¿Y si un juez disuelve el Partido Popular - Rosa Díez

La inmensa mayoría de los ciudadanos desconoce que los partidos políticos y sindicatos no fueron penalmente responsables hasta que se aprobó la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que modificaba el Código Penal en ese sentido. Tampoco se conoce que esa reforma fue posible gracias a una enmienda presentada por Unión Progreso y Democracia,  que yo defendí en la Comisión de Justicia y que salió adelante gracias al apoyo en solitario del  Partido Popular que en aquel momento tenía mayoría absoluta.  En el nuevo artículo 31 bis del nuevo Código Penal  se señala que las personas jurídicas [incluidos los partidos políticos y sindicatos] serán “penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administrados de hecho o de derecho”.

Así pues, es a partir de ese momento (la ley entró en vigor en 2013) cuando los partidos políticos y sindicatos son penalmente responsables de forma directa y con independencia de la responsabilidad que pudiera alcanzar a sus directivos y representantes por la comisión de hechos delictivos, pudiendo ser imputados y condenados a penas que van desde la multa hasta la suspensión de actividades e incluso la disolución en los casos más graves.

Nuestra propuesta acabó con  el privilegio que tenían partidos y sindicatos de  esconderse detrás de los gerentes de turno

Me importa destacar que nuestra propuesta – que acabó con  el privilegio que tenían partidos y sindicatos de  esconderse penalmente detrás de los gerentes de turno- fue rechazada y criticada duramente  por todos los grupos parlamentarios, salvo por el Grupo Popular que, como dije, tenía entonces mayoría absoluta.  Llamazares hizo una pirueta y anunció su voto a favor tras una crítica descarnada en la que llegó a acusarnos de “pillería parlamentaria” por presentar esa enmienda… Creo recordar casi textualmente su posición final: “A mi en esta no me pillan…”.

También quiero recordar – ahora que sus señorías parecen estar muy ocupados tratando de ‘ilegalizar’ en la Cámara lo que no querían que fuera delito ante los tribunales de justicia-   que la batalla no terminó con la aprobación de la Ley, pues todos los grupos –digo bien, todos-  trataron de recuperar esos privilegios de impunidad para los partidos y sindicatos en posteriores reformas del Código Penal.

Quien tenga interés  por conocer los pormenores de la tramitación de esta importantísima medida de regeneración democrática que introdujimos en la Ley  7/2012 puede leer el Diario de Sesiones del Congreso, y podrá observar la furibunda oposición que la misma encontró en los grupos del PSOE, IU, CiU y PNV, que calificaron la reforma de populismo punitivo y, a su proponente, de querer criminalizar a los partidos políticos.

La corrupción política y el descrédito de los principales partidos de nuestro país pareciera no tener fin. Y es por eso que presentamos aquella enmienda (la número 21) al Proyecto por el que se modificaba la LO 10/19950, en materia de Transparencia, acceso a la información Pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal, para que los partidos políticos y sindicatos desaparecieran del círculo de personas excluidas de posibles responsabilidades criminales.  Y es que si bien la exclusión de exigencia de responsabilidad penal a organismos públicos resulta lógica habida cuenta su naturaleza y fines, la exención de los partidos políticos y los sindicatos constituye un privilegio injustificado que no colabora en absoluto a la regeneración democrática ni a combatir la corrupción política que sigue aumentando cada día. Y ante la furibunda oposición de socialistas, comunistas y nacionalistas hubimos de recordar que por más que partidos y sindicatos realicen funciones constitucionales ambos son entidades de naturaleza asociativa privada y tienen personalidad jurídica propia, por lo que carecía de justificación que estuvieran exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal, máxime cuando las fundaciones, organizaciones no gubernamentales, la Iglesia católica y las distintas confesiones religiosas y otros entes privados sin ánimo de lucro ya estaban sujetos a dicha responsabilidad.

No cabe duda que extender la responsabilidad penal a las propias organizaciones resulta ser el mejor de los estímulos para colaborar con la justicia

Resultaba evidente que la inclusión de los partidos políticos y los sindicatos en el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas ayudaría a que los mismos incrementaran el celo y comenzaran a cumplir con los deberes que objetivamente les competen en la persecución de la lacra de la corrupción, estableciendo los  filtros y las medidas necesarias para erradicar a los corruptos de sus listas electorales, implementando protocolos de minimización de riesgos delictivos, poniendo en marcha códigos de ética y buena conducta aplicables a sus cargos públicos y orgánicos. No cabe duda que extender la responsabilidad penal a las propias organizaciones resulta ser el mejor de los estímulos para colaborar con la justicia en vez de ocultar, silencias o justificar los comportamientos delictivos de sus miembros.

Pero es importante que nos acerquemos a esta cuestión con perspectiva y recordemos que el hecho de que partidos y sindicatos no fueran penalmente responsables por sus actos no fue un olvido del legislador.  En el año 2010 se introdujo por vez primera en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en virtud de la cual era posible exigir dicha responsabilidad criminal directamente a sociedades, tanto por actos realizados por sus representantes legales y administradores como en los casos en los que no fuera posible averiguar la identidad de la concreta persona de la empresa que hubiera perpetrado el ilícito penal. Pero los legisladores se preocuparon de excluir del ámbito subjetivo de la reforma a los partidos políticos y sindicatos, que de esta manera quedaban al margen de cualquier exigencia directa de responsabilidad penal. O sea, que fue una decisión política de cuyas consecuencias (irresponsabilidad penal) eran plenamente conscientes los legisladores que elaboraron y votaron la ley.

