Alguno de los objetivos trazados por el Gobierno de Sánchez pretende lograrlos por medios que recuerdan la forma de actuar de los últimos días de la República de Weimar que tuvieron como secuela el advenimiento del III Reich.
Devolviendo a la legalidad los artículos del Estatuto que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales sería lo más parecido a la alemana Ley Habilitante de 24 de marzo de 1933
Concretamente, estabilizar el problema catalán devolviendo a la legalidad los artículos del Estatuto que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales sería lo más parecido a la alemana Ley Habilitante de 24 de marzo de 1933, que tuvo como consecuencia la legalización tanto de los actos restrictivos de los derechos civiles y políticos que ocurrieron durante los meses de febrero y marzo de aquel año, -cuyo hecho más conocido fue el incendio del Reichstag, aunque no el más importante- como de todos los atropellos futuros.
La Ley Habilitante legalizó, entre otras, la limitación del derecho de reunión, expresión y prensa, la proscripción de los partidos de izquierda, y por ende, la entrega al Partido Nacionalsocialista de los instrumentos necesarios para perpetuarse en el poder.
Mediante la citada Ley, en realidad una enmienda a la Constitución como la que pretende realizar el Gobierno del PSOE, se sancionó que el movimiento nazi pudiese controlar de forma absoluta el Parlamento, monopolizando el poder.
La Ley, que fue titulada «para afrontar los peligros que acechan al pueblo y al Estado», decía que las leyes aprobadas por el Reich «pueden desviarse de la constitución, siempre y cuando no tengan por objeto al Reichstag ni al Senado. Las atribuciones del Presidente del Reich permanecen inalteradas» (art. 2).
¿Acaso no es lo mismo que pretende hacer el Gobierno del PSOE, esto es, desviarse de la Constitución, al querer legalizar las partes de un Estatuto que el Tribunal Constitucional declaró ilegales?
¿En qué lugar quedará el prestigio del Tribunal Constitucional cuando el Ejecutivo apruebe que sus sentencias pueden ser anuladas a posteriori mediante una Ley o por un Decreto del Gobierno?
¿Somos conscientes de lo que supone en términos de quiebra de la seguridad jurídica que contenidos sustanciales de una norma anulados por inconstitucionales vuelvan a entrar en vigor por obra y gracia de un Gobierno sostenido por 85 Diputados y con un Senado en el que se encuentra en clara minoría?
¿Sabemos que legalizar los artículos declarados inconstitucionales del Estatuto supone blindar los medios para que se perpetúe en un territorio del Estado un poder absoluto independentista ajeno a la Constitución, y por ello, ratificar un golpe de Estado en toda regla?
El actual Estatuto catalán fue respaldado por el 36% de los ciudadanos con derecho a voto
Es obvio que el Gobierno de Sánchez querrá justificar el oxímoron de «legalizar lo inconstitucional» sacando a relucir que el Estatuto revisado por el Tribunal Constitucional fue aprobado en referéndum por los catalanes, pero olvidará decir que la abstención fue del 50,59% y que hubo un 5,3% de votos en blanco. Tenían derecho a votar un total de 5.309.767 personas. Del 49,41% que votaron, el 73,9% lo hizo a favor de la reforma estatutaria y el 20,7% en contra. En resumen, el actual Estatuto catalán fue respaldado por el 36% de los ciudadanos con derecho a voto.
Pues bien, esos pírricos resultados fueron saludados por uno de los promotores de la consulta y Presidente de la Generalitat en 2006, Pasqual Maragall, como una victoria «rotunda e inapelable», sin que nadie dijera ni pío.
No cabe duda de que ningún plebiscito legitima la «legalización de lo inconstitucional», pero a la luz de lo ocurrido en el plebiscito del Estatut de 2006, menos.
Si el Gobierno legaliza lo que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, aquél podrá ser calificado sin ambages de totalitario
La excepcionalidad del Gobierno de Sánchez puede hacerle creer que está legitimado para tomar decisiones excepcionales. No sé si finalmente se atreverá. Pero si lo hace tendrá que recordar cuáles son sus antecedentes y cuál sería la consecuencia, pues si el Gobierno legaliza lo que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, aquél podrá ser calificado sin ambages de totalitario.
Quizás nos enfrentemos con la paradoja perfecta: un Ejecutivo autotitulado antifranquista por el discutible motivo de querer resucitar el «guerracivilismo» en términos científicos sería un Gobierno totalitario.
A la luz de lo aquí expuesto quizás se entienda mejor el tuit de Rosa Díez con ocasión de la moción de censura que echó a Rajoy y entronizó a Sánchez: «los enemigos de España ya se han conjurado para elegir Presidente. Habrá que organizar la resistencia».
