Pensiones arcadia catalana - Ramón Marcos

Si la Seguridad Social es un sistema basado en la lógica e inspirado en la solidaridad, nada podría ir más en contra de ella que un movimiento irracional fundado en el egoísmo. En este artículo voy a tratar de explicar hasta qué punto resulta demencial una de las últimas ideas fraguadas en el laboratorio de ideas tóxicas del catalanismo. Me refiero a la de que, en una Cataluña independiente, las pensiones serían mejores, más altas, fácilmente pagaderas y España tendría además la obligación de contribuir a ello.

Tras este craso error puede atisbarse la clave que ha motivado todo este disparate: la negación, por una parte de la sociedad catalana, de sus conciudadanos como miembros de una misma sociedad de la que surjan obligaciones y derechos mutuos. Y aun a sabiendas de que esa parte es poco susceptible de atender argumentos, vamos a explicar cómo funciona la Seguridad Social para apuntar qué consecuencias tendría sobre ese sistema una declaración unilateral de independencia.

La Seguridad Social paga sus pensiones mediante el llamado «sistema de reparto», que consiste en que las pensiones se pagan básicamente no con lo recaudado años atrás, sino con las cotizaciones que se recaudan mes a mes

La Seguridad Social española paga sus pensiones mediante el llamado «sistema de reparto», que consiste en que las pensiones se pagan básicamente no con lo recaudado años atrás, sino con las cotizaciones que se recaudan mes a mes de empresarios y trabajadores. Estas cotizaciones dependen del nivel de los salarios y de empleo del país. Si los ingresos por cotizaciones son superiores a los pagos por pensiones, hay superávit y se ahorra en el Fondo de Reserva. Si los ingresos son inferiores, hay déficit. Entonces, cuando se acaba el dinero ahorrado, hay que sufragar las pensiones con impuestos, reducirlas, incrementar las cotizaciones en número —más empleo—  o cuantía o aplicar todas o parte de esas medidas a la vez.

La llamada Ley de Transitoriedad Jurídica dice que la Generalitat recaudaría todas las cotizaciones que se generasen allí. Si eso sucediera sería la Generalitat quien tendría que pagar con sus cotizaciones a los pensionistas

La llamada Ley de Transitoriedad Jurídica dice que la Generalitat recaudaría todas las cotizaciones que se generasen allí. Si eso sucediera, esas cotizaciones dejarían de ingresarse en la Caja Única de la Seguridad Social y, evidentemente, la Seguridad Social española dejaría inmediatamente de pagar las pensiones de los ciudadanos residentes en Cataluña, ya que, aunque estas ahora se pagan con el conjunto de lo que se recauda en España de forma indiferenciada y solidaria, al darse una secesión unilateral, dejará de existir caja común ni solidaridad posible. Sería, por lo tanto, la Generalitat quien tendría que pagar con sus cotizaciones a los pensionistas, los cuales perderían todo derecho a seguir recibiendo la pensión de la Seguridad Social española. Porque, resulta claro, como las pensiones se pagan con las cotizaciones recaudadas, si la Seguridad Social española deja de recaudar las cotizaciones en Cataluña, y pierde el derecho a esos ingresos, dejará de tener obligación sobre esos pensionistas.

Los adalides de la secesión dicen que no tendrían problemas para pagarlas. Pero la realidad es que, frente a los 2.000 millones de euros de deficit que reconocen, la Seguridad Social en Cataluña en 2017 tendrá casi 5.000 millones

En Cataluña los adalides de la secesión —la Generalitat produjo en 2014, a través del llamado Consejo de Transición Nacional, un documento llamado Seguridad Social Catalana en el que se recogen una serie de reflexiones sobre cómo se constituiría una vez producida la secesión— para no inquietar a su público, dicen que no tendrían problemas para pagarlas. Pero la realidad es que, frente a los 2.000 millones de euros de deficit que dicen en ese documento, la Seguridad Social en Cataluña en 2017 tendrá casi 5.000 millones. Sin embargo, Madrid tiene superávit. Y no hay superávit fiscal, para tanta cosa como pretenden.

Algo poco conocido, por cierto, es la ingente cantidad de dinero que Cataluña ha recibido de la Seguridad Social, por ejemplo, a través de la invalidez provisional —el PER catalán— que ayudó a la reconversión de varios de sus sectores económicos, durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado

En su deriva, llegan incluso a insinuar que, a pesar de no recaudar las cotizaciones, España mantendría la obligación de abonarlas porque tiene una especie de «contrato» con los pensionistas de Cataluña, por las cotizaciones que en su día hicieron. Esto es, de nuevo, un falso argumento. En toda relación contractual hay dos partes y, si una de las partes incumple el contrato —que los trabajadores paguen las cotizaciones—, no puede exigir a la otra que cumpla su parte —que la Seguridad Social pague las pensiones—. Esto es fácilmente entendible, no puede ser que España, sin las cotizaciones catalanas, tenga que pagar las pensiones actuales en Cataluña, más la parte de las pensiones futuras por el tiempo que los trabajadores pagaran cotizaciones a la Seguridad Social Española mientras Cataluña era España. Hay que recordar que esas cotizaciones sirvieron en su día para pagar las pensiones, entre otros, de los residentes en Cataluña, y que no es dinero que se haya quedado sin usar en la caja de la Seguridad Social. Algo poco conocido, por cierto, es la ingente cantidad de dinero que Cataluña ha recibido de la Seguridad Social, por ejemplo, a través de la invalidez provisional —el PER catalán— que ayudó a la reconversión de varios de sus sectores económicos, durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado.

