«Leyendo a Tito Livio, uno podría llegar a la conclusión de que Roma conquistó el mundo en defensa propia». (E. Gibbon, Decline and Fall)
Recuerdo muy a menudo la irónica cita de Gibbon cuando escucho o leo las autojustificaciones que da una gran potencia para legitimar su agresión a un pequeño país, una empresa poderosa para fagocitar o arruinar a sus competidores, o un grupo terrorista para asesinar ciudadanos en una democracia aprovechándose de las ventajas que ofrece una legislación garantista y liberal. Ahora lo estamos viendo en el País Vasco, en los debates parlamentarios para acordar un plan de paz y convivencia. El mismo proyecto es bastante extraño, porque la paz y la convivencia es lo que aseguran las leyes en los Estados de Derecho. Como ya tenemos leyes y la banda terrorista que las desafiaba está casi totalmente desactivada, no parece necesario abrir en el Parlamento vasco un debate como si hubiese que empezar de cero y conseguir una paz y una convivencia extralegales, distinta a la que disfruta el resto del Estado. Está claro que la mayoría de los ciudadanos del País Vasco no sienten especial apremio porque el Parlamento vuelva a concederles con su bendición aquello de lo que ya disfrutan. Porque de dos cosas, una: o la paz y convivencia que buscan esos debates coincide con las ya establecidas legalmente, de modo que es superfluo dar más vueltas al asunto, o las contradicen, lo cual volvería a introducir el conflicto donde ahora no lo hay, alterando el orden y la normalidad alcanzados por fin después de un periodo de terror sangriento. Vamos, pagando peaje político por el cese de la violencia que los terroristas no concedieron por su graciosa voluntad sino por la fuerza de las circunstancias adversas.
Son los servicios auxiliares de ETA quienes ahora desean convertir la entrega de las armas de la banda derrotada en una ceremonia que debe poner al mismo nivel de representatividad política a los terroristas y al Estado.
Pero a nadie se le escapa que la insistencia en la necesidad de un «proceso de paz», así llamado como si aún estuviésemos en una situación bélica y nos faltase un largo camino por recorrer, es una exigencia exclusiva de la izquierda abertzale que participó, apoyó, encubrió o justificó la violencia terrorista y de nadie más. Son ellos, los servicios auxiliares de ETA, quienes ahora desean convertir la entrega de las armas de la banda derrotada en un asunto de enorme trascendencia para la armonía en el País Vasco y en el resto de España, una ceremonia que debe poner al mismo nivel de representatividad política a los terroristas y al Estado.
Al resto de los ciudadanos, en cambio, nos importa poco que ETA entregue las armas que aún guarda o no: lo que nos interesa es que no vuelva a emplearlas. Y por supuesto no quisiéramos que esa entrega fuera presentada por los filoterroristas como un armisticio entre dos poderes semejantes. Sortu y EHBildu quieren que esa ponencia parlamentaria que sólo les interesa a ellos parta de la base de que la violencia de ETA no le gustó ni a los etarras («a mí me duele más que a tí») pero respondió a la agresión de las fuerzas de seguridad del Estado e incluso del Gobierno autonómico, que también torturaron, mataron y atacaron a la población civil. En una palabra, según los Titos Livios del terrorismo, ETA mató, secuestró y extorsionó en defensa propia. Pero ahora ha tenido la generosidad política de renunciar a la lucha armada, aunque no porque haya sido derrotada (¡no debe haber vencedores ni vencidos, no hay que humillar a los etarras!), mientras que el Estado sigue encerrado en su inmovilismo y se niega a hacer concesiones de ningún tipo, como por ejemplo retirar del País Vasco las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Policía y desde luego Ejército). Arnaldo Otegui ha tenido la asombrosa desvergüenza de decir que «hoy el Estado estaría encantado de que ETA volviera a matar»… O sea, le hemos cogido gusto a que nos maten.
La llamada izquierda abertzale está dispuesta a renunciar a la violencia pero no a ETA
La llamada izquierda abertzale está dispuesta a renunciar a la violencia pero no a ETA. No puede, porque ETA es lo único que la legitima políticamente y su sombra le da un peso temible en el nuevo escenario vasco. Se empeña por tanto en igualar todos los casos de violencia para contrapesar los de los terroristas con los de sus adversarios. Es lamentablemente cierto que se han dado casos de torturas e incluso de asesinatos por parte de miembros de las fuerzas del orden público que traicionaron su misión al servicio de la ley. Pero no fueron jaleadas en la calle por manifestaciones populares ni ensalzadas institucionalmente como actos meritorios, salvo algún episodio bochornoso protagonizado por socialistas. Ojalá hubieran sido denunciados y perseguidos con más celo, desde luego, como en vano hemos pedido algunos durante tanto tiempo (recuerdo en particular al recientemente desaparecido Ramón Recalde, con quién firmé un llamamiento en El País sobre el tema hace ya muchos años). Ni la Guardia Civil ni la Policía, en su inmensa mayoría, estaban dedicadas a actividades criminales, mientras que ETA las tenía como su único objetivo. ETA no reaccionó contra la represión y la falta de democracia, sino que hostigó a la democracia naciente, la puso en grave peligro de desestabilización y con sus fechorías dificultó el tránsito de las fuerzas del orden de la dictadura hasta su adaptación a las instituciones constitucionales.
El punto clave del «proceso de paz» exigido y diseñado por la izquierda abertzale es la puesta en libertad de los encarcelados por terrorismo, a los que ellos se empeñan en llamar «presos políticos»
El punto clave del «proceso deaz» exigido y diseñado por la izquierda abertzale es la puesta en libertad de los encarcelados por terrorismo, a los que ellos se empeñan en llamar «presos políticos». Pretenden que salgan de la cárcel no por su renuncia y repudio de ETA, sino permaneciendo fieles a la banda y siguiendo sus directrices. Ningún recluso puede hacer nada mas que lo que la banda le autorice a hacer. Al final resultará que es ETA la que gracias a su perseverancia ha liberado a los presos, no las instituciones del Estado. Y como requisito previo a este golpe propagandístico debe acabar inmediatamente la persecución penal de los etarras en libertad, así como la pretensión de esclarecer los trescientos casos aún sin resolver de crímenes terroristas ni mucho menos intentar castigar a sus responsables. Los etarras deben pasar directamente de las celdas a las listas electorales de EHBildu, en el Parlamento, el Senado, municipios, etc… ETA deja de ser marca terrorista al precio de quedar autorizada mas o menos discretamente como euskolabel político…
Las personas que no hemos matado, extorsionado, secuestrado, amenazado, etc. . . no necesitamos firmar un acuerdo de convivencia con aquellos que hasta hace poco la violaban
Comprendo la buena voluntad de unos y la hipocresía de otros en esa farsa de la comisión de Paz y Convivencia. Pero sinceramente creo que sería mucho más pedagógico que los constitucionalistas no participasen en ella de ningún modo. Eso sí, tras explicar bien su rechazo a la idea de fondo promovida por los auxiliares de ETA, ya que: 1) la paz es la aceptación de la legalidad en todos los ámbitos (incluido el cumplimiento de las penas de prisión), aunque sea con la idea de cambiarla en ciertos aspectos dentro de las normas establecidas; y 2) las personas que no hemos matado, extorsionado, secuestrado, amenazado, etc… no necesitamos firmar un acuerdo de convivencia con aquellos que hasta hace poco la violaban. Cuanto antes se disipen los equívocos y se denuncien los enredos abertzales, mejor.