Parece lógico – y es lo  justo-  que los partidos políticos estén sometidos a idénticas normas que las que han decidido (ellos aprueban las leyes a través de sus cargos públicos) aplicar al resto de ciudadanos, empresas u organizaciones de la sociedad civil. Pero todo esto que hoy nos parece tan normal (que se juzgue a un partido político por sus casos de corrupción)  y que hoy recibe los parabienes de todos los medios de comunicación, prescriptores de opinión, columnistas y editorialistas varios, no fue así recibido cuando nos empeñamos en que se aprobara esta reforma. Esta aportación de UPyD a la limpieza democrática y al fin de los privilegios tampoco contó con mucha repercusión mediática, y la que tuvo fue  más bien negativa. Sirva como ejemplo la información publicada por El País en la que casi se venía a acusar a UPyD de provocar que los partidos políticos “paguen” por lo que hacen sus dirigentes.

Hoy andan engolosinados  por ver desfilar a los dirigentes del PP (con todo merecimiento) ante los tribunales de justicia; pero lo cierto es que cuando un pequeño grupo de Aventureros Cuerdos nos atrevimos a librar esta batalla por la defensa de lo obvio nos  encontramos no solo con la cerrazón de los partidos políticos que iban a verse afectados por la reforma sino también  con el silencio cómplice o la simple descalificación (como he destacado en las líneas anteriores) de los medios de comunicación que hoy están felices por ver al Partido Popular sentado en el banquillo de los acusados.

Si la ley hubiera sido la misma que hoy es de aplicación, al caso Filesa se le hubiera aplicado el mismo procedimiento judicial que al caso Gürtel y el Partido Socialista como tal hubiera tenido que responder ante la Audiencia Nacional

Tampoco es la primera vez que un partido político es investigado por financiación ilegal. Recordemos el caso Filesa que destapó la financiación irregular del PSOE a finales de los años ochenta y en el que la investigación de los tribunales acreditó que el Partido Socialista había recibido de forma ilegal 1.200 millones de pesetas (siete millones de euros de 1990, unos 13,5 actuales). Los condenados por aquellos hechos fueron, entre otros, la coordinadora de finanzas del PSOE, y dos parlamentarios del Partido Socialista de Cataluña (PSC),    que crearon el conglomerado de empresas a través de las que el Partido Socialista Obrero Español recibía los fondos ilegales. También se acreditó entonces que otras empresas pagaron 1.200 millones de pesetas por informes inexistentes o intrascendentes a cambio de favores del Gobierno socialista. Pero en aquel momento los partidos políticos estaban exentos de responsabilidad penal y así permanecieron en las sucesivas reformas de mayoría socialista. Si la ley hubiera sido la misma que hoy es de aplicación, al caso Filesa se le hubiera aplicado el mismo procedimiento judicial que al caso Gürtel y el Partido Socialista como tal hubiera tenido que responder ante la Audiencia Nacional. Y lo mismo se puede decir de la corrupción que desde hace décadas invade todas las estructuras políticas en Cataluña y que ya ha llevado ante los tribunales a los Pujol, los Más, los Gordó… Vamos, a la crème de la crème del nacionalismo catalán.

¿Qué pasaría si una Comisión de Investigación vota que hay que ilegalizar a un partido político?

Bueno, acabo por donde empecé: ¿Y si un juez disuelve el Partido Popular? Claro que no se puede aplicar la ley con efectos retroactivos y que los hechos delictivos que se están sustanciando ante los tribunales -y que afectan no solo al PP sino también a Convergencia y al PSOE (en Andalucía mayormente)- se habrían producido antes de que entrara en vigor el nuevo Código Penal. Así pues, ante los tribunales de justicia no parece que corran riesgo por los delitos pasados; pero, ¿y ante las Comisiones de Investigación parlamentarias? ¿Qué pasaría si una Comisión de Investigación -en la que se adoptan los acuerdos por mayoría- vota que hay que ilegalizar a un partido político? Ya, ya sé que no tendría efectos jurídicos, pero ¿y los efectos políticos? ¿Es el cometido de una Comisión de Investigación parlamentaria constituida para abordar asuntos que ya están viendo los tribunales llegar en sus conclusiones “penales” más lejos de lo que puedan llegar los jueces? ¿Qué pasaría si los mismos partidos políticos que suman mayoría en las Cortes (y también en el parlamento de Cataluña) constituyeran una Comisión para investigar la financiación histórica –tres por ciento, dios mediante-  del partido nacionalista que ha gobernado Cataluña? Lo que se me escapa es si la decisión de Convergencia de cambiarse de nombre tuvo que ver con el miedo a que el PSC, Podemos y Ciudadanos ( con el apoyo del PP, como en Madrid, por cierto) decidieran constituir en el Parlamento de Cataluña una Comisión de Investigación como la que han puesto en marcha en el Parlamento Nacional para investigar la financiación de ese partido desde el inicio de los tiempos… Vamos, que igual ellos sí que se  preguntaron: “¿y si un juez nos ilegaliza?”  “¿Y si, aunque eso no ocurra, una Comisión vota por mayoría que nos ilegalicen?”.  Ya se sabe que los nacionalistas nunca dan puntada sin hilo…Aunque, francamente, no les veo yo a los del frente de Madrid haciendo esas cosas  en Cataluña…

Y respecto de la pregunta que encabeza este artículo, les propongo que elijan una  respuesta: a) Eso es imposible; b) Es lo que se merecen; c) No pasa nada, ya está C´s.

Aunque también se pueden elegir dos… O proponer alguna nueva.

 

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Política. Ciudadana. Aventurera Cuerda.