Ante una posición de ruptura forzosa, España tendría argumentos y fuerza sobrada para desentenderse tanto de las pensiones presentes como futuras, sin que la Generalitat pudiese hacer nada al respecto

No son de aplicación, en consecuencia, para las pensiones futuras, contra lo que señalan, los criterios fijados en los llamados «Convenios Bilaterales de Seguridad Social» o, en la UE, los establecidos en el Reglamento Comunitario, que regula la coordinación de esos sistemas. Ya que no estamos ante la coordinación de dos sistemas distintos de países que forman parte de la UE, para poder computar cotizaciones recíprocamente o para exportar prestaciones, sino ante el criterio de cómo repartir las obligaciones y derechos de Seguridad Social territorialmente. Y, en este caso, y ante una posición de ruptura forzosa, España tendría argumentos y fuerza sobrada para desentenderse tanto de las pensiones presentes como futuras, sin que la Generalitat pudiese hacer nada al respecto. Solo faltaría que hubiera que aceptar una ruptura del principio de solidaridad con efectos retroactivos.

Es más, si alguna duda cupiese sobre qué Administración habría de hacerse cargo del pago de las pensiones de los residentes en el Estado vecino sería en sentido contrario al que proclama la propaganda oficial. Me explico: la Administración que sí tendría la obligación de pagar buena parte de los pensionistas presentes y futuras de España sería la Generalitat, pues atendiendo a la xenofobia que anima el denominado «prusés», una Cataluña independiente muy probablemente obligaría a cientos de miles de sus habitantes a cambiar su residencia a España. Esto ha pasado en otros casos similares. Por ellos, podría exigir a la Generalitat el pago de las pensiones de esos ciudadanos, ya que sus cotizaciones pagaron, entre otros, a pensionistas catalanes. Si Cataluña no se hiciera cargo, España podría hacerse, aunque no tenga obligación, y tratar de cobrarse lo debido con medidas de retorsión sobre la exportación de los productos catalanes. Esos costes no harían sino redundar en la pérdida de productividad de las empresas catalanas a medio plazo derivadas de la previsible disminución del comercio con el resto del país e incrementarían su déficit de Seguridad Social.

La falta de un sistema integrado de información produciría un caos en el pago de las pensiones y en la recaudación de las cotizaciones, que conduciría a que durante meses los pensionistas dejasen de cobrar sus pensiones

En los párrafos anteriores, hemos visto el problema en general. Pero habrá más y serán inmediatos. El pago de las pensiones y la recaudación de las cotizaciones son posibles gracias a un sistema integrado de información muy potente que recoge y gestiona millones de datos de empresas, trabajadores y pensionistas. La Generalitat dejaría de contar con esos datos en el momento en que se hiciera con el control de la Seguridad Social en Cataluña. La falta de ese sistema, la ausencia de funcionarios capaces de gestionarlos —muchos de los cuales habrían salido huyendo o serían expulsados—  produciría un caos en el pago de las pensiones y en la recaudación de las cotizaciones, que conduciría a que durante meses los pensionistas dejasen de cobrar sus pensiones, retroalimentando el caos económico resultante. Y eso por mucho que en sus documentos propongan como medida expeditiva dar ordenes a las entidades financieras para que les digan quienes son los pensionistas y lo que cobran.

Por otra parte, deberán gastar más en la gestión de la Seguridad Social, en la que las economías de escala cuentan. Tendrán que ampliar el número de sus funcionarios y de sus gastos en inmuebles, sistemas de información, etc… Eso sin contar con que, en la Generalitat, los sueldos de los altos cargos son entre un 30% y un 60% más elevados que en la Administración del Estado. Todo ello repercutiría en una elevación de los costes de gestión que dejaría menos dinero para pagar las prestaciones de Seguridad Social, que tendrían seguramente que bajar todavía más en su cuantía.

Y por último, pero no menos importante, hemos visto que en Cataluña hay un déficit de Seguridad Social muy elevado, para pagar el 1.704.692 de pensiones reconocidas —casi 200.000 más que en Andalucía— con una media por pensión de 957,82 euros. Este déficit previsiblemente engordará, si el número de pensiones aumenta, el paro crece y los salarios bajan por la huida de empresas, el descenso de la productividad, la reducción del comercio con España y el caos económico y social. De forma que sólo aportaciones de los impuestos —que en tal coyuntura no podrían ser extraordinarias—, reducciones drásticas de las pensiones o ambas cosas permitirían pagarlas. Y por supuesto, ya no estaría la solidaridad del resto de España a mano para ayudar ante la necesidad.

Muy mal negocio para el conjunto de la sociedad catalana, y española, por mucho que pudiese serlo bueno para los más directamente vinculados al proceso. Una Arcadia feliz restringida al círculo promotor que apoya la secesión en detrimento de los pensionistas.

 

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Letrado de la Administración de la Seguridad Social