capone por impago de impuestos. O, porque recuerdan que uno de los golpes más efectivos a ETA fue precisamente atacar su estructura y formas de financiación. Habrán podido llegar a la conclusión de que la mejor forma de acabar con un oponente que no tiene escrúpulos en usar cualquier medio a su alcance para lograr sus objetivos es, precisamente, cortar sus vías de financiación.

Hace poco el Presidente del Gobierno, el Dr. Sánchez, explicaba que la única forma de resolver el conflicto con el nacionalismo catalán (él lo formuló de otra manera) era el diálogo, y que estaba abierto a escuchar otras alternativas paras solucionarlo, porque a él no se le ocurría otra manera. Se pueden hacer muchos comentarios sobre tal afirmación, pero me quiero centrar en una sola cosa: una alternativa al diálogo es investigar y, en su caso denunciar ante los tribunales, la financiación y uso de fondos públicos por parte del nacionalismo. Como ya mostró el Tribunal de Cuentas con el anterior referéndum ilegal, investigar las fuentes de financiación de las actividades del nacionalismo es esencial.

En ese sentido, me he encontrado con casos flagrantes. A mediados del año pasado traté el caso de los supuestos observadores internacionales durante las elecciones catalanas de diciembre de 2017. Diario 16 informaba de los supuestos obstáculos interpuestos a la labor de observación internacional Democracy Volunteers, un colectivo liderado por un profesor de la Universidad de Exeter. Pese a que el principio sexto del Código Ético de los Observadores internacionales de elecciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa determina que los observadores no podrán recibir financiación del gobierno que organiza las elecciones, estos autodenominados observadores sí recibieron dinero. Según la Guardia Civil, habían cobrado de la Generalidad un total de 112.993 euros en honorarios, más 52.000 euros en alojamiento y transporte. El Dr. John Ault, profesor de la universidad de Exeter y director de la organización habría cobrado, según El Español, 16.450 euros. Todo ello por un informe que tampoco cumplía con los requisitos formales.

Recientemente, por medio una petición de acceso a información pública que se conoce como Freedom of Information Request en Reino Unido, he podido averiguar que el Institut Ramon Llull (consorcio integrado por la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Barcelona) pagó 129.000 euros a la universidad London School of Economics (LSE) desde el año 2000, y 21.148 euros a la Universidad de Liverpool desde 2008. Esta información se recogió en un artículo publicado en Crónica Global por María Jesús Cañizares.

Hay que poner tales cifras en contexto. El Institut Ramon Llull (IRL), de acuerdo con su página web, tiene como objetivo promover en el exterior los estudios de lengua catalana en el ámbito académico, la traducción de literatura y pensamiento escritos en catalán, y la producción cultural catalana en otros ámbitos como el teatro, el cine, el circo, la danza, la música, las artes visuales, el diseño o la arquitectura.

Sabemos que el dinero recibido por la LSE fue destinado a las actividades de su centro ‘Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies, que tiene como fin la promoción del estudio de la España contemporánea, y en el que se enmarca el ‘Observatorio Catalán’ de la LSE. Fue precisamente el centro Cañada Blanch de la LSE, que también recibe dinero de la Fundación Cañada Blanch valenciana (73.487 euros desde el 2000) el que había organizado una mesa redonda para hablar del futuro del movimiento separatista en la que contaban como invitados originales la prófuga Clara Ponsatí y su abogado y Alfred Bosch (consejero de exteriores de la Generalidad). Gracias, entre otras protestas, a la acción del Foro de Profesores, se accedió a invitar a José Ignacio Torreblanca, miembro del Foro de Profesores. Hay otros profesores pro-nacionalistas en la LSE, como Antoni Rodon Casarramona y Joan Costa-Font.

También mencionaba el dinero recibido por la Universidad de Liverpool. Hay que recordar que esa es la universidad del profesor David Whyte, un incansable activista en favor del nacionalismo catalán.

no se puede establecer una relación directa entre la financiación de organismos públicos catalanes a ciertas universidades con las opiniones favorables al nacionalismo catalán

Imaginemos por un momento que el dinero recibido por esas universidades no procediese del IRL, sino de una empresa privada. E imaginemos que las actividades y publicaciones de esas universidades no son relativos a las ciencias sociales, sino a las ciencias naturales. Cabría, como mínimo, dudar de la neutralidad e independencia de esos estudios. Por supuesto, no se puede establecer una relación directa entre la financiación de organismos públicos catalanes a ciertas universidades con las opiniones favorables al nacionalismo catalán vertidas por sus profesores, pero arroja la suficiente sospecha como para ser de dudosa neutralidad.

Se podrá decir que las cantidades no son ingentes como para ser significativas, pero no olvidemos que estamos hablando de pagos directos a dos universidades hechos por parte de determinados organismos. No se incluyen las becas, ayudas o financiación que se haya podido llevar a cabo por parte de la Generalidad y organismos asociados (Òmnium Cultural o Assemblea Nacional Catalana, por ejemplo) a los profesionales interesados. Tampoco incluye todos los posibles organismos. No olvidemos que el nacionalismo tiene una habilidad extraordinaria para crear y subvencionar organizaciones a su servicio. Por ejemplo, el caso mencionado al principio de los Democracy Volunteers no habrá sido registrado por la Universidad de Exeter dado que fue un pago hecho a una supuesta ONG.

A la vista de la información obtenida he ampliado mi petición de información de manera significativa. Si bien los resultados serán muy limitados, arrojarán más información sobre la financiación de opiniones llevada a cabo por el nacionalismo.

Con voluntad política de investigar la financiación de esa propaganda se le estaría asestando un golpe mortal

Como mínimo, espero haber logrado dos objetivos con este trabajo. Primero, demostrar que esa actitud tan española de asumir que las opiniones del extranjero son objetivas e informadas, mientras que las formuladas por españoles no tienen validez es un complejo de inferioridad que tiene que terminarse cuanto antes. La corrupción existe en todas partes: la diferencia es el grado de escándalo social ante esas actitudes. Segundo objetivo es poner de manifiesto que no es tan difícil desmontar la propaganda negativa exterior de nuestra democracia. Con voluntad política de investigar la financiación de esa propaganda se le estaría asestando un golpe mortal.